La polémica emergencia económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene los días contados en la Corte Constitucional.Antes de finalizar enero, la mayoría de los nueve magistrados estrenarían la figura de la suspensión provisional del decreto que sustenta la declaratoria de ese estado de excepción, en virtud de los graves perjuicios que ocasiona su vigencia.Y es que la Corte decidió meterle el acelerador al estudio de la emergencia económica, estado de excepción que le ha permitido al gobierno fijar el cobro de nuevos impuestos a través de decretos con fuerza de ley, sin necesidad de pasar por el Congreso de la República.El magistrado Carlos Camargo, quien tiene la responsabilidad de proyectar la ponencia pidiendo el hundimiento o la salvación de la emergencia económica, ya ordenó la práctica de una serie de pruebas que deberán ser entregadas en muy pocos días, para proceder al estudio del caso y ejecutar la tarea que le encomendó la Corte.Entre las pruebas decretadas por Camargo están los conceptos que le pidió a diez reputados economistas, la mayoría de ellos exministros de Hacienda y exdirectores de la DIAN como Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Lisandro Junco y de exfuncionarios del gobierno Petro como el exministro José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quienes han dicho públicamente que la declaratoria del estado de emergencia no cumple los requisitos para ser declarada exequible.Adicionalmente, hablando del análisis de posibles errores de forma que podrían tumbar la emergencia, llama la atención que el magistrado Camargo le pidió a la Secretaría Jurídica de Presidencia que certifique “la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto, es decir, los que se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición” y más específicamente pide “el acto administrativo de encargo como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Irene Vélez”.
El 2026 arranca con cambios drásticos para la movilidad en Bogotá, impulsados, entre otros factores, por el alza del 23,7 % del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, lo que impacta directamente en costos de operación y en las finanzas de miles de conductores y negocios relacionados con transporte.Ante este panorama económico y de movilidad, la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha presentado ajustes a las reglas de circulación, buscando equilibrar la congestión en las vías y también aumentar el recaudo local a partir de nuevas obligaciones para ciertos vehículos.En particular, la ciudad ha redefinido la forma en que vehículos no matriculados en Bogotá deben cumplir con las normas de restricción vehicular. Además de ajustes en el Pico y Placa Solidario, que impactan directamente el bolsillo de estos propietarios, se introducen modificaciones en la aplicación del pico y placa durante los fines de semana, una medida que ha generado un intenso debate con autoridades de Cundinamarca y municipios vecinos.Pico y placa los sábados: cambios a partir de 2026La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y con anuncios hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán, había definido que a partir del primer semestre de 2026 los vehículos que circulen por Bogotá y no estén matriculados en la ciudad tendrían restricción de pico y placa también los días sábados, en un esquema de dos sábados al mes, según lo anunciado por Galán el pasado mes de noviembre de 2025.Aunque en principio la medida estaba diseñada para empezar a funcionar en enero de 2026, tras el debate a nivel departamental sobre las consecuencias de esta restricción, Galán decidió aplazar su implementación mientras se adelantan los diálogos con la Gobernación de Cundinamarca y municipios de la Sabana.La medida fue diseñada para aplicarse en horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. los sábados, con el objetivo de promover que los conductores matriculen sus carros en Bogotá y, al mismo tiempo, reducir la congestión y ampliar la corresponsabilidad fiscal de quienes utilizan las vías capitalinas sin estar "contribuyendo en los impuestos locales".Aumentos del Pico y Placa Solidario para estos vehículos en 2026Otra de las medidas que anunció la Alcaldía Mayor para los vehículos no matriculados en Bogotá, fue la implementación de un ajuste tarifario en el Pico y Placa Solidario, creado para que los vehículos puedan transitar libremente por la ciudad a cambio de un pago voluntario.El alcalde anunció un incremento del 50 % en el costo adicional del permiso, aumentando un 30 % con respecto al valor que se pagaba el pasado 2025, que era del 20 %, y que entrará en vigencia en el primer trimestre de este año.Pese a que la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha establecido los valores oficiales del incremento de las tarifas del Pico y Placa Solidario para 2026, con el aumento del 50 % para los vehículos no matriculados en la ciudad, se estima —con base en el ajuste del IPC de 2025— que los conductores deberán pagar más de $100.000 pesos por una tarifa diaria de esta medida.En el caso de quienes necesiten aplicar este beneficio de manera permanente, el costo podría ascender hasta cerca de $4 millones de pesos cada seis meses, no obstante, las cifras definitivas solo se conocerán una vez la Secretaría Distrital de Movilidad expida la resolución oficial con las tarifas vigentes para 2026.
Este 2026 será un año definitivo para una de las iniciativas clave del gobierno y que, sin duda, marcará el pulso entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, se trata de la reforma pensional que, desde su primera demanda en julio de 2024, ha estado envuelta en múltiples polémicas.Además, una vez reinicien las labores en la Corte tras la vacancia judicial, los nueve magistrados le pondrán la lupa a la declaratoria de emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.En ese sentido, la Corte Constitucional deberá por sorteo hacer el reparto para conocer a cuál magistrado le corresponderá el estudio del decreto que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores en el país. En principio, el 23 de diciembre del año pasado, los togados se reunieron en una sesión informal para determinar si citaban o no a sesiones extraordinarias. Sin embargo, la determinación fue que el decreto se revisará una vez termine la vacancia y el alto tribunal puso como antecedente la declaratoria económica de 2009 durante el Gobierno de Álvaro Uribe.La reforma pensionalLa ley 2381 de 2024 por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, es tal vez la iniciativa bandera para el Gobierno Petro, y su tránsito por la Corte Constitucional ha tenido varios momentos. Por ejemplo, en junio de 2025, el alto tribunal decidió devolverla a la Cámara de Representantes porque encontró vicios en su trámite. Luego de esto, la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal y ponente en este expediente, era clara en señalar que no se subsanaron los vicios y que por eso la reforma debía ser declarada inexequible.Meses antes, el magistrado Ibáñez en una serie de autos decretó un número importante de pruebas para anexar al estudio de la pensional, incluso, requirió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que hicieran llegar a su despacho las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) respectivamente, e involucrados en el escándalo de corrupción al interior de esa entidad. Y es que, según las hipótesis de la justicia, dicen que el soborno de 4.000 millones de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle se habría dado a cambio de que apoyaran en el trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso de la República.El estudio de la reforma tuvo un punto de quiebre cuando la recusación que interpuso la hoy candidata presidencial Paloma Valencia en contra del magistrado Héctor Carvajal prosperó y el togado fue apartado del conocimiento de este caso en específico, en la última Sala Plena en donde se abordó el tema de la pensional hubo un empate de 4-4 y por esa razón la Corte Constitucional tuvo que escoger a un conjuez, el abogado Carlos Pablo Márquez, quien ya aceptó su designación e incluso envío una carta de transparencia a la Corte tendrá entonces el voto definitivo sobre la reforma.El "decretazo" de la consulta popularLa Corte Constitucional sí estudiará el ‘decretazo’ de la Consulta Popular que promovió el Gobierno y fue derogado tras la aprobación de la Reforma Laboral. Esto, luego de que la Sala Plena revocara el auto del magistrado Héctor Carvajal, donde señaló que ese alto tribunal no era el competente para estudiarlo, sino el Consejo de Estado.Aunque el pronunciamiento se hará para sentar jurisprudencia, es importante para conocer los alcances de un decreto de esta naturaleza.
El presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano, ha manifestado una profunda preocupación ante el reciente incremento del 23,78% en el salario mínimo, calificando la medida como "desconcertante y muy preocupante". Según el dirigente, esta decisión afecta de manera desproporcionada a la floricultura, un sector que, a diferencia de otras industrias, es intensivo en mano de obra, donde los costos laborales representan más del 50 % de su estructura de costos.Impacto social y estabilidad regionalEl sector floricultor es un pilar fundamental para la economía formal en Colombia, generando un total de 240.000 empleos entre directos e indirectos. De estos, 150.000 son empleos directos que se concentran principalmente en la Sabana de Bogotá y el oriente antioqueño. Solano destaca que la floricultura es un sector 100 % formal, vigilado rigurosamente por entidades como la UGPP, lo que garantiza el pago de todas las prestaciones sociales a sus trabajadores.Un aspecto crítico es el perfil demográfico de su fuerza laboral: el 60% son mujeres, y de ese grupo, la mitad son madres cabeza de familia. El presidente del gremio enfatizó que la estabilidad de estos empleos es vital para la seguridad de las ciudades aledañas; sin la floricultura, miles de personas quedarían sin opciones laborales claras, lo que podría deteriorar el tejido social y la seguridad urbana.El "cóctel explosivo" de la economíaLa preocupación de los floricultores no radica únicamente en el alza salarial, sino en la convergencia de varios factores negativos que Solano denomina un "cóctel explosivo". Este se compone de tres elementos principales:1. Aumento del costo laboral: El impacto de los nuevos salarios en un sector con márgenes estrechos.2. Revaluación del peso: El 97% de las flores se venden en dólares, por lo que la caída del tipo de cambio reduce drásticamente los ingresos reales.3. Cargas arancelarias: Especialmente en el mercado de los Estados Unidos, que recibe el 80% de las exportaciones colombianas.Riesgos de un círculo vicioso económicoSolano advirtió que este incremento salarial desproporcionado podría desencadenar un círculo vicioso: una mayor inflación que obligue al Banco de la República a subir las tasas de interés, lo cual atraería más capitales y profundizaría la revaluación del peso. Esto no solo afectaría las exportaciones, sino que facilitaría la llegada de artículos importados que competirían de forma desigual con la producción nacional.Finalmente, el dirigente gremial cuestionó la falta de estudios técnicos por parte de entidades como la Superintendencia de Sociedades para evaluar el impacto real por sectores antes de tomar estas decisiones. Advirtió que, en el pasado, periodos de revaluación extrema obligaron a muchas empresas a reducir su tamaño o incluso a cerrar, un proceso doloroso dado que las indemnizaciones laborales en este sector suelen superar el valor de los activos físicos de las empresas.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno espera recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó este martes en una conferencia de prensa que los nuevos impuestos buscan "equilibrar la situación financiera del Gobierno y de las finanzas públicas y están enfocadas en un criterio de total progresividad"."No se toca ningún producto de la canasta familiar, no se toca a los sectores económicos de estratos (niveles sociales) medios o bajos. Solamente estamos tocando a un pequeño grupo de contribuyentes que tienen altos ingresos y patrimonio", añadió el alto funcionario.El Gobierno decretó el pasado 22 de diciembre la emergencia económica por 30 días, luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026.Esa decisión del Congreso, expresó hoy el ministro, pone "al Gobierno ante una situación de desfinanciación que se repite por segundo año y que crea una situación de desequilibrio económico y de riesgo macroeconómico, el cual debe ser resuelto y superado y esta es la razón fundamental por la cual acudimos a decretar la emergencia económica".Cambios en los impuestosÁvila detalló que los decretos con los nuevos tributos, que serán publicados este martes por el Gobierno, incluyen un aumento del impuesto al patrimonio.Explicó que en la actualidad este tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio de 3.600 millones de pesos y oscila entre el 0,5 y 2 %."Hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos (unos 532.000 dólares) y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos", explicó Ávila.Con esta medida, que busca recaudar 1,7 billones de pesos, el Gobierno crea "una tributación adicional para cerca de 102.000 contribuyentes en el país", lo que "representa pedirle a menos del 1 % de la población que haga un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio".Igualmente, el Gobierno incrementó el impuesto de renta para las "personas jurídicas del sector financiero", que hoy tiene "una sobretasa del 5 %" y que busca aumentar al 15 %.En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementará para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedará en el 19 %.La reforma tributaria hundida este mes fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.La oposición asegura que, en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.
Juan Carlos Restrepo Piedrahita, director de asuntos externos de British American Tobacco (BAT) para Centroamérica, ha encendido las alarmas tras la filtración de un borrador de decreto que pretende aumentar el impuesto al consumo de cigarrillos en casi un 300%.Según el directivo, esta medida carece de fundamento técnico y desconoce la realidad fiscal de Colombia, calificándola como un posible "impuesto confiscatorio" prohibido por la Constitución.Error en el cálculo fiscalUno de los puntos más críticos señalados por Restrepo es la inconexión entre la emergencia económica y el destino del recaudo. El Gobierno nacional justifica el aumento para paliar el déficit fiscal central; sin embargo, el impuesto al consumo de cigarrillos es una renta cedida a los departamentos, destinada exclusivamente a la salud y el deporte."Ponerle impuestos a través de una emergencia económica no va a resolver la crisis fiscal nacional porque ese dinero no lo va a ver el gobierno central", explicó Restrepo, subrayando que tan solo BAT pagó más de un billón de pesos en impuestos departamentales en 2024. Un aumento brusco podría generar el efecto contrario: al desplomarse la venta legal, los departamentos dejarían de recibir estos recursos vitales.El contrabandoEl mercado de cigarrillos en Colombia ya enfrenta una competencia desleal con el contrabando, que hoy ocupa casi el 35% del mercado. Restrepo advirtió que el contrabando ha dejado de ser un simple delito económico para convertirse en el mecanismo principal de lavado de activos del narcotráfico.Una industria ya altamente reguladaDesde el sector legal se enfatiza que el tabaco ya es el producto más gravado de la economía, con una carga tributaria estimada en el 57% del precio de venta, la cual se paga por anticipado antes de que el producto sea comercializado. Además, la ley vigente ya estipula que este impuesto crezca anualmente según la inflación más cuatro puntos porcentuales, por lo que un incremento adicional del 300% se considera desproporcionado.Escuche aquí la entrevista:
Tras el cierre de las mesas de concertación salarial sin un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el panorama económico de Colombia se enfrenta a un momento crítico. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, ha manifestado su preocupación por las propuestas que circulan en el seno de la comisión, especialmente tras la introducción del concepto de "salario mínimo vital" presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),.Según Bedoya, el planteamiento de la OIT se basa en un estudio técnico que estima las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, considerando factores como la ingesta calórica (parámetros de la FAO), vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales. No obstante, el dirigente gremial advierte que este análisis aún presenta falencias técnicas reconocidas por la misma organización y que, hasta el momento, no se cuenta con un documento formal más allá de una presentación de apoyo,.La amenaza de la informalidad y la inflaciónEl punto más álgido de la discusión reside en la composición del mercado laboral. De los 23 millones de ocupados en el país, solo 2.4 millones ganan el salario mínimo, mientras que 11.3 millones de colombianos perciben ingresos inferiores a este. Bedoya señala que un incremento desmedido —que podría alcanzar cifras del 16% al 19%— afectaría principalmente a quienes están fuera del sistema formal."La decisión que de manera unilateral va a tomar el gobierno nacional tiene que estar pensando en qué va a pasar con la informalidad laboral", afirmó Bedoya, destacando que en el último año 732,000 personas ingresaron a la informalidad.Además, un aumento de doble dígito podría obligar al Banco de la República a subir las tasas de interés para contener una posible disparada inflacionaria, afectando a todos los ciudadanos con créditos o tarjetas de consumo.Escuche aquí la entrevista:
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
La reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar el estado de emergencia económica ha generado un sismo político en el Congreso de la República. Diversos legisladores han expresado su rechazo tajante, calificando la medida no solo como un golpe al bolsillo de los ciudadanos a través de nuevos impuestos, sino como un intento de eludir el debate legislativo tras el hundimiento de la ley de financiamiento.Un "bypass" al Congreso y la institucionalidadPara el senador Carlos Abraham Jiménez, esta maniobra es "previsible" y refleja una tendencia del presidente Gustavo Petro de imponer por decreto lo que no logra concertar en el legislativo. Jiménez señaló que el mandatario actúa "a las patadas", emitiendo decretos que, a su juicio, la Corte Constitucional terminará declarando inexequibles.Según el senador, estas acciones demuestran una improvisación que busca destruir la economía formal en Colombia. Asimismo, criticó que el presidente de la Cámara, al ser afín al gobierno, no facilitará sesiones para analizar este desconocimiento del Congreso.El "aguinaldo" de impuestos y el impacto ruralDesde el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel describió la declaratoria como un "regalo de Navidad" amargo para los colombianos. Meisel denunció que la medida traerá más carga tributaria, incluyendo un aumento en las transacciones bancarias al 5 por 1000, afectando la formalidad económica.El legislador alertó sobre las graves consecuencias para el sector rural, explicando que el impuesto al patrimonio, sumado a los altos avalúos catastrales, golpeará a pequeños productores del campo con predios de 30 o 40 hectáreas."Un ciudadano vulnerable... no tiene con qué hacerle frente a un impuesto al patrimonio" bajo estas condiciones, afirmó Meisel, quien hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional para que sesione de manera extraordinaria y suspenda lo que calificó como un "despropósito".Argumentos de inconstitucionalidad por falta de planeaciónPor su parte, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, fue enfático al tildar la medida como un "acto de profunda irresponsabilidad". Según Lemos, la emergencia no responde a un hecho imprevisible, sino a una mala planeación fiscal y al desespero del Gobierno tras la caída de la ley de financiamiento.Lemos recordó que existe un precedente jurídico claro: la sentencia 383 de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional tumbó la emergencia en La Guajira, advirtiendo que este mecanismo no puede usarse si no hay una situación imprevisible que ponga en riesgo la estabilidad. Para el senador, el Gobierno está violando la Constitución al imponer cargas excesivas sobre una base inconstitucional, por lo que confía en que la Corte declarará inexequible esta "emergencia económica aberrante".Escuche aquí la entrevista:
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió durante la mañana de este lunes diferentes zonas de Colombia. En Pereira, las primeras informaciones señalan daños en algunas estructuras y el colapso de varias edificaciones.A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran parte de las afectaciones registradas en la ciudad. Las fotografías y videos permiten observar los daños ocasionados por el movimiento telúrico.Ante este tipo de emergencias, la preparación y la manera de actuar durante el movimiento son fundamentales. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá entrega una serie de recomendaciones para responder ante un sismo.¿Qué hacer antes de un sismo?Una de las principales recomendaciones es elaborar un plan familiar de emergencias, en el que se establezcan responsabilidades y acuerdos para responder ante una situación de este tipo.También es importante identificar los riesgos y las salidas de emergencia de la vivienda, reconocer el entorno, establecer puntos de encuentro y tener disponibles los contactos de emergencia.La preparación incluye reducir posibles vulnerabilidades dentro del hogar, como fijar muebles y tejas, además de mantener listo un kit de emergencias en un sitio de fácil acceso, preferiblemente cerca de la salida.Este equipo debe contar con alimentos no perecederos, agua para tres días, utensilios para comer, radio AM/FM, linterna con baterías de repuesto, documentos personales, elementos básicos de aseo, llaves, una muda de ropa, dinero en efectivo, manta, silbato, encendedor, velas y botiquín de primeros auxilios.¿Cómo actuar durante un temblor?Si el lugar cuenta con una edificación sismorresistente, la recomendación es mantener la calma, agacharse y asumir una posición de seguridad debajo de un mueble fuerte o junto a una pared interior.La posición consiste en proteger la cabeza y la nuca con las manos, arrodillarse y acercar la cabeza a las rodillas para adoptar una posición fetal.Durante el movimiento se debe evitar ubicarse debajo de marcos de puertas, alejarse de ventanas, estanterías, lámparas y otros objetos que puedan caer. Además, no se deben utilizar los ascensores.Si la persona se encuentra en el exterior, debe dirigirse hacia un espacio abierto, lejos de edificios, postes, árboles y cableado, y cubrirse hasta que termine el movimiento.Una vez finalice el sismo, se recomienda cortar los suministros de energía, luz y gas y evacuar de manera ordenada siguiendo las indicaciones de los brigadistas. En edificaciones que no sean sismorresistentes, la evacuación debe realizarse lo más pronto posible conforme al plan de emergencias establecido.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y su intensidad quedó registrada en las cámaras de Blu Radio, tanto en Bogotá como en Cali.Las imágenes permiten observar cómo la cabina de la emisora en la capital del país comenzó a moverse durante el sismo, mientras el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, pidió calma en medio del movimiento.Posteriormente, las cámaras mostraron lo ocurrido en la cabina de Blu Radio en Cali, donde la sacudida se percibió con mayor intensidad y los elementos del estudio se movieron de manera evidente.¿A qué hora ocurrió el terremoto en Colombia?De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.La información preliminar ubicó inicialmente el evento en el occidente del país, en una zona cercana al límite entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.El SGC explicó que sus primeros datos fueron generados automáticamente y estaban sujetos a revisión por parte de los especialistas de la entidad.Posteriormente, luego del análisis técnico, el Servicio Geológico Colombiano estableció que el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 79 kilómetros, con epicentro en jurisdicción del departamento del Chocó.Así se sintió el terremoto en Blu RadioEl movimiento quedó registrado durante la emisión de Blu Radio. En Bogotá, las cámaras captaron el momento en que la estructura y diferentes elementos de la cabina comenzaron a estremecerse.Ante la intensidad de la sacudida, Ricardo Ospina pidió mantener la calma mientras el equipo continuaba atento a lo que estaba ocurriendo.La situación también fue registrada en Cali. En las imágenes de la cabina de esa ciudad se observa un movimiento considerablemente más fuerte, con diferentes elementos del estudio agitándose durante el terremoto.El registro permite dimensionar cómo el sismo fue percibido en diferentes puntos del país.Autoridades verifican posibles afectacionesDespués del terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y comenzó a establecer comunicación con las autoridades territoriales de las zonas donde fue sentido el movimiento.La entidad informó que mantiene comunicación con las autoridades y organismos que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar si se produjeron afectaciones como consecuencia del sismo.
Un fuerte sismo de magnitud 7,4 se registró en Colombia durante la mañana del 10 de agosto de 2026. De acuerdo con el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió sobre las 7:34 de la mañana.El reporte publicado por la entidad técnica ubicó el epicentro del evento sísmico en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El movimiento fue percibido en diferentes regiones del país.Ante ello, Manizales sería uno de los lugares donde se han reportado posibles afectaciones tras el fuerte sismo.¿Qué daños se han reportado en Manizales?El sismo de 7,4 habría dejado serias afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Según lo reportado en redes sociales, una catedral y varios edificios habrían sufrido daños por el movimiento telúrico.De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el temblor habría ocasionado que escombros cayeran sobre las vías, dejando vehículos atrapados y personas heridas, aunque todavía no se ha confirmado cuántas estarían afectadas por este movimiento.Las columnas de varios edificios habrían colapsado y el sector de El Cable estaría entre los más afectados, debido a que algunas estructuras habrían cedido y los escombros habrían caído sobre vehículos, dejando serias afectaciones para la ciudadanía.Las autoridades continúan verificando la situación para establecer el balance de daños y determinar si existen personas afectadas por el movimiento telúrico.Emiten alerta por el temblorPor ahora, las autoridades adelantan la verificación de posibles afectaciones en infraestructura, viviendas y vías, así como la atención de las personas que hayan resultado heridas.La información sobre el número de heridos, daños materiales y posibles personas afectadas continúa en desarrollo y podría cambiar a medida que avancen las evaluaciones de los organismos de socorro.El SGC también ha advertido que sus datos sobre magnitud y características del evento pueden ser actualizados conforme se analice la información sismológica disponible.
Un fuerte terremoto se registró hacia las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico fue ampliamente sentido en diferentes departamentos del país.De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo inicialmente una magnitud de 6,7, una profundidad de 82 kilómetros y ocurrió a las 7:34 a. m. (Tropicana Colombia)Chocó, epicentro del terremoto, el departamento más afectadoInicialmente, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que ya se adelantan las primeras verificaciones en el departamento y manifestó preocupación por las posibles réplicas: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló la mandataria.Córdoba indicó que, aunque el epicentro fue San José del Palmar, en Quibdó se reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.Posteriormente, por reportes en redes sociales, se confirmó que los daños son muy graves.Daños en edificaciones tras el sismoLas primeras imágenes que circulan tras el terremoto muestran afectaciones en diferentes estructuras y calles. También se han conocido reportes de daños en ciudades del occidente del país, entre ellas Manizales, Cali y Armenia. Las fotografías que acompañan esta noticia corresponden a Manizales y muestran material de construcción desprendido sobre una vía, además de una edificación que sufrió daños estructurales importantes.En una de las imágenes se observa un vehículo atrapado entre los escombros, mientras que otra evidencia daños en la parte inferior de una edificación ubicada en una zona residencial de la capital de Caldas.Aeropuerto de Pereira sufrió fuertes afectacionesBomberos de Cundinamarca verifican posibles daños tras el fuerte sismoEl capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que los organismos de primera respuesta adelantan un barrido de verificación en diferentes municipios del departamento para establecer posibles afectaciones provocadas por el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes.De acuerdo con Farfán, hasta el momento se han recibido dos reportes que están siendo atendidos y verificados por las autoridades locales. El primero corresponde al municipio de Nilo, donde se informó sobre una posible afectación estructural en una de las escuelas de la zona.La situación está siendo evaluada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el propósito de determinar la gravedad de los daños y establecer si la estructura representa algún riesgo para la comunidad educativa.El segundo reporte corresponde a una emergencia que, según explicó el delegado departamental, está siendo atendida directamente por un cuerpo de bomberos voluntarios del departamento.Farfán señaló que los organismos de emergencia continúan realizando verificaciones tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales de Cundinamarca, por lo que el balance podría aumentar durante las próximas horas.“Una vez tengamos mayores reportes con relación a las diferentes verificaciones realizadas tanto en el casco urbano como rural del departamento de Cundinamarca, estaremos informando”, explicó el capitán Álvaro Farfán.Emergencia continúa en evaluaciónPor ahora, las autoridades adelantan la verificación de posibles afectaciones en infraestructura, viviendas y vías, así como la atención de las personas que hayan resultado heridas.La información sobre el número de heridos, daños materiales y posibles personas afectadas continúa en desarrollo y podría cambiar a medida que avancen las evaluaciones de los organismos de socorro.El SGC también ha advertido que sus datos sobre magnitud y características del evento pueden ser actualizados conforme se analice la información sismológica disponible. (Tropicana Colombia)Nota editorial: aunque el reporte suministrado inicialmente menciona una magnitud de 7,4, el boletín preliminar del SGC consultado reporta 6,7. Por ello, para una publicación periodística conviene atribuir la magnitud al SGC y actualizarla si el organismo modifica posteriormente el dato. (Tropicana Colombia)
Este lunes, un fuerte sismo sacudió a Colombia y una de las ciudades donde se sintió con intensidad fue Cali. Así quedó registrado a través de un video en el que se puede ver cómo la cabina de noticias de Blu Radio en la capital del Valle del Cauca fue estremecida mientras el director de noticias de esa ciudad reportaba El fuerte movimiento que se sintió en la ciudad.