La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjögren, por presuntas irregularidades en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, cuyo valor ascendió a 11.125 millones de pesos. El exmandatario deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La investigación está relacionada con la contratación de las obras durante la administración de Hawkins Sjögren, quien estuvo al frente de la Gobernación entre 2020 y 2023. Según el expediente, el entonces gobernador delegó en el secretario de Infraestructura la celebración de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que posteriormente subcontrató la ejecución de los trabajos y la interventoría.
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Para la Fiscalía, el proceso contractual habría presentado varias irregularidades desde su estructuración. La investigación señala que Aremca presuntamente no contaba con la experiencia técnica exigida para desarrollar este tipo de intervenciones y que el estudio de mercado habría sido insuficiente para sustentar la contratación.
Además, aunque la iniciativa fue presentada como una gerencia estratégica, el proyecto correspondería en realidad a una obra que no estaba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación ni contaba con las autorizaciones pertinentes. De acuerdo con la Fiscalía, por las características del contrato debía adelantarse una licitación pública, en lugar de acudir a la contratación directa.
Otro de los puntos centrales de la acusación tiene que ver con el inicio de las obras sin los permisos ambientales y marítimos requeridos. Los trabajos comenzaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), ni autorizaciones de la Dirección General Marítima (Dimar).
Durante la ejecución se construyeron una plataforma y kioscos turísticos, estructuras que, según la investigación, estarían en riesgo de demolición por falta de los avales correspondientes.
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La Fiscalía también examinó los desembolsos realizados antes del comienzo de las obras. El 11 y el 12 de enero de 2023, la Gobernación transfirió 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca. Los peritajes del ente acusador estiman un presunto detrimento patrimonial superior a los 4.330 millones de pesos, asociado a sobrecostos, recursos correspondientes a actividades que no se ejecutaron ni fueron devueltos y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas.
Con la radicación del escrito de acusación, el proceso contra Hawkins Sjögren avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía deberá sustentar los señalamientos y las pruebas que respaldan su teoría del caso. La acusación no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal.
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