La reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar el estado de emergencia económica ha generado un sismo político en el Congreso de la República. Diversos legisladores han expresado su rechazo tajante, calificando la medida no solo como un golpe al bolsillo de los ciudadanos a través de nuevos impuestos, sino como un intento de eludir el debate legislativo tras el hundimiento de la ley de financiamiento.
Un "bypass" al Congreso y la institucionalidad
Para el senador Carlos Abraham Jiménez, esta maniobra es "previsible" y refleja una tendencia del presidente Gustavo Petro de imponer por decreto lo que no logra concertar en el legislativo. Jiménez señaló que el mandatario actúa "a las patadas", emitiendo decretos que, a su juicio, la Corte Constitucional terminará declarando inexequibles.
Según el senador, estas acciones demuestran una improvisación que busca destruir la economía formal en Colombia. Asimismo, criticó que el presidente de la Cámara, al ser afín al gobierno, no facilitará sesiones para analizar este desconocimiento del Congreso.
El "aguinaldo" de impuestos y el impacto rural
Desde el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel describió la declaratoria como un "regalo de Navidad" amargo para los colombianos. Meisel denunció que la medida traerá más carga tributaria, incluyendo un aumento en las transacciones bancarias al 5 por 1000, afectando la formalidad económica.
El legislador alertó sobre las graves consecuencias para el sector rural, explicando que el impuesto al patrimonio, sumado a los altos avalúos catastrales, golpeará a pequeños productores del campo con predios de 30 o 40 hectáreas.
"Un ciudadano vulnerable... no tiene con qué hacerle frente a un impuesto al patrimonio" bajo estas condiciones, afirmó Meisel, quien hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional para que sesione de manera extraordinaria y suspenda lo que calificó como un "despropósito".
Argumentos de inconstitucionalidad por falta de planeación
Por su parte, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, fue enfático al tildar la medida como un "acto de profunda irresponsabilidad". Según Lemos, la emergencia no responde a un hecho imprevisible, sino a una mala planeación fiscal y al desespero del Gobierno tras la caída de la ley de financiamiento.
Lemos recordó que existe un precedente jurídico claro: la sentencia 383 de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional tumbó la emergencia en La Guajira, advirtiendo que este mecanismo no puede usarse si no hay una situación imprevisible que ponga en riesgo la estabilidad.
Para el senador, el Gobierno está violando la Constitución al imponer cargas excesivas sobre una base inconstitucional, por lo que confía en que la Corte declarará inexequible esta "emergencia económica aberrante".
Escuche aquí la entrevista:
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