Estados Unidos renovó este viernes sus recomendaciones de viaje a Colombia e instó a "reconsiderar" viajar a este país suramericano debido a la incidencia de la COVID-19.En un comunicado, el Departamento de Estado informó que había actualizado la recomendación de viaje a Colombia y la situó en nivel 3, es decir, "reconsiderar viajar".En la nota, la cartera de Exteriores justificó su decisión en el aviso de viajes emitido por los Centros para el Control y Precaución de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU., que ha situado a Colombia también en categoría 3 por la pandemia."Colombia ha levantado sus órdenes de permanecer en casa y reanudado algunas operaciones de transporte y negocios", indicó el Gobierno de Washington.Las autoridades colombianas informaron este jueves de 11.187 casos nuevos de covid-19, la primera vez en más de dos meses que el país supera los 10.000 contagios diarios, lo que elevó a 1.053.122 el número de infectados.Por otro lado, el Departamento de Estado aconsejó "ejercer una mayor precaución en Colombia debido al crimen, el terrorismo y los secuestros. Algunas zonas han aumentado el riesgo".En concreto, el Departamento de Estado recomendó no viajar a Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, a excepción de Cúcuta, Popayán, Nuquí y Cúcuta, por "el crimen y el terrorismo".También animó a "reconsiderar el viaje a varios departamentos en el país debido al crimen y el terrorismo", como Antioquia fuera de Medellín, Caquetá, Casanare, César fuera de Valledupar, Córdoba fuera de Montería, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, entre otros.El Departamento de Estado recordó que "aunque el Gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con el grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) algunos grupos disidentes rechazan desmovilizarse".En ese sentido, alertó de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "sigue planeando posibles ataques".
El Gobierno desmintió la denuncia del senador Iván Cepeda en el sentido en que se estaría analizando decretar el estado de conmoción interior.Tras conocer la denuncia, que fue hecha en la plenaria del Senado, el viceministro de Interior, Daniel Palacios, indicó que es “completamente falsa”. El senador del Polo Democrático denunció que el Gobierno estaría considerando esta opción para limitar o tener una mayor regulación sobre la protesta.Lo que dijo el senador CepedaAnte esta denuncia, el Gobierno afirma que no se está considerando esta opción, ya que se está trabajando en la implementación de nuevos protocolos para manifestaciones con la Fiscalía, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca.De hecho, la denuncia del senador se hizo pública mientras se desarrollaba una reunión en Casa de Nariño para definir este protocolo que debe ser enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Avanza en Casa de Nariño la reunión de trabajo convocada por el presidente Iván Duque para analizar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha generado polémica por el conjunto de medidas que le ordena al Gobierno respetar el derecho a la protesta social.El presidente y los miembros de su gabinete están analizando los 14 puntos que tienen que ver con las órdenes a seguir por el Gobierno para garantizar el derecho a las manifestaciones.A la reunión asisten el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que es quien según el fallo debe ofrecer disculpas por los casos de abuso de la fuerza en las manifestaciones; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; la ministra de Interior, Alicia Arango; el consejero presidencial para Seguridad Nacional, Rafael Guarín, la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González, el secretario general de Palacio, Diego Molano, y otros funcionarios para analizar el fallo de la corte.Fuentes del Gobierno aseguran que el ministro de Defensa se pronunciará una vez de estudie la providencia a fondo, es decir después de este encuentro con el presidente Iván Duque.
Casa de Nariño confirmó que el presidente Iván Duque no participará presencialmente de ningún acto del próximo lunes 20 de julio. La celebración del Día de la Independencia y su discurso para la instalación del Congreso se harán de manera virtual.La agenda del presidente empezará a las 10:00 de la mañana en la Plaza de Armas con la participación virtual del acto de conmemoración del Día de la Independencia de Colombia en su aniversario 210, que los colombianos podrán seguir desde sus casas.Le puede interesar: Gobierno Duque está a discreción de lo que diga EE.UU.: Santos sobre lucha antidrogasEl presidente estará acompañado por algunos ministros de su gabinete y la cúpula militar en la transmisión que mostrará las acciones que han encabezado los integrantes de las Fuerzas Militares en el marco de la Operación San Roque, que desde que se declaró la emergencia sanitaria ha buscado apoyar las medidas de las autoridades y entregar ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasEn este evento, el presidente condecorará a miembros de la fuerza pública que se han destacado por su servicio, mientras la Fuerza Aérea realizará diferentes revistas aéreas que tendrán lugar en las principales ciudades y regiones del país.A las 3:00 de la tarde, a diferencia de los 20 de julio anteriores en los que el presidente desfila hacia el Capitolio, Iván Duque instalará de manera virtual las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo legislativo 2020-2021. Allí el presidente hará su discurso haciendo un balance de su gestión.Finalmente, a las 5:00 de la tarde se transmitirá el concierto nacional virtual ‘Colombia Crea Talento’, iniciativa del Ministerio de Cultura y el Teatro Colón, que contará con la participación de más de 40 artistas en escena y se transmitirá por las plataformas digitales de MinCultura, Colombia Crea Talento y entidades aliadas.
El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el ‘padre Chucho’ aseguró en Bla Bla BLU que sí hizo un exorcismo en la Casa de Nariño al finalizar la administración de Juan Manuel Santos, aunque evitó hacer alusiones puntuales a la residencia presidencial.Vea también: Fue un comentario jocoso: padre Chucho aclara versión sobre exorcismo en Casa de Nariño “Hace unos días se armó un lío en el país, porque yo fui a un lugar a conjurar una casa… y que por qué fue a conjurar esa casa, que quién estaba… se imaginarán la casa, la más importante”, sostuvo. “Yo fui, pero después tuve que negar que había ido, porque dije: ‘Si esto va a ser un problema y esto va a evitar un conflicto y una guerra en mi país, prefiero que me tiren las piedras a m픓Hasta Vicky Dávila me insultó. Periodistas me trataron super mal. Recuerdo que un periodista me dijo: usted siento periodista, imprudente, cura mentiroso, cómo dice que fue a un lugar sin haber ido. Pero yo sí fui, sí estuve”, agregó. Escuche al padre Chucho en Bla Bla BLU: Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias
Como Aldemar Reyes, de 23 años de edad y oriundo del municipio de Barbacoas, Nariño, fue identificado el auxiliar de la Policía Nacional asesinado este lunes en el municipio de Magüí Payán, ubicado en el pie de monte costero de Nariño.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasSegún conoció BLU Radio, integrantes de un grupo ilegal armado que delinque en la subregión del Telembí perpetró un ataque a la estación policial de la localidad, donde, por varios minutos, se presentó un enfrentamiento.Le puede interesar: Asesinan a un hombre y una bebé de 9 meses en el CaucaLa reacción oportuna de los uniformados evitó que los delincuentes detonaran una carga explosiva. Y, desafortunadamente, en el cruce de disparos fue asesinado el auxiliar, que prestaba su servicio militar obligatorio en la entidad policial.Le puede interesar: Caleño con hidrocefalia atrapado en Panamá por el COVID-19 quedó en comaEn el mismo hecho resultó gravemente herido otro integrante de la Fuerza Pública de quién aún no se conoce su identidad. Hasta el momento, las autoridades competentes no dan parte del suceso.Cabe resaltar que Aldemar Reyes era hijo de un reconocido docente y líder cultural de la región.
Mañanas BLU cuando Colombia Está al Aire, tuvo acceso a cinco contratos más que evidencian que la empresa Du Brands SAS, creada en 2009 ha venido contratando con el Estado desde diferentes instituciones.Al contrato 290 del 2020, firmado con Fondo Paz y revelado por La FM de RCN, se suman el 281 de 2018 firmado el 21 de diciembre con el mismo objeto por más de 1.200 millones de pesos, así como el contrato 163 de 2019 por más de 2.940 millones de pesos.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasEl 9 de febrero la sociedad firmó el contrato 002 de 2018 con Fiduprevisora por 5.300 millones de pesos, cuyo objeto es que por un año Du Brands contribuya a facilitar el acceso, uso y apropiación del comercio electrónico en las Pymes colombianas a través de soluciones que les permitan comercializar sus productos y/o servicios y efectuar transacciones en línea.Ese mismo año, mediante selección abreviada, dicha empresa fue contratada por la Unidad de Víctimas para que durante un año garantice el apoyo financiero y logístico a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que asisten a las diligencias de búsqueda de sus familiares. La resolución fue expedida el 6 de julio de 2008 por 4.435 millones de pesos.Vea aquí: Es indignante: Redepaz por $3.350 millones de Fondo Paz para posicionamiento onlineEn agosto 8 de 2018 el turno fue para Fontur, que contrató a Du Brannds SAS por 9.000 millones de pesos, para que durante la ejecución del contrato 075 se encargara, por dos años, de la organización, producción, montaje, ejecución y desmontaje de los eventos de la entidad.Estos contratos sumados sobrepasan los 27.00 millones de pesos. Eso sin contar que, de acuerdo con fuentes consultadas por BLU Radio, esta empresa representada legalmente por Pedro Javier Sarmiento Charry, tendría contratos también en el Ministerio de Transporte, el Departamento para la Prosperidad Social, RTVC, el Icfes, la Contraloría y el Ministerio de Relaciones Exteriores.Escuche este informe especial en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Hay indignación entre las víctimas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y diferentes sectores por los más de 3.300 millones de pesos que el Gobierno Nacional destinó aparentemente de los dineros de la paz para el posicionamiento online de su gestión.El contrato, por más de $3.300 millones, lo firmó la oficina de prensa de la Presidencia de la República con la compañía Du Brands para posicionar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales y en el mundo digital.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasHassan Nassar, jefe de comunicaciones de la Presidencia de la República, explicó, en diálogo con Mañanas BLU, en qué consiste este polémico contrato y sostuvo que este solo es una prórroga de otro que ya se venía ejecutando.“Esto no viene desde ahora. El objeto social del contrato con Du Brands es un objeto social que lo que cambió fue la empresa, pero el objeto ha venido siendo el mismo, incluso desde el año 2014”, sostuvo.En ese sentido, manifestó que en el año 2014 había un contrato con otra empresa que prestaba los mismos servicios de estrategia digital de Du Brands y que también se pagaban con los recursos de Fondo Paz.“Fondo Paz es de la Presidencia, es una entidad de régimen privado de la Presidencia. En el año 2014 se gastaron para esos mismos propósitos 15.000 millones de pesos”, añadió el alto consejero presidencial para las comunicaciones de Casa de Nariño.Nassar fue enfático en sostener que Du Brands viene manejando la implementación y elaboración de la estrategia digital de la Presidencia de la República desde el año 2018.“Esto no es imagen, es la estrategia de comunicaciones de todo el Gobierno, en cabeza del presidente de la República”, insistió.¿Por qué el contrato se hace con dineros del Fondo Paz?“Estos dineros vienen del Ministerio de Hacienda y son transferencias para recursos de funcionamiento. Estos no son recursos nuevos ni de la emergencia sanitaria y llegan al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, que tiene un fondo (Fondo Paz) (…) Acá no se están gastando los recursos de la paz, se trata de un fondo distinto”, dijo.Vea aquí: Con dinero del Fondo Paz, Gobierno pagó $3.350 millones para posicionamiento onlineAseguró el periodista que hay que tener claro que uno es el Fondo Colombia en Paz, que cuenta con los dineros del acuerdo de paz y que tiene más de 1.1 billones de pesos, y otro muy distinto es Fondo Paz, que fue creado por la ley 368 de 1997, es de régimen privado y permite contratación.“El Fondo Colombia en Paz es un fondo que fue creado después de la firma de los acuerdos y tiene 1.1 billones de pesos o más. De ese fondo no se toca absolutamente nada. Del que hablamos es un fondo distinto, privado y creado en 1997, que pertenece a la Presidencia”, puntualizó.En ese sentido, Nassar insistió en que no se están tocando los recursos de la paz para la estrategia digital de la Presidencia y del presidente Iván Duque. *Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Desde Palacio aseguran que es un proceso necesario porque la vida útil de las camionetas actuales ya se había cumplido, el 76% era más antiguo al 2008, por lo cual significaba un riesgo para la seguridad presidencial. La explicación desde Casa de Nariño es que el proceso de renovación de estos vehículos inició en noviembre de 2018 y en abril del 2019 se hizo un informe sobre las vulnerabilidades de seguridad.La Policía hizo una valoración en diferentes aspectos que incluye las camionetas de la caravana presidencial y dio luz verde al programa de reposición progresiva.Le puede interesar: A 12 aumenta número de contagios de COVID-19 en CorabastosEl director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano, aseguró que muchos de los vehículos son del 2008 y 2011 y que su blindaje ya había cumplido su vida útil.“La jefatura de seguridad que pertenece a la Policía, hace una solicitud a la Policía Nacional donde se hace una valoración de diferentes aspectos de seguridad, entre los que se incluye los vehículos blindados de la Presidencia y se inicia un programa de reposición progresiva de estos vehículos, teniendo en cuenta que estos vehículos tienen una obsolescencia alta porque en su mayoría son anteriores al año 2011, más de 9 años de diferencia en términos de operación y obsolescencia de los 5 años de blindaje”, indicó Molano.Al ser cuestionado sobre la posibilidad de reversar la millonaria inversión, Molano indicó que no era posible porque la destinación de estos recursos ya estaba definida en el presupuesto de seguridad de 2020 y era muy difícil cambiar el destino de este dinero porque se trató de un plan de más de un año.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticiasEl secretario general de Palacio dijo que el proceso no se hubiera iniciado bajo ninguna circunstancia en medio de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia, fue un proceso que inició en 2018.“La verdad es que es muy difícil cambiar un proceso que inició hace un año; ya tenía una asignación presupuestal específica, cuando usted tienen una partida presupuestal específica, pues usted tiene que destinar por parte de la entidad en este caso de la Policía en su plan de compras anuales. Desafortunadamente nos coincidió en esta emergencia. Si de mi hubiera sido, en este caso, hoy, ¿hubiera iniciado el proceso? No, porque iniciarlo en la emergencia era complicado. Lo que hizo el Dapre en su época fue planear esa actividad desde hace un año”, señaló Molano.Por otro lado, resaltó que para la atención a poblaciones vulnerables en medio de la pandemia se han asignado millonarios recursos, igualmente para la atención en salud y que se trata de un proceso necesario porque la vida útil de las camionetas ya se había cumplido, el 76% era más antiguo al 2008, por lo cual significaba un riesgo para la seguridad presidencial.
Desde las 10 de la mañana de este sábado 14 de marzo arrancó en la Casa de Nariño la reunión entre el presidente, su gabinete y los 32 gobernadores y alcaldes de ciudades capitales para coordinar la estrategia frente a la pandemia del coronavirus en el territorio nacional. A la entrada hubo un exhaustivo registro de sanidad.El presidente Duque aseguró deben trabajar unidos en beneficio del país. Además, enfatizó en que la pandemia no es un escenario para la política, sino para la unión.Le puede interesar: Gobernador de Santander solicitará receso escolar por alerta de coronavirus “No dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida y la salud de los colombianos, pero las queremos tomar con ustedes”, les dijo el presidente a los gobernadores y alcaldes.Uno de los mandatarios que habló a su llegada fue el gobernador Arauca, Facundo Castillo, quien celebró la decisión de cerrar la frontera con Venezuela.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias“Le agradecemos al presidente que haya tomado la decisión de cerrar la frontera en su totalidad debido a que en Venezuela no existe un control estricto de sanidad y eso nos permite correr el riesgo de contaminarnos”, puntualizó.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, aseguró que la reunión es transcendental para tomar medidas unificadas.También se han pronunciado a través de redes sociales la gobernadora del Atlántico, Elsa noguera, quien propuso que la restricción para los turistas debe extenderse para quienes vienen de Panamá y Miami.
Tras la atención de un grupo de gestores de convivencia, quienes llegaron a la calle 22 con carrera 12, para brindarle primeros auxilios a Gareth Steven Sella tras una herida en su ojo izquierdo, se tuvo que trasladar al joven en un taxi.En un video, que pudo conocer Blu Radio, se ve cómo un grupo de funcionarios, tras vendarle el ojo a Gareth, obliga a un taxista a detenerse. “Párelo, párelo eso es omisión de socorro”, gritó uno de los gestores.De inmediato un grupo de jóvenes y de funcionarios rodean el vehículo y le insisten al conductor para que traslade al joven que se ve afectado por la herida.Este video confirma la versión que dio uno de los testigos, quien también relató a BLU Radio que vio a Gareth entrando a una cigarrería de la zona, acompañado de varias personas que vestían camisas rojas y azules.“El venía muy pálido, estaba vomitando y ningún taxi lo recogía, de un momento a otro, a un taxi que lo paró el semáforo, lo rodearon y lo obligaron a que hicieran la carrera, cuando abrieron la puerta rectifiqué la herida en el ojo, después con las noticias entendí que se trataba de la misma persona”, dijo.
El sepelio de Alberto Rafael Montaño Cárdenas, de 33 años, apodado ‘Juan Diablo’, salió del barrio Villa Zambrano en Soledad y recorrió un largo camino hasta llegar al cementerio municipal.Más de 100 personas sin ningún distanciamiento y con tapabocas solo cubriendo solo su mentón, acompañaron el cortejo fúnebre en el que un animador lideró el homenaje que allegados a este hombre le rindieron junto a su cajón.‘Juan Diablo’, quien tenía antecedentes por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, fue asesinado el pasado 22 de febrero. Según el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, la víctima fue señalada de haber informado a las autoridades sobre una olla de vicio que fue allanada.En los mismos hechos resultó herido un hombre identificado como Javier Enrique Velásquez Polo, de 30 años.Vea aquí los videos completo:
El abogado del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade está tratando de que Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías confirme su hipótesis de que la adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol II, estaba pensada meses antes de que el exparlamentario fuera contactado por Odebrecht para que hiciera las supuestas gestiones, ante la ANI y ante Andrade, para agilizar la firma del contrato.Por lo tanto, según el abogado Jesús Albeiro Yepes, ninguna de las supuestas gestiones ilícitas habría intercedido en la decisión de firmar la adición.“Ah, entonces ¿eso no se acordó en su apartamento (que la adición Ocaña Gamarra fuera del 50% del contrato inicial), eso estaba en la ley, según lo acaba de declarar? No el 50%, la cifra, el valor del contrato era el que no se ajustaba a ese 50 porque la propuesta que tenían era superior al 50 y se salía del margen que permite la ley. Pero ¿usted sabía que el 50% como valor del contrato para poder ser adicionado ya estaba condicionado desde ese concepto del 21 de enero del 2013? Lo limitaba el mismo corredor vial y lo limitaba que los estudios que ellos habían hecho pasaban el 50 % de los 2.4 millones del contrato inicial, eso es lo que me explicó Martorelli, ahora yo no sé si existía un estudio aparte que limitaba ese 50%, pero la discusión que ellos tenían era esa, de que ellos pasaban y Andrade les decían que no pasaran del 50, que recortaran el alcance del proyecto. Entonces, ¿le queda claro que el 50 % como límite de la adición estaba determinado con anterioridad a su presencia en al ANI, verdad? Entonces estaba peleando solo, entonces ¿qué hicimos?, ¿por qué estoy preso?”, fue el contrainterrogatorio sobre el tema.El ‘Ñoño’ explicó que, supuestamente, para recortar el alcance del proyecto y que fuera acorde al valor del 50%, acordaron en las supuestas reuniones ilícitas quitar “el anillo” de acceso a Ocaña.Por otro lado, aseguró que no le constaba personalmente del supuesto interés que tendría la exministra de transporte Cecilia Álvarez en la vía Ocaña Gamarra para beneficiar a la familia Parody. Dijo que eso fue lo que le manifestó desde el principio Eluberto Martorell, expresidente de Odebrecht para Colombia.“¿Es cierto que le dijo que se había escogido la vía Ocaña Gamarra a petición de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody? Me lo contó Martorelli. Entonces, señor Bernardo, es verdad que usted no tiene un conocimiento directo respecto de esa afirmación en concreto, ¿sí o no? Fue lo que me dijo Martorelli, si eso es concreto o no es concreto no sé, pero me lo dijo él. ¿Es cierto que usted no ha estado en ningún evento privado o público donde las exministras hayan formulado esa solicitud? En ninguno, es verdad”, mencionaron en el contrainterrogatorio sobre el tema.El exparlamentario dijo que había conocido a Martorelli en la posesión presidencial de Juan Manuel Santos, en agosto de 2014.Este viernes a las 8:30 de la mañana continúa el contrainterrogatorio al ‘Ñoño’ Elías por parte de la defensa de Andrade. Después el Ministerio Público, el juez y la representante de la víctima -que es la ANI- podrán hacer algunas preguntas. Finalmente, será el redirecto, que es una oportunidad para que la Fiscalía y el testigo expliquen los puntos que quedaron inconclusos.
Tras las recientes denuncias por la falta de pago a los contratistas de la Personería de Bucaramanga, incluyendo a una abogada a punto de dar a luz, el personero confirmó que la entidad cuenta con poca plata.“El presupuesto se redujo, por la pandemia, de 5.700 millones de pesos a 4.900, irresponsablemente mis antecesores y de manera nefasta contrataron 5.700 millones de pesos, teniendo en cuenta que el ingreso real fue de 4.900, es decir, dejaron la institución en déficit de más de 700 millones de pesos”, dijo el funcionario.El personero indicó en diálogo con Blu Radio que acatarán el fallo de tutela que los obliga a pagarle el sueldo a la abogada Ana María Vargas y otros 70 contratistas.“Incluso, durante este año, en tres días se ejecutó un presupuesto de 1.300 millones de pesos por la personera anterior, ya hicimos la denuncia ante la Procuraduría”, agregó.
La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó para el 30 de abril la fecha límite para que los intervinientes del caso 01, que se refiere al secuestro, se pronuncien sobre el Auto 19 de 2021, con el que la jurisdicción le imputó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP.Tanto las víctimas, la Procuraduría y la defensa de los comparecientes, solicitaron dicho término para pronunciarse de fondo y aportar nuevas pruebas si ese fuera el caso.La Sala de Reconocimiento señaló que este plazo es suficiente para que “todos los sujetos e intervinientes puedan ejercer debidamente sus derechos a presentar observaciones en igualdad de condiciones, aportar pruebas y, en el caso de los comparecientes, tomar la decisión de reconocer o no su responsabilidad entendiendo las consecuencias jurídicas de su decisión”.En el caso 01, denominado “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-Ep", la Sala de Reconocimiento, a través del Auto 19 del 26 de enero de 2021, le imputó al antiguo Secretariado el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.También de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.Los responsables de estos hechos son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera (murió el 27 de enero pasado), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.