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El presidente Gustavo Petro, junto a todo su gabinete ministerial, firmó el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que declara oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia. Según el Ejecutivo, el país enfrenta una crisis fiscal "excepcional" que pone en riesgo derechos básicos y la prestación de servicios públicos.
La medida se fundamenta en un faltante de recursos que el Estado no puede cubrir por vías ordinarias. El Gobierno argumenta que la combinación de deudas acumuladas, fallos judiciales y el bloqueo de sus proyectos en el Congreso crearon un escenario de "incapacidad material" para responder a las necesidades de la población.
El decreto expone ocho puntos críticos que motivaron la emergencia:
Con esta declaratoria, el presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley sin pasar inicialmente por el Congreso, orientados exclusivamente a solucionar esta crisis. Esto incluye la posibilidad de crear o modificar impuestos de forma transitoria. No obstante, la Corte Constitucional tendrá la última palabra, pues deberá revisar que cada medida respete los derechos fundamentales y la ley colombiana.
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