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La Fiscalía aseguró este miércoles que el Ejército no detuvo a cuatro personas, como lo había dicho la autoridad militar, en una polémica operación en el sur de Colombia en la que murieron 11 personas que según el Gobierno son disidentes de las FARC y no civiles, como ha denunciado la comunidad.
La Fiscalía señaló que tras la operación "solo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado" y agregó que "el componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo".
El presidente Iván Duque informó el lunes de la semana pasada que "se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (en el departamento de Putumayo)", entre ellos una mujer embarazada.
Sin embargo, la Fiscalía expresó el miércoles que "no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías", por lo cual los "detenidos" están en libertad.
Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, recordó este miércoles que el ministro de Defensa, Diego Molano, también dijo que "habían 'capturado' a cuatro criminales".
"La verdad: no hubo capturados. Los cuatro heridos fueron llevados a una clínica. Nunca se les hizo un procedimiento de captura. Tres ya tienen el alta médica y están todos libres", expresó Pappier en Twitter.
Frente a lo dicho por la Fiscalía, el ministro Molano no respondió ni tampoco profundizó sobre la suerte de los supuestos cuatro detenidos.
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OPERACIÓN LEGÍTIMA
Las denuncias que han llegado de la zona de la operación desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de "falsos positivos", más que de un operativo militar contra las disidencias.
Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.
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Al respecto, el ministro Molano volvió a defender este miércoles la actuación del Ejército y aseguró que se trató de una "operación legítima que fue planeada por más de cinco meses, con información".
"Es una operación legitima porque como ustedes van a ver se operó con todos los protocolos nacionales e internacionales de doctrina (...) Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública", agregó el ministro en una rueda de prensa en Bogotá.
En esa línea, Molano aseguró que para ejecutar esta operación se evidenció "una necesidad militar" porque las disidencias atacadas, vinculadas a la conocida Segunda Marquetalia, son una amenaza para las comunidades del Putumayo.
"Putumayo es uno de los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos (...). Esta operación buscaba afectar una estructura que estaba generando desplazamiento forzado", recalcó.
El Ejército se reafirmó además en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las FARC en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias "Bruno", parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada Segunda Marquetalia.
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