Empresarios protestan por ‘clima de amenazas’ tras polémica declaración del viceministro de Trabajo

Para Fenalco hay chantajes y presiones indebidas detrás del anuncio del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, sobre multas severas a las compañías que usen pactos colectivos de forma irregular si no se aprueba la reforma laboral.Palma advirtió que las multas podrían llegar a unos 6.500 millones de pesos y que hay 74 pactos con sospecha de ser usados como una herramienta contra la formación o el crecimiento de los sindicatos en Colombia. La eliminación de los pactos colectivos es uno de los puntos de la reforma laboral.“No se entiende cómo, un funcionario del Ejecutivo anuncia anticipadamente unas penalizaciones, claramente desproporcionadas a empresas del sector privado. No puede normalizarse que los caminos para aprobar una inconveniente reforma laboral sean las vías de hecho con amenazas inescrupulosas”, afirmó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.Fenalco dice que por este camino el Gobierno sigue graduando a los empresarios como los ‘enemigos del Gobierno’ en lugar de considerarlos aliados para cumplir sus metas.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también habló de la existencia de un clima de ‘amenaza’ ahora que las reformas sociales del Gobierno están teniendo días complejos en el Congreso.“No suena nada bien amenazar con el uso de las capacidades regulatorias o administrativas del Estado a ningún sector ante eventuales reveses frente a la democracia representativa del Congreso, o posibilidad de que algunos proyectos de ley no sean aprobados de acuerdo con la propuesta del Gobierno”, escribió el líder gremial.El pronunciamiento se suma a la queja de los empresarios del Consejo Gremial Nacional que acusaron al Gobierno de querer hacer inviable la minería empresarial en Colombia y alejar a los inversionistas debido a la incertidumbre que generan medidas como el decreto que permite al Ministerio de Medio Ambiente frenar proyectos mineros antes de que se hagan estudios técnicos para demostrar si hay daños ambientales, la propuesta de creación de una empresa estatal de minerales y la propuesta de una ley minera.