La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
En la mañana de este martes se llevó a cabo un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.Ante esto, Benedetti aseguró que iría a la CIDH a denunciar una "persecución" en su contra por parte de la magistrada de la Sala de Instrucción, con quien tiene una pelea hace ya varios años por los procesos que tiene el jefe de la cartera política en la Corte Suprema de Justicia.“Me voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Hace tres años la denuncié y no me ha pasado nada”, señaló BenedettiEn la versión que entregó el jefe de la cartera política a los medios de comunicación, aseguró que, fueron 30 hombres los que entraron a su casa en Barranquilla y que el allanamiento estaría relacionado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras el préstamo que le habría hecho el empresario Euclides Torres para un apartamento de 3.000 millones de pesos.Benedetti hizo duras acusaciones e incluso llenó de insultos a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por este diligencia judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un contundente pronunciamiento sobre la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, en relación con la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta por una presunta violación de los topes de financiamiento durante su campaña presidencial.La corte afirma que, tras analizar los argumentos, la Corte IDH declaró improcedente la petición presentada por los abogados de Petro.En su pronunciamiento del 28 de noviembre, el tribunal aclaró que el CNE carece de facultades para inhabilitar o restringir derechos políticos, lo que disipa los argumentos de la defensa del presidente sobre una supuesta violación del "fuero integral".“De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, declaró la Corte, según El Tiempo. Además, enfatizó que el caso actual difiere de la sentencia emitida en 2020, cuando la Corte le dio razón al hoy mandatario sobre las competencias de la Procuraduría para inabilitarlo.Argumentos presentados por los abogados y el CNEEntre los argumentos de la defensa del presidente estaban que la decisión del CNE podría derivar en la pérdida de la investidura presidencial, dado que la investigación podría llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el Consejo de Estado solicitó a la Corte IDH declarar improcedente la petición y argumentó que las decisiones se han tomado en apego a la normativa constitucional y respetando el fuero presidencial.Un revés más para el presidente PetroEs relevante señalar que la defensa del presidente Gustavo Petro ha solicitado la anulación de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que otorgó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para continuar con la investigación sobre una supuesta violación de los límites de financiación electoral.Este nuevo desarrollo en el proceso legal debilita la estrategia defensiva del mandatario en su intento por detener la indagación que el CNE está llevando a cabo respecto a su campaña electoral de 2022, en la que se alegó un exceso de financiación que superó los 5.000 millones de pesos.Los abogados del presidente presentaron una acción de tutela para salvaguardar su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había infringido su fuero constitucional al asignar al CNE la responsabilidad de investigar las irregularidades en la financiación y los informes relacionados con sus campañas presidenciales. Sin embargo, el Consejo de Estado, tras evaluar los argumentos, determinó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se evidenció que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.bEn este contexto, el tribunal concluyó que era legal la competencia del CNE para investigar el caso y que el fuero constitucional del presidente no constituía un obstáculo para dicha investigación.Petro y la Corte CIDHEl pasado mes de octubre, los magistrados del CNE abrieron investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley. Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un «golpe de Estado». Petro llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles. Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República. No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años. La Procuraduría lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la CIDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada este martes, 8 de octubre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por, supuestamente, violar los topes de su campaña.Así lo anunció el vicecanciller Jorge Rojas en una rueda de prensa en la que aseguró que ayer mismo recurrieron ante esta instancia, ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.Esta es la declaración del vicecanciller sobre la investigación a PetroPetro se defiende de las acusacionesEl presidente Petro, además, aseguró este miércoles que el jefe del CNE, César Lorduy, le tendió una trampa para desalojarlo del cargo "con pruebas falsas" al anunciar una investigación y formular cargos a su campaña de 2022.El mandatario hizo el comentario en su cuenta de X luego de que Lorduy explicara que el CNE investiga, pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo."Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario", aseguró Petro.Cabe recordar que la Sala Plena del CNE aprobó el martes, por siete votos contra dos, una ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pedía formular cargos a la campaña presidencial por la presunta violación del límite de gastos.Según la ponencia, la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos, sumadas las dos vueltas electorales.Por esa razón, el CNE "decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores".
El evento de perdón que estaba programado en El Carmen de Viboral para que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les pidiera perdón a las víctimas de los flagelos ocurridos en la vereda La Esperanza en 1996, se realizó a pesar de que el mandatario llegó un par de horas después de los previsto. Durante la jornada de conmemoración hubo una marcha y una eucaristía, misma que no contó con la presencia de Petro.Ya en la tarde de este 8 de octubre hizo presencia el mandatario que tenía la potestad para pedirle perdón a decenas de personas que, directa o indirectamente fueron víctimas de los hechos en los que la Fuerza Militar asesinó o desapareció a campesinos que presuntamente fueron identificados como guerrilleros. Esta orden la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además, recordó que en este lugar habrían ocurrido las desapariciones forzadas de 16 personas entre junio y diciembre de 1996.Durante su intervención, el presidente Petro indicó lo siguiente:"Si sobrevivimos" se encargará de que se haga justicia con estas personas víctimas del conflicto armado en el país."La democracia será y la justicia será y me encargo. Que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza asesinadas, desaparecidas, golpeadas, bajo la gobernanza paramilitar", manifestó Petro.Sin embargo, el mandatario no fue el único que habló durante el acto de perdón. Allí intervinieron varias víctimas de la vereda La Esperanza, quienes insistieron que lo que quieren es que se haga justicia. Precisamente, y como se reconoció a lo largo del evento, no fueron solamente hombres que desaparecieron, sino familias enteras que tuvieron que migrar del campo para superar las cicatrices que les dejó la violencia en Colombia.Yor Marti Cardona, representante de las víctimas, entregó un impactante relato sobre su experiencia y las preguntas que constantemente se hacen él y las demás familias víctimas de la situación."Para nosotros era muy difícil responder la pregunta ¿dónde está mi papá? ¿por qué no ha llegado por mí a la escuela? ¿por qué a nuestra familia y por qué a mí? Se sentía como un hueco en el pecho", relató.A su vez el mandatario criticó que haya sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó pedir perdón y que no hayan sido las autoridades colombianas las que tomen medidas al respecto.Y allí no quedó todo, porque fue el mismo Gustavo Petro, quien, durante su intervención, manifestó que la justicia no ha llegado para darle una respuesta a estas personas, ya que, aunque hayan pasado 28 años de los delitos, la situación seguía vigente y lo seguirá con el pasar de los años."Quizás esas personas que siguieron órdenes de alguien y que la justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando se comete este tipo de tropelía contra la vida y la gente y la persona y el ser humano, no se olvida nunca", insistió el mandatario.Con esto, el presidente Petro cumplió con el pedido de la CIDH, hecho que resaltaron varias víctimas quienes destacaron que tuvieron que esperar casi 30 años para que el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos.
Luego de que se conociera la decisión del Consejo de Estado que revocó la sanción disciplinaria de ocho meses en contra de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga, por la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Jairo Claro el 22 de julio de 2019, el concejal dijo que era un fallo que “se veía venir”.Según el exconcejal Claro, hay jurisprudencia y fallos que respaldaban que el exalcalde Hernández no podía ser sancionado por ser un funcionario público por elección.“Es una cosa que se veía venir, porque esto es analogía referencia con lo que llaman jurisprudencia, el mismo caso del presidente Gustavo Petro, donde lo apartan del cargo y lo sancionan disciplinadamente, pero él acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese fue el mismo camino que recorrió Rodolfo Hernández y finalmente revocan la decisión de la Procuraduría”, manifestó Jhon Jairo Claro, exconcejal de Bucaramanga.Dijo que, mientras no se realicen cambios a la política disciplinaria, todos los procesos a funcionarios públicos elegidos por voto popular “se caerán”.“Hasta que el Estado colombiano no haga ajustes a su política disciplinaria, donde quien determine que la sanción disciplinaria le corresponde a la Procuraduría, esta va a ser un juguete del servidor público que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el exconcejal Claro.Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se pronunció a través de su cuenta en X donde escribió: “Con este precedente, se caerán todas las sanciones". Esto quiere decir que nunca la Procuraduría debió inhabilitarlo.Dijo el excandidato presidencial que nunca debió ser inhabilitado.“La procuradora Margarita Cabello ha tenido una sistemática persecución en mi contra, en alianza con la politiquería buscaron sacarme de las elecciones en Santander. Hoy la justicia me da la razón: La Procuraduría no podía inhabilitarme”, escribió Rodolfo Hernández en sus redes sociales.Además, anunció que iniciará acciones legales para ser indemnizado por los daños que le causó la sanción.“Le he pedido el favor a mi equipo jurídico que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado y puntualmente, que busquemos acciones de repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales”, añadió.Y remató diciendo Rodolfo Hernández en sus redes sociales que todo peso que logre ganar por las demandas que iniciará serán donados a causas de beneficencia.“Que los procuradores provinciales y especialmente la procuradora general de la Nación paguen de sus propios bolsillos las ilegalidades que ha cometido para hacerme daño. Cada peso que obtengamos de esas indemnizaciones, los entregaré a causas sin ánimo de lucro en Santander”, aseguró.
Hace un año se conoció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual condena al Estado colombiano por el exterminio contra el partido Unión Patriótica. En el texto se explica que desde 1984, y por más de 20 años, se cometieron diferentes delitos contra militantes y simpatizantes de la UP, dejando al menos 6.000 víctimas en el país, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad, investigar los casos que no han sido esclarecidos y reparar a las víctimas.Tras un año de esta decisión, las víctimas de la UP aseguran que aún no se ha cumplido la sentencia.La Corte, entre otras cosas, había ordenado Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones. También efectuar la búsqueda de los desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, aún hay pendientes por parte del Estado.“Esto significa que ese compromiso político, asumido y expresado de manera reiterada por el presidente no ha tenido una expresión real en la institucionalidad, en que la institucionalidad se acomode para dar cumplimiento efectivo a esta sentencia”, explicó Aponte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contrario a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.La CorteIDH declaró el desacato "debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017.En una resolución publicada este jueves, la CorteIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".La CorteIDH precisó que Perú "ha incurrido en un desacato" de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo."En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023", explica la corte en la resolución publicada este jueves.La CorteIDH también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta.El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que la Corte considere necesario.Fujimori, de 85 años y que cumplía una pena de 25 años de cárcel, salió de prisión el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.El pasado 7 de diciembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, pidió CorteIDH que declarase en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.El Gobierno de Perú, horas después de la liberación de Fujimori, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del Tribunal Constitucional.Le podría interesar:
Luego de que a inicios de este año el Estado colombiano aceptara la responsabilidad de varios miembros del Ejército y la Policía Nacional en diferentes hechos ocurridos en el contexto de la operación Orión, en octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, organismos de justicia internacional tendrán nuevos e importantes pronunciamientos.Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 20 de octubre, hora de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) desde Costa Rica llevará a cabo el acto de notificación de sentencia al Estado por la desaparición en esos operativos de Arles Edison Guzmán Medina, un comerciante que tenía un local de pollo asado en la zona y fue retenido y llevado a un lugar desconocido para posteriormente ser desaparecido.María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y quien ha representado a las víctimas de este caso, le contó a Blu Radio que, tras lo ocurrido, la comunidad se movilizó para encontrar a Arles y dos meses después logró que un exparamilitar, a partir de un croquis, señalara el lugar donde habría sido enterrado su cuerpo, en el sector de La Escombrera."En ese momento el CTI de la Fiscalía hizo una visita, ubicó el posible lugar de enterramiento y el informe técnico determinó que no se podía hacer nada porque había por lo menos dos volquetadas de escombros en la zona señalada", destacó la abogada.Hoy ese sitio se encuentra muy cerca del polígono que cuenta con la medidas cautelares por parte de la JEP, pero con más de 14 metros de altura de residuos depositados allí, por lo que hay expectativa de que el fallo pueda indicar que debe persistir la búsqueda de todas aquellas personas que se presumen están ahí."La Corte puede señalar que la búsqueda no puede cesar, que no se puede limitar únicamente al polígono que está en este momento bajo medidas cautelares, que hay que seguir buscando hasta encontrarlos, esa es la expectativa de las familias", explicó Fallon.A propósito de esa zona con medidas cautelares, recientemente la JEP ordenó en un auto del del 22 de septiembre “a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional, garantizar el cerramiento del polígono denominado “Polígono Nuevo”, y exigió garantías para su conservación, así como el respeto de las correspondientes prohibiciones, por el término señalado”.De igual manera, pidió a las instituciones involucradas en la nueva fase de búsqueda, que comprende la remoción de unos 40.000 metros cúbicos de tierra, presentar un cronograma de actividades en la mesa técnica de este proceso cautelar.Le puede interesar:
La JEP consultará los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS que tienen relación con el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que se registraron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Lo anterior, después de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos en la cual se pedía que las víctimas pudieran tener acceso a dichos archivos; en esta decisión, también se tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones."En lo que atañe al caso concreto, la sala observa que el 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dictó sentencia dentro del Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, declarando al Estado colombiano como responsable por graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985", señaló la JEP en su decisión.Teniendo en cuenta esta sentencia, la JEP determinó que se debe hacer efectivo el derecho que tienen las víctimas a acceder a la información relacionada con los casos de sus familiares y que en su momento tuvo el extinto DAS."Esta sala ordenará a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que comisione a un grupo de funcionarios de Policía Judicial, para que, en el término de 30 días hábiles, (i) adelante la diligencia de acceso y consulta de los archivos relacionados con los hechos del caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. elevado ante la Corte IDH, y (ii) presente un informe de dicha diligencia", ordenó el magistrado Oscar Parra.Con esta decisión se espera que tras el acceso a los documentos las víctimas y la JEP puedan tener más datos que permitan esclarecer esos casos que incluso hoy en día no han sido resueltos, frente a desapariciones que se registraron durante la toma y el operativo de retoma.Le puede interesar:
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este lunes que el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía será el próximo embajador en España y que el empresario Jorge Jaller encabezará la misión diplomática en Venezuela.Los nombramientos fueron anunciados por De La Espriella de manera informal durante el acto conmemorativo del Día de la Independencia que encabezó en Medellín y en el Túnel del Toyo, en el departamento de Antioquia (noroeste), al referirse a ambos como integrantes del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.Mejía, de 63 años y oriundo de Manizales, capital del departamento de Caldas, es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.Fue senador por el partido uribista Centro Democrático durante dos periodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022) y presidió la Comisión Quinta del Senado, que se ocupa de los asuntos agropecuarios, medio ambiente y recursos naturales, entre otros.Antes de llegar al Congreso desarrolló su actividad en el sector agropecuario y participó en la fundación del movimiento Democracia Viva, creado en Caldas e inspirado en el manifiesto programático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe.El año pasado, Mejía fue de los primeros uribistas que dejó las filas del Centro Democrático para sumarse a la candidatura presidencial de De la Espriella.El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, presentó el pasado jueves su renuncia al cargo que, según dijo, se hará efectiva el 6 de agosto, víspera de la investidura de De la Espriella, ante "la senda hacia la que avanza el país".El futuro embajador en VenezuelaPor su parte, Jaller llega a la diplomacia tras una carrera de más de dos décadas en el sector privado, principalmente en el Grupo Éxito, donde desde 2022 ocupó la Vicepresidencia de Retail y estuvo al frente de las operaciones de las marcas Éxito y Carulla.Durante la campaña presidencial, el empresario y abogado hizo parte del equipo de asesores de De la Espriella, aportando su experiencia a la construcción de la propuesta de Gobierno.Las embajadas en España y Venezuela son consideradas dos de las representaciones más relevantes de la política exterior colombiana: la primera por la estrecha relación política, económica y cultural con Madrid, y la segunda por la compleja agenda bilateral con Caracas, que incluye asuntos migratorios, fronterizos, comerciales y de seguridad.En el mismo acto, De La Espriella anunció además la designación de Jaime Uribe como futuro presidente de ProColombia y reiteró que la seguridad será uno de los ejes centrales de su Gobierno.
El delantero colombiano Jhon Durán se unirá a su compatriota Richard Ríos en la plantilla del Benfica, al que llega cedido por el Al Nassr saudí, según anunció este lunes el club portugués.En un comunicado publicado en su página web, el Benfica informó de que el periodo de cesión se prolongará hasta el final de la próxima temporada y que pagará a los saudíes 6,1 millones de euros por la transacción.Además, el acuerdo con el Al Nassr, en el que milita Cristiano Ronaldo, incluye una opción de compra por Durán de 30 millones de euros.Jhon Durán, de 22 años, intentará en Lisboa pasar página tras la reciente inestabilidad vivida en su carrera, con breves cesiones al Fenerbahçe turco y al Zenit ruso marcadas por polémicas fuera del terreno de juego, como ausencias en los entrenamientos.El internacional colombiano destacó a las órdenes del Aston Villa, pero en la temporada en la que se consagró en el club inglés decidió marcharse al Al Nassr saudí, donde empezó bien, aunque acabó perdiendo protagonismo.Un buen rendimiento con la camiseta del Benfica también podría abrirle las puertas para volver a la selección de Colombia, tras haber quedado fuera de la convocatoria definitiva del seleccionador Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026.La Liga de Portugal suele ser un terreno fértil para los futbolistas colombianos y actualmente cuenta con jugadores como Ríos o el delantero del Sporting Luis Suárez, máximo goleador de la competición en la pasada edición.James Rodríguez, Radamel Falcao o Jackson Martínez fueron otros de los 'cafeteros' que alcanzaron el éxito en el campeonato luso.
Mandatarios del Valle del Cauca respaldaron la posibilidad que una de las bases militares del suroccidente del país sea la escogida por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para realizar su acto de posesión el próximo siete de agosto.El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que el Pacífico, siendo una región olvidada en materia de seguridad, es la opción más adecuada para realizar la ceremonia."Bienvenido el presidente De La Espriella si se quiere posesionar en nuestra región, sea en Cali, en el Valle, en el Cauca, en Nariño. Esta es una de las regiones más pujantes de Colombia y de las más olvidadas en materia de seguridad y en otros tipos de inversión. Entonces celebro que el presidente esté considerando posesionarse en nuestra región", dijo Eder.Mientras tanto la gobernadora del Valle indicó que hacerlo en cualquiera de las bases militares de Cali mandaría un mensaje contundente a los grupos armados."Yo creo que sería un mensaje muy importante porque las dos, tanto la Base Aérea como la Tercera Brigada han tenido actos terroristas. Dos en la Brigada y uno en la Fuerza Aérea. Sería muy importante, pero bueno, eso es una decisión del presidente y nosotros no queremos inmiscuirnos en esas decisiones", señaló Toro.La mandataria vallecaucana señaló que hasta ahora no se tiene una fecha definida para el empalme regional que el presidente electo está adelantando en todas las regiones del país.
Cientos de caleños llegaron este lunes festivo hasta la Avenida Sexta para asistir al desfile Militar y Policial en la celebración del 20 de Julio en la capital vallecaucana. Con camisetas de Colombia, banderas, cornetas y múltiples aplausos, manifestaron su respaldo a la fuerza pública.El recorrido se desarrolló desde la plazoleta Jairo Varela en el centro de la ciudad, hasta el CAI de Chipichape, en el norte de Cali, y contó con la participación de más de 1.200 uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. El desfile finalizó con una presentación de la orquesta de la Policía Metropolitana y en completa normalidad por parte de los asistentes."Me siento muy grato de venir y apoyar a mis Fuerzas Militares, sabiendo que ellos son los que se encargan día a día, dejando a sus familias atrás, a sus hijos, para ir a cuidarnos a nosotros", señaló Juan Bedoya, uno de los asistentes.Fueron decenas las familias que asistieron al sitio del desfile desde el cetro hasta el norte de Cali, para juntos enviar un mensaje de apoyo a los miembros de la fuerza pública que se encontraban en el recorrido. "Esto es honrarlos a ellos, agradecerles todo lo que hacen por nosotros todos los días, 365 días del año 24-7. Esto es una manera de venir a agradecerles a todos ellos que dan la vida por el país", señaló Andrea Larrahondo, asistente del desfile.La jornada en el norte de Cali finalizó sin contratiempos y una vez terminado el desfile, la movilidad se restableció sobre la avenida Sexta, tanto para los vehículos particulares, como para el transporte público.
El Real Madrid ha posicionado a Rodri Hernández, mediocentro del Manchester City y figura clave de la selección española, como un objetivo potencial para reforzar su plantilla. Aunque el conjunto blanco explora diversas opciones en el mercado, la posibilidad de fichar al centrocampista madrileño ha cobrado fuerza en las últimas horas debido a los deseos del jugador por recalar en el Santiago Bernabéu.De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el futbolista tiene sobre la mesa una propuesta formal de renovación por parte del Manchester City. No obstante, el mediocentro mantiene la ilusión de vestir la camiseta madridista. El mismo periodista asegura que a Rodri "le encantaría unirse" al club merengue y que estaría "soñando con esta oportunidad" profesional de cara al futuro.A pesar del interés del jugador, la operación se encuentra actualmente en un punto muerto. La principal traba reside en la postura de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. De acuerdo con lo reportado por la citada fuente, el dirigente no está plenamente convencido de abordar esta incorporación en este momento, lo que mantiene la negociación en un estado frío. La directiva prefiere mantener cautela y evaluar todas las variables deportivas y financieras antes de realizar cualquier movimiento oficial.Este interés por Rodri se suma a otras figuras de la selección española que han sonado recientemente para reforzar al vigente campeón de Europa, como Marc Cucurella. El Real Madrid perfila así una estrategia orientada a incorporar talento nacional que encaje en su proyecto deportivo a largo plazo."La derrota del empresario alicantino ante Florentino Pérez dejó en 'stand-by' una situación que, a día de hoy, continúa igual. A Rodri le queda un año de contrato con el City, pero ambas partes parecen preparadas para separar sus caminos. Camino, el del jugador, que no parece tener como destino final el Santiago Bernabéu", indicaron desde Marca sobre estos rumores.Por ahora, el futuro de Rodri sigue ligado al Manchester City, donde fue pieza fundamental para Pep Guardiola. La posibilidad de un traspaso dependerá estrictamente de que la postura de la presidencia madridista cambie en los próximos días. Mientras tanto, el club continúa monitoreando el mercado en busca de oportunidades que fortalezcan su plantilla para los retos de la temporada, entre ellos, Olise, otra figura del Mundial.