Desaparición de fondos y puestos clave: las nuevas denuncias que salpican a Verónica Alcocer

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo cuestionamiento tras la divulgación de una serie de audios en los que Eva Ferrer, quien fuera asesora de la primera dama Verónica Alcocer y consejera presidencial para la Reconciliación, lanza graves acusaciones sobre la gestión de la esposa del mandatario. Las grabaciones, publicadas este sábado por la revista Semana, sugieren una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y manejo irregular de dineros en el círculo cercano a la Casa de Nariño.

¿Qué implica la denuncia de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?

El testimonio de Ferrer, una estratega española nacionalizada colombiana por el propio gobierno, describe un presunto esquema criminal que operaría desde el entorno de la primera dama. En las grabaciones, la exfuncionaria utiliza términos contundentes para calificar la estructura que, según ella, rodea a Alcocer: "Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales", aseguró Ferrer en una conversación con un interlocutor cuya identidad no ha sido revelada.

Además, la exasesora señaló directamente que "Verónica tiene de testaferros a varios primos", denunciando amenazas tras su salida del gobierno en 2023.

¿Cuál es el papel del empresario Manuel Grau en la presunta financiación ilegal?

Uno de los puntos más críticos de las revelaciones involucra la financiación de la campaña presidencial de 2022. Ferrer afirmó que el empresario español Manuel Grau, también nacionalizado colombiano, entregó a la primera dama una suma considerable de dinero durante el proceso electoral.

"A Verónica le dieron dos millones de euros en campaña, Manuel se los dio", declaró la estratega. Estas afirmaciones vuelven a poner en el foco las posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro al poder, un tema que ya ha sido objeto de investigaciones judiciales previas.

¿Qué entidades estatales estarían bajo la influencia de la primera dama?

Aunque en Colombia el cargo de primera dama no cuenta con funciones constitucionales o legales —su rol históricamente limitado a la gestión social—, las revelaciones de Ferrer sugieren un poder paralelo desmedido.

Según la exasesora, Alcocer habría ejercido influencia directa en el nombramiento de cargos estratégicos en entidades de gran peso económico y político: "¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol? (...) Tiene la DIAN", se cuestionó Ferrer en los audios. La mención de instituciones como la petrolera estatal Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) apunta a una supuesta injerencia en la burocracia estatal que supera con creces las atribuciones protocolarias.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de fondos en la Consejería para la Reconciliación?

La gestión financiera de la Consejería Presidencial para la Reconciliación también ha quedado bajo la lupa. Ferrer denunció la desaparición de 1.000 millones de pesos en efectivo durante su paso por la entidad.

"Los proyectos que han hecho en la Consejería son chimbos (falsos). O sea, hay pagos y esto, cobran de los puestos que han colocado, cobran como los tres cerditos y cobran de las operaciones grandes", afirmó. Este testimonio no solo plantea dudas sobre el uso de los recursos públicos, sino que describe un supuesto sistema de coimas asociado a la designación de funcionarios.

¿Cuál es el contexto de las denuncias contra el entorno presidencial?

Estas revelaciones se suman a una serie de cuestionamientos que han marcado la administración de Petro. A principios de 2024, el portal La Silla Vacía expuso que el equipo de trabajo de Verónica Alcocer generaba gastos operativos de aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales, cifra que contrastaba con la bandera de austeridad promovida por el Ejecutivo.

La salida de Ferrer en 2023, motivada por supuestas diferencias con la primera dama, parece ser solo un episodio más de una fractura interna mayor. A pocos días del fin del periodo presidencial, estas denuncias plantean un escenario de incertidumbre sobre las investigaciones que podrían iniciarse en contra de los implicados, mientras la opinión pública espera respuestas oficiales ante las graves acusaciones de presunta corrupción y tráfico de influencias desde el despacho presidencial.