El general (r) Paulino Coronado se convirtió en el militar de más alto rango en aceptar su responsabilidad por falsos positivos. Lo hizo el pasado 27 de abril en Ocaña, Norte de Santander, justo donde comandó la Brigada 30 entre los años 2007 y 2008, cuando fue destituido por orden del ministro de Defensa de ese entonces, Juan Manuel Santos, después de que salieran a la luz pública las denuncias sobre los falsos positivos de los jóvenes de Soacha, que bajo falsas promesas de trabajo, fueron llevados hacia Norte de Santander para ser presentados como falsos positivos.
BLU Radio conoció un documento de 10 puntos que envió el general Coronado a la JEP tras las audiencias de Ocaña y con el cual busca ampliar su versión frente a lo sucedido y precisar algunos detalles sobre su conocimiento de estos hechos.
En primer lugar, admitió que se equivocó al decir públicamente que en el “encuentro por la vida y el territorio”, al cual asistió como comandante, no se había hablado sobre denuncias de falsos positivos por parte de la comunidad.
“Después de hacer un ejercicio memorístico profundo y respaldarme en las versiones de otros asistentes a este encuentro, admito que se convocó para responder a las preocupaciones de los campesinos catatumberos por las ejecuciones extrajudiciales”.
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También manifiesta que se debió haber actuado con responsabilidad frente a estas denuncias y adoptado medidas de control para haber evitado, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, que se presentaron nueve meses después.
“Pero lo que se hizo fue sustituir, en la victimización, a pobladores del Catatumbo, por habitantes vulnerables de otra región”, agregó.
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También asegura que, aunque a ese encuentro algunos miembros del Ejército fueron llevados por sus subalternos como militares heridos en combate, se hizo con el fin de reprimir a las víctimas.
“Hoy comprendo que lo que se logró fue cuestionar las denuncias e instalar en el imaginario de la comunidad que las denuncias contra el Ejército eran ataques contra los hombres que se habían sacrificado en la lucha contra los grupos armados”, señaló.
Por otro lado, aceptó que desde el diciembre del año 2007, casi un año antes de su destitución, recibió denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de la Brigada Móvil 15.
“Denuncias que, por comprometer a una unidad sobre la que no tuve mando, trasladé por los medios y canales institucionales apropiados”, afirmó.
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Por último resalta que con esta ampliación busca contribuir a la verdad detallada y la reparación de las víctimas y manifestó que las denuncias que conocía y salían por medios de comunicación generaron una defensa al interior del ejército.
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“Información de prensa que conocí y que recuerdo suscitó, internamente en el Ejército, específicamente en la II División, la Brigada XXX, una solidaridad de cuerpo, pues era asociada a la narrativa de la guerra jurídica como defensa institucional”.
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