La Corte Constitucional volvió a pedir al Congreso de la República que tramite con prioridad un estatuto especial para los servidores públicos elegidos por voto popular, que incluya un régimen disciplinario propio. La solicitud quedó reiterada en la Sentencia T-246 de 2026, en la que el alto tribunal señaló que esta regulación es necesaria para garantizar la protección de los derechos políticos y electorales.
La Corte sostuvo que el Congreso debe establecer reglas específicas para alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas, definiendo con claridad las faltas disciplinarias, los procedimientos y las posibles sanciones aplicables. El objetivo es que estas normas estén ajustadas tanto a la Constitución como a los estándares internacionales, especialmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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El pronunciamiento también busca atender la incertidumbre jurídica que se ha generado por las diferencias entre la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado sobre el alcance de las sanciones disciplinarias contra funcionarios elegidos mediante voto popular.
En el mismo fallo, la Corte pidió a los jueces a adoptar medidas para garantizar un acceso oportuno a la justicia en los procesos en los que se controviertan sanciones impuestas por la Procuraduría. Además, recordó que todas las autoridades deben aplicar de manera obligatoria las reglas establecidas en la Sentencia C-030 de 2023 sobre la reserva judicial para la ratificación de este tipo de sanciones.
El caso analizado por la Corte se originó en una disputa entre la Procuraduría y el Consejo de Estado, luego de que la Sección Segunda del alto tribunal administrativo dejara sin efecto sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas a diez servidores públicos que habían sido elegidos democráticamente.
El Consejo de Estado había argumentado que la Procuraduría, por ser una autoridad administrativa y no un juez penal, no podía imponer restricciones a los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular. Para sustentar esa posición, aplicó el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia.
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Frente a esa decisión, la Procuraduría presentó una acción de tutela en la que alegó la vulneración de su derecho al debido proceso. El órgano de control sostuvo que las sanciones habían sido impuestas de acuerdo con las normas y con el precedente constitucional que se encontraba vigente cuando fueron adoptadas.
Al revisar la controversia, la Corte Constitucional concluyó que el Consejo de Estado incurrió en una violación directa de la Constitución y del precedente constitucional al aplicar de manera retroactiva estándares internacionales para cuestionar actuaciones administrativas que, al momento de ser expedidas, se ajustaban al marco jurídico vigente.
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La decisión comprende las sanciones impuestas a diez exfuncionarios, entre ellos el fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, la exconcejal de Bogotá Sandra Jaramillo, un exrepresentante a la Cámara y varios exalcaldes municipales.
La Corte ratificó las decisiones de reemplazo adoptadas por el Consejo de Estado que mantuvieron la validez de las sanciones y reiteró que la seguridad jurídica exige analizar los actos administrativos conforme a las normas y precedentes vigentes cuando fueron expedidos.