El presidente Gustavo Petro, junto a todo su gabinete ministerial, firmó el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que declara oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia. Según el Ejecutivo, el país enfrenta una crisis fiscal "excepcional" que pone en riesgo derechos básicos y la prestación de servicios públicos.
La medida se fundamenta en un faltante de recursos que el Estado no puede cubrir por vías ordinarias. El Gobierno argumenta que la combinación de deudas acumuladas, fallos judiciales y el bloqueo de sus proyectos en el Congreso crearon un escenario de "incapacidad material" para responder a las necesidades de la población.
PDF del decreto de Emergencia Económica
¿Por qué se tomó esta medida?
El decreto expone ocho puntos críticos que motivaron la emergencia:
- Salud: se necesitan $3,3 billones para cumplir con la nivelación de pagos (UPC) ordenada por la Corte Constitucional.
- Hueco fiscal: la falta de aprobación de las leyes de financiamiento dejó un vacío de $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026.
- Crisis energética: deudas por subsidios de luz y gas que suman $5,1 billones, poniendo en riesgo el servicio, especialmente en la región Caribe.
- Seguridad: deterioro del orden público y fortalecimiento de grupos armados ilegales, lo que obliga al Estado a destinar recursos adicionales para garantizar la seguridad.
- Justicia y víctimas: fallos judiciales pendientes por $9,9 billones y recursos para reparación de víctimas por $1,6 billones.
- Desastres naturales: se requieren $0,5 billones para atender las emergencias
- Deuda externa: restricciones en los límites de endeudamiento han cerrado las puertas a nuevos créditos.
¿Qué significa esto para el país?
Con esta declaratoria, el presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley sin pasar inicialmente por el Congreso, orientados exclusivamente a solucionar esta crisis. Esto incluye la posibilidad de crear o modificar impuestos de forma transitoria. No obstante, la Corte Constitucional tendrá la última palabra, pues deberá revisar que cada medida respete los derechos fundamentales y la ley colombiana.
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