El Estado colombiano, a través de la Agencia de Defensa Jurídica, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara frente a las reelecciones presidenciales en América Latina y estableció que estas violan los derechos fundamentales. Lo cual confirma que en países como Bolivia, Venezuela o Nicaragua, podrían ser considerados como vulneradores de los derechos humanos.El pronunciamiento jurídico se constituye en un referente jurisprudencial para la región, según indicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate.“Esta es una decisión trascendental porque define un precedente hacia el futuro es uno de los pronunciamientos de mayor trascendencia en la defensa de la democracia en América Latina y, sin duda alguna, marca un hito en el sentido de establecer con mucha precisión y claridad que la protección de los derechos humanos tiene como base fundamental la democracia y la democracia tiene a su vez como fundamento que no haya una perpetuación en el poder, como lo han intentado en Venezuela o Nicaragua”, indicó.A su vez, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó la decisión y señaló: “trascendental decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los magistrados dictaminaron que permitir la reelección presidencial indefinida es contrario a obligaciones regionales de derechos humanos. Esta decisión deja sin piso a varios autócratas que han tergiversado los DDHH para aferrarse al poder”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles la respuesta "desproporcionada" y "letal" de las fuerzas estatales frente a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el gobierno, luego de una visita extraordinaria al país."La Comisión constató que de manera reiterada, en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal", dijo la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, durante una rueda de prensa virtual en Washington.La Comisión presentó un informe de 48 páginas con las denuncias de violaciones a los derechos humanos recogidas durante su visita a Colombia entre el 6 y el 10 de junio en medio de una severa crisis provocada por el descontento hacia el gobierno de Iván Duque.Tras escuchar a más de 500 personas, la CIDH recomendó al Estado colombiano respetar el derecho a manifestarse, el "cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza", separar a la policía del ministerio de Defensa, "abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protesta", proteger a los periodistas que son blanco frecuente de agresiones, reparar a las víctimas, entre otras sugerencias.El presidente Duque aseguró de su lado que es "respetuoso de la protesta pacífica". pero no de los "actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos" viales."Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad", aseguró el mandatario conservador en Bogotá.- Brutalidad policial -El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. La represión avivó el malestar social dando lugar a un movimiento de rechazo a la gestión de Duque durante la pandemia.Las protestas han sido en su mayoría pacíficas (89%), aunque se han presentado cortes de rutas, disturbios y choques entre civiles y la fuerza pública, según la CIDH.Más de 60 personas han muerto en medio de la crisis, según la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles, aunque la Comisión denunció "inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado".La policía está en la mira de la comunidad internacional por excesos y abusos contra los manifestantes.Duque, aprovechando la visita de la CIDH, anunció un plan para "modernizar" la fuerza policial en derechos humanos, sin sacarla de la tutela del ministerio de Defensa como exigen los manifestantes, ante el trato militar que recibieron."La Comisión observa con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social. Al respecto, reitera que los desacuerdos se dan entre personas que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir", indicó en el informe.No obstante las denuncias recabadas por los comisionados durante su visita, el gobierno enfatizó este miércoles en que el "uso de la fuerza" se da en "eventos (...) excepcionales" bajo el principio de "legalidad".- Cortes de ruta -El informe de la CIDH recoge las denuncias del gobierno sobre las "infiltraciones de las protestas de terceros armados".Según autoridades, grupos dedicados al narcotráfico y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país, se camuflan entre los manifestantes para generar caos.En cuanto a los cortes de rutas el gobierno insistió en rechazarlos, por poner "en riesgo la vida, salud y subsistencia de los ciudadanos".La CIDH por su lado recomendó evaluarlos "caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros".El reporte destaca también denuncias sobre agresiones a mujeres, indígenas, afros, personas LGTBI y recomienda un "diálogo efectivo e inclusivo" para salir de la crisis.La CIDH "constató con suma preocupación la existencia de un clima de polarización (...) que se manifiesta en discursos estigmatizantes" que en ocasiones "provienen de autoridades públicas", añadió.El frente más visible de las movilizaciones suspendió las protestas hasta el 20 de julio, aunque marchas menos concurridas persisten con otros liderazgos.Los manifestantes exigen un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, la pobreza (42%) y el desempleo (16,6).
Tras conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentado este miércoles sobre la visita a Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que adoptarán las recomendaciones presentadas por el órgano internacional.“Agradecemos a la CIDH el informe ponderado, riguroso y propositivo. En consecuencia, adoptaremos todas las recomendaciones presentadas”, dijo.Estas son algunas de las medidas que anunció la alcaldesa después del informe de la CIDH:Fortaleceremos la metodología para la identificación de los casos de abuso policial y personas lesionadas a través de la mesa de trabajo de seguimientos a casos de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública.Reforzaremos las competencias humanas y profesionales del equipo de diálogo social y gestores de convivencia en resolución de conflictos, enfoque diferencial y de género, y garantías al derecho de la protesta.Restructuraremos los procesos de formación en DD.HH para la Policía Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento de las organizaciones de DDHH que hacen parte de la Mesa Distrital del Decreto 563 de 2015.Crearemos en la Secretaría de la Mujer un equipo especializado para la atención de casos de vulneración de derechos a mujeres y violencias basadas en género durante manifestaciones de protesta social.Haremos una rendición de cuentas en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá sobre los casos registrados de vulneración de derechos durante las protestas y actuaciones del Esmad.Haremos las disposiciones presupuestales necesarias para que los integrantes del Esmad en la Policía Metropolitana de Bogotá que operen armamento de letalidad reducida deban portar, usar y registrar Bodycams (cámaras corporales) de tal manera que se registre todo su accionar y procedimientos.La Alcaldía solicitó el acompañamiento de la CIDH de forma especial para la implementación de las recomendaciones y medidas en Bogotá.Por último, señaló la mandataria que “reiteramos la solicitud al Gobierno y a la Policía de restringir el uso de balas de goma por parte del Esmad que contengan fragmentos de goma, dada la grave y evidente violación de Derechos Humanos por lesiones faciales y oculares a nuestros ciudadanos”.
Bob Menéndez y Marco Rubio encabezan la lista de 13 senadores de ambos partidos en Estados Unidos que en una carta al presidente Joe Biden le piden apoyo a Colombia ante “la combinación sin precedentes de una cantidad de retos que hoy está enfrentando el país”.La carta con fecha de este miércoles 7 de julio se conoce justo cuando la CIDH entregó 40 recomendaciones al gobierno del presidente Duque en materia de Derechos Humanos frente a la crisis que vive Colombia por las protestas y los hechos violentos de los últimos dos meses.“Durante este periodo de protestas, hemos estado preocupados por los incidentes violentos contra los protestantes. Apoyamos el compromiso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para promover la defensa de los DD.HH. e investigar los incidentes recientes”, dicen.Sin embargo, también celebran que el gobierno colombiano hubiera condenado casos de abuso y que esté investigando los incidentes relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado, así como “evidencia significativa de civiles utilizando armas letales contra los protestantes pacíficos”, dicen los congresistas.La carta va más allá y habla de la grave crisis económica por la que atraviesa el país resultado de la pandemia que “llevó a 3.6 millones de colombianos a caer en la pobreza extrema el año pasado”. Además, habla de los esfuerzos del país para enfrentar la migración masiva de venezolanos que a diario escapan del régimen de Nicolás Maduro y piden al gobierno Biden apoyo irrestricto para garantizar la construcción de una paz duradera.“La relación entre Estados Unidos y Colombia y la seguridad de los colombianos debe trascender cualquier filiación política. Nuestra relación se ha concentrado en un interés común por promover la paz y la estabilidad de Colombia, sus vecinos y la región en general”, dice la misiva.
En medio de las protestas que se registran en varias zonas del país contra el Gobierno nacional, por parte de jóvenes que siguen bloqueando y movilizándose, un grupo de intelectuales, artistas y académicos se unieron a la Coalición de la Esperanza. Los firmantes de la misiva, pidieron escuchar a los manifestantes que continúan en las calles.“En todo el mundo, la emergencia de una profunda fractura social. En España, Francia, Venezuela, Nicaragua, Brasil o Perú estamos observando sociedades profundamente fracturadas e incapaces de construir los consensos nacionales necesarios para responder a las inquietudes ciudadanas”, dice la comunicación.Los firmantes aseguraron que la “polarización política (…) está abriendo las puertas a soluciones falsas, tales como los populismos de derecha (Trump, Le Pen o Bolsonaro) o los populismos de izquierda (Ortega o Maduro)”.“Ni fractura nacional, ni falsas salidas populistas: Colombia requiere hoy en día un proyecto político y social que aglutine al país en torno a unas propuestas de transformación social viables y responsables”, añadieron.La comunicación asegura que es posible construir en Colombia una sociedad más justa y democrática, “sin odios y en paz, si somos capaces de escuchar a la ciudadanía y tramitar sus demandas con propuestas serias, con un uso legítimo de la fuerza, una profunda renovación de la política y un serio compromiso ético”.“Una Colombia comprometida con la equidad de género, la protección de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y una política exterior respetuosa de la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias”, agrega.Conozca los intelectuales, académicos, artistas, líderes y empresarios que firmaron la misiva:1. José Antonio Ocampo, exministro y profesor de la U. de Columbia2. Rodrigo Pardo, excanciller y periodista3. Patricia Lara, columnista de El Espectador4. Pilar Gaitán, exvicecanciller e internacionalista5. Beatriz Quintero, activista feminista6. María Teresa Garcés, abogada, exconstituyente7. Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, Foro Nacional Ambiental8. Julio Carrizosa, ambientalista9. Ernesto Guhl, ambientalista y profesor universitario10. Eduardo Pizarro, profesor emérito U. Nacional11. Clemente Forero, profesor Titular de la U. de los Andes e investigador Emérito12. Alejandro Reyes, experto en temas agrarios13. Santiago Pombo, editor14. Yesid Reyes Alvarado, docente15. Carlos Arcesio Paz, empresario16. Julio Londoño, excanciller e internacionalista17. José Fernando Isaza, exministro y exrector18. Amylkar Acosta, economista y exministro de Minas19. Juan Mayr, exministro de Medio Ambiente20. Frank Pearl, exministro de Medio Ambiente y exComisionado de Paz21. Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura22. Carlos Ronderos, exministro de Comercio Exterior23. Jorge Eduardo Cock, exministro de Minas y Energía24. Griselda Janeth Restrepo, exministra25. Luis Emil Sanabria, exdirector redepaz26. Ignacio Mantilla Prada, doctor en matemáticas y exrector de la U. Nacional27. Darío Valencia, exrector U de Antioquia, U. Nacional Medellín, exgerente EPM28. Brigitte Baptiste, rectora EAN29. Alfonso Reyes, Rector U. de Ibagué30. Álvaro Beltrán Pinzón, Exgobernador y exrector UIS31. Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional32. Alonso Salazar, exalcalde de Medellín33. Laura Gil, internacionalista34. Aura Lucía Mera, periodista35. Daniel Pombo, director expansión internacional de Hopper36. Francisco Thoumi, exmiembro de la Junta de Fiscalización de Drogas ONU37. Mauricio Cabrera, columnista de El País, Portafolio y Vanguardia38. María del Rosario Aguilar, profesora de literatura de la U. Nacional39. Sonia Durán, politóloga, exembajadora.40. Gilberto Barajas, presidente de ASOPARTES41. Ernesto Azuero Pallie, industrial, exdirector Cámara de Comercio de Bucaramanga42. Gloria Arias, médica, defensora de paz.43. Aurelio Suarez. Ingeniero, columnista y panelista44. Santander Durán Escalona, músico Rey Vallenato45. Andrés Hoyos, fundador y director de la revista Malpensante.46. Gabriel Iriarte, editor47. Diego Betancur, exembajador, director Futurible48. Juan Carlos Ramirez exdirector del DNP y exembajador49. Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones50. Francisco Leal, profesor Honorario U. Nacional y U. de los Andes51. Magdalena León, feminista, profesora Titular U. Nacional52. Carlos Vicente de Roux, exjuez Corte Interamericana de Derechos Humanos53. Ricardo Villaveces, economista, exdirector de Asocaña54. Carlos Roberto Pombo, presidente Sociedad Mejoras y Ornato55. Víctor Baena López, presidente honorario CGT56. José Diógenes Orjuela, secretario general CUT57. Rosa Elena Flórez González, secretaria general CTC58. Oscar Gutiérrez, director ejecutivo Dignidad Colombiana Agropecuaria59. Orlando Beltrán Cuellar, excongresista dirigente Dignidad Colombiana Agropecuaria60. Jennifer Pedraza, exrepresentante Consejo Superior de la U. Nacional61. Daniela Álvarez, expresidenta Consejo estudiantil U. de los Andes62. Mareo Hoyos López, expresidente Consejo estudiantil U. de los Andes63. María José Muñoz, representante al Consejo Superior de la U. de los Andes64. Sara Sofía Abril, exrepresentante Consejo Superior U. Nacional65. Hami Gómez, representante Consejo Superior U. Nacional66. Alejandra Sánchez, exrepresentante Consejo Directivo de U. Javeriana67. María Fernanda Arteaga, exrepresentante Consejo Superior U. de Nariño68. Elizabeth Ungar, analista política69. Juan Antonio Pinto, dirigente gremial, exembajador70. Santiago Perry, Corporación Desarrollo Sostenible Pequeños Productores Rurales71. John Sudarsky, Corporación para el Control Social (Contrial)72. Estela Vargas , exembajadora73. Gloria Triana , exembajadora74. Iván Orozco, profesor universitario75. Álvaro Tirado, historiador, exembajador76. Gonzalo Andrade, Director del Instituto de Ciencias Naturales, U. Nacional77. Edgar Revéiz, investigador emérito78. José Félix Cataño, profesor de Economía, UN.79. Gabriel Cifuentes, profesor universitario80. Gonzalo Hernández, profesor asociado U. javeriana81. Hernando Corral, periodista82. Juan Pablo Ruiz, ambientalista83. José Bernardo Saldarriaga, ambientalista84. Santiago Uribe Londoño, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia85. Jaime Moreno García, exvicepresidente del Consejo de Estado86. Andelfo García, diplomático e internacionalista87. Alonso Ojeda, defensor de derechos humanos88. Gustavo Moreno, consultor, columnista del Nuevo Siglo89. Andrés Franco, profesor titular UJTL90. Jorge Iván González, profesor U. Externado91. Ernesto Lleras, profesor U. de los Andes92. Armando Borrero, profesor y exconsejero para la Defensa y la Seguridad93. Martha Ardila, internacionalista docente U. Externado94. Soraya Caro, docente e investigadora U. Externado95. Jorge Restrepo Potes, columnista del País96. Juanita Castaño, socióloga97. Agustín Vélez, economista98. Patricia Llinás, directora de teatro99. Germán Jaramillo, actor y director de teatro Nueva York100. Felipe Arango, pintor, presidente de la Unión Nacional de artistas101. Paul Aguas Sierra, exvicepresidente Ecopetrol102. Henry Ramírez, empresario103. Andrés Camilo Parra Rueda, empresario, dirigente gremial104. Emanuel Herrera Argote, medico, expresidente FEDAGRO105. Luis Ángel Villar Centeno, investigador UIS106. Leonidas Gómez Gómez , empresario, exsenador107. Bernardo Useche, Colegio Colombiano de Psicólogos108. Enrique Daza Gamba, director Cedetrabajo109. Rebeca Puche, investigadora emérita Colciencias110. Augusto Martínez, empresario, exdirector Cámara de Comercio de Bucaramanga111. Yenni Katherine Mariño, UIS112. Rodrigo Quintero, constructor de paz113. Ingrid Acosta, politóloga114. Alberto Lara, consultor internacional115. Ana Cristina González, médica feminista, doctora en bioética116. Darío Valderrama, profesor de economía, U. de Antioquia117. Jorge Lotero, profesor de economía, U. de Antioquia118. Tiberio Hernández, profesor de ingeniería, U. de los Andes119. Solangel Rochels, médica oftalmóloga120. Claudia Mejía, abogada feminista, defensora de DDHH121. Hernán Jaramillo, profesor honorario de Economía, U. del Rosario122. Beatriz Elena González, investigadora y consultora.123. Gonzalo Hernández, profesor U. Javeriana124. María Antonia Garcés, profesora emérita Cornell University125. Gabriel Carrasquilla, médico, director de ASIESALUD126. Horacio Brieva Mariano, periodista y columnista del Heraldo127. Oscar López Pulecio, Columnista del País y de Las 2 Orillas128. María Luisa Ortega , profesora U. de los Andes129. Marta Lucía Márquez, profesora U. Javeriana130. Marcela Romero de Silva, abogada131. María Victoria Caicedo, biblioteca ONG132. Gladis Becerra , economista133. José Fernando Ángel Pérez, arquitecto urbanista134. Juan Bernardo Gálvez Vásquez, consultor135. John Arbeláez, politólogo U. Javeriana136. Diego Luis López Echeverri, historiador137. Iván Garzón, Vallejo , docente y escritor138. Mario Alejandro Valencia, docente y columnista de el Espectador139. Diego López, historiador140. José Antonio Mejía, exalcalde de Manizales141. Agustín Moreno Aristizabal, dirigente deportivo142. Jairo Paredes, Columnista, profesor de la U. del Norte143. Ramón Palacio, historiador, presidentes Sociedad Bolivariana de Magdalena144. Guillermo Maya, Profesor U. Nacional, columnista del Tiempo145. Reinaldo Spitaletta, Escritor, y columnista146. Juan Carlos Gaviria, abogado , profesor universitario147. Andrés Moure, actor, director de teatro Medellín148. Luis Orlando Aguirre, representante profesores Consejo Suprior UIS149. Natalia Gaviria Gómez , profesora U. Antioquia150. Ximena Gaviria Gómez, profesora, U. de Medellín151. Liliana Chaves Castaño, profesora U. de Antioquia152. Gladys Becerra, economista153. Blanca Ballesteros de Valderrama, independiente154. Angela Cuevas, comunicadora social155. Wilson Heyder Perez, ingeniero electricista156. Gloria Castro, maestra de ballet157. Blanca Cecilia Orozco, psicóloga, Corporación Niñez y Conocimiento158. María Diva Santiago, emprendedora
Avanza la maratón de aprobación de proyectos antes de que finalice el periodo legislativo en el Congreso y este 16 de junio fue aprobada la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría, también el proyecto de transición energética, la reforma el Estatuto Orgánico de Bogotá y quedó a la mitad el proyecto que reduce la jornada laboral.El primer proyecto aprobado en las plenarias de Senado y Cámara que estaban en el primer punto del orden del día, fue el de la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría, que acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020. Allí la procuradora Margarita Cabello dijo “que evitará la prescripción de más de 10.000 expedientes disciplinarios”.Con esta iniciativa se le otorgan a la Procuraduría funciones jurisdiccionales y de policía judicial, además, se le otorga al presidente de la República facultades extraordinarias para aumentar la planta de personal de esta entidad hasta en 500 personas. Esta iniciativa tendrá que aprobar las conciliaciones en Senado y Cámara y luego pasará a sanción presidencial.El proyecto de transición energética fue aprobado en la plenaria del Senado y solamente le faltará superar la plenaria de la Cámara, su ponente fue el senador José David Name, del Partido de la U.“Con este proyecto de ley buscamos reducir la alta dependencia que tenemos de fuentes no renovables (fósiles), a través de la incorporación de combustibles limpios al sistema energético, para disminuir las emisiones de gases contaminantes y los efectos del calentamiento global. Lo que también nos permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del estado colombiano frente al Acuerdo de parís, la NDC de Colombia y los ODS, objetivos de desarrollo sostenible, que son obligatorios a partir de la incorporación de Colombia en la OCDE”, expresó el senador.Otro proyecto aprobado en la plenaria del Senado fue la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Allí el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicó que el número y límite de las localidades de Bogotá será actualizado en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial, también se creará a cero costos un gabinete por localidad, liderado por el alcalde local y conformado por los delegados de cada secretaría distrital en el territorio.Algo que estipula este proyecto es que semestralmente habrá una reunión entre el Gabinete Distrital y los alcaldes locales para darle seguimiento y solución a los problemas de las localidades. Adicionalmente, se aumentan los recursos anuales mínimos a las localidades, pasando del 10% al 12% del total del presupuesto distrital, finalmente estipula que los alcaldes locales tendrán los mismos requisitos que los secretarios de despacho para su nombramiento y las alcaldías locales serán las principales promotoras de la participación ciudadana.Por último, en su último debate, el proyecto de ley que busca reducir gradualmente de 48 a 42 horas la jornada laboral, sin afectar el salario de los trabajadores, este es un proyecto del exsenador Álvaro Uribe y se terminará de debatir este 17 de junio.Bruce Mac Master, presidente de la Andi, pidió que no sea aprobado el proyecto que busca reducir la jornada laboral, porque, según él, esto generaría la pérdida de 500.000 puestos de trabajo.
La plenaria del Senado aprobó el proyecto de reforma al código disciplinario de la Procuraduría con 53 votos contra 9, mientras que la plenaria de la Cámara lo aprobó con 102 votos contra 28, ahora faltará la conciliación de textos para que pase a sanción presidencial.Con esta iniciativa se le otorgan a la Procuraduría funciones jurisdiccionales y de Policía Judicial, además se le otorga al presidente de la República facultades extraordinarias para aumentar la planta de personal de esta entidad hasta en 500 personasEl senador Fabio Amín, coordinador ponente del proyecto, afirmó que la aprobación del mismo evitará que miles de procesos queden en la impunidad.“Si no aprobamos esta ley se echan a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer que, de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la ley 1952 que es el código general disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80% de los procesos que adelanta la entidad”, indicó.Un punto que tuvo largo debate fue el de las facultades y los ‘poderes’ que se le otorgan a la Procuraduría. El senador explicó lo siguiente:“Hoy la Procuraduría tiene funciones de policía judicial y lo que hacemos nosotros es impedir que sean delegadas y las acotamos solo en cabeza del procurador general de su despacho”, mencionó.La senadora Angélica Lozano criticó estos artículos porque se le estarían entregando herramientas a la Procuraduría para perseguir a la oposición.“Son exorbitantes las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría porque no son excepcionales, no tienen reglas. Este proyecto va a generar una sanción al Estado colombiano y es una amenaza a los servidores públicos”, puntualizó.Un artículo polémico fue el de las facultades extraordinarias que se le otorgarán al presidente de la República en el que por seis meses podrá reestructurar la Procuraduría y aumentar en 500 los cargos nuevos. Sin embargo, uno de los críticos más fuertes fue el Centro Democrático.El representante Gabriel Santos dijo que "no era conveniente". “Estamos enfrentando una de las crisis más graves del país y si le damos facultades al presidente puede resultar ampliando la planta de personal o por el contrario queremos mandarle un mensaje a los contribuyentes, quienes están exigiendo que hagamos un buen manejo de las contribuciones y se vaya al gasto social. Pedimos que haya racionalidad en el gasto”, afirmó.Durante la discusión de esta iniciativa, que busca implementar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favoreció a Gustavo Petro, justamente el senador dijo que esta iniciativa iba en contravía al fallo y advirtió que se estaba incumpliendo la sentencia.Por otra parte, el congresista de la Colombia Humana insistió en que esta aprobación "era un desacato".“El desacato es delito, la sentencia de la Corte Interamericana pertenece al bloque de constitucionalidad de Colombia, a nuestra jurisdiccionalidad. La Corte Interamericana es parte del bloque de constitucionalidad por tratado hecho ley y por la Constituyente del 91”, dijo Petro.Finalmente, Gustavo Petro se refirió al exprocurador Alejandro Ordoñez, quien en su momento lo sancionó y lo llamó ‘violador de Derechos Humanos’.“Los derechos políticos son derechos humanos, los que violan los derechos políticos son violadores de derechos humanos, el señor Ordóñez es un violador de derechos humanos”.
La Procuraduría reiteró la urgencia de aprobar el proyecto de ley que cursa en el Congreso para evitar la prescripción de más de 12.000 procesos que se encontrarían en riesgo de quedar en la impunidad. A ello se le suma que actualmente no es claro el juzgamiento de funcionarios elegidos popularmente.En diálogo con BLU Radio, la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Sonia Téllez, explicó que, de no aprobarse la reforma antes del 1 de julio, entraría a regir el código disciplinario único que fue aprobado en 2019 y que establece la prescripción del término de 5 años para más de 12.000 procesos de funcionarios elegidos popularmente.“El proyecto que está radicado lo que pretende es volver a aplicar la ley 1474 de 2011, que hoy está vigente, en la medida en que existan plazos mayores para efectos de la investigación y una respuesta clara desde el Estado contra la corrupción. De ahí creemos que algunos sectores están interesados en generar controversia por una supuesta ampliación de cargos, como una cortina de humo, para que esta reforma no pase en el Congreso de la República y, por eso, esperamos que su aprobación sea una respuesta contra la impunidad”, indicó la delegada.De no aprobarse el proyecto también quedaría en el limbo la manera en que la Procuraduría juzgaría disciplinariamente a senadores, concejales, gobernadores y alcaldes ya que, de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, la Procuraduría solamente adelantaría la investigación, pero no podría fallarlo sino que debería entregárselo a un juez y este tema aún no está consagrado en la ley.
Este miércoles, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, se reunió con la comisión de paz del Congreso, quien pidió en la mañana de este miércoles llevar los hechos de violencia a las cortes internacionales.El anuncio lo hizo Roy Barreras, presidente de la comisión de paz, quien aseguró que se debe revisar con objetividad lo que ha ocurrido en Colombia.“La segunda cosa es que se escale ante las cortes internacionales las consecuencias jurídicas de un gobierno indolente que decidió reprimir la protesta de manera brutal. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional”, aseguró.Por otro lado, la CIDH también se reunió con algunos congresistas como Edwin Ballesteros, representante a la cámara por el Centro Democrático, quien aseguró que fue una reunión productiva con la presidenta de la CIDH en donde se escucharon de todos los partidos que hacen parte del Congreso de la República, la realidad de lo que constituye el país.El representante aseguró que respetan las manifestaciones pacíficas, pero rechazan los actos vandálicos que pretenden incendiar la democracia del país, ilegitimando el buen ánimo del Gobierno Nacional de dialogar.Por su parte, Iván Cepeda aseguró que le pidieron a la CIDH que se conforme un grupo interdisciplinario de expertos independientes que produzca un informe detallado sobre estos hechos y formular recomendaciones para que “Colombia deje de ser un Estado violador de derechos humanos”.
Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario, que busca atender el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Dentro de la última jornada de debate que se extendió por casi 8 horas, uno de los temas que generó más polémica fue el artículo que le otorga facultades al Presidente de la República, para aumentar la planta de personal de la Procuraduría General, y crear nuevos cargos, si es necesario, uno de los críticos de este artículo fue el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático.“Me pregunto yo, cuál es la intención del Gobierno no sólo de apoyar un proyecto que venga con esto sino de meterle un mensaje de urgencia, en la actualidad uno escucha a ministros del despacho salir a hablar de austeridad y ese proyecto entregándole esa carta blanca al Presidente de la República para que aumente la planta de la Procuraduría pues va en todo el sentido contrario”, explicó.Uno de los ponentes de esta iniciativa, el senador Fabio Amín, del Partido Liberal afirmó que se ha estipulado que se generará el menor gasto posible para cumplir con los cambios en el personal que se necesiten.“Se ha logrado la mejor redacción tanto para las facultades, como para el artículo de provisión de empleos, esa ha sido la voluntad y la vamos a cumplir, de que este proyecto tenga el menor costo fiscal posible”, añadió.La aprobación de este artículo fue apoyada por los sindicatos de la Procuraduría, Ana Rosa Cely, explicó que, aunque son 4.500 trabajadores, en algunas ocasiones no es suficiente el personal.“Mientras que otras entidades que llevan muchísimo menos tiempo, nos duplican y triplican en sus nóminas, por eso nosotros no estamos hablando de la creación de tantos cargos como se menciona, estamos pidiendo las herramientas suficientes de personal para hacer la tarea encomendada”, puntualizó.Finalmente, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, dijo que es necesario que estos funcionarios sean elegidos por mérito.“También somos conscientes de que, en algunos funcionarios, seguramente los de juzgamiento, es necesario ser conscientes y entender que esos funcionarios no los debe elegir el procurador a dedo, sino que deben ser elegidos por méritos, porque eso es lo correcto, lo ético y lo transparente y eso queda incluido en este proyecto”, mencionó.Durante esta sesión, se alertó que de no aprobarse esta reforma, se corre el riesgo de que miles de procesos prescriban, por tal motivo la procuradora general dijo que la urgencia de aprobar esta reforma es que al entrar en vigencia el 1 de julio el nuevo código disciplinario prescribirían cerca de 10.000 procesos y otro tanto ocurrirían en las oficinas de control interno, personerías y Comisión de Disciplina Judicial, lo cual abriría el paso a la total impunidad, lo cual se quiere evitar con la presentación de este proyectoOtro motivo de urgencia es porque el 18 de agosto el Estado debe rendir el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y hasta ahora no se ha hecho, según manifestaron algunos congresistas.Sin embargo, la jefa del Ministerio Público les salió al paso a las declaraciones hechas por la oposición y aseguró que con la reforma solamente se restructurará y reorganizará la planta de personal existente y de acuerdo con las necesidades del servicio se optimizará el talento humano.“No es cierto lo que están diciendo ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría, lo que se pretende es que al dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de separar funciones entre investigadores por un lado y juzgamiento por otro lado implica hacer una restructuración interna dentro de la propia procuraduría”, aseguró la procuradora.Explicó que alrededor de la reforma al Código Disciplinario se han tejido rumores buscando satanizarla y lo cierto es que ésta solo fortalece las capacidades de la Procuraduría para permitirle continuar haciendo su trabajo de evitar la impunidad.Igualmente, explicó que los objetivos principales de la reforma son dar aplicación a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el juzgamiento de servidores públicos de elección popular, de manera que se puedan otorgar garantías que impidan la violación de sus derechos y también la garantía de doble instancia y separación de funciones entre la investigación y el juzgamiento.Ahora este proyecto pasará a debate en las plenarias de Senado y Cámara, en donde se espera que sean aprobadas para que se convierta en Ley y se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro.
Este domingo, 26 de septiembre, fue un día en el que los movimientos telúricos sacudieron a Colombia en diferentes regiones del país. En total se registraron tres sismos que pusieron en alerta a las autoridades y generaron susto entre los diferentes ciudadanos. El primer temblor se registró hacia las 3:47 de la tarde en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, y tuvo una magnitud de 4.0 grados. El segundo sismo tuvo lugar en el municipio de Betania, en Antioquia, donde las personas afirmaron haber sentido el temblor en varios municipios del departamento. De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, este evento ocurrió hacia las 7:10 de la noche y tuvo una magnitud de 3.9 grados. Entre tanto, en el municipio de Toledo, Norte de Santander, se registró un temblor de 3.4 grados hacia las 8:02 de la noche.De acuerdo con las autoridades, este sismo fue superficial con una profundidad menor a 30 kilómetros. Ante esto, las autoridades de gestión del riesgo se mostraron en alerta y activaron sus protocolos para tratar de establecer si hay algunas edificaciones afectadas.
En el departamento del Meta, en el sector del Rubí, el soldado profesional Jaime Andrés Rodríguez San Juan de 26 años, murió tras pisar una mina antipersonal.El joven soldado, que llevaba 6 años en la institución, falleció cuando desarrollaba operativos contra un cabecilla que hace parte de una comisión de la estructura de alias 'Gentil Duarte', máximo jefe de las disidencias de Las Farc.Cuando se activó la mina, otro de los soldados que estaba en la ofensiva militar, resultó gravemente herido por las esquirlas y fue trasladado hasta Florencia, Caquetá.En la zona fronteriza entre el Meta y Caquetá, más de 8 mil hombres avanzan con todas sus capacidades para dar con la ubicación de alias 'Gentil Duarte'.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Un nuevo sismo sacudió a Colombia en el transcurso de este domingo, 26 de septiembre. Según el Servicio Geológico Colombiano, en esta oportunidad se trató de un temblor de 3.4 grados de magnitud en la escala de medición. Ese mismo informe precisó que el municipio de Toledo, en Norte de Santander, fue el epicentro, donde además se indicó que tuvo una superficialidad menor a 30 kilómetros. En la tarde de este domingo ya se había sentido un sismo en el Meta, con magnitud de 4.0, como también en Antioquia donde fue de 3.9.Las autoridades de Gestión del Riesgo en el país se mostraron en alerta ante los más recientes movimientos telúricos e indicaron estar en alerta para cualquier eventualidad.
Con una transmisión multiplataforma, iniciada en la parroquia El Espíritu Santo, monseñor Pablo Salas Anteliz, arzobispo de Barranquilla, dio apertura a #Catedratón2021, la obra de solidaridad más grande del Atlántico.Los barranquilleros disfrutaron de una gran programación de oración, actividades al aire libre, festival gastronómico y música de alabanza en el Cubo de Cristal en la Plaza de la Paz.Monseñor Pablo Salas hizo un importante llamado a construir juntos una Iglesia que acoge, donde quepan todos los hombres, no separarlos entre buenos y malos, entre dignos e indignos. Hacerlo genera división y violencia.El encuentro fraterno de solidaridad de la Arquidiócesis de Barranquilla continuó desde el Cubo de Cristal en la Plaza de la Paz, con el mensaje del padre Jaime Marenco, delegado arquidiocesano para Catedratón: “Catedratón no es un evento, es un encuentro de hermanos para sumar y rescatar almas”.Los primeros aportes en dinero fueron llegando al Cubo de Cristal, más de $150 millones de pesos fueron recibidos en el Banco del Corazón, gracias alas parroquias Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Santa Teresita y San Vicente de Paúl, Nuestra Señora del Rosario, Jesús Maestro, Jesús Misericordioso, Ave María y San Pedro Claver.De igual manera, el sector empresarial sumó sus aportes, tal es el caso del Centro ComercialBuenavista, Grupo Colba, Grupo Campbell y AMI,entre otros.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Micheline Vásquez Murillo, alias 'Michelin’ y Édgar Alexander Méndez, alias 'El Pollo’, implicados por el asesinado de Esteban Mosquera, fueron capturados en Cali gracias a una acción conjunta entre la SIJIN, el Ejercito Nacional y el CTI.La Fiscalía analizó 57 grabaciones del momento del asesinato y de calles cercanas. Gracias a la investigación, fue posible establecer que alias 'Michelin’ realizó seguimientos a Esteban Mosquera en los días previos a su asesinato. Identificó sus horarios de salida, entrada y rutas diarias. En el día del atentado, lo siguió desde que salió de su casa hasta el parque donde fue asesinado. Allí lo dejó a merced de los sicarios.Por su parte, alias 'El Pollo’, sirvió de intermediario entre los actores intelectuales del homicidio y los sicarios que acabaron con la vida del estudiante de música.El director de la Seccional Cauca de la Fiscalía, Gustavo Montaña, declaró que en la entidad: “continuamos trabajando para reunir evidencia que nos permita llegar a identificar a todas las personas que estuvieron involucradas en este hecho”.La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
