¿En qué van las negociaciones del Gobierno con el Clan del Golfo?

El Gobierno a través de su jefe negociador, Álvaro Jiménez, avanza en un proceso de conversaciones catalogado como sociojurídico con el Clan del Golfo, el cual ha generado amplias dudas debido a la naturaleza del grupo. Jiménez aclaró que este no es un proceso de orden político, ya que el grupo es caracterizado por la Fuerza Pública como un “grupo armado organizado a secas”, al cual la Corte Constitucional permite aplicar ciertos criterios de justicia transicional. Este enfoque no es una novedad histórica, pues ya en las décadas de los 90 se adelantaron procesos de sometimiento con grupos narcotraficantes (como el liderado por Pablo Escobar), y el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia tampoco fue determinado como una negociación política.El proceso actual no se inició con el gobierno en turno, sino que tiene antecedentes desde 2016, cuando la administración del presidente Santos, con la participación de la Fiscalía General de la Nación (en su momento a cargo de Néstor Humberto Martínez), adelantó conversaciones buscando el sometimiento a la justicia, aunque sin amplio conocimiento público. El proceso actual se rige por la Ley 2272.AvancesTras dos años de conversaciones, el proceso ha comenzado a producir resultados tangibles. El objetivo central del diálogo es la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la subsecuente construcción de paz en los territorios.En septiembre, se establecieron acuerdos de compromisos que designaron cinco municipios para desarrollar acciones piloto enfocadas en la construcción de paz. Estas acciones buscaban principalmente impedir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y asegurar el compromiso para el desarrollo de la aplicación de sus derechos constitucionales. El 5 de diciembre se suscribieron nuevos desarrollos a estos acuerdos iniciales.Las zonas de transiciónLos desarrollos más recientes del 5 de diciembre incluyen la implementación de acciones piloto de paz en 15 municipios. Estas acciones no implican la ausencia de la fuerza pública, sino todo lo contrario: se espera que se fortalezca la presencia institucional del Estado en dichas áreas. Entre las actividades a desarrollar se encuentra la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante pedagogía con las comunidades, y la verificación, con participación internacional, del no reclutamiento ni utilización de menores en actividades armadas o dinámicas de violencia. También se busca desarrollar actividades que promuevan la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y la acción contra minas antipersonal.El aspecto más comentado de este acuerdo es la inclusión de tres zonas de ubicación temporal, o "zonas de acción para la transición," en Chocó y Córdoba, con inicio previsto para el 1 de marzo. El negociador Jiménez enfatizó que esto no constituye un "despeje" de municipios, sino espacios dentro del área geográfica municipal donde integrantes del grupo se ubicarán para comenzar su proceso de transición a una condición distinta a la de su existencia como grupo armado.Escuche aquí la entrevista: