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Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.
La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.
Según lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.
Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.
Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.
El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.
Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:
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En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.
En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:
En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.
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En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.
Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
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