Dudas sobre el estatus político de la Segunda Marquetalia

La Fundación para el Estado del Derecho acudió a este recurso argumentando principalmente que “incumplieron con lo pactado, incurriendo en una violación sistemática de los derechos humanos".Ahora, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se pronunció a la demanda que interpuso ante el alto tribunal esta fundación, y una de las respuestas por parte del gobierno es que “reconocen que no hay claridad acerca del tipo de grupo con el que se está negociando”, además que justifica procesos de paz cíclicos y abre la posibilidad a que los disidentes puedan reincidir una y otra vez en conductas delictivas.Y es que, según la Constitución y la Ley 2272 de 2022 denominada por el Gobierno Nacional como ‘La Paz Total’, está prohibido iniciar negociaciones de paz con grupos armados que continúen delinquiendo tras desmovilizarse.En este caso, la Fundación para el Estado del Derecho resalta tres puntos, entre los que están la Aplicación de Justicia Transicional a Reincidentes, en donde se expone que las pretensiones del Estado son aplicar herramientas de justicia transicional a aquellos que reinciden en actividades delictivas.Además, hacen una dura crítica por una presunta “improvisación” en lo que tiene que ver con la respuesta del Dapre, en donde exponen que no tienen claridad sobre con qué grupos armados están negociando.Por último, se insiste en que el Gobierno debería tener pleno conocimiento claro de las estructuras armadas y sus miembros antes de continuar con las negociaciones.