El debate en torno al nuevo borrador del decreto que busca reglamentar la protesta social y la actuación de la Fuerza Pública en Colombia sigue sumando posturas clave desde el Congreso de la República. El representante a la Cámara por el departamento del Huila y miembro del partido Cambio Radical, Julio César Triana, expresó su tranquilidad frente al proyecto normativo, aclarando que la iniciativa busca modificar el marco previo establecido durante el gobierno del expresidente Iván Duque tras el estallido social.
Según explicó el congresista, aunque no se conoce todavía la versión final y definitiva del texto tras la recepción de observaciones, el propósito principal atiende a un clamor constante de las autoridades territoriales. "Era muy necesario modificar ese decreto que expidió Duque y era necesario modificarlo en torno a la actuación de la fuerza pública", sostuvo Triana, destacando además que el proyecto no vulnera el marco constitucional vigente: "Aquí en nada se toca el núcleo del artículo 37, o sea, el núcleo del sagrado derecho a la protesta".
Publicidad
Un marco jurídico clave para alcaldes y gobernadores
Uno de los argumentos centrales expuestos por el representante es la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los mandatarios locales al momento de tomar decisiones durante situaciones de orden público. Triana recordó que anteriormente, cuando los alcaldes o gobernadores tomaban medidas administrativas sin un respaldo legal claro, terminaban "investigados por la Procuraduría o incluso judicializados".
Para evitar excesos y garantizar la transparencia, la normativa contempla la obligatoriedad de los Puestos de Mando Unificado (PMU) y la trazabilidad de cada procedimiento policial. En estos escenarios participan la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, lo que constituye, a juicio del legislador, "un blindaje" procedimental. Asimismo, precisó que el texto prioriza la concertación: "Se habla de que el diálogo sea prioritario, de que el eje central en todo caso sea el diálogo y eso nos deja tranquilos".
Reactivación del acompañamiento policial y atención al vandalismo
Frente a la operatividad de la Fuerza Pública, el representante de Cambio Radical fue enfático en que el decreto busca revertir la pasividad con la que actuaron los uniformados en los últimos años. "Este decreto devuelve la posibilidad de que la fuerza pública no esté escondida cuando hay una protesta... en los últimos 4 años estuvo en materia de desmanes, casi que maniatada", manifestó. Agregó que el borrador autoriza a la Policía a mantener una distancia mínima de hasta cuatro metros para acompañar las marchas.
El congresista enfatizó que la acción policial no debe dirigirse contra el conjunto de los manifestantes, sino de manera estricta y paralela contra quienes recurren al delito o a la violencia. Para ilustrar la dimensión del fenómeno, señaló que en lo corrido del año 2026 se han registrado 640 protestas a nivel nacional, muchas de las cuales han terminado afectadas por focos reducidos de vandalismo.
Publicidad
Límites en el uso del grafiti y corredores humanitarios
Al ser consultado sobre las expresiones urbanas durante las manifestaciones, Triana descartó que la norma busque perseguir el arte callejero. "Tampoco vamos a judicializar en Colombia el graffiti. Tampoco podemos convertir el graffiti en un acto de violencia o en un acto de terrorismo", afirmó, señalando que se deben respetar los fallos de la Corte Constitucional al respecto.
Finalmente, el representante respaldó la disposición que exige garantizar movilidad en casos críticos, obligando a mantener corredores alternos durante los bloqueos viales para evitar situaciones dramáticas en las que fallecen pacientes atrapados en ambulancias. "Yo creo que este decreto está bien focalizado y por supuesto esperaremos el texto final", concluyó.
Publicidad
Escuche aquí la entrevista: