Las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora y persona cercana a Verónica Alcocer, exprimera dama, generaron un intenso debate en Mañanas Blu sobre la credibilidad de sus señalamientos, los posibles intereses detrás de sus revelaciones y las responsabilidades políticas y judiciales que podrían derivarse de los hechos que relató. Los panelistas coincidieron en la necesidad de esclarecer las denuncias, aunque expresaron diferencias sobre la confianza que les merecen sus versiones.
Durante el programa, los periodistas y analistas discutieron las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el entorno del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, la supuesta influencia de personas cercanas a Alcocer en entidades estatales, los viajes a Venezuela y los posibles vínculos con negocios y financiación política.
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Mientras algunos panelistas manifestaron que creen en los testimonios de Ferrer, otros señalaron interrogantes sobre el momento en que decidió hablar, sus posibles motivaciones económicas y las diferencias entre las versiones que habría entregado a distintos medios de comunicación.
¿Qué tan creíbles son las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer?
La discusión comenzó con la pregunta a los integrantes de la mesa: ¿le creen a Eva Ferrer? Héctor Riveros respondió que algunas de las situaciones relatadas le resultaban difíciles de comprender, pero insistió en que el debate no debía limitarse a determinar si los ciudadanos creen o no en una persona.
Para Riveros, existe una diferencia entre la responsabilidad penal y la política. A su juicio, corresponde a las autoridades judiciales establecer si hubo delitos, mientras que los ciudadanos pueden evaluar la responsabilidad de los dirigentes y el entorno político en el que ocurrieron los hechos denunciados: “Yo creo que a nosotros no nos corresponde ser los jueces, pero sí nos corresponde ser ciudadanos”, afirmó.
El analista sostuvo que, más allá de la comprobación judicial de cada señalamiento, los hechos que se han conocido sobre el funcionamiento del entorno presidencial merecen un examen político. En ese sentido, cuestionó que dirigentes y actores políticos continúen respaldando al expresidente Petro sin que se esclarezcan las controversias.
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Felipe Zuleta, por su parte, expresó una posición más contundente frente a los testimonios de Ferrer y de Angie Rodríguez, otra de las personas que ha formulado señalamientos sobre el entorno del antiguo Gobierno.
“Yo le creo tanto a la señora Ferrer como a Angie Rodríguez”, aseguró Zuleta, quien argumentó que ambas se exponen a riesgos personales al hacer públicas sus declaraciones.
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El periodista agregó que conoció versiones similares a través de personas cercanas a la Casa de Nariño y a integrantes del antiguo esquema de seguridad presidencial. Sin embargo, sus apreciaciones corresponden a su valoración de los testimonios y no sustituyen las comprobaciones que deben realizar las autoridades. Zuleta también pidió que la Fiscalía adelante las investigaciones correspondientes para establecer qué ocurrió y cuáles serían las responsabilidades de los involucrados.
Los interrogantes sobre los presuntos negocios y la influencia en entidades estatales
Uno de los puntos centrales del debate fue la presunta influencia de Verónica Alcocer y de un grupo de ciudadanos españoles en distintas entidades públicas durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El panelista Aurelio Suárez recordó que había abordado estas relaciones en un libro sobre la administración anterior. Según explicó, allí describió una red de personas que, presuntamente, habría tenido influencia en instituciones como el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ecopetrol y la Central de Inversiones S. A. (CISA).
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Suárez mencionó, entre otros nombres, a Manel Grau, Xavier Vendrell, Catalina Plata y Danilo Romero, al referirse a las relaciones que, según su exposición, debían ser examinadas para establecer si existieron intereses particulares en entidades estatales: “Yo no tengo ninguna duda de la injerencia de Verónica Alcocer y la cuerda de catalanes en esas entidades del Estado”, afirmó el analista.
No obstante, durante la conversación también se planteó que corresponde a la justicia establecer el alcance de esas presuntas relaciones y determinar si hubo actuaciones ilegales. Suárez consideró importante que Armando Benedetti, quien se desempeñó como embajador de Colombia en Venezuela durante parte del Gobierno de Petro, aporte información sobre los viajes y las reuniones mencionados en el debate.
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Por su parte, María Camila Orozco señaló que las acusaciones de Ferrer incluyen relatos sobre supuestos gastos personales y el uso de tarjetas de crédito de terceros para adquirir artículos de lujo. Según explicó, la exasesora habría mencionado a Carolina Plata, esposa de Danilo Romero, en relación con esos episodios.
Orozco, sin embargo, expresó reservas sobre la calidad de algunos de los testimonios: “Yo le creo parcialmente a la señora Eva Ferrer”, sostuvo. La periodista explicó que, al escuchar sus declaraciones, encontró referencias a información que Ferrer habría conocido por terceros, lo que podría dificultar la comprobación de determinados hechos.
Para Orozco, uno de los aspectos que deberá examinar la Fiscalía es cuáles de los episodios fueron presenciados directamente por la exasesora y cuáles corresponden a información que recibió de otras personas.
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¿Por qué Eva Ferrer decidió hablar ahora?
El momento en que Ferrer hizo públicas sus acusaciones también dividió las opiniones en Mañanas Blu. Ricardo Ospina preguntó por qué la exasesora no había denunciado anteriormente los hechos que, según sus declaraciones, conocía desde hacía tiempo. María Camila Orozco planteó que el miedo podría explicar parte de esa demora, una posibilidad que también se discutió en relación con las declaraciones de Angie Rodríguez.
Felipe Zuleta defendió esa interpretación y señaló que no es lo mismo denunciar hechos cuando una persona ya no ocupa la Presidencia que hacerlo mientras ejerce el poder. En contraste, Luis Ernesto Gómez cuestionó las motivaciones de Ferrer y recordó su cercanía con personas del círculo del antiguo Gobierno. Según el panelista, su trayectoria y sus posibles intereses económicos son elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar sus afirmaciones.
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Gómez también llamó la atención sobre las diferencias que, según él, existen entre las declaraciones entregadas por Ferrer a María Jimena Duzán, Caracol y la revista Semana: “¿Qué pasa cuando un testigo cambia tanto las versiones?”, preguntó.
El panelista sostuvo que el rigor periodístico obliga a examinar las motivaciones de la fuente, contrastar sus relatos y determinar si existen contradicciones relevantes. También señaló que las controversias relacionadas con contratos y negocios de personas cercanas al antiguo Gobierno deben ser investigadas.
Otros integrantes de la mesa defendieron que una persona puede ampliar sus declaraciones en diferentes entrevistas sin que eso signifique necesariamente que se haya contradicho. Por ello, consideraron necesario revisar el contenido completo de cada testimonio antes de sacar conclusiones.
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Las presuntas amenazas y el papel de la Fiscalía
Otro de los asuntos abordados durante la emisión fueron las amenazas que, según lo expuesto en el programa, habrían recibido Ferrer y personas de su entorno familiar. Sofía Araújo manifestó que esperaba que las autoridades investigaran tanto las acusaciones como las posibles intimidaciones denunciadas por la exasesora.
Sostuvo que la gravedad de los señalamientos y los riesgos que podrían enfrentar quienes los hacen públicos justifican que las autoridades examinen el caso. No obstante, la existencia de amenazas y su eventual relación con las denuncias también requieren verificación.
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En paralelo, los panelistas discutieron los anuncios de acciones penales del expresidente Petro frente a las publicaciones sobre el caso. Ricardo Ospina cuestionó que las medidas anunciadas se dirigieran contra el medio de comunicación que divulgó las declaraciones, en lugar de concentrarse exclusivamente en la persona que formuló los señalamientos. Zuleta también criticó esos anuncios y consideró que las controversias deben resolverse a través de los mecanismos judiciales correspondientes.
Para los participantes, la Fiscalía tendrá un papel determinante en la verificación de los testimonios, la recopilación de pruebas y la eventual identificación de responsabilidades.
Un debate que también tiene consecuencias políticas
Más allá de las eventuales consecuencias penales, los panelistas señalaron que las declaraciones de Ferrer pueden tener repercusiones políticas para el entorno del expresidente Petro.
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Héctor Riveros insistió en que los ciudadanos tienen derecho a evaluar la confianza que les merecen los dirigentes, incluso antes de que concluya una investigación judicial. A su juicio, el debate público debe examinar las responsabilidades políticas derivadas de las situaciones denunciadas, sin confundirlas con una declaración de culpabilidad penal.
Álvaro Forero, por su parte, advirtió que ya existe una disputa en la opinión pública entre quienes creen en las acusaciones y quienes las rechazan. Sin embargo, recordó que esa discusión es distinta de la que deberán resolver los jueces: “Hay dos tribunales de justicia: el de la opinión pública, y en ese ya hay sentencia. (...) Pero falta el tribunal de jueces”, afirmó.
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Forero consideró que las denuncias podrían tener consecuencias importantes si se presentan pruebas suficientes, pero también advirtió que Ferrer podría enfrentar procesos por injuria y calumnia si se demuestra que sus afirmaciones carecen de fundamento. Santiago Vélez manifestó que cree en Ferrer y destacó que, según su valoración, la exasesora ha mencionado datos concretos sobre viajes, acompañantes y circunstancias que considera relevantes para la investigación. También aludió a otros antecedentes que, a su juicio, ameritan examinar el contexto de sus declaraciones.
Al cierre del debate, Felipe Zuleta sostuvo que varios de los asuntos mencionados por Ferrer ya habían sido objeto de publicaciones y discusiones anteriores, aunque consideró que algunos señalamientos representan elementos nuevos. Para el periodista, corresponde a la ciudadanía evaluar las implicaciones políticas y a la justicia establecer qué ocurrió con base en las pruebas disponibles.