Hoy se cumplen diez años de la Ley 1804 de 2016, conocida como la Ley de Cero a Siempre, que convirtió en política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia y reconoció a las niñas y los niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes. La norma estableció la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y las familias para garantizar su acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.
Una década después, aunque el país cuenta con un marco normativo sólido y registra avances en la consolidación de la atención integral, persiste uno de los principales desafíos que motivaron la creación de esta política: cerrar las brechas y garantizar que los derechos de la primera infancia se cumplan sin importar el territorio donde viven.
De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reporta un avance cercano al 88 % en la meta de atender integralmente a 1,9 millones de niñas y niños. Sin embargo, para Red PaPaz, esta cifra debe analizarse frente al universo total de población en primera infancia: alrededor de 4,34 millones de niñas y niños entre cero y cinco años.
Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, explicó a Blu Radio que la diferencia evidencia el tamaño del reto. Según señaló, la meta institucional no alcanza a cubrir a la totalidad de los niños que requieren servicios integrales de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección.
La preocupación aumenta cuando se revisa la situación por territorios. Las mayores brechas permanecen en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y regiones afectadas por el conflicto armado, donde las dificultades para garantizar una atención integral siguen siendo mayores. A esto se suma el reto de fortalecer el acompañamiento a los municipios para mejorar la gestión territorial de la política.
Piñeros insistió en que hablar de atención integral implica mucho más que garantizar el acceso a la educación inicial. La salud, la vacunación, la nutrición, el cuidado y la protección hacen parte de un mismo conjunto de derechos que resultan determinantes durante los primeros años de vida.
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El reciente terremoto también puso sobre la mesa nuevas dificultades. La directora de Red PaPaz advirtió que al menos 78 centros de desarrollo infantil resultaron afectados en medio de la emergencia, lo que representa un nuevo desafío para garantizar la continuidad de la atención de los niños en las zonas impactadas, particularmente en departamentos como Chocó.
Para la organización, el aniversario de la Ley de Cero a Siempre debe convertirse en un punto de inflexión para el país y para el nuevo Gobierno. La petición es que durante los próximos cuatro años se fortalezcan las acciones de seguimiento, la inversión y, especialmente, la mirada territorial para evitar que los derechos establecidos en la ley se queden únicamente en el papel.
Otro de los llamados está relacionado con la financiación. Red PaPaz plantea que Colombia debería avanzar hacia una inversión equivalente, como mínimo, al 1,16 % del Producto Interno Bruto en primera infancia. Piñeros recordó que el Gobierno anterior destinó alrededor del 0,84 % del PIB a este sector y señaló que todavía no se conocen los datos definitivos de ejecución.
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La discusión cobra mayor relevancia porque, según Red PaPaz, la primera infancia representa una de las inversiones sociales con mayor impacto a largo plazo. Una adecuada atención durante los primeros años puede contribuir a reducir enfermedades, fortalecer el desarrollo y mejorar las capacidades de aprendizaje y bienestar de las nuevas generaciones.
A diez años de la Ley de Cero a Siempre, el desafío para Colombia ya no es únicamente mantener una política de Estado para la primera infancia, sino lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a todos los niños y niñas, especialmente a quienes viven en los territorios donde las brechas siguen siendo más profundas.