Exsecretariado de Farc reconoce ante la JEP: menores sufrieron abortos forzados y violencia sexual

En una comparecencia pública ante la JEP, los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reconocieron de manera expresa que durante años existió una política de reclutamiento de menores y que al interior de la organización se cometieron violencias sexuales, abortos forzados y otros tratos crueles contra niñas y adolescentes.Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante de esa guerrilla, afirmó que el reconocimiento “ha requerido mucha reflexión” y que se trata de una decisión “difícil y dolorosa”.“Hoy pido perdón a las víctimas directas, indirectas y a la sociedad en general. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió ocurrir. (…) Reconocemos con plena conciencia y responsabilidad que los hechos sucedieron y que numerosos niños y niñas pasaron por nuestras filas. Detrás de cada uno había un proyecto de vida legítimo que fue gravemente afectado”.Londoño agregó que les arrebataron la niñez y los expusieron de forma permanente a la muerte. “Un contexto hostil que facilitó que niños y niñas fueran víctimas de violencias, en mayor medida las niñas, quienes sufrieron violencia sexual, planificación obligatoria y abortos forzados”.También reconoció que “los homicidios, las interrupciones de embarazos, los hechos de violencia de género y violencia reproductiva generaron graves daños físicos y psicológicos que aún persisten”.Por su parte, Pastor Alape afirmó que el reclutamiento de niñas y niños efectivamente ocurrió y reconoció “hechos de violencia sexual al interior de la organización”.“Prácticas como los abortos forzados y otras conductas que afectaron gravemente la vida, la dignidad y la integridad de quienes fueron vinculados siendo menores de edad”.Alape reconoció fallas de mando y omisiones. “En nuestra condición de mandos no intervenimos de manera más efectiva para evitar que estos hechos de violencia sexual ocurrieran dentro de la organización. No desarrollamos mecanismos adecuados para que los niños y niñas estuvieran suficientemente protegidos”.Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, admitió que el reclutamiento fue una decisión de la dirigencia.“El reclutamiento de niños y niñas fue, aunque estaba contemplado en los estatutos, una equivocación de nuestra dirigencia, porque permitió truncar el presente y el futuro, pues los niños son el porvenir de cualquier país”.Además, ratificó que los hechos sucedieron. “Lo de los niños, violencia sexual, tortura, todo eso ocurrió. Otros hechos se dieron por falta de control nuestro como jefes, por omisión y negligencia. Nos consideramos responsables porque pudimos evitar muchas situaciones que se presentaron durante el conflicto”.En ese mismo sentido, Jaime Parra asumió responsabilidad directa en la política de salud y planificación.“Reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solo en ellas”.Reconoció además que se practicaron interrupciones de embarazos sin consentimiento libre y espontáneo.Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, sostuvo que “existió una política de reclutamiento de menores de 18 años” y que se presentaron casos de menores de 15. Afirmó que esos niños y niñas fueron sometidos “a los rigores de la confrontación militar, en una clara vulneración de sus derechos”.Añadió que, en la aplicación de las normas internas, no existió una política diferencial que los protegiera.“Hoy somos conscientes de que todo esto constituye crímenes de guerra y por eso no solo pedimos perdón a las víctimas y a sus familiares, sino también al conjunto de la sociedad colombiana”, afirmó.Tras las intervenciones, la magistrada Lily Rueda, relatora del caso 07, señaló que la Sala de Reconocimiento “acoge estas manifestaciones como muestra de voluntad y punto de partida para diseñar encuentros restaurativos directos con las víctimas”.“Para que sean realmente sanadores y no revictimizantes, estos encuentros se realizarán con garantías de seguridad, protección e intimidad, teniendo en cuenta la sensibilidad de las violencias investigadas, que las víctimas sufrieron siendo niños y niñas e incluyeron graves violencias de género”, subrayó la relatora.Finalmente, precisó que el proceso continúa su curso y que la Sala seguirá avanzando, garantizando la centralidad de las víctimas y el cumplimiento efectivo de sus derechos, “buscando que estos graves crímenes cometidos contra niños y niñas no queden en la impunidad ni en el pasado”.