La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, denunció este miércoles posibles irregularidades en los bienes que tiene el Estado y con los cuales se lleva a cabo la reparación de las víctimas del conflicto en Colombia.
En un análisis preliminar, que ya fue radicado ante Fiscalía General de la Nación, al igual que en la Procuraduría y Contraloría, Tobón encontró que, a pesar de que se han ejecutado recursos por un valor cercano a los $153 billones, todavía se presentan rezagos significativos en la reparación; pues de las más de 9 millones de víctima solo se ha reparado a 1 millón de ellas.
Sin embargo, la funcionaria también habló de burocracia y corrupción con los recursos y bienes que sirven para la reparación, pues encontró que hay casas, apartamentos y fincas que administra el Estado que han sido arrendadas por valores entre los 4.000 y 103.000 pesos al mes. En otros casos, se halló que hay predios ocupados sin autorización y sin contratos de arrendamiento.
“También existe una ausencia de análisis de los perfiles y antecedentes judiciales o historial crediticio del arrendatario y del codeudor, sumando a que se entrega en arriendo varios bienes a una sola persona”, señaló Tobón.
Además explicó que ha sido difícilmente recolectar la información, debido a que hay funcionarios de la entidad que se niegan a entregarla, por lo que ella mismo ha tenido que ir a solicitarla personalmente. Con lo que ha descubierto que en algunos casos que la información no está completa, o contradice los datos que tienen otros miembros de la misma Unidad para las Víctimas.
"Hemos identificado informaciones distintas en las bases de datos reportadas. A la corrupción le interesa que la información no esté en el sistema", recalcó Tobón.
Señaló, además, que le habrían entregado información según la cual el anterior director de la entidad, Ramón Rodríguez, habría obstaculizado presuntamente las labores del jefe de control interno.
“Sí, tengo reportes que me han entregado el jefe de la oficina de control interno, en donde expresamente manifestó que se obstaculizó el ejercicio de sus auditorias. Es parte de un proceso de investigación”, finalizó.
También habría presuntas irregularidades con el Fondo de Reparación a las Víctimas, que es de alguna manera la cuenta de donde salen los recursos para la reparación. Tobón habría identificado que hay personas que reciben pagos por el arrendamiento de bienes del Estado, e incluso encontró que 13 grupos familiares trabajan en el fondo.
Y es que de los 2.346 bienes sobre los que hay registro, en al menos 932 podría haber ocupaciones irregulares.
"Esto es bastante grave, todos los colombianos debemos rechazar estos hechos, esto no puede pasar. Requerimos hacer unos ajustes muy profundos a la Unidad para las Víctimas", finalizó la directora.
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