Emergencia económica y reforma pensional: los temas que deberá resolver la Corte este 2026

Este 2026 será un año definitivo para una de las iniciativas clave del gobierno y que, sin duda, marcará el pulso entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, se trata de la reforma pensional que, desde su primera demanda en julio de 2024, ha estado envuelta en múltiples polémicas.Además, una vez reinicien las labores en la Corte tras la vacancia judicial, los nueve magistrados le pondrán la lupa a la declaratoria de emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.En ese sentido, la Corte Constitucional deberá por sorteo hacer el reparto para conocer a cuál magistrado le corresponderá el estudio del decreto que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores en el país. En principio, el 23 de diciembre del año pasado, los togados se reunieron en una sesión informal para determinar si citaban o no a sesiones extraordinarias. Sin embargo, la determinación fue que el decreto se revisará una vez termine la vacancia y el alto tribunal puso como antecedente la declaratoria económica de 2009 durante el Gobierno de Álvaro Uribe.La reforma pensionalLa ley 2381 de 2024 por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, es tal vez la iniciativa bandera para el Gobierno Petro, y su tránsito por la Corte Constitucional ha tenido varios momentos. Por ejemplo, en junio de 2025, el alto tribunal decidió devolverla a la Cámara de Representantes porque encontró vicios en su trámite. Luego de esto, la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal y ponente en este expediente, era clara en señalar que no se subsanaron los vicios y que por eso la reforma debía ser declarada inexequible.Meses antes, el magistrado Ibáñez en una serie de autos decretó un número importante de pruebas para anexar al estudio de la pensional, incluso, requirió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que hicieran llegar a su despacho las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) respectivamente, e involucrados en el escándalo de corrupción al interior de esa entidad. Y es que, según las hipótesis de la justicia, dicen que el soborno de 4.000 millones de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle se habría dado a cambio de que apoyaran en el trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso de la República.El estudio de la reforma tuvo un punto de quiebre cuando la recusación que interpuso la hoy candidata presidencial Paloma Valencia en contra del magistrado Héctor Carvajal prosperó y el togado fue apartado del conocimiento de este caso en específico, en la última Sala Plena en donde se abordó el tema de la pensional hubo un empate de 4-4 y por esa razón la Corte Constitucional tuvo que escoger a un conjuez, el abogado Carlos Pablo Márquez, quien ya aceptó su designación e incluso envío una carta de transparencia a la Corte tendrá entonces el voto definitivo sobre la reforma.El "decretazo" de la consulta popularLa Corte Constitucional sí estudiará el ‘decretazo’ de la Consulta Popular que promovió el Gobierno y fue derogado tras la aprobación de la Reforma Laboral. Esto, luego de que la Sala Plena revocara el auto del magistrado Héctor Carvajal, donde señaló que ese alto tribunal no era el competente para estudiarlo, sino el Consejo de Estado.Aunque el pronunciamiento se hará para sentar jurisprudencia, es importante para conocer los alcances de un decreto de esta naturaleza.