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Ella es la nueva auditora general de la República elegida por el Consejo de Estado

María Anayme Barón es contadora pública, estuvo vinculada con varias alcaldías y llegó a ser gobernadora (e) del departamento de Boyacá.

María Anayme Barón.jpg
María Anayme Barón //
Foto: Consejo de Estado

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a María Anayme Barón Durán como la nueva auditora general de la República, el órgano encargado de vigilar la gestión fiscal de los organismos de control y fijar las políticas, métodos y la forma de rendir cuentas; además, determina los criterios para la evaluación financiera.

En noviembre de 2017, el entonces senador Petro a través de su Twitter aseguró que "María Anayme Barón, es asesora grado 1 de Juan Carlos Granados Granados en la Contraloría de Bogotá, fue su secretaria de Hacienda en Boyacá. Oriunda de Nobsa como Umbarila, investigada por detrimento patrimonial, cuyo esposo es contratista de los gobiernos de Juan C Granados".

Trino de Petro sobre auditora general.jpeg

La nueva auditora general es contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Sogamoso (Boyacá). Tiene especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de Boyacá y cursó una maestría en la Universidad Libre de Bogotá. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, en donde ha estado vinculada a las alcaldías de Nobsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá.

También fue gobernadora encargada de Boyacá en distintos momentos del 2015. Además, trabajó en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá y como subdirectora administrativa y financiera en la Federación Nacional de Departamentos.

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En la Contraloría de Bogotá ejerció distintos cargos desde el 2016 como asesora de despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada. De igual forma, ha sido contratista de la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.

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