Firmantes del acuerdo de paz del sur de Meta piden al Gobierno ser extraídos de la zona por amenazas

Por medio de una carta dirigida a las autoridades nacionales y al presidente Iván Duque, firmantes del acuerdo de paz, que aún permanece en el antiguo ETCR Urías Rondón, piden atención urgente a sus necesidades.

Los excombatientes, ubicados en la vereda Playa Rica del municipio de la Macarena, Meta, piden mayor seguridad y la presencia de entidades nacionales e internacionales.

Incluso, los firmantes piden una caravana humanitaria con la cual sean extraídos de esta zona como consecuencia de amenazas a manos de grupos armados.

Se trata de más de 200 personas, entre firmantes de paz, excombatientes y sus familiares, entre ellos adultos mayores, en condición de discapacidad y menores de edad, los que a raíz de amenazas por parte de grupos armados hoy temen por sus vidas y denuncia que están siendo víctimas de desplazamiento.

Cabe recordar que hace un par de días varias camionetas del esquena colectiva de seguridad de este ETCR fueron quemadas al parecer por un grupo armando, según los denunciantes sus vidas corren peligro y piden la intervención inmediata del Gobierno Nacional.

BLU Radio contactó al partido Comunes, quienes representan a los firmantes del acuerdo de paz, y aseguraron que la solicitud del traslado es de hace 2 años y las autoridades aún no lo han hecho.

Al respecto, Luz Marina Giraldo, delegada de derechos humanos y seguridad del partido “las amenazas que están haciendo, hacia los habitantes del ETCR son muy serias y preocupantes”.

“Las amenazas han llegado hasta al nivel donde dicen que ya les quemaron los carros y lo próximo serán las casas con lo que haya adentro”, dijo.

“Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tierras y las entidades del Estado como la ARN y otras, están enfrascados en cumplir protocolos dejando de lado la integridad de los firmantes y sus familias”, puntualizó Giraldo.

Según la delegada, los excombatientes están a la espera de la caravana humanitaria para ser trasladados a un predio del municipio del Doncello del municipio de Caquetá que ya habría sido adquirido y solo hace falta la logística para el traslado antes de que se materialicen las amenazas.

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