En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, reveló detalles sorprendentes sobre la detención de un escolta en La Guajira, quien fue hallado con 145 millones de pesos en efectivo. El dinero se encontraba distribuido en siete sobres de Manila, presuntamente destinados a líderes políticos y gamonales de la región, lo que ha desatado un escándalo que salpica al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.
La tesis del montaje y la "permuta" del vehículo
Según relató Rodríguez, tras comunicarse con el doctor Lacouture para indagar sobre la situación, este le transmitió la versión del escolta implicado. El trabajador asegura que el operativo policial fue, en realidad, un montaje. De acuerdo con este relato, la policía detuvo el vehículo —un Toyota Corolla particular propiedad del escolta— en dos ocasiones.
En la segunda revisión, tras vararse el carro y ser transportado en una grúa, los agentes habrían encontrado los sobres de Manila en una maleta.
La versión del escolta sostiene que los policías llevaron los sobres al punto de control y que, posteriormente, un oficial ordenó marcarlos con los nombres de siete políticos, incluyendo concejales de Riohacha y diputados. Según esta defensa, los uniformados habrían filmado la escena después de realizar dicha marcación para hacer parecer que el dinero ya venía rotulado para fines electorales.
Sobre el origen de los fondos, el escolta afirmó que el dinero era para realizar una "permuta" o intercambio de su vehículo por uno más nuevo en Maicao.
Irregularidades administrativas y publicidad política
A pesar de la versión del implicado, el director de la UNP fue enfático en señalar al menos tres irregularidades graves. La primera es la falta de un permiso oficial, ya que el escolta abandonó su labor de protección sin tramitar la novedad ante la UNP o la Unión Temporal que lo contrata, debilitando así el esquema de seguridad.
En segundo lugar, el funcionario fue sorprendido transportando publicidad electoral y tarjetones pedagógicos de un candidato al Senado. Rodríguez cuestionó que un miembro de la UNP, aunque sea personal tercerizado, utilice su tiempo y recursos pagados con dineros públicos para actividades ajenas a la protección, especialmente relacionadas con campañas políticas.
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