Una grave controversia sacude la esfera política nacional tras la denuncia presentada ante el Congreso por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos. De acuerdo con la información revelada por el funcionario, durante la administración de Gustavo Petro se habría estructurado una red de contratación irregular que involucra a 48 mujeres. Según la denuncia, estas mujeres habrían sido contratadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) no para cumplir funciones públicas, sino para ser "instrumentalizadas" y asistir a reuniones o fiestas en la Casa de Nariño.
Modalidad de los contratos y perfil de las involucradas
Las averiguaciones sobre estos contratos indican que contaban con asignaciones mensuales de entre tres y cuatro millones de pesos por prestación de servicios. Se calcula que el Gobierno nacional gastaba aproximadamente 2.000 millones de pesos al año para pagar a este grupo de mujeres, en contratos suscritos mayoritariamente entre los años 2022 y 2023. Las contrataciones se gestionaron principalmente desde la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Los periodistas destacaron que no existe evidencia ni soporte documental que certifique la ejecución real de las labores asignadas, por lo que se investiga si se trataba de puestos ficticios o "corbatas".
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Respecto al perfil de las 48 mujeres, las pesquisas iniciales han identificado características comunes: se tratataba de mujeres jóvenes, en su mayoría residentes de sectores populares de Bogotá, de escasos recursos económicos y baja escolaridad. Asimismo, se caracterizaban por una alta presencia y activismo en redes sociales, y no contaban con experiencia previa de trabajo en el Estado o en el gobierno
Testimonios en desarrollo y traslado a la Fiscalía
En el marco de las indagaciones, cuatro de las 48 mujeres se encuentran declarando en calidad de testigos ante funcionarios del DAPRE, revelando la manera en que operaba la red y cómo se utilizaban los contratos de OPS como mecanismo de presión o amarre para permanecer cerca del entonces mandatario. Estas revelaciones coinciden además con las denuncias públicas realizadas semanas atrás por Angie Rodríguez sobre la presunta existencia de una red de presiones y excesos. La intención expresada desde la dirección del DAPRE es consolidar el material probatorio para escalar formalmente la investigación ante la Fiscalía General de la Nación.
Ante los señalamientos, el expresidente Gustavo Petro se manifestó a través de sus redes sociales y de su abogado, Alejandro Carranza, calificando las acusaciones como falsas y absurdas. Petro sostuvo que en sus oficinas jamás se consumieron drogas o alcohol, que no posee adicciones y que en sus dispositivos no existen fotografías ni videos de carácter sexual.
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Por su parte, los comunicadores enfatizaron que, aunque los aspectos de la vida íntima pertenecen a la esfera privada, la utilización de recursos públicos del Estado para fines ajenos a la función pública trasciende la intimidad y configura una posible actuación ilícita que debe ser investigada exhaustivamente por la justicia.
Escuche aquí la entrevista:
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