Las autoridades civiles y militares del departamento del Meta y de la región del Guaviare encendieron las alarmas al confirmar que grupos de disidencias de las Farc vienen adelantando una campaña de carnetización obligatoria e ilegal en las zonas rurales, con el objetivo directo de ejercer control social y un severo constreñimiento al electorado de cara a los próximos comicios presidenciales.
En una rueda de prensa conjunta, los altos mandos del Ejército Nacional explicaron que el trasfondo de los enfrentamientos armados en el sur de la región ya no radica únicamente en una disputa por rutas de economías ilegales o control territorial, sino que busca doblegar directamente a la ciudadanía.
"Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos", aseveró el Mayor General Erik Rodríguez jefe de estado mayor de operaciones del comando general de las fuerzas militares.
Una grave denuncia hicieron las autoridades civiles y militares al término de un consejo de seguridad en la gobernación del Meta, tras confirmar que las disidencias de las Farc adelantan una campaña de carnetización ilegal en zonas rurales del Meta y Guaviare con el fin de… pic.twitter.com/ihkkARRMHx
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 17, 2026
De acuerdo con el reporte oficial, las estructuras delincuenciales implicadas son las disidencias de las Farc que responden a los alias de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Contra este fenómeno, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas que han dejado afectaciones críticas y bombardeos estratégicos en la zona durante los últimos meses.
Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, denunció de forma categórica que esta estrategia de carnetización rural mutó rápidamente hacia una presión ilícita de carácter electoral en las comunidades más vulnerables.
La mandataria departamental reveló que la población civil ha venido recibiendo panfletos y presiones directas desde hace meses, exigiéndoles inscribirse bajo directrices criminales para condicionar su derecho al sufragio en las elecciones de carácter presidencial.
Las autoridades concluyeron asegurando que se desplegarán todas las capacidades del Plan Democracia para contrarrestar el impacto de los grupos armados e intentar blindar la libertad de sufragio de los habitantes del sur del Meta y el Guaviare.
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