En diálogo con Mañanas Blu, el ministro Armando Benedetti defendió la postura del Gobierno nacional frente a las críticas por presunta participación en política durante la actual contienda electoral.
Benedetti fue enfático en señalar que existe una línea clara entre la coerción electoral, prohibida por la ley, y la libre expresión de ideas políticas por parte del jefe de Estado.
Para el ministro, la intervención en política se define bajo criterios técnicos y legales muy específicos, citando la Ley 996 de 2005 y el Código Penal. Según su interpretación, la participación ilegal ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo para coaccionar el voto, ofrece ascensos o utiliza convenios territoriales con fines electorales.
“Publicidad electoral es cuando usted da una ficha, un panfleto en el cual usted está invitando a votar por alguien”. Por el contrario, Benedetti sostiene que el presidente Gustavo Petro realiza “publicidad política”, la cual consiste en expresar ideas sobre el modelo de Estado, como la descentralización o reformas sociales, sin hacer una invitación explícita a votar por un candidato determinado.
Polémica por comentarios sobre Juan Daniel Oviedo
Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la referencia a las críticas del presidente Petro hacia el candidato Juan Daniel Oviedo, a quien mencionó en relación con “plumas y lentejuelas”. Mientras que sectores de la opinión pública calificaron los comentarios como homofóbicos, Benedetti aseguró que se trató de un “contenido político”.
Según el ministro, las palabras del mandatario buscaban develar que, tras una apariencia de centro, el candidato representa intereses de derecha. “Es una opinión para opinar sobre el tema... devela un contenido político y no homofóbico”, afirmó, defendiendo el derecho del presidente a lanzar opiniones que, a su juicio, se enmarcan en la libre expresión.
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Transparencia y el software electoral
Benedetti también abordó las dudas del Gobierno sobre el sistema electoral. Aclaró que las menciones sobre un posible fraude no buscan deslegitimar los resultados donde el Pacto Histórico obtuvo una votación histórica, sino exigir que el Estado tenga control total sobre el software de escrutinio.
El funcionario criticó que, a pesar de existir un software nacional, se sigan contratando empresas privadas para el preconteo y la trazabilidad de los datos . El Gobierno exige que el código fuente pueda ser auditado por los partidos durnte al menos tres o cuatro semanas para garantizar la transparencia total en las próximas elecciones presidenciales.
Escuche aquí la entrevista:
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