En una nueva sesión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, pidió al estado colombiano garantizar unas elecciones seguras y condenó las amenazas contra aspirantes a la Presidencia, en un momento clave de la campaña.
“Con la campaña electoral ya a toda marcha de cara a las elecciones del 31 de mayo, la misión está sumando su voz al llamado de las autoridades y de todos los concernidos para garantizar un entorno pacífico y seguro, libre de violencia y de estigmatización. Reitero mi condena por las supuestas amenazas contra candidatos presidenciales. E insto, una vez más, a las autoridades estatales a que garanticen la seguridad y protección de todos los participantes en el proceso electoral”, afirmó el Jefe de la Misión.
En la misma línea, la representante de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, expresó preocupación por posibles riesgos a la integridad de las elecciones y recordó antecedentes de violencia política en el país.
“Ahora que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, Estados Unidos sigue atento a cualquier acto por parte de grupos que intenten amenazar la integridad de estas elecciones que se producen tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado. Algo que nos recuerda los días oscuros de la violencia política en Colombia, donde se mataba, secuestraba a los líderes políticos y se les impedía hacer campaña libre. Condenamos las amenazas de muerte contra los candidatos presidenciales en Colombia”, señaló Jenča.
Durante la sesión, Colombia presentó su informe ante el Consejo, destacando avances en la implementación del acuerdo de paz, aunque advirtió que persisten focos de violencia en zonas rurales y la necesidad de “redoblar las garantías de seguridad” de cara a las elecciones del 31 de mayo.
Jenča subrayó que el proceso de paz ha tenido logros significativos, como el hecho de que más de 11.000 excombatientes de las antiguas FARC continúan en su proceso de reincorporación casi una década después de la dejación de armas. Sin embargo, advirtió que el país aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en regiones donde operan grupos armados ilegales.
Entre las principales preocupaciones, mencionó el reclutamiento de menores y la situación en regiones como el Catatumbo, donde la población civil queda atrapada en medio de disputas armadas en zonas con alta presencia de cultivos ilícitos.
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De cara al futuro político del país, el jefe de la misión advirtió que el próximo gobierno tendrá un reto “formidable” en la consolidación de la paz en los territorios más afectados por el conflicto.
La voz de las comunidades también estuvo presente. Desde el Catatumbo, la lideresa Olga Lucía Quintero advirtió que avanzar de manera parcial en la implementación del acuerdo “debilita su esencia” y que solo su cumplimiento integral permitirá atacar las causas estructurales de la violencia.
“Cada incumplimiento, cada retraso, cada intento de de desconocerlo pactado representa un golpe a la esperanza de millones de colombianos y colombianas y del mundo, que observa ese acuerdo como un referente para la superación de la violencia que hoy prolifera en el planeta”, señaló Quintero.
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En el plano internacional, varios países coincidieron en la necesidad de acelerar la implementación del acuerdo y fortalecer la presencia del Estado. El representante de China, Sun Lei, señaló que la violencia y los grupos armados siguen amenazando a líderes sociales y excombatientes, y expresó su respaldo a los esfuerzos del Gobierno para mejorar la seguridad, especialmente en el contexto electoral.
Por su parte, el embajador del Reino Unido, James Kariuki, enfatizó que el acuerdo de paz requiere inversión sostenida y liderazgo firme, y calificó como “inaceptable” el asesinato de 491 firmantes de paz.
El representante permanente Adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, también reiteró su llamado a acelerar la implementación mediante una mayor coordinación institucional y una presencia más sólida del Estado en el territorio, mientras que el Embajador Vassily Nebenzia, Representante Permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, advirtió que cerca del 60% de los municipios del país tienen presencia de grupos armados, lo que hace urgente consolidar el control estatal.
“Este acuerdo firmado entre el gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, no es una opción más en el menú político del Gobierno nacional, es una base para la reconciliación nacional y contiene compromisos asumidos voluntariamente por las partes y respaldados por resoluciones del consejo de seguridad”, añadió Nebenzia.
Además, Estados Unidos manifestó preocupación por el narcotráfico y la violencia asociada a organizaciones ilegales, señalando que estas dinámicas no solo afectan a Colombia, sino a toda la región. También rechazó las amenazas de estructuras armadas contra la Misión de la ONU en territorios bajo control de disidencias.
“Estados Unidos condena a todos cuantos procuren socavar la paz mediante el narcotráfico y las actividades terroristas. Estados Unidos sigue designando a los grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, cortando sus fondos y sus recursos. No ha de haber impunidad por los actos de terror o violencia cometidos por grupos ilegales armados”, concluyó Locetta.