Durante los últimos días el suroccidente del país ha sido víctima de 26 hechos de violencia, que ha dejado como resultado 20 personas muertas y 48 heridos. Desde el Ministerio Público, el procurador general, Gregorio Eljach, expresó su rechazo a estas acciones violentas e instó a las autoridades a desplegar acciones contundentes de persecución y castigo, para que hechos como estos no se repitan.
Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades en todos sus niveles a proteger a todos los ciudadanos tal como lo exige la constitución política.
“Exhorta a las autoridades en todos sus niveles y en todo el espectro de sus competencias a ejecutar a cabalidad el mandato supremo de la Constitución Política, artículo 2, inciso 2: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas resistentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás, derechos y libertades””, se lee en el comunicado enviado desde la Procuraduría.
El procurador informó que ya han impartido órdenes y medidas institucionales para la determinación de responsabilidades por esta oleada de violencia.
En este contexto, invitó a concejales, diputados y congresistas de la República, a que se realicen debates de control político para exigirle al Gobierno nacional repuestas sobre estos hechos, con el objetivo de obtener resultados inmediatos.
Asimismo, manifestó su solidaridad y condolencias a las víctimas, familiares y comunidades del Cauca y Valle del Cauca que han sido afectados durante las últimas horas.
Entretanto, desde la Consejería Comisionada de Paz, piden a los grupos armados ilegales que cesen los hostigamientos y las acciones violentas en departamentos como Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca.
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Además, advirtió que esta situación representa una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y alertó sobre la expansión de estructuras armadas ilegales en la región, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.
Finalmente, la Consejería invitó a la ciudadanía y a los distintos sectores sociales a solidarizarse con las comunidades afectadas y a respaldar iniciativas que permitan avanzar en la construcción de paz en los territorios.