Las inquietudes se centraron en seguridad en territorios indígenas, educación, cumplimiento de promesas y polarización política. También le cuestionaron sobre ética en campaña, su modelo de seguridad y posibles reformas constitucionales.
Otros temas incluyeron garantías para la oposición, el futuro del sistema pensional y soluciones a crisis regionales como las inundaciones en La Mojana.
De La Espriella presentó un paquete de propuestas dirigidas a los jóvenes del país, centradas en educación, empleo y seguridad.
Su plan incluye una “revolución educativa” con formación virtual, entrega de computadores e internet, y programas cortos en inteligencia artificial para facilitar el acceso al trabajo remoto. También propone becas por mérito y el fortalecimiento del ICETEX.
En materia económica, plantea capital semilla para emprendimientos juveniles y medidas para evitar la migración de talento.
En seguridad, promete combatir el microtráfico y garantizar espacios seguros. Además, asegura respeto a la protesta juvenil y propone blindar los ahorros pensionales para garantizar estabilidad a las nuevas generaciones.
El aspirante defendió una agenda basada en mano dura contra el crimen, recorte burocrático y mérito como criterio de acceso a oportunidades.
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En seguridad, De la Espriella plantea una política de mano de hierro contra criminales y narcoterroristas. Reconoce la autonomía de los territorios indígenas, pero advierte que el orden público es responsabilidad exclusiva del presidente y que combatir el delito no equivale a atacar a las comunidades.
En educación, propone una revolución virtual dirigida a jóvenes que ni estudian ni trabajan, con entrega de computadores y conectividad para formación en inteligencia artificial y habilidades prácticas. También plantea reactivar programas como Ser Pilo Paga y otorgar becas por mérito a estudiantes talentosos de cualquier estrato o región, incluso en los municipios más alejados.
Para financiar todo esto, el candidato identifica tres fuentes: más de 100 billones de pesos en exenciones tributarias que califica de injustificadas, 80 billones que se pierden cada año por corrupción y recursos adicionales del contrabando.
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En materia pensional, su prioridad es blindar el ahorro de los colombianos para que ningún gobierno pueda usar esos fondos con fines políticos. Propone una reforma estructural financiada también con los recursos recuperados de la corrupción.
La propuesta más radical es reducir el tamaño del Estado un 40% en cuatro años. Para lograrlo, plantea fusionar ministerios, eliminar institutos que considera innecesarios y recortar más de 700.000 cargos y contratos.
A los empleados afectados les ofrece indemnización o ayuda para vincularse al sector privado. También propone convertir las embajadas ineficientes en agencias comerciales cuyos funcionarios tendrán metas mensuales de ventas de productos colombianos y serán removidos si no las cumplen.
Sobre la polarización, rechaza dramatizarla y plantea que gobernará para todos los sectores. Sobre el modelo de Nayib Bukele, aclara que solo coincide en la construcción de 10 megacárceles.
Niega proponer la pena de muerte por ser inviable en el derecho internacional, pero respalda la cadena perpetua para abusadores de niños y mujeres mediante enmienda constitucional o referendo, sin convocar una constituyente.
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