El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada este martes, 8 de octubre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por, supuestamente, violar los topes de su campaña.Así lo anunció el vicecanciller Jorge Rojas en una rueda de prensa en la que aseguró que ayer mismo recurrieron ante esta instancia, ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.Esta es la declaración del vicecanciller sobre la investigación a PetroPetro se defiende de las acusacionesEl presidente Petro, además, aseguró este miércoles que el jefe del CNE, César Lorduy, le tendió una trampa para desalojarlo del cargo "con pruebas falsas" al anunciar una investigación y formular cargos a su campaña de 2022.El mandatario hizo el comentario en su cuenta de X luego de que Lorduy explicara que el CNE investiga, pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo."Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario", aseguró Petro.Cabe recordar que la Sala Plena del CNE aprobó el martes, por siete votos contra dos, una ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pedía formular cargos a la campaña presidencial por la presunta violación del límite de gastos.Según la ponencia, la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos, sumadas las dos vueltas electorales.Por esa razón, el CNE "decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores".
El evento de perdón que estaba programado en El Carmen de Viboral para que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les pidiera perdón a las víctimas de los flagelos ocurridos en la vereda La Esperanza en 1996, se realizó a pesar de que el mandatario llegó un par de horas después de los previsto. Durante la jornada de conmemoración hubo una marcha y una eucaristía, misma que no contó con la presencia de Petro.Ya en la tarde de este 8 de octubre hizo presencia el mandatario que tenía la potestad para pedirle perdón a decenas de personas que, directa o indirectamente fueron víctimas de los hechos en los que la Fuerza Militar asesinó o desapareció a campesinos que presuntamente fueron identificados como guerrilleros. Esta orden la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además, recordó que en este lugar habrían ocurrido las desapariciones forzadas de 16 personas entre junio y diciembre de 1996.Durante su intervención, el presidente Petro indicó lo siguiente:"Si sobrevivimos" se encargará de que se haga justicia con estas personas víctimas del conflicto armado en el país."La democracia será y la justicia será y me encargo. Que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza asesinadas, desaparecidas, golpeadas, bajo la gobernanza paramilitar", manifestó Petro.Sin embargo, el mandatario no fue el único que habló durante el acto de perdón. Allí intervinieron varias víctimas de la vereda La Esperanza, quienes insistieron que lo que quieren es que se haga justicia. Precisamente, y como se reconoció a lo largo del evento, no fueron solamente hombres que desaparecieron, sino familias enteras que tuvieron que migrar del campo para superar las cicatrices que les dejó la violencia en Colombia.Yor Marti Cardona, representante de las víctimas, entregó un impactante relato sobre su experiencia y las preguntas que constantemente se hacen él y las demás familias víctimas de la situación."Para nosotros era muy difícil responder la pregunta ¿dónde está mi papá? ¿por qué no ha llegado por mí a la escuela? ¿por qué a nuestra familia y por qué a mí? Se sentía como un hueco en el pecho", relató.A su vez el mandatario criticó que haya sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó pedir perdón y que no hayan sido las autoridades colombianas las que tomen medidas al respecto.Y allí no quedó todo, porque fue el mismo Gustavo Petro, quien, durante su intervención, manifestó que la justicia no ha llegado para darle una respuesta a estas personas, ya que, aunque hayan pasado 28 años de los delitos, la situación seguía vigente y lo seguirá con el pasar de los años."Quizás esas personas que siguieron órdenes de alguien y que la justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando se comete este tipo de tropelía contra la vida y la gente y la persona y el ser humano, no se olvida nunca", insistió el mandatario.Con esto, el presidente Petro cumplió con el pedido de la CIDH, hecho que resaltaron varias víctimas quienes destacaron que tuvieron que esperar casi 30 años para que el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos.
Luego de que se conociera la decisión del Consejo de Estado que revocó la sanción disciplinaria de ocho meses en contra de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga, por la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Jairo Claro el 22 de julio de 2019, el concejal dijo que era un fallo que “se veía venir”.Según el exconcejal Claro, hay jurisprudencia y fallos que respaldaban que el exalcalde Hernández no podía ser sancionado por ser un funcionario público por elección.“Es una cosa que se veía venir, porque esto es analogía referencia con lo que llaman jurisprudencia, el mismo caso del presidente Gustavo Petro, donde lo apartan del cargo y lo sancionan disciplinadamente, pero él acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese fue el mismo camino que recorrió Rodolfo Hernández y finalmente revocan la decisión de la Procuraduría”, manifestó Jhon Jairo Claro, exconcejal de Bucaramanga.Dijo que, mientras no se realicen cambios a la política disciplinaria, todos los procesos a funcionarios públicos elegidos por voto popular “se caerán”.“Hasta que el Estado colombiano no haga ajustes a su política disciplinaria, donde quien determine que la sanción disciplinaria le corresponde a la Procuraduría, esta va a ser un juguete del servidor público que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el exconcejal Claro.Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se pronunció a través de su cuenta en X donde escribió: “Con este precedente, se caerán todas las sanciones". Esto quiere decir que nunca la Procuraduría debió inhabilitarlo.Dijo el excandidato presidencial que nunca debió ser inhabilitado.“La procuradora Margarita Cabello ha tenido una sistemática persecución en mi contra, en alianza con la politiquería buscaron sacarme de las elecciones en Santander. Hoy la justicia me da la razón: La Procuraduría no podía inhabilitarme”, escribió Rodolfo Hernández en sus redes sociales.Además, anunció que iniciará acciones legales para ser indemnizado por los daños que le causó la sanción.“Le he pedido el favor a mi equipo jurídico que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado y puntualmente, que busquemos acciones de repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales”, añadió.Y remató diciendo Rodolfo Hernández en sus redes sociales que todo peso que logre ganar por las demandas que iniciará serán donados a causas de beneficencia.“Que los procuradores provinciales y especialmente la procuradora general de la Nación paguen de sus propios bolsillos las ilegalidades que ha cometido para hacerme daño. Cada peso que obtengamos de esas indemnizaciones, los entregaré a causas sin ánimo de lucro en Santander”, aseguró.
Hace un año se conoció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual condena al Estado colombiano por el exterminio contra el partido Unión Patriótica. En el texto se explica que desde 1984, y por más de 20 años, se cometieron diferentes delitos contra militantes y simpatizantes de la UP, dejando al menos 6.000 víctimas en el país, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad, investigar los casos que no han sido esclarecidos y reparar a las víctimas.Tras un año de esta decisión, las víctimas de la UP aseguran que aún no se ha cumplido la sentencia.La Corte, entre otras cosas, había ordenado Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones. También efectuar la búsqueda de los desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, aún hay pendientes por parte del Estado.“Esto significa que ese compromiso político, asumido y expresado de manera reiterada por el presidente no ha tenido una expresión real en la institucionalidad, en que la institucionalidad se acomode para dar cumplimiento efectivo a esta sentencia”, explicó Aponte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contrario a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.La CorteIDH declaró el desacato "debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017.En una resolución publicada este jueves, la CorteIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".La CorteIDH precisó que Perú "ha incurrido en un desacato" de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo."En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023", explica la corte en la resolución publicada este jueves.La CorteIDH también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta.El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que la Corte considere necesario.Fujimori, de 85 años y que cumplía una pena de 25 años de cárcel, salió de prisión el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.El pasado 7 de diciembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, pidió CorteIDH que declarase en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.El Gobierno de Perú, horas después de la liberación de Fujimori, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del Tribunal Constitucional.Le podría interesar:
Luego de que a inicios de este año el Estado colombiano aceptara la responsabilidad de varios miembros del Ejército y la Policía Nacional en diferentes hechos ocurridos en el contexto de la operación Orión, en octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, organismos de justicia internacional tendrán nuevos e importantes pronunciamientos.Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 20 de octubre, hora de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) desde Costa Rica llevará a cabo el acto de notificación de sentencia al Estado por la desaparición en esos operativos de Arles Edison Guzmán Medina, un comerciante que tenía un local de pollo asado en la zona y fue retenido y llevado a un lugar desconocido para posteriormente ser desaparecido.María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y quien ha representado a las víctimas de este caso, le contó a Blu Radio que, tras lo ocurrido, la comunidad se movilizó para encontrar a Arles y dos meses después logró que un exparamilitar, a partir de un croquis, señalara el lugar donde habría sido enterrado su cuerpo, en el sector de La Escombrera."En ese momento el CTI de la Fiscalía hizo una visita, ubicó el posible lugar de enterramiento y el informe técnico determinó que no se podía hacer nada porque había por lo menos dos volquetadas de escombros en la zona señalada", destacó la abogada.Hoy ese sitio se encuentra muy cerca del polígono que cuenta con la medidas cautelares por parte de la JEP, pero con más de 14 metros de altura de residuos depositados allí, por lo que hay expectativa de que el fallo pueda indicar que debe persistir la búsqueda de todas aquellas personas que se presumen están ahí."La Corte puede señalar que la búsqueda no puede cesar, que no se puede limitar únicamente al polígono que está en este momento bajo medidas cautelares, que hay que seguir buscando hasta encontrarlos, esa es la expectativa de las familias", explicó Fallon.A propósito de esa zona con medidas cautelares, recientemente la JEP ordenó en un auto del del 22 de septiembre “a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional, garantizar el cerramiento del polígono denominado “Polígono Nuevo”, y exigió garantías para su conservación, así como el respeto de las correspondientes prohibiciones, por el término señalado”.De igual manera, pidió a las instituciones involucradas en la nueva fase de búsqueda, que comprende la remoción de unos 40.000 metros cúbicos de tierra, presentar un cronograma de actividades en la mesa técnica de este proceso cautelar.Le puede interesar:
La JEP consultará los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS que tienen relación con el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que se registraron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Lo anterior, después de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos en la cual se pedía que las víctimas pudieran tener acceso a dichos archivos; en esta decisión, también se tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones."En lo que atañe al caso concreto, la sala observa que el 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dictó sentencia dentro del Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, declarando al Estado colombiano como responsable por graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985", señaló la JEP en su decisión.Teniendo en cuenta esta sentencia, la JEP determinó que se debe hacer efectivo el derecho que tienen las víctimas a acceder a la información relacionada con los casos de sus familiares y que en su momento tuvo el extinto DAS."Esta sala ordenará a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que comisione a un grupo de funcionarios de Policía Judicial, para que, en el término de 30 días hábiles, (i) adelante la diligencia de acceso y consulta de los archivos relacionados con los hechos del caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. elevado ante la Corte IDH, y (ii) presente un informe de dicha diligencia", ordenó el magistrado Oscar Parra.Con esta decisión se espera que tras el acceso a los documentos las víctimas y la JEP puedan tener más datos que permitan esclarecer esos casos que incluso hoy en día no han sido resueltos, frente a desapariciones que se registraron durante la toma y el operativo de retoma.Le puede interesar:
El expresidente de Perú Pedro Castillo le envió desde la cárcel una carta al mandatario Colombiano, Gustavo Petro, escrito que dio a conocer el País de España.En el texto, Castillo empezó enviándole todo su apoyo a Petro y expresando su afecto hacia el pueblo colombiano, de igual forma se contó quién será la persona encargada de su defensa.El exmandatario señaló que la persona que estaría frente a su caso, para así llevarlo a instancias internacionales, será el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto.La carta le fue entregada a Petro el pasado jueves, 16 de marzo, en una reunión que tuvo con el abogado Croxatto, a quien recibió en la Casa de Nariño, en Bogotá.En la reunión, que duró cerca de una hora y media, según señaló el medio, se charló sobre el proceso que enfrenta el exmandatario de Perú, a quien aún Petro reconoce como presidente legítimo.Entre las acusaciones que empañan a Pedro Castillo, está el de rebelión, delito que implica cerca de dos décadas de cárcel, según señala el País, razón por la que el equipo defensor, liderado por Croxatto, se encargará de llevar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma en la que se falló a favor del presidente Petro cuando lo destituyeron de su cargo como alcalde de Bogotá.Esta es la carta de Pedro Castillo al presidente Gustavo Petro:"Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo PetroDesde esta celda lo saludo con toda la fuerza y esperanza de mi pueblo a usted al hermano pueblo colombiano.Luego permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa.Un enorme abrazo, mi hermano presidente, mil gracias por su respaldo y solidaridad."
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes.Lo anterior significa que la Nación deberá asumir las violaciones de derechos humanos cometidas a más de 6.000 integrantes. Por otro lado, el Estado pidió perdón y asumió responsabilidad en la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán Medina, empleado de un asadero en la Comuna 13 de Medellín, que se perpetró durante el desarrollo de la Operación Orión en 2002.En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló lo que estas condenas significan en materia de procesos jurídicos y económicos para el país.“Es un problema supremamente grave, porque no es solo el Sistema Interamericano, tenemos sentencias del Consejo de Estado de la sección tercera, tenemos sentencias que se producen en los tribunales administrativos del país, por fallas en el servicio, por errores en el conflicto armado, son una serie de decisiones que efectivamente tienen un monto altísimo”, señaló Zamora.Sin embargo, resaltó que “debemos ser conscientes de que en este momento se están produciendo los resultados en relación por el respeto de las víctimas”.Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado colombiano por el "plan de exterminio" del partido izquierdista Unión Patriótica (UP) implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.Hay que recordar que cuando se dio a conocer la sentencia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha reafirmado en varias ocasiones que respetará las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, así como las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, presentado en junio del año pasado.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que su dependencia revisará en detalle las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en medio de su condena contra el Estado colombiano como responsable del exterminio del partido político Unión Patriótica.“Vamos a examinar las órdenes y recomendaciones de este fallo que ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de los integrantes de la Unión Patriótica, y todo lo que corresponda al reconocimiento de responsabilidad del Estado y contribución que, desde el MinDefensa, Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se deba dar”, dijo Velásquez.En medio de esto, el funcionario recordó que todo el Gobierno está dispuesto a seguir y acatar las recomendaciones de diferentes organismos internacionales como la ONU, la CIDH o la Comisión de la Verdad, entre otras, que se den luego de las investigaciones específicas.“Todo porque nuestro compromiso es con el respeto por los derechos humanos y son orientaciones para nuestro actuar y para la disposición que debemos dar en las directivas que emitimos”, agregó el ministro.Cabe recordar que este lunes el Estado colombiano, luego de 30 años, fue declarado como responsable de la muerte de los miembros de la Unión Patriótica y reconoció como víctimas al menos a 6.000 personas.Le puede interesar:
