En la subregión de La Mojana, la prolongada emergencia por la ruptura del boquete de 'caregato' que ya cumple 4 años y 10 meses, parece haber dejado su rastro en las urnas este domingo. Allí, donde hace cuatro años, seis de los 11 municipios de la zona se movilizaron a favor de Gustavo Petro, en un respaldo amplio a lo que parecía una alternativa, ahora se volcó en un crecimiento significativo de la derecha, lo que abre interrogantes por un posible voto castigo. El cambio numérico implicó la pérdida del dominio en dos municipios, donde la derecha se impuso, pasando a tener el voto a favor de siete municipios de esta zona. Aunque Cepeda logró mejorar los porcentajes que Gustavo Petro había obtenido en estas poblaciones, los números favorecieron más a la derecha, con un crecimiento que podría reflejar el descontento de quienes siguen viendo su territorio bajo las aguas del río Cauca. Por ejemplo, en municipios como Guaranda, Sucre, el respaldo al sector conservador pasó de 39,3% en 2022 a 60% en 2026. En Nechí, Antioquia, el salto fue de 31,8% a 50,9%, mientras que en Ayapel, Córdoba, pasó de 33,3% a 47,7%. Justamente, estos dos municipios los que revirtieron la tendencia y le dieron mayorías a de la Espriella. La tendencia también se reflejó en Achí, Bolívar, donde Abelardo de la Espriella alcanzó el 58,8 % de los votos. Entre tanto, en Majagual y Sucre Sucre, dos de los municipios más afectados por las inundaciones, este escenario no fue la excepción, pues allí también el candidato de derecha también logró imponerse. En resumen, la izquierda logró sacar un importante número de votos en la zona, pero dejó de tener el predominio que exhibió hace cuatro años, al perder terreno frente a la derecha. Un resultado que podría estar ligado al descontento de quienes viven en un territorio donde no dejó de llover sobre mojado durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
En medio de la temporada invernal que golpea a varias regiones del país, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron inicio a una de las obras más esperadas en la subregión de La Mojana: el proyecto vial El Cauchal – Sucre, una intervención clave para mejorar la conectividad en esta zona históricamente afectada por las lluvias y el aislamiento.La obra cuenta con una inversión total de 154.236 millones de pesos, que incluye tanto el contrato de construcción como la interventoría, y tiene como fecha estimada de entrega el año 2028. Con este proyecto, el Gobierno busca saldar parte de la deuda histórica en materia de infraestructura con esta región, donde las precipitaciones han agravado el deterioro de una vía destapada que, en épocas de invierno, se convierte en un tramo intransitable lleno de barro.La situación ha generado graves afectaciones para las comunidades, que en múltiples ocasiones han quedado incomunicadas. La movilidad se ha visto restringida, impactando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, así como la conexión entre municipios.Los estudios y diseños del proyecto concluyeron en noviembre de 2025. Posteriormente, tras un proceso de diálogo con las comunidades y las veedurías ciudadanas, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron ajustes técnicos y modificaciones que permitieron optimizar el alcance de la obra en donde su ejecución comienza oficialmente desde hoy.Como resultado de estos análisis, la intervención pasó de 10 kilómetros inicialmente previstos a 13,5 kilómetros. El proyecto se desarrollará en tres tramos: del kilómetro 0 al 6 en el municipio de San Benito Abad; del kilómetro 6 al 10 en Sucre; y del kilómetro 10 al 13 en Majagual.Para ampliar el alcance sin comprometer la calidad ni la vida útil de la vía, se acordó un ajuste técnico que redujo el ancho del pavimento de 8 a 7 metros, sin incluir la berma. Esta decisión permitió disminuir cantidades de obra y reducir la necesidad de adquisición de predios, garantizando eficiencia en el uso de los recursos.Con el inicio de las obras, la comunidad de La Mojana espera que se facilite la conectividad y el desarrollo de la región, especialmente en medio de una temporada de lluvias.
Mientras en Montería comenzaron a bombear el agua que inundó miles de casas y en La Mojana comienzan a sentirse los rigores de las inundaciones por la rotura, una vez más del boquete de Caregato, el Gobierno nacional todavía no ha expedido los decretos con las medidas extraordinarias para atender la tragedia invernal, al amparo de la nueva emergencia que fue decretada hace casi una semana.El ministro de Hacienda, Germán Ávila dijo este lunes que el gobierno está esperando una decisión que debe tomar la Corte Constitucional sobre el levantamiento de la suspensión de las medidas de la primera emergencia económica, que fue decretada a finales del año pasado para atender el déficit fiscal y que fue suspendida provisionalmente por la Corte el pasado 29 de enero, antes de decidir las medidas para atender a más de 250 mil damnificados por las inundaciones provocadas por los frentes fríos que afectaron la Costa Caribe colombiana a comienzos de febrero.En teoría, la Corte Constitucional no tiene previsto definir dentro de las próximas dos semanas, la solicitud del gobierno para que los magistrados echen para atrás la suspensión de la emergencia económica de diciembre y de los decretos que ordenaron el cobro de nuevos impuestos.En las dos salas plenas previstas para esta semana, no está programada ninguna discusión sobre la emergencia económica y eventualmente para la sala plena del próximo 25 de febrero, la Corte procedería a definir la recusación que entabló el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, en contra de la mayoría de los magistrados, argumentando que ellos podrían tener interés personal en el tema porque se amplió la base gravable para el cobro del impuesto al patrimonio.Es decir que si se mantiene lo que dijo el ministro de Hacienda este lunes, solamente hasta dentro de dos o tres semanas, el gobierno comenzaría a tomar medidas extraordinarias en materia económica para atender el desastre invernal, que no da tregua y que requiere atención urgente.Mientras tanto, la Contraloría General le recordó al Gobierno que de los 8 billones que dice necesitar para atender la emergencia invernal, 1.69 billones están en las cuentas bancarias de la Unidad de Gestión de Riesgo, sumadas a un billón de pesos de la vigencia anterior.El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado, pasivo, mientras más de 250 mil colombianos necesitan que haya un liderazgo claro desde el nivel central que acompañe la tarea incansable de alcaldes, gobernadores y sociedad civil.
Los recientes aguaceros dispararon de nuevo el éxodo de damnificados en La Mojana, donde las comunidades no han podido descansar de las lluvias y otra vez se han visto obligadas a salir de sus refugios en busca de lugares aún más altos en los que puedan protegerse un poco de las inundaciones, pues empeoró la situación en el boquete de Caregato y los ríos y ciénagas continúan desbordándose al ya no tener capacidad para resistir tanta agua.Arcesio Paredes, líder de La Mojana, cuenta que tantas inundaciones registradas por quinto año consecutivo los tiene padeciendo, no solo por el agua, sino por la sedimentación que ha llenado de barro todos los terrenos."Las casas prácticamente se han abonado de sedimentación, las fincas y los postes ya no se ven, se han cubierto prácticamente hasta el techo de esa sedimentación que en algunas partes llega a los 2 y 3 metros de altura, entonces, eso indica que la problemática ambiental en la región es grave", expresó Arcesio.Así los mojaneros, por enésima vez, claman al Gobierno que complete las obras para cerrar definitivamente el boquete de Caregato y frenar el ingreso del río Cauca, cuyas aguas mantienen sumergida en una crisis a 250.000 familias de esta región."Entonces, el llamado al Gobierno Nacional es que haga sus intervenciones en los 65 metros que tiene el boquete de Caregato y que repare todo lo que haya que reparar, sobre todo, en materia de recuperación de los caños y de ciénagas que hoy están afectados por ese rompedero", pidió Paredes.
En medio de las tensiones que sacuden al Gobierno nacional por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación y la UNGRD, el director de esta última entidad, Carlos Carrillo, lanzó una de sus declaraciones más contundentes hasta ahora: “Si el presidente no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”. La afirmación fue hecha durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que el funcionario respondió a los señalamientos impulsados desde la Casa de Nariño y defendió su papel dentro del proyecto político del presidente Gustavo Petro.Carrillo aseguró que, lejos de ser un funcionario cuestionado por falta de transparencia o incompetencia, ha asumido uno de los retos más complejos del actual gobierno: enfrentar el que calificó como “el peor escándalo de corrupción de esta administración”. En ese contexto, afirmó que ha actuado con rigor técnico y que ha trasladado múltiples denuncias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, tanto desde la UNGRD como durante su paso por la gerencia del Fondo de Adaptación.“Yo he hecho sinnúmero de denuncias, he dado muchos traslados a los entes de control y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de Presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario”, señaló.Choque interno y críticas desde PresidenciaEl director de la UNGRD cuestionó duramente la actuación de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a quien acusó de utilizar los canales institucionales de la Presidencia para hacer denuncias públicas sin haber agotado previamente los mecanismos internos. Según Carrillo, esa estrategia no solo generó desgaste al Gobierno, sino que también afectó su buen nombre.“Ella abusó de la institución presidencial y armó un show mediático que lo único que busca es hacerle daño a mi reputación y poner en entredicho un trabajo que he hecho con compromiso durante más de 20 años”, afirmó.Carrillo sostuvo que, desde el momento en que Rodríguez fue designada como gerente encargada del Fondo de Adaptación, él se puso a disposición para realizar un empalme adecuado y advertir sobre riesgos de corrupción, particularmente en el contrato conocido como la Ruta del Arroz, adjudicado a la Fundación San José. Sin embargo, aseguró que nunca fue recibido.La polémica por la ejecución de los contratosUno de los puntos más álgidos de la entrevista giró en torno a las cifras de ejecución de varios contratos estratégicos, especialmente el proyecto de Dinámicas Hídricas en La Mojana, cuyo avance fue señalado por Presidencia como inferior al 3%.Carrillo negó de manera categórica esas afirmaciones y explicó que se trata de un proyecto plurianual de más de 1,2 billones de pesos, heredado del gobierno anterior y que aún no ha sido contratado debido a fallas en la estructuración inicial.“¿Cómo se va a ejecutar un proyecto que no ha sido contratado? Decir que está en 3% de ejecución es mentirle al país o demostrar desconocimiento total de cómo funciona la contratación pública”, sostuvo. El funcionario explicó que la consultoría previa, valorada en 56 mil millones de pesos, se cayó porque ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos, y que posteriormente el proceso se vio frenado por decisiones políticas que impidieron avanzar en la ingeniería básica necesaria para adjudicar una obra de esa magnitud.La Ruta del Arroz y responsabilidades compartidasSobre el contrato de la Ruta del Arroz, Carrillo aclaró que el gerente general del Fondo de Adaptación no es ordenador del gasto, y que la estructuración y adjudicación del proyecto estuvo a cargo de la subgerencia de regiones.“Si hay dudas sobre ese contrato, ¿por qué se mantiene en su cargo al subgerente que lo estructuró y lo adjudicó?”, cuestionó, al tiempo que recordó que el caso ya está bajo investigación de la Procuraduría y la Contraloría.“No estoy atornillado al cargo”Ante la insistencia sobre una posible falta de respaldo del presidente Petro, Carrillo fue enfático en señalar que no tiene apego al cargo y que renunciaría de inmediato si el mandatario así se lo solicita.“Yo no voy a hacer lo de otros exfuncionarios. No voy a salir a hablar mal del Presidente. Si me pide la renuncia, se la entrego inmediatamente”, aseguró. Finalmente, el director de la UNGRD afirmó que continúa en el cargo por convicción política y por lealtad al proyecto del presidente Petro, al que dijo querer proteger, especialmente en regiones vulnerables como La Mojana, afectadas históricamente por el abandono estatal.
En la subregión de La Mojana hay molestias por las demoras en la ejecución de varios proyectos, entre estos, el de la llamada 'Ruta del arroz', el cual volvió a ser noticia en estos días por las denuncias realizadas por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de Presidencia. Oswaldo Pupo, vicepresidente de la Corporación Por La Mojana, asegura que se trata de una situación que fue denunciada hace varios meses ante la Fiscalía y los entes de control, por lo que aún no reciben respuestas. "Eso se denunció hace varios meses. Uno no sabe qué hicieron con el dinero. Vinieron a hacer socializaciones y no pasó de ahí. No hay razón de los molinos que nos prometieron", indicó Pupo. Según explica Pupo, no solo denunciaron este contrato sino también el de las obras para el Canal de la Esperanza, lo que consideran que solo amplió los problemas por manejo de sedimento en la zona cercana a 'carégato'. "Él tiene la obligación, por orden del Tribunal de Cundinamarca, de cerrar el boquete de 'caregato'. Eso es lo que debe hacer. En cambio, han hecho obras que no han funcionado de la mejor manera", manifestó.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Julio Elías Vidal respondió a las acusaciones del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, quien señaló presuntas presiones y favorecimientos en la adjudicación de contratos en La Mojana, específicamente relacionados con la llamada Ruta del Arroz. El legislador rechazó de manera tajante cualquier participación suya o de su familia en estos procesos y aseguró que sus señalamientos son parte de una retaliación por los debates de control político que él mismo ha impulsado.“Totalmente falso, totalmente falso”, afirmó al inicio de la entrevista. Según el senador, Carrillo “está creando una cortina de humo” para evadir cuestionamientos por su gestión y las denuncias que pesan en su contra, incluidas las hechas recientemente por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.Un contrato por $36.000 millones y la aparición de la Fundación San JoséEl senador sostuvo que desde noviembre de 2024 ha venido alertando sobre las inconsistencias en los contratos firmados por Carrillo para el llamado Plan Mojana. Dentro de ese paquete, uno de los más polémicos es el contrato de 36 mil millones de pesos destinado a apoyar la producción arrocera en la región tras las inundaciones.Durante la entrevista, Elías Vidal reveló que el consorcio ganador del contrato estaba integrado por tres entidades sin experiencia en agricultura:Fundación San José, con el 33% de participación.Fundación Colombia de Vida, dedicada —según el senador— al catering para eventos.Euonia SAS, empresa enfocada en la logística de espectáculos.“La Fundación San José no tiene ninguna especialidad relacionada con agricultura, pero se gana un contrato de la ruta del arroz en La Mojana”, cuestionó. También reiteró que ninguna de estas organizaciones tiene trayectoria en la región: “No conocen La Mojana, no saben dónde queda La Mojana”.El legislador denunció además que 12 mil millones de pesos, es decir, una tercera parte del contrato, estaban destinados a refrigerios: “Esa plata completamente se la iban a robar”, aseguró.Cortinas de humo y retaliación políticaEl senador presentó una cronología para sustentar sus afirmaciones. Recordó que citó a Carrillo a debates de control político el 12 de noviembre de 2024 y el 1 de abril de 2025, señalando presuntas irregularidades en los contratos. “Yo vengo denunciando esto desde noviembre”, puntualizó, “y ahora él sale con esta nueva cortina de humo a tirarme una cosa a mí”.Respecto a una denuncia anónima recibida en la UNGRD —según la cual el contrato de la Ruta del Arroz habría sido adjudicado para financiar su campaña—, Elías Vidal negó cualquier vínculo y sugirió que el propio Carrillo podría estar detrás de ella: “A mi parecer, esa denuncia la metió él mismo para crear una cortina de humo”.Aseguró no tener relación alguna con las empresas contratistas: “No conozco quién es la Fundación San José, no conozco quién es la Fundación Colombia Vida, no conozco quién es Euonia SAS”.El arraigo del senador con La MojanaConsultado sobre sus motivaciones, Elías Vidal explicó que su interés en La Mojana obedece a la cercanía geográfica y social con la región, que abarca municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. “He sido un defensor acérrimo de la situación de La Mojana porque tengo muchos amigos allí”, afirmó.Describió la crisis que enfrentan las comunidades: “Viven bajo el agua, están sometidos a las inclemencias del clima hace cuatro años… niños sin estudiar, familias enfermas”.También denunció los efectos del mercurio en el río Cauca, que ha llevado a que habitantes de San Marcos, Sucre, deban desplazarse para tratamientos de diálisis. “Pero eso no le importa al señor Carrillo; va allá, graba dos TikTok y no ofrece ninguna solución”, criticó.Relación política con el Gobierno Petro y con la ‘Ñoñomanía’El senador también negó que él o su hermano —el excongresista conocido como el Ñoño Elías— estén involucrados en la contratación estatal. “Mi hermano está alejado de la política”, dijo, al tiempo que aclaró que conserva el nombre del movimiento por “cariño familiar”.Sobre su posición frente al Gobierno nacional, afirmó: “Yo no soy petrista, ni nunca he sido petrista”. Sin embargo, reconoció que ha apoyado iniciativas específicas:“¿Quién puede estar en contra de la reforma laboral, de que le suban el salario mínimo a las personas?”.
Un grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación estuvo haciendo un largo recorrido por los municipios de San Marcos, Guaranda, San Jacinto del Cauca, Nechí y Majagual, en la región de La Mojana, donde constataron el abandono estatal en el que se encuentran más de 250.000 personas, damnificadas por las inundaciones provocadas por el rompimiento del boquete de Caregato y cuya crisis ya completa más de cuatro años.El procurador delegado Alexander López dijo que “no se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional”, incluso cuando hay fallos judiciales de por medio.En este sentido anunció que buscarán “soluciones de fondo” y que empezarán por convocar una cumbre de alto nivel, con el Gobierno nacional, para tomar medidas concretas y exigir el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.“No se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional y las respuestas efectivas a las órdenes de los fallos judiciales que ordenan proteger los derechos de los habitantes de este territorio”, indicó López Maya, como ya mencionamos.“La acción preventiva de la Procuraduría está enfocada en la efectiva garantía de los derechos fundamentales de la población. Utilizaré toda mi experiencia y humanidad para salir de esta situación. Vamos a seguir dando esta batalla, son cuatro años sin soluciones a las diferentes problemáticas de las comunidades generadas por la ruptura del boquete Caregato”, explicó López Maya.Precisamente, Pedro Nel Ramos, líder de La Mojana, afirma que justo esto es lo que esperan los damnificados, el cumplimiento de acciones reales, más que palabras.“Lo vemos con buenos ojos. Esperamos que no sean palabras o solamente para salir de paso y nada por el estilo, sino que esto se lleve a acciones reales y se haga lo que se tenga que hacer. Esta región está abandonada por el Estado. Hemos vivido un calvario que nunca lo ha vivido nadie en Colombia”, declaró.La Procuraduría aseguró que pondrá “toda la vigilancia y atención a los recursos que se han invertido desde el día uno” en la atención de esta crisis humanitaria en La Mojana, haciendo énfasis en que “esta tragedia no se puede normalizar”.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) que se adopten medidas urgentes frente a la situación crítica que afrontan los habitantes de La Mojana, ocasionada por inundaciones recurrentes que afectan a la región desde hace años, especialmente desde la ruptura del dique de Cara 'e Gato en 2021.En el Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, promovido por el ente de control, se socializaron los avances de las obras ejecutadas y se planteó la necesidad de avanzar hacia una solución integral y estructural, que permita dar una respuesta efectiva a las problemáticas históricas de pérdida de viviendas y cultivos, la falta de comunicación de las diferentes veredas, el desplazamiento de familias y la grave afectación de la economía local.Entre los acuerdos a los que se llegó en el Comité Extraordinario, el Ministerio del Interior asumirá la articulación entre las instituciones responsables de las obras, con el fin de implementar de manera efectiva y sostenible las estrategias y acciones que permitan atender integralmente a La Mojana.Dentro de las acciones adelantadas por la Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial también se encuentra la realización de una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que tuvo como propósito conocer la estrategia de articulación que esa dependencia implementará para lograr el diseño y ejecución de una solución integral para La Mojana.Como parte de los compromisos derivados de este espacio, en los próximos días se adelantará una visita a la región de La Mojana, en donde se escucharán de primera mano la voz de las comunidades afectadas.
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
