El gobierno de Gustavo Petro está teniendo un lánguido y escandaloso final, apenas a cuatro días del final del actual periodo de gobierno, no se habla de las ejecutorias o de su legado, sino que el foco se ha concentrado en los casos de corrupción que se habrían producido en el entorno presidencialAdemás de las muy delicadas acusaciones de la española Eva Ferrer, se suman las denuncias de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, sumado a las revelaciones sobre los presuntos tratos entre la excongresista Gloria Arizabaleta y uno de los abogados del presidente Petro y a la extraña influencia de las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en la contratación estatal tras conseguir penetrar el círculo cercano del jefe de Estado.Angie Rodríguez, quien este fin de semana fue declarada insubsistente, denunció que la mesa de negociaciones que intentó instalar el gobierno Petro con los exjefes paramilitares, buscaba que los excomandantes de las autodefensas enlodaran al presidente electo Abelardo De La Espriella, al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al expresidente Álvaro Uribe y los vincularan con acciones criminales, para perjudicarlos de cara a la campaña presidencial.Otro capítulo es el de Gloria Arizabaleta, expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, quien fue llamada a indagatoria por la Corte Suprema porque habría pedido al gobierno puestos y prebendas a cambio de favorecer al presidente Petro.Adicionalmente, este fin de semana la Procuraduría abrió investigación para determinar el alcance de las posibles irregularidades que habría cometido la joven Gabriela Muñoz, muy cercana al presidente Petro, en contratación en la Aeronáutica Civil.Sumado a esto, la Fiscalía está pendiente de la posibilidad de que el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, cuente ante la justicia los detalles de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.Gustavo Petro fue una oportunidad perdida para que la izquierda se pudiera consolidar como una verdadera alternativa de poder con vocación de permanencia en el tiempo. Eso lo demuestra la victoria de su némesis, Abelardo De La Espriella, en las urnas.
En diálogo con Mañanas Blu, Angie Rodríguez, quien fuera la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual funcionaria del Fondo de Adaptación, rompió el silencio sobre su estado de salud mental y su tensa relación con el presidente Gustavo Petro. Rodríguez, quien se encuentra actualmente bajo una incapacidad médica, denunció lo que considera una campaña de estigmatización por parte del mandatario, quien utilizó su diagnóstico psiquiátrico para cuestionar su idoneidad en el cargo.El origen de la crisis y el papel del mandatarioRodríguez aclaró que su condición, diagnosticada formalmente en noviembre, consiste en cuadros de depresión y ansiedad, los cuales describe como "una profunda tristeza" y un "estado de alerta y miedo constante". Lejos de ser una condición ajena a su labor, la funcionaria fue enfática en señalar la responsabilidad del entorno gubernamental en su deterioro emocional."La ansiedad y la depresión surgen cuando la persona sufre unas situaciones extremas a las que el propio gobierno y el propio presidente, tengo que decirlo, me llevó". Al ser consultada sobre si consideraba al presidente Petro como el causante de su situación, Rodríguez fue contundente: "Creo que es mi mayor victimario".Un llamado a la ayuda profesionalFinalmente, Rodríguez lanzó una dura crítica a la estabilidad emocional del mandatario tras los ataques recibidos a través de redes sociales. Al referirse a las burlas y el tono del presidente en sus trinos, la funcionaria concluyó que la necesidad de apoyo profesional no es exclusiva de ella."Creo que incluso la persona que más necesita ayuda en este momento, en ese ámbito, es él, porque su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo".Denuncia de estigmatización y doble moralLa funcionaria calificó de "desafortunadas, estigmatizantes" y repudiables las declaraciones del presidente, señalando que tener un diagnóstico psiquiátrico no debería ser utilizado como una herramienta para invalidar a una persona profesionalmente.Rodríguez defendió su capacidad intelectual mencionando que, a pesar de su diagnóstico, mantuvo un excelente desempeño académico en su doctorado y recibió condecoraciones por su trabajo en diciembre.Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia de las contradicciones de Petro. Según Rodríguez, el presidente conocía su situación desde noviembre y, aun así, decidió asignarle mayores responsabilidades, como el cargo de superintendente ADOC ante la Nueva EPS y la gerencia del Fondo Adaptación."Su relato no coincide con sus acciones", señaló la funcionaria, subrayando que si el presidente realmente la considerara incompetente por su salud mental, no la habría mantenido en cargos de tan alta responsabilidad. Para Rodríguez, esta actitud refleja una profunda falta de coherencia en el Ejecutivo.Escuche aquí la entrevista:
En una sorpresiva visita a la central de abastos de Bogotá, Corabastos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles cruciales sobre la estabilidad institucional del país y las garantías de seguridad durante el actual periodo de transición presidencial. En diálogo con Mañanas Blu, el alto funcionario confirmó que ha mantenido diálogos directos con el presidente Gustavo Petro para coordinar un traspaso de mando ordenado y seguro.Seguridad y garantías para el proceso de empalmeEl ministro Sánchez reveló que hace pocos días sostuvo un encuentro clave en la Casa de Nariño con el mandatario actual para evaluar los protocolos de protección. “Estuvimos mirando el ambiente de seguridad para esta transición”, explicó el jefe de la cartera de Defensa, subrayando que el objetivo es asegurar la integridad tanto del presidente saliente como del electo, Abelardo De La Espriella.Sánchez enfatizó que el proceso administrativo ya está en marcha bajo directrices claras y que el presidente le dijo: “Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026". Por eso hay unas órdenes que se emitieron de empalme, quiere decir que hay una transición y debemos garantizar la seguridad. Según el ministro, estas reuniones no son para realizar reclamos políticos, sino que forman parte del trabajo diario para proteger a todos los colombianos sin distinción.Rechazo a rumores de golpe y respeto a la ConstituciónAnte las versiones que circulan en redes sociales sobre un posible desconocimiento de los resultados electorales o un "golpe de Estado", el ministro fue tajante al transmitir el mensaje del presidente Petro. “El señor presidente me dijo: '¿Por qué están diciendo que golpe de estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden... que vaya en contra de la ley'”.El funcionario calificó estas teorías como producto de una “desinformación muy fuerte” que busca generar confusión. Aseguró que la cúpula militar y policial tiene total claridad sobre su rol constitucional: “Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático”.Asimismo, recalcó que la fuerza pública acatará los lineamientos del gobierno actual hasta el 6 de agosto y los del nuevo mandatario a partir del 7 de agosto, respetando la línea de mando establecida.Lucha contra la criminalidad en CorabastosAcompañado por el director general de la Policía, el ministro aprovechó su estancia en la central de alimentos para promover la campaña contra la extorsión. Sánchez destacó que, gracias a la denuncia ciudadana, el “81% de los casos de extorsión no se paga porque confían en la fuerza pública”.Finalmente, el ministro presentó un balance positivo en materia de seguridad para la capital, resaltando que el homicidio se ha reducido en un 7.7% y el secuestro en un 54% en comparación con el año anterior.Concluyó reafirmando que el papel de las autoridades es “proteger a todos los colombianos y garantizar también ese pilar fundamental del estado social de derecho que es la democracia”.Escuche aquí la entrevista:
El reconocido abogado estadounidense Daniel James Newlin, cuya firma tiene sede en Florida, respondió de manera contundente a las recientes acusaciones del presidente de Gustavo Petro.El mandatario colombiano había señalado a Newlin de invertir presuntamente 1.8 millones de dólares en la compañía Meta y 1.9 millones en Google para financiar una campaña a favor de Abelardo de la Espriella y en contra de figuras como Iván Cepeda y el propio Petro.Negación rotunda y transparencia financieraEn diálogo con Blu Radio, Newlin calificó las acusaciones como falsas y aseguró que no existe registro alguno de tales movimientos financieros. “La respuesta a esa pregunta es inequívocamente cero. Nada. Nunca he dado ni un dólar ni siquiera ninguna forma de apoyar a Abelardo o a cualquier candidato en esa elección”.Newlin enfatizó que sus finanzas están abiertas al escrutinio para desmentir lo dicho por el mandatario: “No ha salido ni un dólar de mi cuenta para ninguna parte de la elección colombiana. Esto es 100% verificable”.Incluso, extendió una invitación a los periodistas para revisar sus movimientos bancarios, afirmando que sus transacciones son fáciles de seguir y transparentes.El riesgo profesional como garantía de verdadUno de los puntos centrales de la defensa de Newlin es su reputación y estatus legal en los Estados Unidos. Como abogado con 25 años de trayectoria en el estado de Florida, subrayó que mentir sobre este asunto tendría consecuencias devastadoras para su carrera. “Si yo le hubiera dado dinero a Abelardo de alguna manera u otra forma y estuviera cometiendo perjurio mintiendo ahora mismo, pues todo mi buffet de abogados estaría en peligro”, declaró Newlin, recordando que el Colegio de Abogados de Florida exige el más alto nivel de integridad. Aunque Newlin no escatimó en elogios hacia Abelardo De La Espriella, describiéndolo como una persona con una "visión maravillosa" para Colombia, aclaró que su apoyo nunca fue económico ni formal dentro de una estructura de campaña. Newlin explicó que conoció a De La Espriella en Miami y se sintió impulsado a apoyarlo "con amor y pasión" como residente que fue de Colombia durante 17 años. Sin embargo, fue enfático al precisar: “No formé parte de su campaña. No quería ser parte de su campaña. Solo quería ser alguien que le dijera a mis amigos y familia y otras personas qué gran persona pensaba que esta era”.Dan Newlin es un abogado de alto perfil que fue postulado por el expresidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en Bogotá. No obstante, su nominación fue devuelta por el Senado estadounidense debido a que no entregó información financiera requerida y no logró separar adecuadamente su actividad privada de la labor diplomática que pretendía ejercer.Escuche aquí la entrevista:
La reunión entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y la bancada del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes Palacio de Nariño terminó en pleno partido de la selección Colombia vs. Suiza.Al término del encuentro, los asistentes abandonaron la sede presidencial por las puertas traseras, evitando entregar detalles sobre lo discutido. Sin embargo, el representante Gabriel Becerra habló con la prensa y confirmó que la bancada de izquierda respaldará las acciones jurídicas impulsadas por el mandatario, para controvertir la elección del presidente electo, Abelardo De La Espriella.“Nosotros vamos a interponer a través de las vías jurídicas las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho”, dijo.Becerra recordó que el Pacto Histórico insistirá en acudir a la justicia al considerar que existen cuestionamientos sobre la legitimidad del presidente electo, relacionados, dijo, con el proceso de escrutinios y el software utilizado durante las elecciones.“El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan en duda, digamos, procesos que tienen que ver con los escrutinios, que tienen que ver con los software, y creo que nosotros vamos a respaldar todas estas acciones”, afirmó el congresista”.El representante también se refirió a la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante, luego de que el presidente Petro desconociera la legitimidad del mandatario electo, quien denuncia que hay hallazgos de corrupción detectados en el proceso de transición.“El empalme no es para hacer show, el empalme no es para procesar denuncias jurídicas, el empalme es para cumplir con un procedimiento institucional de la democracia. Y creo que el ministro (Germán Ávila) fue muy claro en defender esa postura. Si ese es el espíritu del empalme, el ministro ha convocado al nuevo gobierno para que se sienten (…) Si la intención es hacer juicios jurídicos o políticos al presidente Petro, o hacer show, pues creo que también fue muy claro, el Gobierno no está interesado en eso”, señaló.Becerra agregó que, si el propósito del proceso es adelantar controversias políticas o jurídicas contra el presidente Petro, el Gobierno no participará en ese escenario.Consultado sobre si la Procuraduría ya había respondido a la solicitud de acompañamiento enviada por el Ministerio de Hacienda, el congresista indicó que no tenía conocimiento de una respuesta oficial, sin embargo, recordó que aún sin la respuesta del ente de control “el empalme está regulado”.
El proceso de empalme entre el gobierno Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quedó suspendido, primero, por una orden que le dio De la Espriella a sus asesores que están al frente del proceso.“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, dijo De La Espriella.Recordemos que el presidente Petro ha dicho que no reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente.Tras el anuncio de De La Espriella, el ministro de hacienda, Germán Ávila, también se refirió al tema.“El comité nacional de empalme del Gobierno suspende su participación en las sesiones conjuntas hasta tanto existan garantías de respecto recíproco y cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso”, dijo Ávila.Además anunció una denuncia contra Carlos Alonso Lucio, una de las personas cercanas al presidente electo y quien hace parte del proceso de empalme.“Informamos que el Gobierno radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio con ocasión a las declaraciones que ofreció y al considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente”, agregó Ávila.Es importante recordar que Lucio en un trino dijo en las últimas horas que Petro debía ser juzgado, lo hizo al responderle directamente a una publicación del mandatario en X.“Petro: deje de seguir mintiendo. ¿Cuál desobediencia civil? Puras cortinas de humo para distraer de los delitos que usted ha cometido y que van a ser juzgados”, dijo Lucio.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado la suspensión oficial de todas las mesas de trabajo del proceso de empalme con el equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella. La decisión, comunicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en diálogo con Mañanas Blu, se produce como una respuesta directa a lo que la administración saliente califica como una campaña sistemática de ataques y desprestigio.Defensa de la dignidad institucionalEl ministro Ávila fue enfático al señalar que el clima de trabajo se volvió insostenible debido a las actitudes de los representantes del gobierno entrante. Según el alto funcionario, se han cruzado líneas rojas en el trato hacia el gabinete actual, lo que motivó el cese de las actividades de transición.“Lo que es absolutamente claro es que nunca antes había tenido tal nivel de agresión, tal nivel de ofensas y tal nivel de irrespeto y calumnias contra el gobierno como lo que han hecho miembros de la mesa de empalme del gobierno entrante”, denunció el ministro Ávila.Para el Ejecutivo, estos comportamientos contradicen la intención inicial de llevar a cabo un proceso “tranquilo” y “sereno”. En sus declaraciones, Ávila subrayó que “la dignidad de la Presidencia de la República, la dignidad de todos los miembros del equipo de gobierno debe mantenerse”.Cuestionamientos a la legitimidad electoralEl trasfondo de esta ruptura también incluye una profunda controversia sobre los resultados de los comicios. Mientras que el equipo de De La Espriella decidió suspender el empalme alegando la defensa del orden constitucional, el gobierno Petro ha cuestionado abiertamente la victoria de su sucesor.Al respecto, el ministro Ávila sugirió que existen dudas razonables sobre el proceso de votación que serán expuestas próximamente. “El presidente de la República cuenta con información suficientemente importante que va a ser pública al país en relación con el manejo del proceso electoral y eso lo hará el presidente en el momento oportuno”, afirmó.Además, recordó la estrecha diferencia de votos, calificando el resultado como “un empate con un ganador”, donde la diferencia entre los 12,7 millones de votantes de Petro y los 12,9 millones de De La Espriella es mínima.Suspensión de todas las mesas de trabajoAnte la falta de garantías y lo que consideran una "falta de reconocimiento" mutuo, el Ministerio de Hacienda confirmó que se ha impartido una orden clara a todo el gabinete. Esta medida se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que cambien las condiciones de diálogo.El ministro Ávila concluyó informando que se ha transmitido una instrucción “a todos los miembros del gobierno, a los ministros, a los directores de departamentos administrativos, en el sentido de que no admitimos una sola agresión más y mientras este comportamiento de los miembros de la mesa de empalme se mantenga, se suspenden todas las mesas de trabajo”. Con este anuncio, el proceso institucional de transición queda formalmente interrumpido, sumiendo al país en una incertidumbre administrativa a pocas semanas del cambio de mando.
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este martes que dio instrucciones al vicepresidente electo para suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno saliente, al que calificó de "corrupto" y acusó de pretender "destruir a Colombia".El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde aseguró que la decisión responde a su obligación de proteger los intereses del país y garantizar una transición acorde con el orden constitucional."Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", escribió.En el mismo mensaje, De La Espriella afirmó que no está dispuesto a "legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional" durante el proceso de transición entre administraciones.Asimismo, indicó que durante la mañana explicará públicamente los motivos de la decisión y anunciará las medidas que adoptará de inmediato."Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", señaló.El mandatario electo agregó que su pronunciamiento se realizará a través de sus redes sociales, donde expondrá las razones que llevaron a suspender el empalme con el Gobierno saliente."En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato. ¡Firme por la Patria!", concluyó el mensaje.Petro rechaza la legitimidad del Gobierno de De la Espriella e insiste en fraude electoralEl presidente Gustavo Petro, endureció este lunes su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio al insistir en que Abelardo de la Espriella "no ganó" y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación fue alterada para favorecer a De la Espriella, que ganó las elecciones con 12,9 millones de votos.Petro agregó que "no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante" y sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones", pues "el presidente de Colombia (...) de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda", que recibió 12,7 millones de papeletas.Tras la jornada electoral del pasado 21 de junio, el mandatario saliente aseguró que respetaría los resultados del escrutinio, pero desde entonces sus denuncias de fraude han escalado a pesar de que las misiones de observación electoral felicitaron a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral por la organización de los comicios.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), en diálogo con Mañanas Blu, entregó un balance de tranquilidad y eficiencia sobre el proceso de escrutinio final de la segunda vuelta presidencial. Según reportó la Registraduría, existe una coincidencia del 99.997% entre el preconteo inicial y los resultados verificados por los jueces de la República, una cifra que, en palabras del magistrado Benjamín Ortiz, "evidencia la robustez del sistema electoral colombiano y la responsabilidad con que las autoridades encargadas de realizar los escrutinios... trabajan".Cifras de reclamaciones bajo la lupaFrente a las versiones que sugerían la existencia de más de 53.000 reclamaciones, el magistrado Ortiz fue enfático en aclarar que tales números no se ajustan a la realidad procesal. Aunque reconoció que los testigos presentaron diversas solicitudes que fueron atendidas por los jurados y comisiones, señaló que, respecto a las cifras mencionadas por algunos sectores políticos, "el número es abismalmente inferior al que usted acaba de enunciar de acuerdo con la información que ha conocido".El magistrado destacó la labor de cerca de 9.000 jueces y notarios, así como de unos 860.000 jurados de votación, calificando su trabajo como "una labor encomiable realmente, admirable y digna de ser reconocida".Votos en el exterior y transparencia administrativaUno de los puntos de mayor interés fue el escrutinio de los votos depositados fuera del país. Ortiz explicó que este proceso se realizó con celeridad siguiendo estrictamente el artículo sexto de la Ley 163 de 1994, el cual permite consolidar los resultados enviados por embajadas y consulados por medios electrónicos. Al respecto, aclaró que no hubo inconvenientes mayores ni reclamaciones finales en este apartado: "Ese proceso lo adelantamos en la mañana de ayer realmente de una forma célere, de una forma rápida, no hubo inconvenientes".Asimismo, subrayó que este es el mismo procedimiento utilizado en los últimos cuatro periodos electorales, el cual fue "el mismo con el que nuestro presidente Petro se eligió hace 4 años y que en su oportunidad pues no tuvo reparos".Proclamación del presidente electoEl CNE trabaja actualmente en jornadas de 24 horas para finalizar la lectura de los pliegos electorales de los 33 departamentos. Hasta el momento, el proceso avanza sin contratiempos significativos, salvo algunas reclamaciones en Bogotá que ya están siendo resueltas.Sobre la fecha definitiva para la entrega de la credencial al nuevo mandatario, el magistrado Ortiz dio un parte de victoria: "aspiramos que en el día de mañana o más tardar el viernes podamos ya declarar quién es el elegido como presidente de la República".Con esto, se busca generar tranquilidad al país demostrando que "las instituciones están sólidas, que están muy fuertes y que en ellas pueden confiar" todos los colombianos.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
