En el aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá fue inadmitido un estadounidense que pretendía volar hacia Medellín, al parecer, para realizar explotación sexual con menores de edad. El extranjero fue enviado de regreso a territorio norteamericanoLa explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín siguen siendo un problema que traspasa fronteras no solo por quienes llegan a la ciudad a hacer está aberrante práctica, sino porque autoridades internacionales están encontrando hombres con intenciones de volar a la capital de Antioquia con fines de explotación sexual con menores.Es el caso más reciente que reportó Migración Panamá en donde informó que un hombre procedente de Estados Unidos fue indmitido del aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá tras arrojar alertas por delitos sexuales.Lo que se ha podido conocer es que el extranjero intentaba hacer paso por territorio panameño para luego viajar de manera directa a Medellín con el fin, presuntamente, de hacer actividades de explotación sexual con menores de edad.Al norteamericano que está involucrado en presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se le impidió el ingreso a Ciudad de Panamá, aplicando las disposiciones contempladas con la ley y fue devuelto a Estados Unidos.Hay que mencionar que hace poco se conocieron dos casos, un rumano y guatemalteco, que alcanzaron a llegar hasta Antioquia pero fue sorprendido por las autoridades migratorias en el aeropuerto internacional José Maria Córdova desde donde fueron inadmitidos por inconsistencias y alertas por delitos sexuales.A esto se suma un ciudadano mexicano que también llegó hasta la terminal aérea del Oriente antioqueño y que fue regresado a su país de origen luego de determinar que tenía antecedentes por delitos sexuales con menores de edad.De acuerdo a cifras de Migración Colombia, a la fecha son cerca de 60 los extranjeros que han sido inadmitidos en esta terminal aérea por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.
El caso de la joven de Ibagué que permaneció durante años encadenada, fue víctima de abusos y obligada a abortar, volvió a encender las alertas sobre la violencia contra menores en Colombia y los desafíos que enfrenta el sistema de protección infantil.De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la víctima permanece bajo protección desde octubre de 2025 y actualmente recibe atención psicológica, acompañamiento integral y seguimiento permanente por parte de equipos especializados.Las cifras del ICBF muestran la dimensión del problema. Solo entre enero y marzo de este 2026, 3.773 niños, niñas y adolescentes ingresaron bajo medidas de protección por violencia sexual, convirtiéndose en el principal motivo de ingreso relevante a la entidad en el país. A esto se suman 3.738 casos relacionados con omisión o negligencia y 1.816 por ausencia temporal o definitiva de responsables.El panorama refleja el reto que tienen las autoridades para fortalecer las rutas de prevención, detección temprana y atención integral frente a las violencias contra menores, especialmente en entornos familiares donde, en muchos casos, ocurren las agresiones.Por otro lado, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, pidió revivir la reforma al Código de Infancia sobre responsabilidad penal adolescente, archivada en la legislatura pasada. Según explicó, la iniciativa buscaba fortalecer mecanismos de justicia terapéutica y restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley.La funcionaria también señaló que la entidad avanza en modelos de inclusión para niños con discapacidad mediante centros de apoyo y equipos itinerantes que actualmente atienden a cerca de 4.800 menores en diferentes regiones del país.Además, indicó que 17.000 madres comunitarias pasaron al subsidio de sustitución pensional, situación que ha generado ajustes en las coberturas territoriales, en medio de cuestionamientos de algunos sectores políticos sobre la gestión del ICBF.
En un operativo adelantado en el sector San Remo, en el municipio de Sabaneta, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre señalado de presuntamente incurrir en el delito de demanda de explotación sexual comercial de menores de edad.De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se conocieron luego de que la central de radio alertara sobre un ciudadano que, al parecer, intentaba abordar a varias menores de edad desde un vehículo particular con propósito de explotación sexual.Según indicaron las autoridades, durante el procedimiento se estableció que el hombre presuntamente habría realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero. Ante esta situación, los policías procedieron de inmediato con la captura del sospechoso.El teniente coronel Darwin Arango, comandante del Distrito de Policía N. 7, explicó que también se activó la ruta de protección para garantizar la atención y el restablecimiento de derechos de los menores involucrados."Intentaba abordar a menores de edad desde un vehículo particular, quien habría realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero y otras conductas relacionadas con la posible producción de contenido sexual", indicó el uniformado.Por su parte, las autoridades de tránsito del municipio de Sabaneta realizaron la inmovilización del vehículo que habría sido utilizado durante los hechos investigados.Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea de emergencia 123, con el fin de facilitar la reacción inmediata de las autoridades y prevenir este tipo de delitos.
Durante años, nadie escuchó sus gritos. Nadie vio las cadenas. Nadie imaginó que, dentro de una casa en Ibagué, una niña vivía un infierno. Tenía apenas 8 años cuando, según la investigación, comenzó un ciclo de abusos que se prolongó hasta los 16. Nueve años marcados por el miedo, el encierro y la violencia.En una vivienda al sur de Ibagué, el paso del tiempo no significó crecimiento ni libertad para la menor. Durante casi una década, entre 2016 y 2025, su vida transcurrió bajo encierros, amenazas, violencia sistemática y un silencio impuesto que apenas logró romper a los 17 años.Se trata de su madre y su padrastro, quienes fueron capturados en un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Ibagué y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La investigación, que duró seis meses, permitió documentar uno de los casos más graves de violencia contra menores en la región.De acuerdo con la investigación, el hombre identificado como Jhonathan David Pineda, alias 'El Padrastro', habría abusado sexualmente de la menor desde los 8 años, prolongando los hechos hasta los 16. Sin embargo, el horror no se limitó al ámbito sexual.Según la Fiscalía, la menor fue sometida a un control extremo dentro de su propia casa: era encerrada, encadenada y aislada cada vez que intentaba tener contacto con otras personas. “No fueron hechos aislados. Se trató de un método sistemático de disciplinamiento y control”, expuso la fiscal del caso durante la audiencia.El expediente revela que el agresor no solo ejercía violencia física y psicológica, sino que además grababa los abusos. “Las grabaciones no fueron espontáneas. El agresor dirigía activamente las escenas y utilizaba ese material como mecanismo permanente de amenaza”, detalló la Fiscalía.Uno de los capítulos más graves del caso tiene que ver con la salud y la integridad de la menor. Las autoridades documentaron que, producto de los abusos, la víctima quedó embarazada en al menos dos ocasiones y fue obligada a abortar sin ningún tipo de asistencia médica. Estos hechos pusieron en riesgo su vida y profundizaron el daño emocional.Además, se registraron episodios de violencia extrema: quemaduras con sustancias químicas, presuntos intentos de envenenamiento, golpizas recurrentes y amenazas constantes. Todo bajo un entorno de miedo que, durante años, le impidió denunciar. La investigación también señala a la madre de la menor, Edid Duarte Fuentes, como presunta partícipe. Según las autoridades, no solo conocía los hechos, sino que permitió y facilitó su continuidad. “Presunta coautora, permitiendo y facilitando la continuidad de los abusos y demás agresiones cometidas contra su hija”, indicó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.El caso solo salió a la luz cuando la adolescente logró escapar del entorno de violencia y acudió a familiares. Desde ese momento decidió denunciar, lo que activó una investigación que incluyó entrevistas forenses, valoraciones médico-legales, recolección de pruebas digitales y allanamientos.En el operativo, realizado en el barrio Praderas de Santa Rita, fueron incautados celulares, un computador y dispositivos de almacenamiento que ahora forman parte del material probatorio. “La investigación evidenció que la víctima sufrió abusos desde los 8 hasta los 16 años, bajo un entorno de control, violencia constante y aislamiento”, señaló el coronel López González.La Fiscalía General de la Nación subrayó la sistematicidad de los hechos y el uso del miedo como herramienta de control. “El material era utilizado para intimidar y evitar que denunciara”, indicó la fiscal en la audiencia.Delitos y medida de aseguramientoLa pareja deberá responder por una extensa lista de delitos, entre ellos: acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con menores, tortura agravada, aborto sin consentimiento, inducción al suicidio y violencia intrafamiliar. Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. No aceptaron los cargos.Actualmente, la adolescente se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos y brindarle acompañamiento integral.
Una menor de edad permaneció durante cerca de diez años sometida a torturas, abusos sexuales y encierros por parte de su propia madre y su padrastro en el departamento del Tolima, según reveló un informe de la Fiscalía. El caso salió a la luz luego de que la joven lograra escapar de la vivienda y denunciar los hechos ante las autoridades.Durante una audiencia judicial, la Fiscalía detalló que el ciclo de violencia habría comenzado en 2016, cuando la víctima tenía apenas ocho años y convivía con la pareja en una vivienda del barrio Ricaurte, Ibagué. De acuerdo con el ente acusador, el padrastro abusó sexualmente de la menor de manera reiterada, mientras la madre no solo conocía lo que ocurría, sino que habría participado en múltiples agresiones físicas y psicológicas.El fiscal del caso aseguró ante la juez que la adolescente fue privada de su libertad en repetidas ocasiones. Según la investigación, la madre la mantenía atada con cuerdas, cadenas y candados para impedir que escapara. Además, relató que la joven era dejada desnuda, inmovilizada y aislada durante varios días, sin acceso adecuado a alimentos, agua ni descanso. La Fiscalía también denunció que sufrió golpizas constantes y quemaduras.La obligaron a interrumpir embarazoUno de los aspectos más estremecedores del caso tiene que ver con los embarazos producto de los abusos sexuales. Según la acusación, la menor quedó embarazada en dos oportunidades y los abortos habrían sido inducidos por su propia madre dentro de la vivienda, sin atención médica y bajo presión psicológica. Para las autoridades, estos hechos pusieron en grave riesgo la vida y la salud de la víctima.La investigación también reveló que la adolescente fue retirada del colegio para evitar que pudiera denunciar lo que estaba viviendo ante profesores o personal académico. De acuerdo con el relato presentado en audiencia, una de las pocas veces que salió de la vivienda fue para asistir a un centro de planificación familiar, donde le implantaron un método anticonceptivo para evitar nuevos embarazos.Durante la diligencia judicial, la juez cuestionó duramente el comportamiento de la madre al considerar que nunca activó mecanismos de protección para su hija y, por el contrario, toleró y participó en dinámicas de violencia incompatibles con el bienestar de la menor.La pareja fue enviada a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el juicio.
Un juez envió a la cárcel a una pareja señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en Tolima durante nueve años. La mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera abuso sexual contra la niña y grabar en video los vejámenes a los que la sometía para generar vergüenza y chantajearla.Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.“Todo esto como consecuencia de la mínima relación a sus cortos años tuvo con personas de otro sexo. En el caso concreto, la víctima habría iniciado una relación de amistad con otro menor de sexo masculino, situación no soportó y por lo cual en el inmueble, especialmente en la terraza y zonas de lavado, privó de la libertad a la menor, atándola con cuerdas, cadenas y candados”, aseguró el fiscal del caso.Las pruebas dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.Los delitos contra la parejaLa Fiscalía imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La indignación que ha generado en la comunidad la denuncia de un caso de abuso sexual contra una menor de edad, de tan solo 7 años, en el municipio de El Peñol fue tal que en las últimas horas una multitud se concentró a las afueras de la institución educativa León XIII, exigiendo respuestas ante la situación. Decenas de madres, algunas incluso con niños en brazos, pidieron a las directivas claridad ante esta grave situación.Según precisó la Alcaldía en un comunicado el reporte fue recepcionado por la Comisaría de Familia local el pasado 6 de mayo, por lo que se activó de forma inmediata el Código Fucsia, protocolo con el que se aseguró una atención médica y legal de urgencia para la víctima en el Hospital San Juan de Dios de El Peñol, además de Medicina Legal para obtener el dictamen pericial.Frente al docente que es señalado como presunto responsable de este caso, la administración municipal indicó que fue apartado de su cargo mientras avanza la investigación, mientras que los estudiantes continúan sus clases con otros docentes para avanzar en la normalidad académica y la continuidad del año escolar.Ante la lluvia de críticas y malestar de la comunidad educativa, que cuestiona si el educador presuntamente estaría involucrado en otros casos de abuso sexual, lo que generó que incluso se difundieran fotografías de él en redes sociales y versiones que apuntan a que abandonó esa localidad del Oriente antioqueño, la Alcaldía pidió “actuar con la máxima prudencia en el manejo de la información. Instamos a la ciudadanía a no difundir fotografías del docente ni información que no haya sido oficialmente corroborada, con el fin de proteger el debido proceso y la integridad de las partes”, se lee en un comunicado.“Manifestamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo incondicional a la menor y a su familia, a quienes brindamos el acompañamiento institucional necesario mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos. Es importante precisar que este proceso cuenta con la participación activa de la Secretaría de Educación Departamental; dado que El Peñol es un municipio no certificado en educación”, concluye el documento.
Una investigación internacional dejó al descubierto una de las redes de explotación sexual infantil más aberrantes detectadas en los últimos años en Medellín y Colombia, dedicada a producir y comercializar material de abuso sexual de menores de edad mediante plataformas digitales, transmisiones en vivo y canales cifrados dirigidos principalmente a consumidores extranjeros.El operativo, denominado “Operación Alpha MASI”, permitió la captura de 11 presuntos integrantes de la estructura criminal: siete en Medellín, uno en Cartagena y tres más en diferentes zonas de Estados Unidos.Uno de los detalles del caso que generó mayor repudio por parte del alcalde Federico Gutiérrez es que varias de las personas judicializadas hacían parte del círculo más cercano de las víctimas.Entre los capturados aparecen madres, tías, primas y amigas de los menores de edad explotados sexualmente, algunos de ellos bebés y niños entre los 10 meses y los 13 años. Todos fueron rescatados y quedaron bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos."Estamos hablando de abusos de niños de 10 meses y niñas de 10 meses. Estamos hablando de abusos de niños de 2 años, de 3 años, y también de 12 y 14 años. Es una sociedad enferma", aseguró el mandatario.Según las autoridades, la red no solo grababa y distribuía el material ilegal, sino que además promocionaba las agresiones sexuales a través de plataformas de mensajería y espacios digitales clandestinos donde ofrecían transmisiones en tiempo real a cambio de dinero, pues pudo haber recibido pagos cercanos a los 63.000 dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos.La investigación se extendió durante cuatro meses y comenzó tras la captura de tres personas en Estados Unidos, en cuyo poder fueron hallados videos, fotografías y registros de transmisiones con víctimas colombianas.A partir de análisis tecnológicos, rastreo financiero y cooperación internacional, los organismos de seguridad lograron identificar a quienes producían, distribuían y monetizaban el material desde Colombia.Los siete capturados en Medellín fueron enviados a prisión con medida de aseguramiento intramural y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial de menores, proxenetismo agravado y acceso carnal violento.
En Colombia, cerca de 860.000 menores entre 12 y 17 años fueron víctimas de algun tipo de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnologia durante el ultimo año. Así lo reveló un estudio presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, que además señala que 1 de cada 5 adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió de este tipo de hechos.El informe advierte que estas violencias no ocurren únicamente en escenarios virtuales, sino también en situaciones donde se mezclan interacciones digitales y presenciales. Para el caso colombiano, el análisis se basó en una encuesta nacional a 999 adolescentes y entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y especialistas.Entre las situaciones más frecuentes reportadas por los menores están la recepción de imágenes sexuales no deseadas, ofertas de dinero o regalos a cambio de contenido íntimo, presiones para enviar fotos sexuales, amenazas de divulgar imágenes privadas y casos de extorsión sexual.Además, el estudio alertó sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niños, niñas y adolescentes. “Esta última práctica genera preocupación porque puede hacerse más común a medida que estas herramientas sean más accesibles”.Uno de los principales hallazgos es que ninguno de los adolescentes encuestados aseguró haber reportado formalmente los hechos ante autoridades o líneas de atención durante el último año.El 34% señaló que no habló de lo ocurrido con nadie. Entre las razones más frecuentes aparecen la vergüenza, el miedo al rechazo o al estigma, no saber dónde denunciar o considerar que denunciar no cambiaría nada.Los resultados también muestran que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas. Mientras el 25% de las encuestadas aseguró haber sufrido alguna de estas violencias, en el caso de los hombres la cifra fue del 17%. También se identificó una mayor afectación en zonas rurales, donde el 29% reportó este tipo de situaciones, frente al 17% en áreas urbanas.Según el informe, factores como la desigualdad económica y de género aumentan la vulnerabilidad de la niñez frente a estas formas de explotación.La investigación también encontró que cerca de la mitad de los casos ocurrieron a través de redes sociales, especialmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram. Otro 14% de los hechos se presentó en plataformas de videojuegos.“En el caso de Colombia, el estudio resalta que la industria de cámaras web y el turismo sexual también contribuyen a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: impulsados por las necesidades económicas, estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades”.Contrario a la percepción de que estos delitos son cometidos principalmente por desconocidos, el estudio evidenció que en la mitad de los casos el agresor era alguien cercano a la víctima. Allí aparecen familiares, parejas, intereses románticos y amistades. Solo uno de cada cinco hechos fue atribuido a personas desconocidas.La investigación hace parte de “Disrupting Harm”, considerado el estudio global más amplio realizado hasta ahora sobre explotación y abuso sexual infantil vinculados a herramientas tecnológicas y plataformas digitales, y que abarca 25 países.
Un juez de conocimiento condenó a 28 años de prisión a un hombre hallado responsable de abusar sexualmente de su hija y su hijastra, ambas de 10 años, en hechos ocurridos en el municipio de Puente Nacional.Según informó la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que los abusos se prolongaron durante cuatro años, entre 2016 y 2020, y se cometieron de manera reiterada en la vivienda donde convivían las menores con el agresor.El ente acusador precisó que una de las víctimas es hija biológica del condenado y la otra su hijastra. La denuncia fue interpuesta por la compañera sentimental del hombre, lo que permitió el avance del proceso judicial y la recolección de pruebas.Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez determinó la responsabilidad del acusado por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra menores.
El sorteo 2.656 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el sábado, 16 de mayo.Resultados Baloto: números ganadores del 13 de mayo de 2026Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: y la superbalota Resultados Revancha: números ganadores del 13 de mayo de 2026En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 5 y la superbalota Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.El próximo sorteo se realizará el sábado, 16 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.
El portero uruguayo Mauro Silveira le atajó un penalti al veterano goleador Dayro Moreno al minuto 103 y le dio este miércoles la clasificación a las semifinales de la liga al Junior, que igualó 2-2 en casa con Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final.Por los barranquilleros anotaron el central uruguayo Lucas Monzón y el extremo Cristian Barrios, mientras que los goles visitantes fueron obra del atacante Luis Felipe Gómez y del propio Monzón, que anotó en propia puerta.Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la serie con un 3-2 en el marcador global y se medirá en la siguiente fase al Independiente Santa Fe, que dejó en el camino al América de Cali.Sin embargo, el local sufrió porque arrancó perdiendo en casa al minuto 15 cuando el atacante Luis Felipe Gómez, de larga distancia, sacó un zapatazo imposible de atajar para el uruguayo Mauro Silveira.Los anfitriones igualaron al 41 cuando el uruguayo Monzón recibió de pecho en el área y sin dejar caer el balón sacó un remate potente que no pudo atajar Joan Parra.En el segundo tiempo, los visitantes siguieron atacando, estuvieron muy cerca de retomar la ventaja, pero el Junior consiguió el 2-1 en una muy buena jugada en la que Barrios anticipó a un defensor rival en el área y con un toque mandó el balón al fondo.El partido parecía definido, pero en una jugada fortuita Monzón mandó el balón a su propia portería al 85. El Once Caldas se volcó al ataque y el central uruguayo, gran protagonista del partido, derribó en el área a Dayro al 95.Tras varios minutos de revisión -con la expulsión incluida del centrocampista del Junior Jesús Rivas- el atacante visitante se encargó de cobrar y Silveira, al 103, atajó y celebró a rabiar la clasificación.El rival de Junior será el Independiente Santa Fe, que selló su clasificación al golear 4-0 al América de Cali para un global de 5-1, con una actuación sobresaliente del veterano goleador Hugo Rodallega, quien anotó un triplete.Junior vs. Once Caldas EN VIVOReviva la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio con expertos analizando todos los detalles de este encuentro por el campeonato local.
El candidato Iván Cepeda insistió que si bien rechaza cualquier presión de ilegales en las elecciones, no considera pertinente decir que el próximo presidente del país llegará a la Casa de Nariño por decisión de un grupo al margen de la Ley.Desde el Congreso, el senador lamentó que se sigan presentando intimidaciones ilegales a votantes o amenazas a movimientos políticos sin importar la ideología.“Señalé que los grupos armados no pueden presionar a la población, no deben influir de ninguna manera en el proceso electoral, y que, por lo tanto, yo rechazo cualquier clase de presión (...) Ahora, dicho eso, todas las campañas, incluyendo la mía y también en mi caso personal, hemos afrontado amenazas, dificultades como las que se han afrontado en Colombia durante décadas, porque hay que recordar que en Colombia todavía no llegamos, lamentablemente, a poner punto final a décadas de conflicto armado”, aseguró Cepeda.Sin embargo, en esa línea, el candidato del Pacto Histórico manifestó que no comparte la hipótesis de que dichas presiones definirán sí o sí el ganador de las elecciones, pues este necesita una cifra superior a los 11 o 12 millones de votos. Cepeda insistió en que no está justificando ninguna presión de armados.“Pensar que hay 12 millones de personas en Colombia que van a votar porque hay un grupo armado apuntándoles a la nuca, creo que es un despropósito. (...) Hay personas y hay comunidades que sí, efectivamente, están en esa situación de riesgo, lo ha dicho claramente la señora defensora del pueblo con un informe detallado. Pero de ahí a extrapolar la situación y decir que en Colombia quien gane las elecciones lo va a hacer por obra de que tal o cual grupo presiona a su electorado, es un despropósito”, reiteró Cepeda.Estas declaraciones llegan el mismo día en que el expresidente Álvaro Uribe denunció constreñimiento electoral a favor de Iván Cepeda en el sur del Cauca, donde las presiones las estaría cometiendo el ELN y la columna Jaime Patiño de las disidencias de las Farc, y en el norte estaría siendo ejercida por las columnas Jaime Martinez y Dagoberto Ramos de las disidencias.Ante esto, Cepeda descalificó las cifras presentadas por Uribe en esa declaración asegurando que eran mentira.“Él dice que hay 54 % de los votantes del Pacto Histórico que están votando bajo la influencia de grupos armados. Yo quisiera ver cómo él sustenta semejante acusación contra 1 millón de personas, porque en las pasadas elecciones votaron por nosotros más de 4 millones de personas. Uribe está acusando, como lo hizo en su gobierno, a personas civiles de ser prácticamente instrumentos del terrorismo”, alertó Cepeda.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 13 de mayo:Estudio revela que la generosidad por parte de los humanos aumenta cuando la persona es observada. En el caso de las redes sociales se evidencia más con los seguidores.Spotify está de cumpleaños por 20 años en funcionamiento. A sus suscriptores les está entregando datos curiosos como la primera vez que ingresaron a la plataforma y cuál canción escucharon por primera ocasión.Se filtró el archivo de predescarga del videojuego Forza, esta vez ambientado en Japón.
El Gobierno anunció este 13 de mayo que avanzará “de manera rápida” en la implementación de cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes de grupos armados ilegales que participan en procesos de paz con el Estado. La decisión fue anunciada tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro; el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno en las diferentes negociaciones.El encuentro se produjo luego de la polémica generada por la inclusión de personas con órdenes de extradición en un listado presentado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, relacionado con integrantes del Clan del Golfo que serían trasladados a zonas de concentración.El Gobierno precisó tras la reunión que, en la primera fase de implementación de las ZUT, no estarán presentes personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Además, señaló que cualquier evaluación futura sobre esos casos dependerá directamente del presidente de la República.“La dirección de la Política de Paz y del orden público corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República”, indicó el documento.La aclaración llega después de que el presidente Gustavo Petro negara públicamente haber autorizado la inclusión de alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, y de otros integrantes requeridos por Estados Unidos, dentro de los listados para avanzar en los procesos de ubicación temporal.A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no consultó previamente con la Presidencia la solicitud para suspender órdenes de captura y extradición de 29 integrantes de esa organización criminal, entre ellos 13 personas requeridas por autoridades estadounidenses.“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias ‘Chiquito Malo’ ni he autorizado la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba”, afirmó el mandatario.Según explicó el propio presidente, la comisión de paz elaboró una lista que incluía integrantes extraditables, aunque insistió en que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.Aunque el Gobierno no detalló cuáles serán exactamente los territorios priorizados para las cinco Zonas de Ubicación Temporal, sí dejó claro que estas hacen parte de la estrategia para avanzar en los distintos procesos de negociación y sometimiento con estructuras armadas ilegales.Los jefes negociadores del Gobierno con grupos ilegales que participaron en dicha reunión fueron: Armando Novoa, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; Carlos Erazo, con Comuneros del Sur; Gloria Quiceno, con las disidencias de alias Calarcá; Mauricio Silva, con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; Álvaro Jiménez, con el Clan del Golfo; Isabel Zuleta, con las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá; Fabio Cardozo, con las bandas en Buenaventura; Alexander Castillo, con las bandas de Quibdó y Camilo Pineda, con las bandas de Barranquilla.