La discusión reunió argumentos a favor de eliminar esta práctica por sus posibles efectos sobre los derechos de las mujeres y los niños, así como posiciones que defienden una regulación estricta para prevenir abusos sin limitar el acceso a la reproducción asistida.
El representante a la Cámara Luis Miguel López, uno de los impulsores de la iniciativa, expresó su preocupación porque “Colombia se volvió un destino de turismo reproductivo”. Según el congresista, el vacío jurídico ha permitido que esta práctica se desarrolle sin controles suficientes, por lo que considera urgente su prohibición. Además, sostuvo que “la mujer ni el bebé son un producto que se puede alquilar o vender”.
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Por su parte, Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, advirtió sobre los daños físicos, mentales y emocionales que, según sus investigaciones, puede generar la gestación subrogada.
“La abolición implica reconocimiento del daño”, afirmó al proponer medidas contra quienes se lucran de esta actividad y mecanismos de reparación para las mujeres afectadas.
En apoyo a la prohibición, Ana María Idárraga, de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, expuso un ejemplo de una agencia internacional que opera en Colombia, la cual ofrece reiniciar gratuitamente el programa si el bebé fallece durante sus primeros dos años de vida.
“No se trata de una lavadora ni de un automóvil, se trata de un niño que ha muerto. No había visto una mercantilización pública del ser humano tan fuerte desde las garantías de salud y buen estado, incluidas en compraventas de personas esclavizadas durante el siglo XIX”, afirmó Idárraga.
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Mientras tanto, Diana Muñoz, investigadora del Instituto Latinoamericano de la Familia, cuestionó el altruismo en estos acuerdos al afirmar que “el dinero nunca desaparece”.
“El presunto reembolso, bonos, compensaciones equivalen a una compensación de pago real, y aunque la mujer no reciba nada, clínicas intermediarios siempre reciben. En Colombia se ha documentado que más del 85 % del ingreso por esta práctica queda en manos de las agencias”, agregó Muñoz.
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A esto se sumó Magda Alejandra Rodríguez, de la corporación Mujer Denuncia y Muévete, quien compartió el testimonio de una mujer a quien acompañó la corporación.
“Buscaba trabajo para alimentar a mis 2 hijos. Soy una mujer desplazada por el conflicto armado y no tenía una red de apoyo. En redes me ofrecieron dinero por gestar un bebé. Me hablaron con cariño y me hicieron creer que ayudaría a otra mujer a ser madre. Viajé a Medellín, pero allí viví un trato cruel y deshumanizante. Cuando nació mi hijo, no me dejaron verlo ni una sola vez. Después de entregarlo, quienes antes me agradecían, rompieron todo contacto, me sentí desechada, han pasado 2 años y todavía me pregunto dónde está y cómo está. Por las noches siento que me necesita, no quiero que ninguna otra mujer viva este dolor”, describió Rodríguez.
Asimismo, desde el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, sostuvieron que las desigualdades económicas condicionan las decisiones de las gestantes, mientras Karen Tatiana Gómez argumentó que el consentimiento no basta para legitimar una práctica que considera contraria a la dignidad humana.
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Sin embargo, otros participantes defendieron la regulación como alternativa. Nicolás Fernández aseguró que “la gestación subrogada con malas prácticas debe ser un delito”, pero planteó la necesidad de establecer garantías para todas las partes involucradas. Camila Tobón, desde su experiencia en procesos de fertilidad, coincidió en castigar los abusos, aunque advirtió que una prohibición afectaría también a pacientes que necesitan estas alternativas reproductivas.
Desde la perspectiva médica, José Pablo Zafón explicó que la gestación subrogada representa una posibilidad para mujeres que nacieron sin útero, lo perdieron o enfrentan riesgos graves durante el embarazo. “Si lo penalizan, lo único que harán es llevarlo a la clandestinidad”, afirmó.
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“Una pena de 120 a 192 meses no hace desaparecer los embriones que hoy están congelados, y el proyecto rige desde la promulgación, sin decir qué pasa con ellos, con los embarazos en curso ni con los niños que están por nacer. Hoy hay personas que llevan años esperando este proceso, y hay personas que están llevando el proceso. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les decimos? No los podemos atender”, concluyó.
Los aportes recogidos durante la audiencia servirán como insumo para los representantes Carol Borda y Luis Miguel López en la discusión del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara, donde se llevará a cabo el debate sobre si la maternidad subrogada debe prohibirse en el país.