La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
En la mañana de este martes se llevó a cabo un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.Ante esto, Benedetti aseguró que iría a la CIDH a denunciar una "persecución" en su contra por parte de la magistrada de la Sala de Instrucción, con quien tiene una pelea hace ya varios años por los procesos que tiene el jefe de la cartera política en la Corte Suprema de Justicia.“Me voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Hace tres años la denuncié y no me ha pasado nada”, señaló BenedettiEn la versión que entregó el jefe de la cartera política a los medios de comunicación, aseguró que, fueron 30 hombres los que entraron a su casa en Barranquilla y que el allanamiento estaría relacionado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras el préstamo que le habría hecho el empresario Euclides Torres para un apartamento de 3.000 millones de pesos.Benedetti hizo duras acusaciones e incluso llenó de insultos a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por este diligencia judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un contundente pronunciamiento sobre la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, en relación con la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta por una presunta violación de los topes de financiamiento durante su campaña presidencial.La corte afirma que, tras analizar los argumentos, la Corte IDH declaró improcedente la petición presentada por los abogados de Petro.En su pronunciamiento del 28 de noviembre, el tribunal aclaró que el CNE carece de facultades para inhabilitar o restringir derechos políticos, lo que disipa los argumentos de la defensa del presidente sobre una supuesta violación del "fuero integral".“De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, declaró la Corte, según El Tiempo. Además, enfatizó que el caso actual difiere de la sentencia emitida en 2020, cuando la Corte le dio razón al hoy mandatario sobre las competencias de la Procuraduría para inabilitarlo.Argumentos presentados por los abogados y el CNEEntre los argumentos de la defensa del presidente estaban que la decisión del CNE podría derivar en la pérdida de la investidura presidencial, dado que la investigación podría llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el Consejo de Estado solicitó a la Corte IDH declarar improcedente la petición y argumentó que las decisiones se han tomado en apego a la normativa constitucional y respetando el fuero presidencial.Un revés más para el presidente PetroEs relevante señalar que la defensa del presidente Gustavo Petro ha solicitado la anulación de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que otorgó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para continuar con la investigación sobre una supuesta violación de los límites de financiación electoral.Este nuevo desarrollo en el proceso legal debilita la estrategia defensiva del mandatario en su intento por detener la indagación que el CNE está llevando a cabo respecto a su campaña electoral de 2022, en la que se alegó un exceso de financiación que superó los 5.000 millones de pesos.Los abogados del presidente presentaron una acción de tutela para salvaguardar su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había infringido su fuero constitucional al asignar al CNE la responsabilidad de investigar las irregularidades en la financiación y los informes relacionados con sus campañas presidenciales. Sin embargo, el Consejo de Estado, tras evaluar los argumentos, determinó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se evidenció que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.bEn este contexto, el tribunal concluyó que era legal la competencia del CNE para investigar el caso y que el fuero constitucional del presidente no constituía un obstáculo para dicha investigación.Petro y la Corte CIDHEl pasado mes de octubre, los magistrados del CNE abrieron investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley. Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un «golpe de Estado». Petro llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles. Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República. No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años. La Procuraduría lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la CIDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada este martes, 8 de octubre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por, supuestamente, violar los topes de su campaña.Así lo anunció el vicecanciller Jorge Rojas en una rueda de prensa en la que aseguró que ayer mismo recurrieron ante esta instancia, ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.Esta es la declaración del vicecanciller sobre la investigación a PetroPetro se defiende de las acusacionesEl presidente Petro, además, aseguró este miércoles que el jefe del CNE, César Lorduy, le tendió una trampa para desalojarlo del cargo "con pruebas falsas" al anunciar una investigación y formular cargos a su campaña de 2022.El mandatario hizo el comentario en su cuenta de X luego de que Lorduy explicara que el CNE investiga, pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo."Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario", aseguró Petro.Cabe recordar que la Sala Plena del CNE aprobó el martes, por siete votos contra dos, una ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pedía formular cargos a la campaña presidencial por la presunta violación del límite de gastos.Según la ponencia, la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos, sumadas las dos vueltas electorales.Por esa razón, el CNE "decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores".
El evento de perdón que estaba programado en El Carmen de Viboral para que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les pidiera perdón a las víctimas de los flagelos ocurridos en la vereda La Esperanza en 1996, se realizó a pesar de que el mandatario llegó un par de horas después de los previsto. Durante la jornada de conmemoración hubo una marcha y una eucaristía, misma que no contó con la presencia de Petro.Ya en la tarde de este 8 de octubre hizo presencia el mandatario que tenía la potestad para pedirle perdón a decenas de personas que, directa o indirectamente fueron víctimas de los hechos en los que la Fuerza Militar asesinó o desapareció a campesinos que presuntamente fueron identificados como guerrilleros. Esta orden la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además, recordó que en este lugar habrían ocurrido las desapariciones forzadas de 16 personas entre junio y diciembre de 1996.Durante su intervención, el presidente Petro indicó lo siguiente:"Si sobrevivimos" se encargará de que se haga justicia con estas personas víctimas del conflicto armado en el país."La democracia será y la justicia será y me encargo. Que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza asesinadas, desaparecidas, golpeadas, bajo la gobernanza paramilitar", manifestó Petro.Sin embargo, el mandatario no fue el único que habló durante el acto de perdón. Allí intervinieron varias víctimas de la vereda La Esperanza, quienes insistieron que lo que quieren es que se haga justicia. Precisamente, y como se reconoció a lo largo del evento, no fueron solamente hombres que desaparecieron, sino familias enteras que tuvieron que migrar del campo para superar las cicatrices que les dejó la violencia en Colombia.Yor Marti Cardona, representante de las víctimas, entregó un impactante relato sobre su experiencia y las preguntas que constantemente se hacen él y las demás familias víctimas de la situación."Para nosotros era muy difícil responder la pregunta ¿dónde está mi papá? ¿por qué no ha llegado por mí a la escuela? ¿por qué a nuestra familia y por qué a mí? Se sentía como un hueco en el pecho", relató.A su vez el mandatario criticó que haya sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó pedir perdón y que no hayan sido las autoridades colombianas las que tomen medidas al respecto.Y allí no quedó todo, porque fue el mismo Gustavo Petro, quien, durante su intervención, manifestó que la justicia no ha llegado para darle una respuesta a estas personas, ya que, aunque hayan pasado 28 años de los delitos, la situación seguía vigente y lo seguirá con el pasar de los años."Quizás esas personas que siguieron órdenes de alguien y que la justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando se comete este tipo de tropelía contra la vida y la gente y la persona y el ser humano, no se olvida nunca", insistió el mandatario.Con esto, el presidente Petro cumplió con el pedido de la CIDH, hecho que resaltaron varias víctimas quienes destacaron que tuvieron que esperar casi 30 años para que el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos.
Luego de que se conociera la decisión del Consejo de Estado que revocó la sanción disciplinaria de ocho meses en contra de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga, por la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Jairo Claro el 22 de julio de 2019, el concejal dijo que era un fallo que “se veía venir”.Según el exconcejal Claro, hay jurisprudencia y fallos que respaldaban que el exalcalde Hernández no podía ser sancionado por ser un funcionario público por elección.“Es una cosa que se veía venir, porque esto es analogía referencia con lo que llaman jurisprudencia, el mismo caso del presidente Gustavo Petro, donde lo apartan del cargo y lo sancionan disciplinadamente, pero él acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese fue el mismo camino que recorrió Rodolfo Hernández y finalmente revocan la decisión de la Procuraduría”, manifestó Jhon Jairo Claro, exconcejal de Bucaramanga.Dijo que, mientras no se realicen cambios a la política disciplinaria, todos los procesos a funcionarios públicos elegidos por voto popular “se caerán”.“Hasta que el Estado colombiano no haga ajustes a su política disciplinaria, donde quien determine que la sanción disciplinaria le corresponde a la Procuraduría, esta va a ser un juguete del servidor público que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el exconcejal Claro.Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se pronunció a través de su cuenta en X donde escribió: “Con este precedente, se caerán todas las sanciones". Esto quiere decir que nunca la Procuraduría debió inhabilitarlo.Dijo el excandidato presidencial que nunca debió ser inhabilitado.“La procuradora Margarita Cabello ha tenido una sistemática persecución en mi contra, en alianza con la politiquería buscaron sacarme de las elecciones en Santander. Hoy la justicia me da la razón: La Procuraduría no podía inhabilitarme”, escribió Rodolfo Hernández en sus redes sociales.Además, anunció que iniciará acciones legales para ser indemnizado por los daños que le causó la sanción.“Le he pedido el favor a mi equipo jurídico que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado y puntualmente, que busquemos acciones de repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales”, añadió.Y remató diciendo Rodolfo Hernández en sus redes sociales que todo peso que logre ganar por las demandas que iniciará serán donados a causas de beneficencia.“Que los procuradores provinciales y especialmente la procuradora general de la Nación paguen de sus propios bolsillos las ilegalidades que ha cometido para hacerme daño. Cada peso que obtengamos de esas indemnizaciones, los entregaré a causas sin ánimo de lucro en Santander”, aseguró.
Hace un año se conoció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual condena al Estado colombiano por el exterminio contra el partido Unión Patriótica. En el texto se explica que desde 1984, y por más de 20 años, se cometieron diferentes delitos contra militantes y simpatizantes de la UP, dejando al menos 6.000 víctimas en el país, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad, investigar los casos que no han sido esclarecidos y reparar a las víctimas.Tras un año de esta decisión, las víctimas de la UP aseguran que aún no se ha cumplido la sentencia.La Corte, entre otras cosas, había ordenado Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones. También efectuar la búsqueda de los desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, aún hay pendientes por parte del Estado.“Esto significa que ese compromiso político, asumido y expresado de manera reiterada por el presidente no ha tenido una expresión real en la institucionalidad, en que la institucionalidad se acomode para dar cumplimiento efectivo a esta sentencia”, explicó Aponte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contrario a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.La CorteIDH declaró el desacato "debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017.En una resolución publicada este jueves, la CorteIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".La CorteIDH precisó que Perú "ha incurrido en un desacato" de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo."En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023", explica la corte en la resolución publicada este jueves.La CorteIDH también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta.El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que la Corte considere necesario.Fujimori, de 85 años y que cumplía una pena de 25 años de cárcel, salió de prisión el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.El pasado 7 de diciembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, pidió CorteIDH que declarase en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.El Gobierno de Perú, horas después de la liberación de Fujimori, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del Tribunal Constitucional.Le podría interesar:
Luego de que a inicios de este año el Estado colombiano aceptara la responsabilidad de varios miembros del Ejército y la Policía Nacional en diferentes hechos ocurridos en el contexto de la operación Orión, en octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, organismos de justicia internacional tendrán nuevos e importantes pronunciamientos.Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 20 de octubre, hora de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) desde Costa Rica llevará a cabo el acto de notificación de sentencia al Estado por la desaparición en esos operativos de Arles Edison Guzmán Medina, un comerciante que tenía un local de pollo asado en la zona y fue retenido y llevado a un lugar desconocido para posteriormente ser desaparecido.María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y quien ha representado a las víctimas de este caso, le contó a Blu Radio que, tras lo ocurrido, la comunidad se movilizó para encontrar a Arles y dos meses después logró que un exparamilitar, a partir de un croquis, señalara el lugar donde habría sido enterrado su cuerpo, en el sector de La Escombrera."En ese momento el CTI de la Fiscalía hizo una visita, ubicó el posible lugar de enterramiento y el informe técnico determinó que no se podía hacer nada porque había por lo menos dos volquetadas de escombros en la zona señalada", destacó la abogada.Hoy ese sitio se encuentra muy cerca del polígono que cuenta con la medidas cautelares por parte de la JEP, pero con más de 14 metros de altura de residuos depositados allí, por lo que hay expectativa de que el fallo pueda indicar que debe persistir la búsqueda de todas aquellas personas que se presumen están ahí."La Corte puede señalar que la búsqueda no puede cesar, que no se puede limitar únicamente al polígono que está en este momento bajo medidas cautelares, que hay que seguir buscando hasta encontrarlos, esa es la expectativa de las familias", explicó Fallon.A propósito de esa zona con medidas cautelares, recientemente la JEP ordenó en un auto del del 22 de septiembre “a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional, garantizar el cerramiento del polígono denominado “Polígono Nuevo”, y exigió garantías para su conservación, así como el respeto de las correspondientes prohibiciones, por el término señalado”.De igual manera, pidió a las instituciones involucradas en la nueva fase de búsqueda, que comprende la remoción de unos 40.000 metros cúbicos de tierra, presentar un cronograma de actividades en la mesa técnica de este proceso cautelar.Le puede interesar:
La JEP consultará los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS que tienen relación con el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que se registraron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Lo anterior, después de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos en la cual se pedía que las víctimas pudieran tener acceso a dichos archivos; en esta decisión, también se tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones."En lo que atañe al caso concreto, la sala observa que el 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dictó sentencia dentro del Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, declarando al Estado colombiano como responsable por graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985", señaló la JEP en su decisión.Teniendo en cuenta esta sentencia, la JEP determinó que se debe hacer efectivo el derecho que tienen las víctimas a acceder a la información relacionada con los casos de sus familiares y que en su momento tuvo el extinto DAS."Esta sala ordenará a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que comisione a un grupo de funcionarios de Policía Judicial, para que, en el término de 30 días hábiles, (i) adelante la diligencia de acceso y consulta de los archivos relacionados con los hechos del caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. elevado ante la Corte IDH, y (ii) presente un informe de dicha diligencia", ordenó el magistrado Oscar Parra.Con esta decisión se espera que tras el acceso a los documentos las víctimas y la JEP puedan tener más datos que permitan esclarecer esos casos que incluso hoy en día no han sido resueltos, frente a desapariciones que se registraron durante la toma y el operativo de retoma.Le puede interesar:
España vs. Uruguay afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara, donde ambas selecciones buscarán asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, aunque llegan con panoramas muy diferentes. Mientras la Roja depende de sí misma para terminar como líder del Grupo H, la Celeste está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura.El conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate frente a Cabo Verde y la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí. Uruguay, por su parte, solo suma dos unidades tras igualar en sus dos primeros compromisos y necesita un resultado positivo para seguir con vida en el torneo.Posibles alineaciones de Uruguay vs. EspañaEspaña: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.Uruguay: Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Federico Viñas y Ronald Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa.¿Qué necesita España para asegurar el primer lugar del Grupo H?La selección española llega al compromiso con el impulso que dejó la goleada sobre Arabia Saudí, un resultado que disipó las dudas generadas tras el inesperado empate en el debut frente a Cabo Verde.Con cuatro puntos en la clasificación, España depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate le alcanzaría para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque el objetivo del cuerpo técnico pasa por conseguir una victoria que garantice el liderato del grupo y permita afrontar la fase eliminatoria sin depender de otros resultados.Luis de la Fuente parece haber encontrado la base del equipo tras introducir varias modificaciones en la segunda jornada, por lo que la mayoría de esos cambios tendrían continuidad frente a Uruguay. La principal incógnita estaría en el lateral derecho, donde Marcos Llorente podría recuperar la titularidad en lugar de Pedro Porro.Uno de los futbolistas que concentrará la atención será Lamine Yamal.El extremo regresó frente a Arabia Saudí después de superar la lesión muscular con la que llegó al Mundial y apenas necesitó disputar el primer tiempo para convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro.Todo apunta a que tendrá una mayor carga de minutos ante Uruguay, en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, Álex Baena y el respaldo de un mediocampo liderado por Rodri, Pedri y Dani Olmo.Además, el cuerpo técnico español espera seguir sumando ritmo competitivo para futbolistas como Nico Williams y Mikel Merino, considerados piezas importantes de cara a las rondas eliminatorias.Uruguay llega con presión y varias dudas en su alineaciónLa situación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa es mucho más compleja.Después de empatar frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, la Celeste necesita puntuar para mantener opciones de clasificación. Una victoria le permitiría incluso aspirar al liderato del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar el resultado del compromiso entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una derrota, en cambio, la dejaría prácticamente eliminada.El entrenador argentino recupera una pieza importante para este compromiso. José María Giménez, ausente en los dos primeros partidos por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al centro de la defensa.En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión muscular y Ronald Araújo sigue siendo duda, aunque en los últimos entrenamientos ya realizó trabajos con balón y mantiene opciones de estar disponible.Otra de las incógnitas pasa por la portería. Fernando Muslera fue titular en los dos primeros encuentros tras regresar a la selección, pero un error cometido frente a Cabo Verde reabrió el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet recupere el puesto bajo los tres palos.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.