La polémica emergencia económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene los días contados en la Corte Constitucional.
Antes de finalizar enero, la mayoría de los nueve magistrados estrenarían la figura de la suspensión provisional del decreto que sustenta la declaratoria de ese estado de excepción, en virtud de los graves perjuicios que ocasiona su vigencia.
Y es que la Corte decidió meterle el acelerador al estudio de la emergencia económica, estado de excepción que le ha permitido al gobierno fijar el cobro de nuevos impuestos a través de decretos con fuerza de ley, sin necesidad de pasar por el Congreso de la República.
El magistrado Carlos Camargo, quien tiene la responsabilidad de proyectar la ponencia pidiendo el hundimiento o la salvación de la emergencia económica, ya ordenó la práctica de una serie de pruebas que deberán ser entregadas en muy pocos días, para proceder al estudio del caso y ejecutar la tarea que le encomendó la Corte.
Entre las pruebas decretadas por Camargo están los conceptos que le pidió a diez reputados economistas, la mayoría de ellos exministros de Hacienda y exdirectores de la DIAN como Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Lisandro Junco y de exfuncionarios del gobierno Petro como el exministro José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quienes han dicho públicamente que la declaratoria del estado de emergencia no cumple los requisitos para ser declarada exequible.
Adicionalmente, hablando del análisis de posibles errores de forma que podrían tumbar la emergencia, llama la atención que el magistrado Camargo le pidió a la Secretaría Jurídica de Presidencia que certifique “la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto, es decir, los que se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición” y más específicamente pide “el acto administrativo de encargo como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Irene Vélez”.