El expresidente de Perú Pedro Castillo le envió desde la cárcel una carta al mandatario Colombiano, Gustavo Petro, escrito que dio a conocer el País de España.En el texto, Castillo empezó enviándole todo su apoyo a Petro y expresando su afecto hacia el pueblo colombiano, de igual forma se contó quién será la persona encargada de su defensa.El exmandatario señaló que la persona que estaría frente a su caso, para así llevarlo a instancias internacionales, será el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto.La carta le fue entregada a Petro el pasado jueves, 16 de marzo, en una reunión que tuvo con el abogado Croxatto, a quien recibió en la Casa de Nariño, en Bogotá.En la reunión, que duró cerca de una hora y media, según señaló el medio, se charló sobre el proceso que enfrenta el exmandatario de Perú, a quien aún Petro reconoce como presidente legítimo.Entre las acusaciones que empañan a Pedro Castillo, está el de rebelión, delito que implica cerca de dos décadas de cárcel, según señala el País, razón por la que el equipo defensor, liderado por Croxatto, se encargará de llevar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma en la que se falló a favor del presidente Petro cuando lo destituyeron de su cargo como alcalde de Bogotá.Esta es la carta de Pedro Castillo al presidente Gustavo Petro:"Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo PetroDesde esta celda lo saludo con toda la fuerza y esperanza de mi pueblo a usted al hermano pueblo colombiano.Luego permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa.Un enorme abrazo, mi hermano presidente, mil gracias por su respaldo y solidaridad."
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes.Lo anterior significa que la Nación deberá asumir las violaciones de derechos humanos cometidas a más de 6.000 integrantes. Por otro lado, el Estado pidió perdón y asumió responsabilidad en la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán Medina, empleado de un asadero en la Comuna 13 de Medellín, que se perpetró durante el desarrollo de la Operación Orión en 2002.En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló lo que estas condenas significan en materia de procesos jurídicos y económicos para el país.“Es un problema supremamente grave, porque no es solo el Sistema Interamericano, tenemos sentencias del Consejo de Estado de la sección tercera, tenemos sentencias que se producen en los tribunales administrativos del país, por fallas en el servicio, por errores en el conflicto armado, son una serie de decisiones que efectivamente tienen un monto altísimo”, señaló Zamora.Sin embargo, resaltó que “debemos ser conscientes de que en este momento se están produciendo los resultados en relación por el respeto de las víctimas”.Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado colombiano por el "plan de exterminio" del partido izquierdista Unión Patriótica (UP) implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.Hay que recordar que cuando se dio a conocer la sentencia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha reafirmado en varias ocasiones que respetará las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, así como las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, presentado en junio del año pasado.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que su dependencia revisará en detalle las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en medio de su condena contra el Estado colombiano como responsable del exterminio del partido político Unión Patriótica.“Vamos a examinar las órdenes y recomendaciones de este fallo que ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de los integrantes de la Unión Patriótica, y todo lo que corresponda al reconocimiento de responsabilidad del Estado y contribución que, desde el MinDefensa, Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se deba dar”, dijo Velásquez.En medio de esto, el funcionario recordó que todo el Gobierno está dispuesto a seguir y acatar las recomendaciones de diferentes organismos internacionales como la ONU, la CIDH o la Comisión de la Verdad, entre otras, que se den luego de las investigaciones específicas.“Todo porque nuestro compromiso es con el respeto por los derechos humanos y son orientaciones para nuestro actuar y para la disposición que debemos dar en las directivas que emitimos”, agregó el ministro.Cabe recordar que este lunes el Estado colombiano, luego de 30 años, fue declarado como responsable de la muerte de los miembros de la Unión Patriótica y reconoció como víctimas al menos a 6.000 personas.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro se encuentra en Argentina y desde allí hizo una nueva defensa del expresidente de Perú, Pedro Castillo, así como un llamado a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.“¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del Sistema Interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron el tratado? ¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?”, señaló el mandatario colombiano.En su intervención reiteró que autoridades administrativas o parlamentarias no pueden violar derechos políticos a los ciudadanos y que esos derechos solo se pueden restringir por órdenes de un juez penal. Por eso llamó a un pacto democrático entre derechas e izquierdas para que: “no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, lo dice el presidente colombiano que ha visto morir en su tierra a miles de militantes de la izquierda colombiana, asesinados”.“Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas, en América Latina no tiene que haber un solo preso político, pero si llegan las derechas al poder no es para matar para las izquierdas. Solo la convivencia y la pluralidad ideológica nos permitirá mantenernos en paz”, sentenció Petro.En su discurso en la Celac reiteró que él es presidente gracias a la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e hizo un nuevo llamado a Venezuela para que se reintegre al mismo: “¿Por qué no fortalecemos el Sistema Interamericano? Esa carta debemos ampliarla hacia los derechos ambientales, de la mujer y colectivos de última generación ¿Por qué no fortalecemos su poder judicial?”.Le puede interesar:
Desde Barrancabermeja, la senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga anunció que, en los próximos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará a conocer un fallo histórico frente al genocidio de la Unión Patriótica, lo cual podría obligar a una nueva reparación de víctimas.“Desafortunadamente el Presidente Juan Manuel Santos no cumplió con la decisión de la Comisión Interamericana y acudieron ellos mismos a la Corte Interamericana para que ratificara o negara la decisión que había tomado la Corte Interamericana, la audiencia se hizo en 2018”, explicó la senadora Quiroga.Según la integrante del Pacto Histórico, en este momento se está a la espera del fallo teniendo en cuenta que ya la Corte les notificó que se había terminado el debate sobre la sentencia y los términos de la sentencia, de manera que de un momento a otro se va a presentar una notificación frente a esa sentencia.El genocidio de la Unión Patriótica involucra a unas 6.500 víctimas, sin embargo, la JEP encontró 2.000 víctimas más, entre desaparecidos y homicidios, lo que significa que son unas 9.000 víctimas que están en este caso.“La sentencia irá a impactar el continente porque es el primer caso de una gran magnitud de víctimas en un país que no ha tenido dictaduras militares, que se trata de un exterminio en un contexto democrático”, agregó la senadora Quiroga.Además de la reparación a las víctimas que se busca en este proceso, la senadora aclaró que están pidiendo una reparación política.“Es obvio, aquí se exterminó un partido político y surge el derecho a una reparación política y en ese sentido hemos pedido la devolución de la curules porque fueron ocho congresistas que fueron asesinados en ejercicio de su cargo, sólo pedimos a ese nivel, no pedimos ni Diputados, ni Alcaldes, ni Concejales”, agregó la senadora.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Estado de Colombia reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida a manos de otros militares mientras ejercía funciones en 1997."El Estado reconoce que es responsable internacionalmente por la desaparición forzada del soldado profesional Óscar Iván Tabares" y "reconoce que este hecho se configuró por la participación directa de agentes estatales", expresó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, Martha Lucía Zamora, durante una audiencia ante la CorteIDH.Zamora admitió que es deber del Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido, ya que Tabares se encontraba en el Ejército."Esta explicación no la tenemos. La investigación penal se encuentra todavía en etapa de instrucción y es por este hecho que el Estado reconoce su responsabilidad por la omisión de las autoridades estatales para llevar a cabo una investigación seria, diligente y en un plazo razonable, lo cual ha impedido esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y dar con el paradero" de Tabares, declaró Zamora.El Estado también aceptó que es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la personalidad jurídica de Tabares, así como a las garantías judiciales, protección judicial, a la honra y a la protección de la familia del soldado.Zamora también destacó "la lucha incansable" de María Elena Toro, madre del soldado, y su familia por encontrar a Tabares y conocer la verdad de lo ocurrido.El Estado se comprometió a cumplir con las medidas de reparación que ordene la Corte Interamericana y a buscar un acercamiento con la familia de Tabares para "reparar en lo posible el daño", dijo Zamora.En la audiencia participó de manera virtual Toro, quien relató cómo se enteró de la desaparición, las dificultades para acceder a la justicia y la verdad, las amenazas que ha recibido y que la obligan a vivir en el exilio y todos los esfuerzos que ha realizado por 25 años para conocer el paradero de su hijo."Por duro que sea debemos de luchar por encontrar nuestros seres queridos porque no son perritos los que desaparecen, son nuestros hijos", declaró Toro.La subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien ejerce como representante de las víctimas en el caso, valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad del Estado y lo calificó como un "cambio diametral" en la posición que había ejercido durante el proceso.Los representantes de las víctimas dijeron en sus alegatos que esperan que la CorteIDH emita una sentencia contra Colombia en la que determine la existencia de violaciones a los derechos humanos en las filas del Ejército y que emita medidas de reparación para garantizar que estos hechos no se repitan y se continúe la búsqueda de Tabares.Según la demanda contra el Estado, Tabares desapareció el 28 de diciembre de 1997 cuando se encontraba en funciones en el municipio de San Juanito, departamento de Meta, luego de que tuviera una riña con sus superiores.Las autoridades militares de la época nunca asumieron la responsabilidad e informaron a la familia que Tabares lanzó una granada a sus superiores y luego huyó para unirse a la guerrilla, indica la demanda presentada contra el Estado.Tras la audiencia celebrada este martes, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.Escuche el podcast Diagnóstico Criminal
El humorista y periodista Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 mientras se dirigía a su trabajo, después que dos hombres interceptaron su camioneta y le dispararon.Tras el homicidio, no todos los responsables e involucrados en el hecho fueron judicializados. Bajo este argumento, los familiares de Garzón presentaron una demanda en el año 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguraron que el caso estaba en la impunidad.La CIDH aceptó la demanda y evaluará si el Estado colombiano tuvo alguna responsabilidad en la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y libertad de pensamiento y expresión.El organismo, al aceptar la demanda, aseguró que transcurrieron 23 años desde el momento del crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables.Ni indagó sobre todos los posibles responsables intelectuales, dentro de la cadena de mando militar y civil.“Esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas por parte de las víctimas”, advirtió la CIDH.De esta manera, ahora todas las partes aportarán sus pruebas y observaciones por escrito. Con esto, las víctimas consideraron que la decisión puede llevar a que el Estado y sus instituciones avancen en las investigaciones del caso.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo funcionará la ‘aplanadora’ de Petro en el Congreso. La adhesión de los partidos tradicionales ¿a cambio de qué?:
Amnistía Internacional (AI) se hizo eco en su dossier de tortura de 2022 de varios casos de malos tratos y torturas a detenidos durante las protestas del año pasado, así como recordó que hubo 35 mujeres víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado.En su dossier anual, la organización de derechos humanos recoge los casos de Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, que "fueron golpeados y detenidos por civiles armados" en mayo del año pasado durante las protestas en la ciudad colombiana de Cali, donde mayores abusos policiales se produjeron.Posteriormente estos tres jóvenes permanecieron 24 horas bajo custodia de la Policía de Cali y los dos hombres denunciaron "que habían sido sometidos a tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante la detención"."Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional. Asimismo, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio", recuerda la organización.Además, AI es consciente de que "si eres pobre o perteneces a un grupo sometido a discriminación, tienes más posibilidades de sufrir torturas y menos recursos para defenderte", por lo que pone especial énfasis en las mujeres negras, ya que entre las protestas del 29 de abril y julio del año pasado, también durante las protestas, el movimiento Proceso de Comunidades Negras denunció al menos 15 casos de violencia de género contra mujeres negras.De la misma forma, la ONG Temblores documentó 491 mujeres que sufrieron violencia policial durante esas protestas, que comenzaron siendo en rechazo a la reforma tributaria que quería impulsar el gobierno pero se convirtieron en la muestra del descontento social, y de esas mujeres, 35 fueron "víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado".En el apartado de Colombia del dossier de tortura de este año de AI también se recoge la cifra de 109 casos de violencia sexual cometida contra mujeres y niñas afrocolombianas en el marco del conflicto armado documentada por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados en julio de 2021.Y recuerda que el pasado mes de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se pronunció con una "sentencia histórica" que declaraba al Estado colombiano responsable por indefensión a la periodista Jineth Bedoya que sufrió abusos sexuales y torturas cuando fue a realizar una cobertura en una cárcel de Bogotá. Le puede interesar:
Este jueves, 2 de junio, se conoció el informe anual sobre el año 2021 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su capitulo cinco se refieren a Colombia y analizan las garantías que tiene la sociedad entorno a sus derechos y las medidas tomadas por el Estado. La CIDH ha hecho recomendaciones sobre diferentes temas como la implementación del acuerdo de paz, la presencia de la fuerza pública en las protestas y la protección de los defensores de derechos humanos, entre otras.En este sentido la CIDH manifestó que había recomendado al Estado adoptar medidas pertinentes paraque los miembros de la fuerza pública que presuntamente resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos sean suspendidos del servicio activo, hasta que concluyan las investigaciones.Sin embargo en el informe exponen que "la Comisión considera incumplida esta recomendación y hace un llamado al Estado para investigar diligentemente todos estos hechos, sancionar a los autores materiales e intelectuales de los mismos y suspender del servicio activo a los agentes de seguridad investigados por violaciones a los derechos humanos en tanto no exista una decisión final sobre los mismos".La preocupación del organismo también se da debido a las denuncias que recibieron sobre la participación de personas armadas vestidas de civil en acciones violentas contra manifestantes, asegurando que obraron aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía."Deben investigarse con toda diligencia presuntos actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil. En este sentido, preocupa a la Comisión los ataques, particularmente los disparos con armas de fuego, efectuados por personas vestidas de civil en contra de manifestantes durante las protestas sucedidas durante 2021".La CIDH también se refirió a la violencia en los territorios, pues argumentan que los grupos étnicos siguen expuestos a las amenazas, desplazamientos y confinamientos: "es imperiosa necesidad de adoptar políticas institucionales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la consulta y consentimiento, libre, previo e informado a las comunidades afrodescendientes e indígenas. la CIDH ha observado con preocupación el aumento de la violencia estructural y sus vínculos sus vínculos con situaciones históricas en Colombia".Es por esto que desde el organismo internacional le piden al Estado una "batería de acciones" que permita enfrentar la violencia en los territorios.Otro de los pendientes que tendría el Estado sería garantizar el retorno seguro de las poblaciones desplazadas hacia sus territorios de origen y en el mismo sentido pidieron una protección mayor para los lideres sociales, colectivos y defensores de derechos humanos en los territorios."Ante la persistencia de la violencia contra estos colectivos, la Comisión resalta la necesidad de que esta política busque abordar a las causas subyacentes de los riesgos enfrentados por estos colectivos y procurar la aplicación de enfoques diferenciados e interseccionales en todo momento. Por ello, la Comisión considera que esta recomendación permanece sustancialmente incumplida y continuará monitoreando la implementación de esta Política Nacional".Escuche el podcast El Camerino:
El reporte de la Defensoría del Pueblo señala que en el mes de enero de 2022, se registraron 13 casos de homicidios en el país de defensores de derechos humanos y líderes sociales, mientras que en febrero la cifra fue de 18 casos y en marzo alcanzó 21 adicionales.Los departamentos en los que más se ha presentado este tipo de crímenes son: Cauca (8 casos), Putumayo (7) y Nariño, Arauca y Norte de Santander con 4 casos cada uno.“Los homicidios contra los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos constituyen una grave afectación a las bases de la democracia. Por eso, el Estado no puede bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas que faciliten su admirable labor”, resaltó el defensor Carlos Camargo en la presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.De manera particular se hará seguimiento a hechos como el secuestro, que a corte del primer trimestre reportaba un total de 45 víctimas de este delito y, el desplazamiento forzado, que en el mismo periodo alcanzó los 43 eventos, entre otros fenómenos."La información del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo les permitirá a todas las entidades del Estado tomar mejores decisiones, basadas en información contrastada en el terreno, para lograr la garantía de los derechos de todos los ciudadanos", puntualizó Camargo.Le puede interesar: Escuche aquí el podcast de Cómo como
Las autoridades de Cali informaron cuáles será las estrategias para garantizar la seguridad de propios y turistas durante la próxima Semana Santa en la capital del Valle del Cauca."1.000 policías y 250 uniformados del Ejército estarán patrullando la ciudad, acompañados del Halcón y drones”, afirmó Jimmy Dranguet, secretario de seguridad de Cali.El funcionario también explicó que tendrán acompañamiento de personas de la Secretaría de Seguridad, para la atención a sitios en donde más aglomeración de personas exista, como también en el ascenso al Cerro de las Tres Cruces.Por su parte, las autoridades de movilidad confirmaron que habrá 471 agentes de tránsito dispuestos en puntos de interés turísticos, parques, ríos e iglesias para regular el tráfico en esta Semana Santa.Desde el domingo de ramos, la Alcaldía instalará puntos de control permanentes en las salidas de la ciudad para realizar inspecciones y pruebas de alcoholemia.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
A dos debates de prohibir las corridas de toros y las corralejas, ocurrió una protesta frente al Congreso de la República que pidió a los representantes de la Cámara seguir adelante con esta iniciativa para lograr la "liberación animal" y acabar los espectáculos en los que se maltratan animales.Guiados por la senadora Andrea Padilla, impulsora de la propuesta, y con carteles que rezaban "corridas de toros y corralejas son violencia" y "Colombia grita ¡prohíbanlas ya!", un grupo de animalistas sostuvieron letreros con este mensaje para presionar a los congresistas de votar a favor del proyecto de ley.La senadora Padilla pronunció, emocionada, unas palabras: "Soy la voz de los toros que torturas y cuya muerte festejas como si no fuera yo un ser vivo"."Estamos ante una oportunidad histórica de responderles a millones de colombianos que estamos mamados (cansados) de la violencia contra animales", gritó la senadora animalista.Un proyecto que avanza"Por primera vez el proyecto ha superado los dos debates en la Cámara Alta (...) por eso hoy las organizaciones decidieron movilizarse para enviarle un mensaje contundente a los representantes de la Cámara", explicó a EFE la senadora de la Alianza Verde.Padilla, por otro lado, se mostró preocupada por el "castigo electoral" al que puedan temer los representantes, pues este tipo de espectáculos tiene mucha presencia en las regiones y este año hay comicios regionales, lo que podría suponer que los congresistas voten en contra de la iniciativa.Aunque "vienen perdiendo una afición de manera precipitada, vertiginosa", las corralejas, que "son mucho más brutales", todavía se desarrollan en regiones y están impulsadas "por gamonales y hacendados que son los que mueven la dinámica electoral".Manos ensangrentadasCon los torsos desnudos y pintura simulando que estuvieran ensangrentadas, ocho personas, con una representación de cabeza de toro rojo, quisieron escenificar la crueldad a la que están sometidos esos animales.Uno de ellos, poniéndose en el lugar del toro, defendió que era un "animal que siente, ama, sufre, y quiere vivir" y agregó: "Te ruego que tengas piedad de mí, que me permitas vivir sin causarme más sufrimiento"."Quisimos hacer una performance con el fin de promover el proyecto de ley 328, que ya surtió dos debates positivos en Senado, llega a Cámara, a la comisión quinta, y este es un llamado muy respetuoso a los representantes de Cámara de la Comisión", explicó a EFE Derly Flores, directora para Colombia Animanaturalis.Al respecto insistió en que "la paz debe incluir a todos los seres vivos, por eso hoy a grito fijo decimos no a la tauromaquia, no a las corralejas queremos los toros vivos y por supuesto, también nos preocupa el bienestar de las personas que participan de estas actividades".Con el grito de "una nación que anhela la paz no puede promover el sadismo y la crueldad", los manifestantes terminaron su jornada frente al Congreso con la esperanza de que esta vez sí se consiga prohibir los espectáculos violentos con animales."Este es un clamor ciudadano. Colombia quiere que ya se eliminen estas prácticas crueles con los animales", concluyó Flores.Colombia ha retomado en los últimos meses con fuerza el debate sobre prohibir este tipo de festejos, con un proyecto de ley que avanza en el Congreso para acabar con estas fiestas tradicionales de herencia española, y que ya no se celebran en ciudades como Bogotá y Medellín.La última polémica alrededor de este tema estalló cuando el Ministerio de Trabajo de Colombia ordenó la "prohibición inmediata" de actividades en la plaza de toros Cañaveralejo, donde se celebraban las corridas de la tradicional Feria de Cali.Le puede interesar:
La atacante Linda Caicedo, del Real Madrid, lidera la convocatoria de la Selección Femenina para los amistosos de abril contra Francia e Italia en Europa, en los que no estará la volante Leicy Santos, del Atlético de Madrid, por una lesión muscular.Caicedo, de 18 años, ya ha jugado cinco partidos con el equipo español y anotó un gol, el del triunfo por 1-2 contra Villarreal en los cuartos de final de la Copa de la Reina.Además de la atacante juvenil, que es la gran figura del equipo, la lista del técnico Nelson Abadía la engrosan otras de las más destacadas jugadoras como la portera Catalina Pérez, del Avai brasileño; la defensora Manuela Vanegas, de la Real Sociedad; la centrocampista Daniela Montoya, del Atlético Nacional, y la delantera Mayra Ramírez, del Levante.Igualmente aparece en la convocatoria la máxima goleadora histórica de la selección cafetera, Catalina Usme, que también es una de las mejores cartas de ataque de Abadía.Colombia enfrentará el 7 de abril a Francia en Clermont Ferrand, mientras que jugará contra Italia en Roma el 11.El equipo, según la Federación Colombiana de Fútbol, estará concentrado en Europa del 2 al 12 de abril y estos partidos hacen parte de su preparación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.Jugadoras convocadas por Abadía:Porteras: Catalina Pérez (Avai-BRA), Katherine Tapia (Palmeiras-BRA) y Sandra Sepúlveda (Independiente Medellín).Defensas: Ana María Guzmán (Deportivo Pereira), Carolina Arias (Junior), Daniela Caracas (Espanyol-ESP), Daniela Arias (América de Cali), Jorelyn Carabalí (Atlético Mineiro-BRA), Manuela Vanegas (Real Sociedad-ESP) y Mónica Ramos (Gremio-BRA).Centrocampistas: Daniela Montoya (Atlético Nacional), Diana Ospina (América de Cali), Lorena Bedoya (Real Brasilia-BRA), Marcela Restrepo (Dux Logroño-ESP) y María Camila Reyes (Santa Fe).Delanteras: Elexa Bahr (América de Cali), Ingrid Guerra (Atlético Mineiro-BRA), Ivonne Chacón (Valencia-ESP), Lady Andrade (Real Brasilia-BRA), Linda Caicedo (Real Madrid-ESP), Catalina Usme (América de Cali) y Mayra Ramírez (Levante-ESP).Le puede interesar "¿Todos caímos? Foto del papa Francisco que da vuelta al mundo fue hecha por inteligencia artificial":
El ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, presentó este martes a los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch la estrategia de su Gobierno contra el narcotráfico, que según dijeron ambos legisladores sirvió para entender mejor los planes del presidente colombiano, Gustavo Petro.Menéndez, presidente del comité de Exteriores del Senado, apuntó a la prensa que la reunión fue "muy buena" y la discusión "muy franca y abierta"."Tuvimos una muy buena reunión. Al menos para mí, fue la primera vez que he escuchado la estrategia de la Administración de Petro para lidiar con ese desafío. (...) Lo que es importante por supuesto es el resultado, no solo la intención", recalcó el senador demócrata.Risch, republicano, coincidió en que el encuentro sirvió para acercar posturas."No creo que nadie en el edificio entendiera la estrategia que está persiguiendo. Creo que ahora tenemos un mejor entendimiento. Ellos son los que están sobre el terreno, saben mejor lo que funciona y lo que no. Necesitamos avanzar con la asunción de que están actuando de buena fe", recalcó.La cita abordó igualmente la relación de Colombia con el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el proceso de negociación en México entre el Ejecutivo venezolano y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, que se encuentra estancado.Justo este martes, Petro informó en Twitter de que va a convocar una "conferencia internacional" para avanzar en el diálogo político entre "la sociedad y el Gobierno venezolano", sin mencionar a la oposición.Menéndez añadió que no tiene constancia de que Colombia esté compartiendo inteligencia estadounidense con Venezuela: "No hemos visto ninguna filtración de nuestra cooperación con Colombia con nadie. Por supuesto si pasara sería un gran punto de inflexión, pero no la hemos visto", concluyó.
El Gobierno mexicano situó este martes en 39 el número de migrantes muertos por un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y el de los heridos en 29."Tras los lamentables hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas y 29 más se encuentran graves", señaló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.El portavoz de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, había anunciado previamente que la cifra de fallecidos era de 40.De acuerdo a la nota de la FGR, los migrantes identificados "son de las siguientes nacionalidades: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos", aunque sin precisar fallecidos y heridos.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detalló antes que el incidente ocurrió a las 21.30 hora local del lunes (04.30 GMT de este martes) en Ciudad Juárez, en la frontera con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, donde primero hubo un saldo inicial de 37 fallecidos, la mayoría de ellos de Centroamérica y Venezuela.López Obrador responsabilizó a una protesta de migrantes por el incendio."Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego", declaró.El mandatario "informó que el siniestro se produjo a causa de una protesta y que el director del INM (Francisco Garduño) y la FGR (Fiscalía General de la República) ya investigan para deslindar las responsabilidades", según remarcó Ramírez Cuevas.Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna.La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022. Le puede interesar:
