“Es evidente que el expresidente Uribe entró al proceso de paz”: Álvaro Leyva

El exministro Álvaro Leyva se pronunció en Blu Radio sobre la respuesta que le dio Álvaro Uribe a su carta en la que lo invita a vincularse con el proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana. “El expresidente entra al proceso, señala que el proceso de La Habana es irreversible (…) Es tan evidente que él entra al proceso, que por ejemplo habla de la garantía de no repetición y el respeto a los valores democráticos”, comentó Leyva. Según Leyva, en la carta que le envió el senador Uribe “lo que vemos es un expresidente interesado en el proceso, dentro de los parámetros de lo que a él le gusta”. “Si está pensando en la constituyente, no será para quedarse por fuera”, enfatizó. Cabe recordar que este domingo el senador Uribe le dijo en una extensa carta a Leyva Durán que no aceptaba la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de negociar sin un cese al fuego unilateral de las Farc. Esta es la carta completa que le envió Uribe a Leyva: Doctor Álvaro Leyva Durán Bogotá Estimado doctor Álvaro: Agradezco la carta sobre el proceso que adelantan el Gobierno Nacional y el grupo terrorista Farc, entre cuyos puntos usted expresa preocupación y dolor por las muertes en medio del diálogo. Destaco su coherencia de tantos años en la búsqueda de la paz, reconocimiento que no puedo ocultar, no obstante sus discrepancias con mis planteamientos, expresadas con respeto y sin engaños. Preocupa que la paz se considere irreversible porque el Estado se ha puesto de igual a igual con el terrorismo, los generales son equiparados políticamente con sus asesinos y la tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada, del Castro Chavismo. He reiterado que el caso de nuestra Patria difiere de aquellos que han querido tener de referencias. Nuestra democracia, con cuatro años de interrupción durante el siglo anterior, ha sido la más extensa de Iberoamérica. Incluso en el Frente Nacional ocupó sus espacios el Partido Comunista como las demás expresiones ideológicas. Los actores violentos han procedido no como alzados en armas contra una dictadura sino como verdugos contra la comunidad y el Estado de Derecho. Por eso no hemos hablado de conflicto ni de insurgentes sino de narco terrorismo. A continuación le resumo, doctor Leyva, las discrepancias que mis compañeros del Centro Democrático y mi persona hemos tenido con el proceso que se adelanta: - El Gobierno no exigió el cese unilateral de actividades criminales, lo cual ha costado muchas vidas de soldados, policías, civiles y también una especie de inmolación inútil de guerrilleros. Hoy es más difícil obtener esta necesaria condición porque el protagonismo político y un relativo fortalecimiento del terrorismo parecerían alejarlo de aceptar el cese unilateral; - Es notorio el incremento de la inseguridad, con sub registro y ocultamiento nacional e internacional de acciones violentas, además de expansiones de control territorial criminal en áreas urbanas y rurales. Se ha perdido la voluntad ciudadana de denuncia y ha crecido el sometimiento al poder terrorista, que extorsiona, impone horarios viales, ordena cultivar coca o se abroga el derecho de indicar qué se puede sembrar. Se han desmontado expresiones comunitarias de solidaridad como las redes de informantes, que unían en transparencia a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas; - Las Fuerzas Armadas, no obstante su histórico comportamiento republicano, denotan desmotivación. A este sentimiento concurren factores como la igualación de los soldados y policías con el terrorismo, tanto en lo jurídico que los nivela como victimarios y condiciona la solución judicial de los uniformados a un previo acuerdo con el terrorismo, como en lo político, que cambió la palabra seguridad por la denominación de guerra, con lo cual al guardián institucional de las personas se le degrada al ponerlo como legítima contraparte del asaltante. Y lo peor, en el discurso gubernamental de protección de la sociedad civil, se autoriza tácitamente el atentado contra el soldado y el policía, que el Gobierno califica como contendientes de guerra y desconoce como los garantes del orden legal y ciudadano; - Las ofertas de impunidad y elegibilidad a responsables de atrocidades, que la Corte Constitucional, la Procuraduría y la fiscal de la Corte Penal Internacional han advertido e intentan precaver. Colombia, país de normalidad democrática, no debería ser objeto de justicia transicional, sin embargo, hemos expresado que aceptamos amnistía e indulto para guerrilleros rasos, como también su elegibilidad política. En relación con responsables de delitos atroces, compartimos la reducción de sentencias pero no la ausencia de pena privativa de la libertad porque ello autorizaría nuevas violencias. Así mismo la elegibilidad del delincuente atroz le quita respetabilidad al ejercicio de la función pública. Cabe recordar la terrible situación de Buenaventura donde otras estructuras criminales importan la violencia, y esos actores del delito pueden recibir el mensaje de impunidad como un ejemplo que los aliente a persistir en la carrera criminal; - Hemos expresado objeciones a los acuerdos publicados. Creemos que la agenda nacional no se debe discutir con el terrorismo. ¿Qué puede pensar un muchacho que hace parte de una banda criminal cuando ve llegar a Romaña a La Habana -el peor secuestrador que haya conocido el mundo- para discutir la agenda del Pais? ¿no se convierte en un modelo a seguir? La iniciativa privada queda gravemente arriesgada en los acuerdos con la Farc, a diferencia de la Constitución de 1991, en la cual no sufrió menoscabo, no obstante que este texto, que ratificó la voluntad de paz del M19, fortaleció los derechos sociales. Los acuerdos entre el Gobierno y la Farc son permisivos con los cultivos de droga; indulgentes con el narcotráfico de Farc, que indultan al presentarlo como relaciones en función de la rebelión; no exigentes de entrega de armas a pesar del discurso oficial; omisivos para obligar a los terroristas a proceder como victimarios y entregar recursos y bienes, que provienen del delito, para reparar a las víctimas. Sin pretender anticipar el impacto y la cobertura de los acuerdos definitivos que llegasen a firmar, nos preocupan los mecanismos de ratificación posibles, que tendrían el riesgo común de la presión del terrorismo armado a la ciudadanía. El Referendo y la Consulta Popular, si bien son diferentes porque el primero propone reformar las normas y la segunda es de alcance indicativo, tienen el vicio de poder coincidir con otra elección, tal y como fue aprobado en reciente cambio de jurisprudencia sobre el Referendo. Preguntar por la noble palabra paz, en una nación martirizada, con el agravante de coincidir con otra elección, es impulsar a un salto emocional, que al afectar el discernimiento sobre los temas, desviaría la razón de ser de los instrumentos de participación directa. Hay voces que expresan que una Asamblea Constituyente, limitada para otros temas, pero libre para aprobar, improbar o modificar los acuerdos, con todas las garantías de deliberación, tomaría decisiones en salvaguardia de los valores democráticos de Colombia, ofrecería espacio de discusión y podría ser un camino siempre y cuando el grupo terrorista hubiera ya entregado las armas y por ende no existiera riesgo de presión armada a electores ni a constituyentes. Si el grupo terrorista Farc asesina a compatriotas indígenas porque les retiran vallas publicitarias de sus territorios, qué podremos esperar de acudir a procesos electorales para pronunciarnos sobre los intereses del grupo armando! Es fundamental parar la violencia con un cese unilateral y verificable de actividades criminales por parte de Farc. Este resulta imperativo, máxime cuando subsisten dudas de que la firma del acuerdo no esté tan cerca como se ha publicitado. Hablar de cese.