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En medio de una compleja jornada de protestas que mantienen en vilo al departamento de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya ha salido al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha vinculado las movilizaciones de los campesinos en los páramos con el sector minero. Amaya, en una clara desvinculación, afirmó categóricamente que “el presidente está equivocado creyendo que el paro de parameros es para que se haga explotación de carbón en el páramo. No es cierto”.
Las movilizaciones, que incluyen a parameros, mineros y hasta "guaqueros" (buscadores de esmeraldas), han coincidido con la cercanía del 7 de agosto, fecha de gran importancia histórica para Colombia y usualmente un momento para la visita presidencial. Sin embargo, esta convergencia temporal no implica una unidad de propósitos, según lo expresado por Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros, y respaldado por el gobernador Amaya.
Roberto Arango, en representación de los parameros y desde el mismo Puente de Boyacá, epicentro de uno de los bloqueos, ha detallado el trasfondo de una lucha que, según él, lleva años gestándose.
La raíz del problema reside en la delimitación de los páramos impuesta por el gobierno colombiano, acatando instrucciones de organismos internacionales, y que en los planes de desarrollo del gobierno Santos “prohibió a rajatablas la actividad agropecuaria en los páramos”.
Esta medida, que restringe las actividades a partir de los 3000 metros de altura, ha afectado directamente a campesinos que, como el propio Arango, residen a 3300 metros, dejándolos en una situación insostenible.
Arango calificó las medidas de “bajo impacto” como un “saludo a la bandera” y una “condena a los campesinos”. Además, denunció una estigmatización por parte del Ministerio de Ambiente, que “se ha dado a la tarea de acusar a los campesinos de ser los responsables del cambio climático.
Roberto Arango recordó que, en 2023, antes de la toma de posesión del presidente Petro, se movilizaron en el nororiente exigiendo la no delimitación de los páramos y la posibilidad de desarrollar actividades agropecuarias.
En esa ocasión, el presidente Petro acudió a Málaga y, ante más de 10.000 campesinos, “dijo que la delimitación de los páramos era una trampa contra los campesinos. Le dio instrucciones a su ministra del medio ambiente y a la ministra de agricultura, pero han transcurrido más de 2 años y la situación sigue siendo la misma”. Arango lamenta que el gobierno Petro no haya solucionado el problema, responsabilizando a la exministra de Agricultura, Cecilia López, y a la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, por su “punitismo ambiental”.
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Con reuniones programadas entre los parameros y delegados del gobierno para esta tarde, Boyacá y el país esperan una pronta resolución a estos complejos conflictos que tocan fibras profundas de la soberanía alimentaria, el desarrollo económico y la protección ambiental.
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