La designación de Drogas La Rebaja como nuevo gestor farmacéutico de Nueva EPS para 70.000 usuarios en Ibagué, Girardot y Soacha encendió las alertas en distintos sectores del sistema de salud, que cuestionaron si la empresa tiene la capacidad técnica, operativa y financiera para asumir esta responsabilidad en medio de la crisis de medicamentos que enfrenta el país.Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), la presidenta del gremio, Ana María Vesga, aseguró que todavía no está claro si Drogas La Rebaja cuenta con las condiciones necesarias para cumplir un rol que calificó como altamente especializado.“No lo entendemos muy bien (...) parecería que estamos hablando de una cadena extensa de farmacias que hace dispensación ambulatoria, pero distinto es el rol sofisticado y complejo que hacen los gestores farmacéuticos”, afirmó.Aunque Vesga evitó anticipar un juicio definitivo, sí dejó abierta la preocupación sobre la capacidad operativa del nuevo operador. “No conocemos aún si realmente tiene la capacidad para hacerlo (...) lo importante es que opere para los pacientes”, señaló.Las dudas también fueron compartidas por Álvaro Puerto, vocero del colectivo Colombia Salud en Acción, quien advirtió que más allá del cambio de operador, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del modelo, especialmente porque la Nueva EPS se encuentra intervenida.“Me hace dudar sí va a alcanzar el recurso para que a Drogas La Rebaja le paguen, porque hoy las instituciones intervenidas nos dicen que no les alcanzan para pagar más del 70 o 75 %”, afirmó Puerto. El vocero de Colombia Salud en Acción agregó que el verdadero reto será garantizar que los pacientes puedan acceder efectivamente a sus medicamentos y que esta transición no agrave la crisis actual.Desde la Asociación Pacientes Colombia, su representante Dennis Silva, fue aún más crítico y aseguró que Drogas La Rebaja no tendría hoy las condiciones habilitadas para asumir la dispensación como gestor farmacéutico.“La Rebaja es un sofisma. Hoy La Rebaja no tiene habilitación en ninguno de los cerca de 1.000 puntos para dispensación de medicamentos como gestor farmacéutico”, afirmó.Silva también cuestionó que detrás de esta decisión pueda haber intereses políticos más que soluciones estructurales para enfrentar el desabastecimiento. “Estamos 100 % seguros de que es un tema electoral, porque cada vez la crisis de medicamentos toca fondo”, concluyó.
El municipio de Zipaquirá se convirtió en el primero del país en tener en funcionamiento un consultorio médico dentro de una sede de Drogas La Rebaja, como parte de una estrategia que busca transformar estos establecimientos en puntos de atención primaria en salud y dispensación de medicamentos, tras el proceso de extinción de dominio que permitió que pasaran a manos del Estado.El modelo implementado consiste en adaptar consultorios dentro de las droguerías para que los usuarios puedan acceder a consultas médicas de baja complejidad sin necesidad de desplazarse a centros hospitalarios de mayor nivel. La iniciativa se desarrolla luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que los puntos de Drogas La Rebaja serán transformados en espacios de atención primaria en salud en diferentes regiones del país.Desde el primer punto habilitado en Zipaquirá, el asesor de gerencia en Drogas La Rebaja, Miguel Martínez, explicó que el modelo contempla cuatro enfoques principales de atención: demanda directa de usuarios, alianzas con Empresas Sociales del Estado, apoyo a salud pública y promoción y prevención. Sobre la primera línea, indicó que “las personas que llegan a la droguería pasarían acá a consulta para que sean atendidos y sean direccionados, bien sea a un tema de urgencias o con una fórmula para que puedan comprar sus medicamentos por esta línea”.Según explicó el funcionario, esta atención se centra en patologías primarias y casos relacionados con personas que acuden a comprar medicamentos sin diagnóstico previo. La intención es que estos usuarios sean valorados por un médico general que pueda formular tratamientos de manera adecuada y facilitar el acceso a los medicamentos dentro del mismo establecimiento.En cuanto al segundo enfoque, relacionado con alianzas institucionales, Martínez explicó que el modelo en Zipaquirá se desarrolla en coordinación con el Hospital La Samaritana. Sobre este punto señaló que “la segunda es ya la alianza con Samaritana, y es que, ejemplo, una consulta prioritaria para las personas que están cerca al consultorio puedan asignarle la cita prioritaria (…) y aportemos a la atención que tiene esta E.S.E. en accesibilidad y oportunidad”.Los otros dos enfoques contemplan el apoyo a programas de salud pública y acciones de promoción y prevención. En ese sentido, el asesor explicó que la intención es “entrar a apoyar desde los consultorios los planes de intervención colectiva o los temas de salud pública (…) y poderles aportar los temas de promoción y prevención”.Sin embargo, El sindicato Asocopservir, que representa a trabajadores vinculados a la cooperativa Copservir, que administra y opera la cadena comercial por medio de un contrato vigente de preposición, expresó su cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el Gobierno, advirtiendo posibles afectaciones para más de 5.300 trabajadores en el país.El presidente del sindicato, Deivis Carbonell, señaló que uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de claridad sobre el tipo de contrato que regirá la operación y las responsabilidades de cada unidad. En sus palabras, “ ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar como empleados de drogas en la rebaja, o sea, con sustitución patronal, esa es una condición que genera unos compromisos, unas responsabilidades por parte de ellos y por parte de nosotros como un trabajador de cualquier empresa O vamos a trabajar, entonces, bajo un modelo de contrato de preposición, donde nosotros tenemos el manejo de la marca para explotarla de forma comercial, y respondemos por esa unidad de negocio. Ya Copservir es una cooperativa que presta ese servicio que siempre han conocido, de lo que es la parte comercial, y el gobierno, pues, tiene su unidad de la dispensación, tiene la unidad de la de los consultorios médicos, y allá mirará qué personas contrata, cómo lo maneja, si le produce, si no le produce” explicando que no es claro cómo se daría manejo a la estrategia y unidades de negocio.Carbonell también explicó que existen dudas sobre las responsabilidades y distribución de costos asociados a arriendos, permisos para modificar los locales y deberes financieros entre las distintas unidades que operarían en los establecimientos.Las preocupaciones del sindicato se dan en medio del cumplimiento de una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos comerciales de Copservir al Estado. Según el sindicato, el principal riesgo para los trabajadores se relaciona con la incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos laborales y las condiciones en que se mantendría su vinculación.Frente a estos cuestionamientos, el asesor de gerencia de Drogas La Rebaja aseguró que el Gobierno ha definido directrices claras relacionadas con el recurso humano, orientadas a garantizar la continuidad del personal y la sostenibilidad del modelo. En ese sentido, afirmó que “debemos tener dos cosas claras: tener en cuenta a todo el personal de la rebaja y segundo la viabilidad de la empresa (…) se está trabajando un vehículo contractual donde tengamos en cuenta todas esas familias y poder tener una empresa viable”.
Ante la decisión del presidente Gustavo Petro de convertir las droguerías La Rebaja en puestos de salud, el sindicato Asocopservir rechazó la medida al considerar que desconoce los contratos vigentes, compromete los recursos de Copservir y afecta a más de 5.300 trabajadores, además de haberse tomado sin la aprobación de los asociados.En un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización señaló que funcionarios del Gobierno habrían intervenido de manera arbitraria en los establecimientos, argumentando la propiedad estatal de la cadena, lo que —según el sindicato— ignora el contrato de preposición que regula la administración de estos puntos por parte de la cooperativa. Asimismo, cuestionaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su participación en esta decisión.El sindicato recalcó que, si bien no se opone a los proyectos de salud pública, exige que se respeten las condiciones contractuales y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, advirtió que el contrato vigente limita la operación de Copservir a la administración de establecimientos farmacéuticos, sin incluir la prestación de servicios médicos.Además, denunciaron que no se ha reconocido la sustitución patronal para los empleados vinculados a la operación, lo que ha generado incertidumbre laboral. También señalaron que no se han planteado alternativas para garantizar la continuidad de la cooperativa en la administración del negocio retail.Finalmente, Asocopservir indicó que considera que esto son abusos y no descartó emprender acciones en defensa de la cooperativa y de sus afiliados.
La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica para analizar las inquietudes que han surgido frente al ingreso de Drogas La Rebaja como nuevo participante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.De acuerdo con el Ministerio Público, la cadena farmacéutica se encuentra actualmente en una etapa inicial de su proceso de incorporación y adelanta trámites de habilitación con operadores logísticos y puntos de dispensación de medicamentos.Durante la mesa técnica, liderada por la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, se precisó que el ingreso efectivo de este gestor farmacéutico será progresivo y estará sujeto al cumplimiento de los mismos requisitos normativos, técnicos y operativos que se exigen a los demás actores del sistema.El ente de control explicó que la intención de este espacio de diálogo es aclarar las expectativas que se han generado alrededor del proceso, así como su alcance real y estado actual, con el fin de disminuir la incertidumbre manifestada por varios usuarios y trabajadores del sector salud.Además, señalaron que en este espacio se discutieron aspectos relacionados con la experiencia, las capacidades operativas y la cobertura territorial que tendría Drogas La Rebaja en caso de consolidarse como gestor farmacéutico dentro del sistema.Finalmente, la Procuraduría reiteró que, por ahora, se trata de un proceso preliminar y que su avance dependerá de la verificación que realicen las autoridades competentes para garantizar que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente.
La Rebaja S.A.S. iniciará una nueva etapa dentro del sistema de salud al asumir el rol de gestor farmacéutico y convertirse en la línea institucional pública para la dispensación de medicamentos en el país. Esta transformación permitirá que medicamentos de alto costo, prescritos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puedan ser entregados a los usuarios a través de esta línea institucional.El anuncio se da en el marco de una nueva fase del proceso de intervención liderado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que busca reorganizar la operación de los establecimientos de comercio que, tras una decisión judicial, pasaron a ser propiedad del Estado. En este contexto, La Rebaja S.A.S. tendrá a su cargo la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operativos para optimizar y consolidar la operación comercial.De acuerdo con lo informado, el objetivo central de esta fase es la creación y puesta en marcha de una línea institucional pública de dispensación de medicamentos, orientada a atender principalmente al mercado institucional del sistema de salud. Esto incluye la provisión de medicamentos de alto costo que hacen parte de los tratamientos ordenados a los afiliados del régimen de aseguramiento.La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico a través de la denominada La Rebaja Institucional, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Esta estrategia hace parte de una apuesta estatal para fortalecer la capacidad pública en la gestión y distribución de medicamentos.Dentro de los propósitos planteados se encuentra la estructuración de una central pública de compras de medicamentos, con la que se busca mejorar la eficiencia en la adquisición, reducir los niveles de intermediación y garantizar la disponibilidad oportuna de tratamientos para los usuarios del sistema de salud.El proceso contará con un nuevo equipo encargado de la intervención y con la participación de los trabajadores vinculados a la operación, quienes harán parte de la implementación de los cambios operativos y administrativos previstos en esta etapa.La Superintendencia de la Economía Solidaria señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de asegurar que el proceso se desarrolle conforme a la normatividad vigente y que se mantenga la protección de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del sistema de salud.
La situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a estar en el centro de la discusión. En Blu Radio, Deivis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar cooperativa que administra la cadena farmacéutica, explicó que la intervención está próxima a cumplir dos años y que, durante este periodo, la empresa ha acumulado pérdidas de manera consecutiva. Según el sindicato, en 2024 las pérdidas ascendieron a $64 mil millones, y en 2025 superaron los $40.000 millones; para el año en curso se proyecta un resultado similar.Carbonell señaló que existe una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos de comercio al Estado, proceso que, aseguró, aún no se ha materializado. Mientras tanto, los activos continúan registrándose en Copservir, lo que ha comprometido los aportes de los asociados para sostener bienes que, de acuerdo con la sentencia, ya no pertenecerían a la cooperativa.El dirigente indicó que esta situación ha impedido aplicar la sustitución patronal, mecanismo que permitiría garantizar la continuidad de los contratos laborales ante un eventual cambio de administrador. Advirtió que algunas alternativas planteadas implicarían la renuncia de los trabajadores a Copservir y la firma de nuevos contratos, con la consecuente pérdida de beneficios asociados a la antigüedad laboral.Asimismo, afirmó que han solicitado acompañamiento al Ministerio del Trabajo sin obtener una respuesta efectiva y que se han realizado reuniones entre entidades del Gobierno nacional sin la participación de los trabajadores, lo que ha dificultado avanzar en soluciones.De acuerdo con el sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos, ya que, debido a las pérdidas acumuladas, quienes se retiran o son desvinculados no recuperan sus aportes, al aplicarse el factor de pérdida previsto en la normativa de la economía solidaria.Ante este panorama, el sindicato evalúa alternativas internas, como la convocatoria a una asamblea para definir el futuro de los aportes y la continuidad de la cooperativa, ante la falta de definiciones claras sobre la entrega de los activos y la intervención. Finalmente, Carbonell reiteró el llamado a la Superintendencia, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para que se pronuncien sobre la sustitución patronal, la protección del ahorro laboral y el futuro de Drogas La Rebaja, con el fin de dar claridad a los trabajadores y sus familias.
El Sindicato de Trabajadores de Copservir – Drogas La Rebaja emitió un pronunciamiento en el que expone preocupaciones relacionadas con la situación laboral y económica de los más de 5.600 empleados vinculados a la cooperativa. Según el comunicado, uno de los principales puntos es la negativa de la administración designada y de Drogas La Rebaja S.A.S., en representación del Ministerio de Salud, a reconocer la sustitución patronal, figura contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo entre los artículos 67 y 70.El sindicato señaló que los aportes de los trabajadores asociados se han visto afectados en un 87 %, debido a la absorción de pérdidas generadas por establecimientos que desde 2022 no pertenecen a la cooperativa. Asimismo, advirtió que la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que completa 18 meses, no ha logrado frenar el aumento de pérdidas económicas, lo que pone en riesgo la estabilidad de la entidad y de las familias vinculadas.Entre las solicitudes de la organización sindical se destacan: el reconocimiento inmediato de la sustitución patronal, la protección y restitución de los aportes sociales, transparencia en la gestión de la intervención y un pronunciamiento oficial del Estado frente a estas obligaciones.El sindicato reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la estabilidad de los trabajadores y la continuidad del modelo de economía solidaria en Colombia.En contacto con Blu Radio, el Ministerio de Salud indicó que el tema corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, esta entidad señaló que la responsabilidad recae en la Superintendencia de la Economía Solidaria, mientras que dicha entidad a su vez remitió la consulta nuevamente a la Superintendencia de Salud, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial de fondo.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó este lunes, 25 de agosto, la entrega de 880 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y Protección Social, consolidando un proceso que se inició en mayo de 2024 cuando las acciones del Grupo Empresarial Drogas La Rebaja pasaron a ser administradas por esta cartera.La transferencia, realizada en destinación definitiva y a título gratuito, incluye no solo los locales comerciales, sino también la marca, los activos y los registros mercantiles. Con este paso, el Gobierno busca convertir a la reconocida cadena de droguerías en un actor estratégico de distribución de medicamentos en todo el país, con especial énfasis en las zonas rurales y apartadas.“Estamos haciendo la entrega definitiva de Drogas La Rebaja, junto con locales comerciales destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Para nosotros, como Sociedad de Activos Especiales, es un gran apoyo a una prioridad del Gobierno del Cambio: garantizar la salud de los colombianos”, señaló Amelia Pérez, presidenta de la SAE.Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que el proceso culmina tras meses de trabajo jurídico y administrativo. “Después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos”, afirmó.Drogas La Rebaja fue fundada en los años setenta en Cali por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali y llegó a convertirse en uno de los mayores activos de ese grupo narcotraficante. En 2016, tras un extenso proceso judicial, se declaró la extinción de dominio sobre las sociedades vinculadas a los Rodríguez Orejuela, pasando desde entonces a ser administradas por el Estado. La SAE asumió la tarea de proteger y mantener en funcionamiento este conglomerado, mientras se definía su futuro.En abril de 2024, la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) intervino a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir Ltda), encargada hasta entonces de administrar Drogas La Rebaja. El organismo advirtió sobre irregularidades en asambleas, contratos sin autorización judicial y deficiencias en los reportes financieros.Con la firma del acta de entrega, el Ministerio de Salud asume ahora la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de Drogas La Rebaja. El reto, según el propio ministro Jaramillo, es transformar la cadena en un instrumento público para mejorar el acceso a medicamentos, sobre todo en regiones donde históricamente la oferta ha sido insuficiente.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció un aumento alarmante de las pérdidas económicas en la cooperativa Drogas La Rebaja, tras la intervención estatal realizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria.Según Forero, las pérdidas acumuladas se han multiplicado por diez, pasando de 3.000 millones de pesos a 38,2 mil millones de pesos, en comparación con el mismo período antes de la intervención.Forero subrayó que esta drástica pérdida se ha dado después de que la Superintendencia de la Economía Solidaria, bajo la dirección de María José Navarro, nombrara a un licenciado en pedagogía artística como agente interventor de la cooperativa, una decisión que, según el representante, no tiene justificación. Afirma que el agente interventor no solo carece de experiencia en temas de salud, sino que su nombramiento responde a motivos políticos más que técnicos.Añade que dicho agente, que fue designado, no tiene formación ni experiencia en el manejo de empresas relacionadas con la salud o el comercio de productos farmacéuticos, lo que, según Forero, ha generado un ambiente de caos y desorganización en la administración de la cooperativa. Hace énfasis en que es inconcebible que se nombre a alguien sin conocimientos específicos en el sector salud para manejar una empresa de tal magnitud, que impacta directamente en la vida de millones de colombianos.Para Forero, la designación no solo es irresponsable, sino también un acto de clientelismo político. Según el representante, este individuo fue candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, lo que sugiere que su nombramiento responde a intereses políticos más que a criterios de competencia profesional.Forero finalizó haciendo un llamado a la transparencia y a la responsabilidad en la administración pública, pidiendo una revisión exhaustiva de las acciones tomadas por la Superintendencia en este caso.
La Superintendencia de Economía Solidaria destapo nuevas irregularidades cometidas por exdirectivos de la cooperativa que administra a Drogas La Rebaja.En el listado hay malos manejos de la fundación, incremento injustificado de sus propios salarios a través de gastos de representación no pactados previamente y contratos cuestionables. Por ejemplo, se contrató a terceros mediante la modalidad de tiendas ocultas, el problema es que el contratista se quedaba con todas las ganancias mientras que la cooperativa era la que pagaba la nómina y los empleados. Por si fuera poco, uno de los exdirectivos arrendó locales de su propiedad a la cooperativa y por un año cobró los arriendos aunque esos locales estuvieron cerrados.Además de los contratos cuestionables se hizo la compra de locales comerciales en Santander sin consultar con el Consejo de Administración y como resultado se pagaron 390 millones de pesos por locales que están en obra negra y que no se sabe cuándo se podrán usar.Frente a estos hechos, los exdirectivos fueron despedidos de la cooperativa con justa causa y la Superintendencia de Economía Solidaria inició un proceso sancionatorio que puede acabar con una multa y una sanción administrativa pero también con la compulsa de copias a la Fiscalía y otros órganos de control.Para complementar, se encontró evidencia de pagos dobles y tantas irregularidades contables que la cooperativa era administrada como una caja menor personal y no como una empresa. Hoy el Gobierno cree que la intención de los exdirectivos era marchitar a La Rebaja luego de que la justicia entregada definitivamente las droguerías al Gobierno nacional tras un proceso de extinción de dominio contra los capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Sin embargo, la Supersolidaria cree que el proceso de intervención ha sido todo un éxito hasta ahora y que ya se detuvo la tendencia del aumento de pérdidas. Hoy la cooperativa está perdiendo unos 60.000 millones de pesos, una cifra significativamente inferior a los 90.000 que se proyectaban para el año cuando inició el proceso en abril.La Rebaja anunció la rebaja de precio de 50 productos de línea básica gracias a una mayor eficiencia administrativa y a la negociación con nuevos proveedores y espera continuar la tendencia.
Este sábado, 30 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:La CIDH expresó su preocupación por las amenazas y ataques durante las campañas presidenciales.El presidente de Ecuador anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo De La Espriella.Fueron trasladados los 48 cuerpos de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.Rafael Vargas, director de Gestión Electoral, explicó cómo se garantizará la llegada del material electoral a las zonas del país con mayores desafíos de orden público y cuáles son las medidas previstas para asegurar el desarrollo de la jornada electoral.Escuche el programa completo aquí:
Cali y el Valle del Cauca están listos para las elecciones presidenciales de este domingo, donde las autoridades adelantan acompañamiento y despliegues desde ya para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada.La ley seca en la capital vallecaucana inicia hoy a las 6:00 de la tarde y finalizará el próximo lunes 1 de junio al mediodía. Quienes incumplan esta norma deberán pagar una multa cercana a los 930.000 pesos. Por otra parte, el domingo no habrá ciclovía en Cali para garantizar la libre movilidad durante esta jornada."La invitación a la ciudadanía es a pasar el fin de semana en familia, a que mantengamos el respeto en medio de nuestras diferencias y a que esta jornada democrática transcurra en paz", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.En cuanto al resto del Valle del Cauca, hay que recordar que ningún puesto de votación fue trasladado por temas de orden público. En Jamundí, específicamente, tras un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se confirmó la llegada de más policías y soldados al municipio para contrarrestar cualquier alteración."Vamos a tener para estas elecciones 250 hombres y mujeres policías, y vamos a tener 16 pelotones, para un total de 450 hombres del Ejército, reforzando toda la seguridad y el orden público para que las elecciones transcurran en total tranquilidad", señaló la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo.Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa para quienes brinden información que permita evitar hechos terroristas durante las elecciones."El ministro habló de 200 millones de pesos para que puedan dar información y prevenir ataques terroristas; además, para que puedan informar sobre alguna persona que pretenda realizarlos. Nosotros también tenemos esa recompensa, un fondo de 200 millones de pesos para quien entregue información de manera anticipada", sostuvo la mandataria.Según la Registraduría, en Cali más de 1.800.000 personas están habilitadas para votar y se espera una participación cercana al 60 % del total del censo electoral. En todo el Valle del Cauca, cerca de 3.700.000 personas podrán participar en esta jornada.
Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del cruento enfrentamiento entre disidentes en una zona semiselvática de San José del Guaviare, que dejó casi medio centenar de combatientes muertos.Al tiempo que avanzan las labores de traslado de las 48 víctimas para sus respectivas inspecciones forenses y plena identificación en Villavicencio y Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que la masacre de semejantes proporciones incluso habría podido ser utilizada para atentar contra la Fuerza Pública.Tras su más reciente visita a Antioquia con motivo de las medidas de seguridad para las elecciones de este domingo, desde Rionegro, Sánchez afirmó que algunos de los cuerpos fueron equipados con artefactos explosivos."Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían, muy seguramente, es que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la Fuerza Pública, los hicieran explotar. Estos criminales solamente piensan en asesinarlos", indicó el funcionario.El alto funcionario del Gobierno nacional también señaló que no se descarta que la cifra de muertos pueda aumentar, pues hay heridos que se han acercado a diferentes instituciones."Los cuerpos ya están en San José del Guaviare. ¿Podrían llegar a aumentar? Tenemos información de algunos heridos que se estarían entregando a la Fuerza Pública y a la Defensoría del Pueblo", expresó Sánchez.En el hecho de orden público, que fue atribuido a facciones disidentes al mando de alias ‘Calarcá’, no se descarta la existencia de víctimas menores de edad, por lo que el ministro Sánchez también destacó que podría tratarse de una situación denunciable ante organismos internacionales por presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La Alcaldía de Medellín anunció que, con motivo de la jornada electoral, habrá suspensión de la ciclovía y de varios servicios recreativos y deportivos en la ciudad.De acuerdo con lo informado, durante el domingo no se prestará el servicio de ciclovías en ningún sector de la capital antioqueña. Tampoco habrá programación institucional de actividades deportivas y recreativas, como parte de las disposiciones logísticas y de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral.Juliana Vélez Tamayo, subdirectora de Fomento del Inder, amplió detalles del funcionamiento de la oferta del Instituto para el domingo: "Los escenarios deportivos estarán abiertos para práctica libre, pero no tendremos ni las ludotecas ni las piscinas abiertas. Queremos invitarlos a todos, que este es un día democrático para que voten el 31 de mayo, este domingo", señaló.¿Habrá oferta del Inder el fin de semana de elecciones?En ese sentido, cabe resaltar, no se realizarán torneos, competencias ni se permitirá el uso de reservas en los espacios administrados por la entidad.La Administración Distrital precisó que el sábado 30 de mayo todos los escenarios funcionarán con normalidad. Sin embargo, el cambio de operación aplicará exclusivamente el domingo, día de las elecciones, como parte de las medidas preventivas y de organización ciudadana.Finalmente, las piscinas administradas por el INDER Medellín y las ludotekas permanecerán cerradas durante toda la jornada del domingo. La reapertura y normalización de los servicios se dará de acuerdo con los lineamientos institucionales tras el cierre de la jornada electoral.Esta medida se adopta en cumplimiento de la normativa nacional vigente para comicios, establecida en el Decreto 0188 de 2026.
La jornada de juegos de azar de este viernes 29 de mayo dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $120 millonesPremio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4835El número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 29 de mayo de 2026 fue el: 3298 de la serie 255. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5070El gran protagonista de la noche en laLotería de Santander fue el número: 4173 de la serie 032, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.Lotería de Risaralda: premio mayorEl número del premio mayor de la Lotería de Risaralda fue el: 5379 de la serie 016. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 29 de mayoDurante el sorteo de hoy de MiLoto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 03, 12, 15, 23 y 28. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.
