La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
En la mañana de este martes se llevó a cabo un allanamiento en la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.Ante esto, Benedetti aseguró que iría a la CIDH a denunciar una "persecución" en su contra por parte de la magistrada de la Sala de Instrucción, con quien tiene una pelea hace ya varios años por los procesos que tiene el jefe de la cartera política en la Corte Suprema de Justicia.“Me voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Hace tres años la denuncié y no me ha pasado nada”, señaló BenedettiEn la versión que entregó el jefe de la cartera política a los medios de comunicación, aseguró que, fueron 30 hombres los que entraron a su casa en Barranquilla y que el allanamiento estaría relacionado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras el préstamo que le habría hecho el empresario Euclides Torres para un apartamento de 3.000 millones de pesos.Benedetti hizo duras acusaciones e incluso llenó de insultos a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por este diligencia judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un contundente pronunciamiento sobre la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, en relación con la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta por una presunta violación de los topes de financiamiento durante su campaña presidencial.La corte afirma que, tras analizar los argumentos, la Corte IDH declaró improcedente la petición presentada por los abogados de Petro.En su pronunciamiento del 28 de noviembre, el tribunal aclaró que el CNE carece de facultades para inhabilitar o restringir derechos políticos, lo que disipa los argumentos de la defensa del presidente sobre una supuesta violación del "fuero integral".“De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, declaró la Corte, según El Tiempo. Además, enfatizó que el caso actual difiere de la sentencia emitida en 2020, cuando la Corte le dio razón al hoy mandatario sobre las competencias de la Procuraduría para inabilitarlo.Argumentos presentados por los abogados y el CNEEntre los argumentos de la defensa del presidente estaban que la decisión del CNE podría derivar en la pérdida de la investidura presidencial, dado que la investigación podría llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el Consejo de Estado solicitó a la Corte IDH declarar improcedente la petición y argumentó que las decisiones se han tomado en apego a la normativa constitucional y respetando el fuero presidencial.Un revés más para el presidente PetroEs relevante señalar que la defensa del presidente Gustavo Petro ha solicitado la anulación de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que otorgó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para continuar con la investigación sobre una supuesta violación de los límites de financiación electoral.Este nuevo desarrollo en el proceso legal debilita la estrategia defensiva del mandatario en su intento por detener la indagación que el CNE está llevando a cabo respecto a su campaña electoral de 2022, en la que se alegó un exceso de financiación que superó los 5.000 millones de pesos.Los abogados del presidente presentaron una acción de tutela para salvaguardar su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había infringido su fuero constitucional al asignar al CNE la responsabilidad de investigar las irregularidades en la financiación y los informes relacionados con sus campañas presidenciales. Sin embargo, el Consejo de Estado, tras evaluar los argumentos, determinó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se evidenció que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.bEn este contexto, el tribunal concluyó que era legal la competencia del CNE para investigar el caso y que el fuero constitucional del presidente no constituía un obstáculo para dicha investigación.Petro y la Corte CIDHEl pasado mes de octubre, los magistrados del CNE abrieron investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley. Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un «golpe de Estado». Petro llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles. Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República. No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años. La Procuraduría lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la CIDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada este martes, 8 de octubre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por, supuestamente, violar los topes de su campaña.Así lo anunció el vicecanciller Jorge Rojas en una rueda de prensa en la que aseguró que ayer mismo recurrieron ante esta instancia, ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.El CNE consideró que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.Esta es la declaración del vicecanciller sobre la investigación a PetroPetro se defiende de las acusacionesEl presidente Petro, además, aseguró este miércoles que el jefe del CNE, César Lorduy, le tendió una trampa para desalojarlo del cargo "con pruebas falsas" al anunciar una investigación y formular cargos a su campaña de 2022.El mandatario hizo el comentario en su cuenta de X luego de que Lorduy explicara que el CNE investiga, pero no tiene la competencia para decidir si el presidente debe o no dejar el cargo."Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario", aseguró Petro.Cabe recordar que la Sala Plena del CNE aprobó el martes, por siete votos contra dos, una ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pedía formular cargos a la campaña presidencial por la presunta violación del límite de gastos.Según la ponencia, la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos, sumadas las dos vueltas electorales.Por esa razón, el CNE "decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores".
El evento de perdón que estaba programado en El Carmen de Viboral para que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les pidiera perdón a las víctimas de los flagelos ocurridos en la vereda La Esperanza en 1996, se realizó a pesar de que el mandatario llegó un par de horas después de los previsto. Durante la jornada de conmemoración hubo una marcha y una eucaristía, misma que no contó con la presencia de Petro.Ya en la tarde de este 8 de octubre hizo presencia el mandatario que tenía la potestad para pedirle perdón a decenas de personas que, directa o indirectamente fueron víctimas de los hechos en los que la Fuerza Militar asesinó o desapareció a campesinos que presuntamente fueron identificados como guerrilleros. Esta orden la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además, recordó que en este lugar habrían ocurrido las desapariciones forzadas de 16 personas entre junio y diciembre de 1996.Durante su intervención, el presidente Petro indicó lo siguiente:"Si sobrevivimos" se encargará de que se haga justicia con estas personas víctimas del conflicto armado en el país."La democracia será y la justicia será y me encargo. Que se haga justicia a fondo con las personas de la vereda La Esperanza asesinadas, desaparecidas, golpeadas, bajo la gobernanza paramilitar", manifestó Petro.Sin embargo, el mandatario no fue el único que habló durante el acto de perdón. Allí intervinieron varias víctimas de la vereda La Esperanza, quienes insistieron que lo que quieren es que se haga justicia. Precisamente, y como se reconoció a lo largo del evento, no fueron solamente hombres que desaparecieron, sino familias enteras que tuvieron que migrar del campo para superar las cicatrices que les dejó la violencia en Colombia.Yor Marti Cardona, representante de las víctimas, entregó un impactante relato sobre su experiencia y las preguntas que constantemente se hacen él y las demás familias víctimas de la situación."Para nosotros era muy difícil responder la pregunta ¿dónde está mi papá? ¿por qué no ha llegado por mí a la escuela? ¿por qué a nuestra familia y por qué a mí? Se sentía como un hueco en el pecho", relató.A su vez el mandatario criticó que haya sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó pedir perdón y que no hayan sido las autoridades colombianas las que tomen medidas al respecto.Y allí no quedó todo, porque fue el mismo Gustavo Petro, quien, durante su intervención, manifestó que la justicia no ha llegado para darle una respuesta a estas personas, ya que, aunque hayan pasado 28 años de los delitos, la situación seguía vigente y lo seguirá con el pasar de los años."Quizás esas personas que siguieron órdenes de alguien y que la justicia no ha sido capaz de condenar, no saben que cuando se comete este tipo de tropelía contra la vida y la gente y la persona y el ser humano, no se olvida nunca", insistió el mandatario.Con esto, el presidente Petro cumplió con el pedido de la CIDH, hecho que resaltaron varias víctimas quienes destacaron que tuvieron que esperar casi 30 años para que el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos.
Luego de que se conociera la decisión del Consejo de Estado que revocó la sanción disciplinaria de ocho meses en contra de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga, por la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Jairo Claro el 22 de julio de 2019, el concejal dijo que era un fallo que “se veía venir”.Según el exconcejal Claro, hay jurisprudencia y fallos que respaldaban que el exalcalde Hernández no podía ser sancionado por ser un funcionario público por elección.“Es una cosa que se veía venir, porque esto es analogía referencia con lo que llaman jurisprudencia, el mismo caso del presidente Gustavo Petro, donde lo apartan del cargo y lo sancionan disciplinadamente, pero él acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese fue el mismo camino que recorrió Rodolfo Hernández y finalmente revocan la decisión de la Procuraduría”, manifestó Jhon Jairo Claro, exconcejal de Bucaramanga.Dijo que, mientras no se realicen cambios a la política disciplinaria, todos los procesos a funcionarios públicos elegidos por voto popular “se caerán”.“Hasta que el Estado colombiano no haga ajustes a su política disciplinaria, donde quien determine que la sanción disciplinaria le corresponde a la Procuraduría, esta va a ser un juguete del servidor público que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el exconcejal Claro.Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se pronunció a través de su cuenta en X donde escribió: “Con este precedente, se caerán todas las sanciones". Esto quiere decir que nunca la Procuraduría debió inhabilitarlo.Dijo el excandidato presidencial que nunca debió ser inhabilitado.“La procuradora Margarita Cabello ha tenido una sistemática persecución en mi contra, en alianza con la politiquería buscaron sacarme de las elecciones en Santander. Hoy la justicia me da la razón: La Procuraduría no podía inhabilitarme”, escribió Rodolfo Hernández en sus redes sociales.Además, anunció que iniciará acciones legales para ser indemnizado por los daños que le causó la sanción.“Le he pedido el favor a mi equipo jurídico que iniciemos las demandas por daños y perjuicios causados por el accionar ilegal del Estado y puntualmente, que busquemos acciones de repetición en contra de los funcionarios que emitieron estos fallos ilegales”, añadió.Y remató diciendo Rodolfo Hernández en sus redes sociales que todo peso que logre ganar por las demandas que iniciará serán donados a causas de beneficencia.“Que los procuradores provinciales y especialmente la procuradora general de la Nación paguen de sus propios bolsillos las ilegalidades que ha cometido para hacerme daño. Cada peso que obtengamos de esas indemnizaciones, los entregaré a causas sin ánimo de lucro en Santander”, aseguró.
Hace un año se conoció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual condena al Estado colombiano por el exterminio contra el partido Unión Patriótica. En el texto se explica que desde 1984, y por más de 20 años, se cometieron diferentes delitos contra militantes y simpatizantes de la UP, dejando al menos 6.000 víctimas en el país, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad, investigar los casos que no han sido esclarecidos y reparar a las víctimas.Tras un año de esta decisión, las víctimas de la UP aseguran que aún no se ha cumplido la sentencia.La Corte, entre otras cosas, había ordenado Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones. También efectuar la búsqueda de los desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, aún hay pendientes por parte del Estado.“Esto significa que ese compromiso político, asumido y expresado de manera reiterada por el presidente no ha tenido una expresión real en la institucionalidad, en que la institucionalidad se acomode para dar cumplimiento efectivo a esta sentencia”, explicó Aponte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contrario a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.La CorteIDH declaró el desacato "debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017.En una resolución publicada este jueves, la CorteIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".La CorteIDH precisó que Perú "ha incurrido en un desacato" de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo."En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023", explica la corte en la resolución publicada este jueves.La CorteIDH también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta.El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que la Corte considere necesario.Fujimori, de 85 años y que cumplía una pena de 25 años de cárcel, salió de prisión el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.El pasado 7 de diciembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, pidió CorteIDH que declarase en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.El Gobierno de Perú, horas después de la liberación de Fujimori, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del Tribunal Constitucional.Le podría interesar:
Luego de que a inicios de este año el Estado colombiano aceptara la responsabilidad de varios miembros del Ejército y la Policía Nacional en diferentes hechos ocurridos en el contexto de la operación Orión, en octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, organismos de justicia internacional tendrán nuevos e importantes pronunciamientos.Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 20 de octubre, hora de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) desde Costa Rica llevará a cabo el acto de notificación de sentencia al Estado por la desaparición en esos operativos de Arles Edison Guzmán Medina, un comerciante que tenía un local de pollo asado en la zona y fue retenido y llevado a un lugar desconocido para posteriormente ser desaparecido.María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y quien ha representado a las víctimas de este caso, le contó a Blu Radio que, tras lo ocurrido, la comunidad se movilizó para encontrar a Arles y dos meses después logró que un exparamilitar, a partir de un croquis, señalara el lugar donde habría sido enterrado su cuerpo, en el sector de La Escombrera."En ese momento el CTI de la Fiscalía hizo una visita, ubicó el posible lugar de enterramiento y el informe técnico determinó que no se podía hacer nada porque había por lo menos dos volquetadas de escombros en la zona señalada", destacó la abogada.Hoy ese sitio se encuentra muy cerca del polígono que cuenta con la medidas cautelares por parte de la JEP, pero con más de 14 metros de altura de residuos depositados allí, por lo que hay expectativa de que el fallo pueda indicar que debe persistir la búsqueda de todas aquellas personas que se presumen están ahí."La Corte puede señalar que la búsqueda no puede cesar, que no se puede limitar únicamente al polígono que está en este momento bajo medidas cautelares, que hay que seguir buscando hasta encontrarlos, esa es la expectativa de las familias", explicó Fallon.A propósito de esa zona con medidas cautelares, recientemente la JEP ordenó en un auto del del 22 de septiembre “a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional, garantizar el cerramiento del polígono denominado “Polígono Nuevo”, y exigió garantías para su conservación, así como el respeto de las correspondientes prohibiciones, por el término señalado”.De igual manera, pidió a las instituciones involucradas en la nueva fase de búsqueda, que comprende la remoción de unos 40.000 metros cúbicos de tierra, presentar un cronograma de actividades en la mesa técnica de este proceso cautelar.Le puede interesar:
La JEP consultará los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS que tienen relación con el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que se registraron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Lo anterior, después de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos en la cual se pedía que las víctimas pudieran tener acceso a dichos archivos; en esta decisión, también se tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones."En lo que atañe al caso concreto, la sala observa que el 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dictó sentencia dentro del Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, declarando al Estado colombiano como responsable por graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985", señaló la JEP en su decisión.Teniendo en cuenta esta sentencia, la JEP determinó que se debe hacer efectivo el derecho que tienen las víctimas a acceder a la información relacionada con los casos de sus familiares y que en su momento tuvo el extinto DAS."Esta sala ordenará a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que comisione a un grupo de funcionarios de Policía Judicial, para que, en el término de 30 días hábiles, (i) adelante la diligencia de acceso y consulta de los archivos relacionados con los hechos del caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. elevado ante la Corte IDH, y (ii) presente un informe de dicha diligencia", ordenó el magistrado Oscar Parra.Con esta decisión se espera que tras el acceso a los documentos las víctimas y la JEP puedan tener más datos que permitan esclarecer esos casos que incluso hoy en día no han sido resueltos, frente a desapariciones que se registraron durante la toma y el operativo de retoma.Le puede interesar:
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.