Este jueves, 2 de junio, se conoció el informe anual sobre el año 2021 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su capitulo cinco se refieren a Colombia y analizan las garantías que tiene la sociedad entorno a sus derechos y las medidas tomadas por el Estado. La CIDH ha hecho recomendaciones sobre diferentes temas como la implementación del acuerdo de paz, la presencia de la fuerza pública en las protestas y la protección de los defensores de derechos humanos, entre otras.
En este sentido la CIDH manifestó que había recomendado al Estado adoptar medidas pertinentes para
que los miembros de la fuerza pública que presuntamente resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos sean suspendidos del servicio activo, hasta que concluyan las investigaciones.
Sin embargo en el informe exponen que "la Comisión considera incumplida esta recomendación y hace un llamado al Estado para investigar diligentemente todos estos hechos, sancionar a los autores materiales e intelectuales de los mismos y suspender del servicio activo a los agentes de seguridad investigados por violaciones a los derechos humanos en tanto no exista una decisión final sobre los mismos".
La preocupación del organismo también se da debido a las denuncias que recibieron sobre la participación de personas armadas vestidas de civil en acciones violentas contra manifestantes, asegurando que obraron aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía.
"Deben investigarse con toda diligencia presuntos actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil. En este sentido, preocupa a la Comisión los ataques, particularmente los disparos con armas de fuego, efectuados por personas vestidas de civil en contra de manifestantes durante las protestas sucedidas durante 2021".
La CIDH también se refirió a la violencia en los territorios, pues argumentan que los grupos étnicos siguen expuestos a las amenazas, desplazamientos y confinamientos: "es imperiosa necesidad de adoptar políticas institucionales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la consulta y consentimiento, libre, previo e informado a las comunidades afrodescendientes e indígenas. la CIDH ha observado con preocupación el aumento de la violencia estructural y sus vínculos sus vínculos con situaciones históricas en Colombia".
Es por esto que desde el organismo internacional le piden al Estado una "batería de acciones" que permita enfrentar la violencia en los territorios.
Otro de los pendientes que tendría el Estado sería garantizar el retorno seguro de las poblaciones desplazadas hacia sus territorios de origen y en el mismo sentido pidieron una protección mayor para los lideres sociales, colectivos y defensores de derechos humanos en los territorios.
"Ante la persistencia de la violencia contra estos colectivos, la Comisión resalta la necesidad de que esta política busque abordar a las causas subyacentes de los riesgos enfrentados por estos colectivos y procurar la aplicación de enfoques diferenciados e interseccionales en todo momento. Por ello, la Comisión considera que esta recomendación permanece sustancialmente incumplida y continuará monitoreando la implementación de esta Política Nacional".
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