La intensificación del conflicto armado en el municipio de Argelia, Cauca, mantiene en riesgo a cerca de 20.000 personas, en medio de enfrentamientos entre grupos armados, desplazamientos forzados y graves restricciones a la vida cotidiana de las comunidades.
Así lo advierte la más reciente Evaluación de Prioridades Comunitarias (EPC) hecha por el equipo local de coordinación en el Cauca, que documenta cómo la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales ha provocado un deterioro sostenido de las condiciones humanitarias, especialmente en corregimientos como El Sinaí, Puerto Rico y El Mango.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señala que, entre 2024 y 2025, el número de personas afectadas por el conflicto aumentó en más del 180 %, pasando de poco más de 13.000 a cerca de 39.000 casos. En lo corrido de 2026, además, los impactos por artefactos explosivos ya han dejado más de 2.000 personas afectadas.
“Las dinámicas del conflicto armado continúan generando afectaciones directas en la población de Argelia, municipio que en 2025 registró cerca de 39.000 personas afectadas en el marco del conflicto armado, posicionándose como el segundo municipio con mayor número de personas impactadas”, señala el reporte.
Las comunidades reportan confinamientos, limitaciones para la movilidad y dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación y trabajo. A esto se suman riesgos como el reclutamiento de menores, la presencia de minas antipersonal y el aumento de las violencias basadas en género, con especial afectación en mujeres, niñas y adolescentes.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto en la salud mental. De acuerdo con el informe, la totalidad de las personas consultadas manifestó la necesidad de atención psicosocial. Ansiedad, depresión, estrés postraumático y agotamiento emocional hacen parte del día a día en estas comunidades.
En paralelo, el acceso a servicios de salud sigue siendo limitado, especialmente en zonas rurales donde no hay centros médicos y trasladarse a la cabecera municipal implica altos costos y riesgos de seguridad. Aunque se han realizado jornadas de atención, los habitantes denuncian que no siempre se garantiza la entrega de medicamentos ni el seguimiento a los pacientes.
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En algunos casos, las clases han tenido que suspenderse de manera preventiva por razones de seguridad, lo que incrementa los riesgos de deserción escolar y de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Pese a este panorama, el informe destaca la capacidad de organización comunitaria. Las Juntas de Acción Comunal han asumido un papel clave en la atención de emergencias, incluso habilitando espacios para recibir a población desplazada. También se identifican redes juveniles y proyectos locales que buscan mantener activos espacios culturales, deportivos y productivos como una forma de resistencia frente a la violencia.
Ante la gravedad de la situación, las comunidades han hecho un llamado a fortalecer la respuesta institucional y humanitaria. Entre sus principales solicitudes están ampliar la cobertura en salud, garantizar atención psicosocial, asegurar la entrega de medicamentos y reforzar las medidas de protección, especialmente para mujeres, menores de edad y líderes sociales.
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El informe también plantea la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado y de las organizaciones humanitarias. Entre las principales recomendaciones se destaca el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio, especialmente en zonas rurales donde las comunidades enfrentan mayores barreras de acceso a servicios básicos.
Asimismo, se insiste en ampliar la cobertura en salud, garantizar atención psicosocial continua y asegurar el suministro oportuno de medicamentos, con especial énfasis en poblaciones vulnerables.
El reporte subraya, además, la urgencia de implementar medidas efectivas de protección para prevenir el reclutamiento forzado, reducir los riesgos asociados a minas antipersonal y atender las violencias basadas en género, que continúan en aumento.
De igual forma, plantea la necesidad de garantizar el acceso a la educación en condiciones seguras, evitando la interrupción de clases y fortaleciendo estrategias que prevengan la deserción escolar.
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