La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y pidió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña.
El organismo advirtió que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral. Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué ocurrido el pasado 10 de febrero.
La CIDH también recordó el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta, y el atentado sufrido por el senador Alexander López el pasado 20 de mayo, después de participar en una actividad política junto al candidato Iván Cepeda.
“Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”, señaló la comisión.
Además citó las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.
Frente a este panorama, la CIDH destacó algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas. Entre ellas mencionó el Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, así como las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.
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La Comisión también resaltó la creación de una comisión temporal por parte de la Procuraduría para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales, así como la apertura de nuevos canales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al derecho de participación política.
“La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad”, señala el pronuciamiento.
También insistió en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia politica y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales.
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