La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de garantizar condiciones de neutralidad institucional y proteger el ejercicio libre del voto en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.
Según el documento radicado ante el organismo internacional, los solicitantes advierten sobre una serie de actuaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, podrían afectar la independencia de las autoridades electorales, la equidad de la contienda y la libre formación de la voluntad de los electores.
Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice que el presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que puedan influir en el voto ciudadano, promover una candidatura específica o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo de las autoridades competentes hasta que concluya el proceso electoral.
Asimismo, solicitan que se proteja la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando cualquier tipo de interferencia o deslegitimación por parte del Ejecutivo. También piden que se impida el uso de recursos públicos, medios estatales y plataformas institucionales para la difusión de contenidos con fines electorales durante la campaña de segunda vuelta.
La solicitud sostiene que las garantías existentes han resultado insuficientes para preservar la neutralidad institucional, pese a decisiones judiciales previas que ordenaron al mandatario abstenerse de participar en actividades de carácter electoral.
Los gremios advirtieron que la cercanía de la segunda vuelta presidencial hace urgente la adopción de medidas preventivas, ya que cualquier eventual afectación a la libertad del sufragio o a las condiciones de igualdad en la contienda tendría efectos irreparables una vez celebradas las elecciones.
La CIDH deberá evaluar ahora si la solicitud cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos por su reglamento para decretar medidas cautelares a favor de los ciudadanos colombianos convocados a las urnas el próximo 21 de junio.
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