Desplazamientos masivos en el Catatumbo: 359 familias afectadas en Tibú

Al menos 1.044 personas han sido desplazadas de manera masiva en zonas rurales del municipio de Tibú, en Norte de Santander, en medio de un deterioro sostenido de la situación humanitaria asociada a la intensificación de acciones de grupos armados ilegales y enfrentamientos en el Catatumbo.

De acuerdo con el más reciente reporte de OCHA, los hechos se concentraron entre el 20 de marzo y el 17 de abril de 2026, periodo en el que se registró una escalada de violencia marcada por combates entre grupos armados ilegales, enfrentamientos con la Fuerza Pública, así como ataques con drones cargados con explosivos y la presencia de municiones sin detonar.

Uno de los eventos más críticos ocurrió el 13 de abril, cuando al menos 170 familias, aproximadamente 510 personas, se desplazaron desde las veredas Cerro Madera y La Selva hacia el corregimiento Campo Tres. A esto se suman otros desplazamientos registrados en abril, como el de 65 familias, unas 180 personas, provenientes del corregimiento de Pacelli, así como movimientos adicionales desde sectores como La Angalia y el kilómetro 25.

En total, el balance acumulado da cuenta de 359 familias afectadas por desplazamientos masivos en distintos puntos del municipio. Entre la población impactada se identifican al menos 435 personas refugiadas y migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes enfrentan mayores barreras de acceso a servicios, especialmente en salud, debido a su situación migratoria.

El informe también advierte que cerca del 42 % de las personas desplazadas son niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a aproximadamente 430 menores de edad, muchos de ellos con afectaciones en el acceso a la educación por cuenta de los constantes movimientos y las restricciones de seguridad en la zona.

Además de los desplazamientos, se han identificado dinámicas de movilidad intermitente entre veredas, con familias que alternan entre sus viviendas, refugios improvisados y espacios comunitarios como medida de autoprotección, en un contexto marcado por limitaciones económicas, restricciones a la movilidad y condiciones de seguridad adversas.

La situación se ve agravada por dificultades en el acceso humanitario, que han limitado la verificación en terreno y la entrega de asistencia, así como por la falta de registros consolidados de la población afectada, lo que podría derivar en subregistros y retrasos en la atención.

Aunque autoridades locales y organizaciones humanitarias han iniciado acciones de respuesta, incluyendo entrega de ayudas básicas y atención en salud, el reporte advierte que estas resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.

En este contexto, se requiere garantizar asistencia alimentaria inmediata para la población afectada, el suministro de kits de alojamiento y artículos básicos, el acceso a atención integral en salud, incluida salud mental, así como el fortalecimiento de medidas de protección, acceso a agua potable, saneamiento básico y condiciones que permitan restablecer el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes.