Fallo de la Corte sobre madres comunitarias costaría al Estado $6,1 billones

La Corte Constitucional le dio la razón a las madres comunitarias de Nariño, Bogotá y Valle del Cauca que reclamaron retroactividad en salarios. El alto tribunal, vía tutela, ordenó pagarles a las madres comunitarias salarios atrasados desde que estén trabajando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sería al menos 6,1 billones de pesos que tendría que pagar el Estado a las madres comunitarias por la sentencia de la Corte Constitucional. “Pague a favor de cada una de las accionantes ya identificadas los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir desde la fecha de su vinculación como madre comunitaria hasta el 31 de enero de 2014, en cuanto no estén prescritos”, dice el fallo. Con 120.000 mujeres y hombres que han servido como comunitarios desde que se creó su labor, en 1988. El abogado de las madres comunitarias, Juan Pablo Mantilla, explicó que venían reclamando los derechos laborales de ellas, pues el Estado “estaba desconociendo sus derechos laborales y pensionales”. “Hoy tenemos madres comunitarias de incluso 80 años que siguen trabajando porque aun cuando tuvieran el tiempo para acceder a una pensión, no cuentan con los aportes pensionales para poder pensionarse”, explicó. En la tutela, dijo Mantilla, pedían que se reconociera que existe un contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF, pues actualmente hay algunas que están vinculadas por intermediación. Sobre la billonaria suma que deberá pagar el Estado, el defensor de las madres comunitarias advirtió que “no puede uno alegar que ahora es problema fiscal para Colombia cuando la responsabilidad de una serie de funcionarios públicos que gobierno tras gobierno conociendo la situación intentaron violar los derechos laborales”. “Decir que ahora la responsabilidad del impacto fiscal que tenga esta acción judicial en el presupuesto colombiano es por culpa de las madres comunitarias me parece por decir lo menos injusto, injusto es que por casi 30 años hayan durado hasta el 2014 con una cosa que le llamaban beca y no reconocían que era salario”, enfatizó. Finalmente, dijo que el fallo lo único que hace es reconocer los derechos fundamentales de unas señoras que trabajaron en favor de los niños toda su vida.