El municipio de Zipaquirá se convirtió en el primero del país en tener en funcionamiento un consultorio médico dentro de una sede de Drogas La Rebaja, como parte de una estrategia que busca transformar estos establecimientos en puntos de atención primaria en salud y dispensación de medicamentos, tras el proceso de extinción de dominio que permitió que pasaran a manos del Estado.
El modelo implementado consiste en adaptar consultorios dentro de las droguerías para que los usuarios puedan acceder a consultas médicas de baja complejidad sin necesidad de desplazarse a centros hospitalarios de mayor nivel. La iniciativa se desarrolla luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que los puntos de Drogas La Rebaja serán transformados en espacios de atención primaria en salud en diferentes regiones del país.
Desde el primer punto habilitado en Zipaquirá, el asesor de gerencia en Drogas La Rebaja, Miguel Martínez, explicó que el modelo contempla cuatro enfoques principales de atención: demanda directa de usuarios, alianzas con Empresas Sociales del Estado, apoyo a salud pública y promoción y prevención. Sobre la primera línea, indicó que “las personas que llegan a la droguería pasarían acá a consulta para que sean atendidos y sean direccionados, bien sea a un tema de urgencias o con una fórmula para que puedan comprar sus medicamentos por esta línea”.
Según explicó el funcionario, esta atención se centra en patologías primarias y casos relacionados con personas que acuden a comprar medicamentos sin diagnóstico previo. La intención es que estos usuarios sean valorados por un médico general que pueda formular tratamientos de manera adecuada y facilitar el acceso a los medicamentos dentro del mismo establecimiento.
En cuanto al segundo enfoque, relacionado con alianzas institucionales, Martínez explicó que el modelo en Zipaquirá se desarrolla en coordinación con el Hospital La Samaritana. Sobre este punto señaló que “la segunda es ya la alianza con Samaritana, y es que, ejemplo, una consulta prioritaria para las personas que están cerca al consultorio puedan asignarle la cita prioritaria (…) y aportemos a la atención que tiene esta E.S.E. en accesibilidad y oportunidad”.
Los otros dos enfoques contemplan el apoyo a programas de salud pública y acciones de promoción y prevención. En ese sentido, el asesor explicó que la intención es “entrar a apoyar desde los consultorios los planes de intervención colectiva o los temas de salud pública (…) y poderles aportar los temas de promoción y prevención”.
Sin embargo, El sindicato Asocopservir, que representa a trabajadores vinculados a la cooperativa Copservir, que administra y opera la cadena comercial por medio de un contrato vigente de preposición, expresó su cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el Gobierno, advirtiendo posibles afectaciones para más de 5.300 trabajadores en el país.
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El presidente del sindicato, Deivis Carbonell, señaló que uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de claridad sobre el tipo de contrato que regirá la operación y las responsabilidades de cada unidad. En sus palabras, “ ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar como empleados de drogas en la rebaja, o sea, con sustitución patronal, esa es una condición que genera unos compromisos, unas responsabilidades por parte de ellos y por parte de nosotros como un trabajador de cualquier empresa O vamos a trabajar, entonces, bajo un modelo de contrato de preposición, donde nosotros tenemos el manejo de la marca para explotarla de forma comercial, y respondemos por esa unidad de negocio. Ya Copservir es una cooperativa que presta ese servicio que siempre han conocido, de lo que es la parte comercial, y el gobierno, pues, tiene su unidad de la dispensación, tiene la unidad de la de los consultorios médicos, y allá mirará qué personas contrata, cómo lo maneja, si le produce, si no le produce” explicando que no es claro cómo se daría manejo a la estrategia y unidades de negocio.
Carbonell también explicó que existen dudas sobre las responsabilidades y distribución de costos asociados a arriendos, permisos para modificar los locales y deberes financieros entre las distintas unidades que operarían en los establecimientos.
Las preocupaciones del sindicato se dan en medio del cumplimiento de una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos comerciales de Copservir al Estado. Según el sindicato, el principal riesgo para los trabajadores se relaciona con la incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos laborales y las condiciones en que se mantendría su vinculación.
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Frente a estos cuestionamientos, el asesor de gerencia de Drogas La Rebaja aseguró que el Gobierno ha definido directrices claras relacionadas con el recurso humano, orientadas a garantizar la continuidad del personal y la sostenibilidad del modelo. En ese sentido, afirmó que “debemos tener dos cosas claras: tener en cuenta a todo el personal de la rebaja y segundo la viabilidad de la empresa (…) se está trabajando un vehículo contractual donde tengamos en cuenta todas esas familias y poder tener una empresa viable”.
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