La designación de Drogas La Rebaja como nuevo gestor farmacéutico de Nueva EPS para 70.000 usuarios en Ibagué, Girardot y Soacha encendió las alertas en distintos sectores del sistema de salud, que cuestionaron si la empresa tiene la capacidad técnica, operativa y financiera para asumir esta responsabilidad en medio de la crisis de medicamentos que enfrenta el país.Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), la presidenta del gremio, Ana María Vesga, aseguró que todavía no está claro si Drogas La Rebaja cuenta con las condiciones necesarias para cumplir un rol que calificó como altamente especializado.“No lo entendemos muy bien (...) parecería que estamos hablando de una cadena extensa de farmacias que hace dispensación ambulatoria, pero distinto es el rol sofisticado y complejo que hacen los gestores farmacéuticos”, afirmó.Aunque Vesga evitó anticipar un juicio definitivo, sí dejó abierta la preocupación sobre la capacidad operativa del nuevo operador. “No conocemos aún si realmente tiene la capacidad para hacerlo (...) lo importante es que opere para los pacientes”, señaló.Las dudas también fueron compartidas por Álvaro Puerto, vocero del colectivo Colombia Salud en Acción, quien advirtió que más allá del cambio de operador, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del modelo, especialmente porque la Nueva EPS se encuentra intervenida.“Me hace dudar sí va a alcanzar el recurso para que a Drogas La Rebaja le paguen, porque hoy las instituciones intervenidas nos dicen que no les alcanzan para pagar más del 70 o 75 %”, afirmó Puerto. El vocero de Colombia Salud en Acción agregó que el verdadero reto será garantizar que los pacientes puedan acceder efectivamente a sus medicamentos y que esta transición no agrave la crisis actual.Desde la Asociación Pacientes Colombia, su representante Dennis Silva, fue aún más crítico y aseguró que Drogas La Rebaja no tendría hoy las condiciones habilitadas para asumir la dispensación como gestor farmacéutico.“La Rebaja es un sofisma. Hoy La Rebaja no tiene habilitación en ninguno de los cerca de 1.000 puntos para dispensación de medicamentos como gestor farmacéutico”, afirmó.Silva también cuestionó que detrás de esta decisión pueda haber intereses políticos más que soluciones estructurales para enfrentar el desabastecimiento. “Estamos 100 % seguros de que es un tema electoral, porque cada vez la crisis de medicamentos toca fondo”, concluyó.
El municipio de Zipaquirá se convirtió en el primero del país en tener en funcionamiento un consultorio médico dentro de una sede de Drogas La Rebaja, como parte de una estrategia que busca transformar estos establecimientos en puntos de atención primaria en salud y dispensación de medicamentos, tras el proceso de extinción de dominio que permitió que pasaran a manos del Estado.El modelo implementado consiste en adaptar consultorios dentro de las droguerías para que los usuarios puedan acceder a consultas médicas de baja complejidad sin necesidad de desplazarse a centros hospitalarios de mayor nivel. La iniciativa se desarrolla luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que los puntos de Drogas La Rebaja serán transformados en espacios de atención primaria en salud en diferentes regiones del país.Desde el primer punto habilitado en Zipaquirá, el asesor de gerencia en Drogas La Rebaja, Miguel Martínez, explicó que el modelo contempla cuatro enfoques principales de atención: demanda directa de usuarios, alianzas con Empresas Sociales del Estado, apoyo a salud pública y promoción y prevención. Sobre la primera línea, indicó que “las personas que llegan a la droguería pasarían acá a consulta para que sean atendidos y sean direccionados, bien sea a un tema de urgencias o con una fórmula para que puedan comprar sus medicamentos por esta línea”.Según explicó el funcionario, esta atención se centra en patologías primarias y casos relacionados con personas que acuden a comprar medicamentos sin diagnóstico previo. La intención es que estos usuarios sean valorados por un médico general que pueda formular tratamientos de manera adecuada y facilitar el acceso a los medicamentos dentro del mismo establecimiento.En cuanto al segundo enfoque, relacionado con alianzas institucionales, Martínez explicó que el modelo en Zipaquirá se desarrolla en coordinación con el Hospital La Samaritana. Sobre este punto señaló que “la segunda es ya la alianza con Samaritana, y es que, ejemplo, una consulta prioritaria para las personas que están cerca al consultorio puedan asignarle la cita prioritaria (…) y aportemos a la atención que tiene esta E.S.E. en accesibilidad y oportunidad”.Los otros dos enfoques contemplan el apoyo a programas de salud pública y acciones de promoción y prevención. En ese sentido, el asesor explicó que la intención es “entrar a apoyar desde los consultorios los planes de intervención colectiva o los temas de salud pública (…) y poderles aportar los temas de promoción y prevención”.Sin embargo, El sindicato Asocopservir, que representa a trabajadores vinculados a la cooperativa Copservir, que administra y opera la cadena comercial por medio de un contrato vigente de preposición, expresó su cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el Gobierno, advirtiendo posibles afectaciones para más de 5.300 trabajadores en el país.El presidente del sindicato, Deivis Carbonell, señaló que uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de claridad sobre el tipo de contrato que regirá la operación y las responsabilidades de cada unidad. En sus palabras, “ ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar como empleados de drogas en la rebaja, o sea, con sustitución patronal, esa es una condición que genera unos compromisos, unas responsabilidades por parte de ellos y por parte de nosotros como un trabajador de cualquier empresa O vamos a trabajar, entonces, bajo un modelo de contrato de preposición, donde nosotros tenemos el manejo de la marca para explotarla de forma comercial, y respondemos por esa unidad de negocio. Ya Copservir es una cooperativa que presta ese servicio que siempre han conocido, de lo que es la parte comercial, y el gobierno, pues, tiene su unidad de la dispensación, tiene la unidad de la de los consultorios médicos, y allá mirará qué personas contrata, cómo lo maneja, si le produce, si no le produce” explicando que no es claro cómo se daría manejo a la estrategia y unidades de negocio.Carbonell también explicó que existen dudas sobre las responsabilidades y distribución de costos asociados a arriendos, permisos para modificar los locales y deberes financieros entre las distintas unidades que operarían en los establecimientos.Las preocupaciones del sindicato se dan en medio del cumplimiento de una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos comerciales de Copservir al Estado. Según el sindicato, el principal riesgo para los trabajadores se relaciona con la incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos laborales y las condiciones en que se mantendría su vinculación.Frente a estos cuestionamientos, el asesor de gerencia de Drogas La Rebaja aseguró que el Gobierno ha definido directrices claras relacionadas con el recurso humano, orientadas a garantizar la continuidad del personal y la sostenibilidad del modelo. En ese sentido, afirmó que “debemos tener dos cosas claras: tener en cuenta a todo el personal de la rebaja y segundo la viabilidad de la empresa (…) se está trabajando un vehículo contractual donde tengamos en cuenta todas esas familias y poder tener una empresa viable”.
Ante la decisión del presidente Gustavo Petro de convertir las droguerías La Rebaja en puestos de salud, el sindicato Asocopservir rechazó la medida al considerar que desconoce los contratos vigentes, compromete los recursos de Copservir y afecta a más de 5.300 trabajadores, además de haberse tomado sin la aprobación de los asociados.En un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización señaló que funcionarios del Gobierno habrían intervenido de manera arbitraria en los establecimientos, argumentando la propiedad estatal de la cadena, lo que —según el sindicato— ignora el contrato de preposición que regula la administración de estos puntos por parte de la cooperativa. Asimismo, cuestionaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su participación en esta decisión.El sindicato recalcó que, si bien no se opone a los proyectos de salud pública, exige que se respeten las condiciones contractuales y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, advirtió que el contrato vigente limita la operación de Copservir a la administración de establecimientos farmacéuticos, sin incluir la prestación de servicios médicos.Además, denunciaron que no se ha reconocido la sustitución patronal para los empleados vinculados a la operación, lo que ha generado incertidumbre laboral. También señalaron que no se han planteado alternativas para garantizar la continuidad de la cooperativa en la administración del negocio retail.Finalmente, Asocopservir indicó que considera que esto son abusos y no descartó emprender acciones en defensa de la cooperativa y de sus afiliados.
La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica para analizar las inquietudes que han surgido frente al ingreso de Drogas La Rebaja como nuevo participante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.De acuerdo con el Ministerio Público, la cadena farmacéutica se encuentra actualmente en una etapa inicial de su proceso de incorporación y adelanta trámites de habilitación con operadores logísticos y puntos de dispensación de medicamentos.Durante la mesa técnica, liderada por la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, se precisó que el ingreso efectivo de este gestor farmacéutico será progresivo y estará sujeto al cumplimiento de los mismos requisitos normativos, técnicos y operativos que se exigen a los demás actores del sistema.El ente de control explicó que la intención de este espacio de diálogo es aclarar las expectativas que se han generado alrededor del proceso, así como su alcance real y estado actual, con el fin de disminuir la incertidumbre manifestada por varios usuarios y trabajadores del sector salud.Además, señalaron que en este espacio se discutieron aspectos relacionados con la experiencia, las capacidades operativas y la cobertura territorial que tendría Drogas La Rebaja en caso de consolidarse como gestor farmacéutico dentro del sistema.Finalmente, la Procuraduría reiteró que, por ahora, se trata de un proceso preliminar y que su avance dependerá de la verificación que realicen las autoridades competentes para garantizar que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente.
La Rebaja S.A.S. iniciará una nueva etapa dentro del sistema de salud al asumir el rol de gestor farmacéutico y convertirse en la línea institucional pública para la dispensación de medicamentos en el país. Esta transformación permitirá que medicamentos de alto costo, prescritos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puedan ser entregados a los usuarios a través de esta línea institucional.El anuncio se da en el marco de una nueva fase del proceso de intervención liderado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que busca reorganizar la operación de los establecimientos de comercio que, tras una decisión judicial, pasaron a ser propiedad del Estado. En este contexto, La Rebaja S.A.S. tendrá a su cargo la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operativos para optimizar y consolidar la operación comercial.De acuerdo con lo informado, el objetivo central de esta fase es la creación y puesta en marcha de una línea institucional pública de dispensación de medicamentos, orientada a atender principalmente al mercado institucional del sistema de salud. Esto incluye la provisión de medicamentos de alto costo que hacen parte de los tratamientos ordenados a los afiliados del régimen de aseguramiento.La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico a través de la denominada La Rebaja Institucional, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Esta estrategia hace parte de una apuesta estatal para fortalecer la capacidad pública en la gestión y distribución de medicamentos.Dentro de los propósitos planteados se encuentra la estructuración de una central pública de compras de medicamentos, con la que se busca mejorar la eficiencia en la adquisición, reducir los niveles de intermediación y garantizar la disponibilidad oportuna de tratamientos para los usuarios del sistema de salud.El proceso contará con un nuevo equipo encargado de la intervención y con la participación de los trabajadores vinculados a la operación, quienes harán parte de la implementación de los cambios operativos y administrativos previstos en esta etapa.La Superintendencia de la Economía Solidaria señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de asegurar que el proceso se desarrolle conforme a la normatividad vigente y que se mantenga la protección de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del sistema de salud.
La situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a estar en el centro de la discusión. En Blu Radio, Deivis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar cooperativa que administra la cadena farmacéutica, explicó que la intervención está próxima a cumplir dos años y que, durante este periodo, la empresa ha acumulado pérdidas de manera consecutiva. Según el sindicato, en 2024 las pérdidas ascendieron a $64 mil millones, y en 2025 superaron los $40.000 millones; para el año en curso se proyecta un resultado similar.Carbonell señaló que existe una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos de comercio al Estado, proceso que, aseguró, aún no se ha materializado. Mientras tanto, los activos continúan registrándose en Copservir, lo que ha comprometido los aportes de los asociados para sostener bienes que, de acuerdo con la sentencia, ya no pertenecerían a la cooperativa.El dirigente indicó que esta situación ha impedido aplicar la sustitución patronal, mecanismo que permitiría garantizar la continuidad de los contratos laborales ante un eventual cambio de administrador. Advirtió que algunas alternativas planteadas implicarían la renuncia de los trabajadores a Copservir y la firma de nuevos contratos, con la consecuente pérdida de beneficios asociados a la antigüedad laboral.Asimismo, afirmó que han solicitado acompañamiento al Ministerio del Trabajo sin obtener una respuesta efectiva y que se han realizado reuniones entre entidades del Gobierno nacional sin la participación de los trabajadores, lo que ha dificultado avanzar en soluciones.De acuerdo con el sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos, ya que, debido a las pérdidas acumuladas, quienes se retiran o son desvinculados no recuperan sus aportes, al aplicarse el factor de pérdida previsto en la normativa de la economía solidaria.Ante este panorama, el sindicato evalúa alternativas internas, como la convocatoria a una asamblea para definir el futuro de los aportes y la continuidad de la cooperativa, ante la falta de definiciones claras sobre la entrega de los activos y la intervención. Finalmente, Carbonell reiteró el llamado a la Superintendencia, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para que se pronuncien sobre la sustitución patronal, la protección del ahorro laboral y el futuro de Drogas La Rebaja, con el fin de dar claridad a los trabajadores y sus familias.
El Sindicato de Trabajadores de Copservir – Drogas La Rebaja emitió un pronunciamiento en el que expone preocupaciones relacionadas con la situación laboral y económica de los más de 5.600 empleados vinculados a la cooperativa. Según el comunicado, uno de los principales puntos es la negativa de la administración designada y de Drogas La Rebaja S.A.S., en representación del Ministerio de Salud, a reconocer la sustitución patronal, figura contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo entre los artículos 67 y 70.El sindicato señaló que los aportes de los trabajadores asociados se han visto afectados en un 87 %, debido a la absorción de pérdidas generadas por establecimientos que desde 2022 no pertenecen a la cooperativa. Asimismo, advirtió que la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que completa 18 meses, no ha logrado frenar el aumento de pérdidas económicas, lo que pone en riesgo la estabilidad de la entidad y de las familias vinculadas.Entre las solicitudes de la organización sindical se destacan: el reconocimiento inmediato de la sustitución patronal, la protección y restitución de los aportes sociales, transparencia en la gestión de la intervención y un pronunciamiento oficial del Estado frente a estas obligaciones.El sindicato reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la estabilidad de los trabajadores y la continuidad del modelo de economía solidaria en Colombia.En contacto con Blu Radio, el Ministerio de Salud indicó que el tema corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, esta entidad señaló que la responsabilidad recae en la Superintendencia de la Economía Solidaria, mientras que dicha entidad a su vez remitió la consulta nuevamente a la Superintendencia de Salud, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial de fondo.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó este lunes, 25 de agosto, la entrega de 880 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y Protección Social, consolidando un proceso que se inició en mayo de 2024 cuando las acciones del Grupo Empresarial Drogas La Rebaja pasaron a ser administradas por esta cartera.La transferencia, realizada en destinación definitiva y a título gratuito, incluye no solo los locales comerciales, sino también la marca, los activos y los registros mercantiles. Con este paso, el Gobierno busca convertir a la reconocida cadena de droguerías en un actor estratégico de distribución de medicamentos en todo el país, con especial énfasis en las zonas rurales y apartadas.“Estamos haciendo la entrega definitiva de Drogas La Rebaja, junto con locales comerciales destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Para nosotros, como Sociedad de Activos Especiales, es un gran apoyo a una prioridad del Gobierno del Cambio: garantizar la salud de los colombianos”, señaló Amelia Pérez, presidenta de la SAE.Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que el proceso culmina tras meses de trabajo jurídico y administrativo. “Después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos”, afirmó.Drogas La Rebaja fue fundada en los años setenta en Cali por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali y llegó a convertirse en uno de los mayores activos de ese grupo narcotraficante. En 2016, tras un extenso proceso judicial, se declaró la extinción de dominio sobre las sociedades vinculadas a los Rodríguez Orejuela, pasando desde entonces a ser administradas por el Estado. La SAE asumió la tarea de proteger y mantener en funcionamiento este conglomerado, mientras se definía su futuro.En abril de 2024, la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) intervino a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir Ltda), encargada hasta entonces de administrar Drogas La Rebaja. El organismo advirtió sobre irregularidades en asambleas, contratos sin autorización judicial y deficiencias en los reportes financieros.Con la firma del acta de entrega, el Ministerio de Salud asume ahora la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de Drogas La Rebaja. El reto, según el propio ministro Jaramillo, es transformar la cadena en un instrumento público para mejorar el acceso a medicamentos, sobre todo en regiones donde históricamente la oferta ha sido insuficiente.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció un aumento alarmante de las pérdidas económicas en la cooperativa Drogas La Rebaja, tras la intervención estatal realizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria.Según Forero, las pérdidas acumuladas se han multiplicado por diez, pasando de 3.000 millones de pesos a 38,2 mil millones de pesos, en comparación con el mismo período antes de la intervención.Forero subrayó que esta drástica pérdida se ha dado después de que la Superintendencia de la Economía Solidaria, bajo la dirección de María José Navarro, nombrara a un licenciado en pedagogía artística como agente interventor de la cooperativa, una decisión que, según el representante, no tiene justificación. Afirma que el agente interventor no solo carece de experiencia en temas de salud, sino que su nombramiento responde a motivos políticos más que técnicos.Añade que dicho agente, que fue designado, no tiene formación ni experiencia en el manejo de empresas relacionadas con la salud o el comercio de productos farmacéuticos, lo que, según Forero, ha generado un ambiente de caos y desorganización en la administración de la cooperativa. Hace énfasis en que es inconcebible que se nombre a alguien sin conocimientos específicos en el sector salud para manejar una empresa de tal magnitud, que impacta directamente en la vida de millones de colombianos.Para Forero, la designación no solo es irresponsable, sino también un acto de clientelismo político. Según el representante, este individuo fue candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, lo que sugiere que su nombramiento responde a intereses políticos más que a criterios de competencia profesional.Forero finalizó haciendo un llamado a la transparencia y a la responsabilidad en la administración pública, pidiendo una revisión exhaustiva de las acciones tomadas por la Superintendencia en este caso.
La Superintendencia de Economía Solidaria destapo nuevas irregularidades cometidas por exdirectivos de la cooperativa que administra a Drogas La Rebaja.En el listado hay malos manejos de la fundación, incremento injustificado de sus propios salarios a través de gastos de representación no pactados previamente y contratos cuestionables. Por ejemplo, se contrató a terceros mediante la modalidad de tiendas ocultas, el problema es que el contratista se quedaba con todas las ganancias mientras que la cooperativa era la que pagaba la nómina y los empleados. Por si fuera poco, uno de los exdirectivos arrendó locales de su propiedad a la cooperativa y por un año cobró los arriendos aunque esos locales estuvieron cerrados.Además de los contratos cuestionables se hizo la compra de locales comerciales en Santander sin consultar con el Consejo de Administración y como resultado se pagaron 390 millones de pesos por locales que están en obra negra y que no se sabe cuándo se podrán usar.Frente a estos hechos, los exdirectivos fueron despedidos de la cooperativa con justa causa y la Superintendencia de Economía Solidaria inició un proceso sancionatorio que puede acabar con una multa y una sanción administrativa pero también con la compulsa de copias a la Fiscalía y otros órganos de control.Para complementar, se encontró evidencia de pagos dobles y tantas irregularidades contables que la cooperativa era administrada como una caja menor personal y no como una empresa. Hoy el Gobierno cree que la intención de los exdirectivos era marchitar a La Rebaja luego de que la justicia entregada definitivamente las droguerías al Gobierno nacional tras un proceso de extinción de dominio contra los capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Sin embargo, la Supersolidaria cree que el proceso de intervención ha sido todo un éxito hasta ahora y que ya se detuvo la tendencia del aumento de pérdidas. Hoy la cooperativa está perdiendo unos 60.000 millones de pesos, una cifra significativamente inferior a los 90.000 que se proyectaban para el año cuando inició el proceso en abril.La Rebaja anunció la rebaja de precio de 50 productos de línea básica gracias a una mayor eficiencia administrativa y a la negociación con nuevos proveedores y espera continuar la tendencia.
Tras casi tres meses después del terremoto que afectó cinco departamentos de Colombia, el Gobierno nacional anunció nuevos alivios para las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan resultado afectadas por esta emergencia y que tengan dificultades para asumir el pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo.La medida quedó establecida mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, expedido en el marco de las acciones de recuperación para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.Según el Ministerio de Vivienda, los hogares de estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios podrán acceder a un subsidio adicional para el pago de estos servicios por hasta seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales.El beneficio no será automático para todos los hogares de esos estratos. Desde la entidad señalan que ella será la encargada de definir las zonas que podrán acceder a la medida, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual se aplicará.El decreto también contempla una medida para las familias cuya vivienda haya quedado destruida, demolida o inhabitable y, por esa razón, no pueda recibir alguno de los servicios.En esos casos, los hogares no tendrán que pagar por un servicio que no están recibiendo mientras permanezca esa situación.Además, el Gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado que hayan resultado afectadas por el desastre, con el objetivo de facilitar la recuperación del acceso a estos servicios durante el proceso de reconstrucción de las viviendas.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La empresa Air-e Intervenida y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) están nuevamente en el centro de las críticas en Barranquilla, donde se empezaron a cobrar los castigos en el recibo de la luz, como parte del programa Uso Eficiente, para el ahorro de energía en medio de la sequía por fenómeno de El Niño en el país.Aunque la medida fue controvertida desde su lanzamiento, bajo el argumento de que las altas temperaturas golpean más al Caribe que al centro de Colombia, impulsando un mayor consumo. Ahora, la discusión se centra en que algunos cobros se efectuaron en la facturación de septiembre, cuando el ejercicio aún era pedagógico.Uno de esos casos fue el de Julio Caballero, un hombre que reside en estrato 4 y cuya multa fue de 164 mil pesos por un consumo 797,00 kilovatio hora (kWh) en sus últimos 32 días. Así las cosas, el valor total a pagar superó los $879.000, lo que para él es el “recibo más alto en su historia”.“Me parece injusto que tenga que pagar esta sanción. Este recibo es el más alto que voy a pagar en toda la historia. Yo me sobrepasé un poco en el consumo porque tengo una bebé prematura y por obligaciones de mantener su condición en buen estado, con un buen clima para que se sienta cómoda, por esa razón el recibo llegó mucho más caro. Debería estar exento y no solamente yo, sino muchas personas que también están viviendo en la misma condición”, declaró a Blu Radio.Otro de los casos ocurrió en el barrio Los Jobos, norte de Barranquilla, donde a una mujer le impusieron un castigo de $52.700 por consumir 404,00 kilovatio hora (kWh) en el último mes. Lo que propició un recibo de $440.000, cuando ella estaba acostumbrada a pagar entre $350.000 y $400.000 máximo.La mujer, quien pidió no ser identificada, dice que está muy inconforme con los aumentos, teniendo en cuenta que “vive sin ningún lujo” y con solo otra personas más.“¿Cómo es posible que esté pagando casi medio millón de pesos en un solo servicio de energía? No tengo en mi hogar ningún tipo de lujo, tampoco equipos de sonido,ni televisor, uso los electrodomésticos básicos como lavadora, nevera y abanicos. Entonces, si de por sí el valor del servicio de energía en Barranquilla ya es caro, ahora súmele esta medida que se está tomando”, agregó.La empresa Air-e habilitó en su página web una pestaña donde los usuarios, escribiendo el nic de su factura, pueden calcular su meta y saber a partir de qué consumo lo sancionan o recibe descuento por ahorro.
Más de 23.000 inmuebles que resultaron afectados por el sismo del pasado 10 de agosto y que actualmente están inhabitables ya cuentan con la suspensión temporal de los servicios de EMCALI.La medida busca evitar que las familias damnificadas sigan acumulando cobros por los servicios públicos durante el periodo en que sus viviendas no pueden ser ocupadas. Las solicitudes para acceder a esta suspensión podrán realizarse hasta el próximo 10 de octubre de 2026.Además, EMCALI anunció condiciones especiales para las familias afectadas que tengan deudas pendientes con la empresa. Entre los beneficios está la eliminación del 100 % de los recargos por mora, cuotas iniciales desde el 3 % y acuerdos de pago que pueden extenderse hasta ocho años, dependiendo del tipo de usuario.Para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 y asentamientos, la cuota inicial de energía podrá ser desde el 3 %, con financiación de hasta 96 meses. Los acuerdos de hasta 60 meses tendrán una tasa del 0 %, mientras que entre 61 y 96 meses se aplicará una tasa del 0,49 % mensual.En los estratos 4, 5 y 6 la cuota inicial será del 5 %, con plazos de hasta cinco años. Para usuarios especiales también será del 5 %, con financiación hasta por 48 meses. En el caso de establecimientos comerciales e industriales, la cuota inicial será del 10 %, con plazos de hasta cuatro años.Uno de los requisitos principales es estar incluido en el Registro Único de Damnificados (RUD) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.El trámite para acceder a los acuerdos de pago debe hacerse presencialmente en los centros de atención de EMCALI. Los usuarios deberán presentar su documento de identidad y la documentación requerida del inmueble, además de suscribir el pagaré correspondiente. Para personas jurídicas se solicitará el certificado de existencia y representación legal.Una vez formalizado el acuerdo, el usuario tendrá un máximo de cuatro días calendario para pagar la cuota inicial.EMCALI aclaró que las facturas pueden continuar incluyendo el cobro del servicio de aseo, debido a que este no es prestado ni facturado por la empresa, sino que corresponde a la UAESP y a la Alcaldía de Cali.La empresa señaló que continúa gestionando ante el Gobierno Nacional y la CREG otras alternativas para ampliar los alivios dirigidos a las familias damnificadas por el sismo.
El panorama de la música electrónica en Latinoamérica está a punto de vivir un momento histórico. Los próximos 10 y 11 de octubre, el icónico Electric Daisy Carnival aterrizará por primera vez en el país con la edición de EDC Colombia, tomando como escenario la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín.Si bien la llegada de este gigante de los festivales trae consigo a superestrellas globales, el verdadero hito radica en la consolidación del talento local. Entre los nombres que más resuenan en el cartel destacan Noise Mafia y Peter Blue, quienes unirán fuerzas en su explosivo formato B2B.La cuota colombiana brilla en el Atanasio GirardotLa elección de Medellín para albergar el EDC Colombia confirma a la capital antioqueña como el nuevo epicentro de los grandes espectáculos musicales. A diferencia de Bogotá, que históricamente ha cultivado un sonido más oscuro e inclinado al techno puro, Medellín ofrece una atmósfera abierta y vibrante, ideal para festivales de escala masiva y para géneros como el house.En este contexto, los artistas nacionales no son solo teloneros, sino pilares de una escena que explotó creativamente tras la pandemia y que ahora tiene la vitrina perfecta para exhibir su nivel ante miles de turistas y seguidores del circuito global."Siento que es algo muy bonito siendo colombiano hacer parte de la primera edición de un festival así. Además, hay mucho talento colombiano que está haciendo parte del lineup, y eso realmente me parece algo increíble", expresó Noise Mafia.Peter Blue y la revolución del 'Tecno Merengue'Uno de los aportes más llamativos del cartel es el de Peter Blue, un artista que ha sabido leer la riqueza sonora del continente para crear un concepto único: el 'tecno merengue'. Inspirado en los movimientos de los años noventa de grupos como Proyecto Uno o Sandy & Papo, Blue logra una reinterpretación moderna donde convergen el techno, la guaracha, el tribal y el baile funk.Curiosamente, fue su etapa viviendo fuera del país la que consolidó esta visión. Al respecto, el artista señala: "Siento que Argentina fue un momento clave en mi vida como para valorar lo que es mi cultura, lo que soy, y empezar a plasmarlo en mi arte". Esto lo impulsó a llevar este sonido latinoamericano a escenarios de primer nivel, demostrando una madurez técnica notable.Noise y el sonido de la electrónica con sello cinematográficoPor su parte, Noise aporta una visión profundamente conceptual y atmosférica. Fiel creyente de que el éxito es un camino de paciencia y no de números rápidos, su inspiración trasciende las pistas de baile y se nutre del cine espacial y la ciencia ficción, al estilo de películas como La Odisea.Para Noise, la identidad colombiana en su música no radica en forzar elementos folclóricos evidentes, sino en que su contexto, su crianza en el país y su cultura moldean de manera natural y genuina cada pista que produce."El simple hecho de nacer y crecer en Colombia, mi contexto, mi cultura y todo lo que me rodea, moldea ese sonido; no necesariamente tiene que tener un toque latino en específico para sentirse de dónde soy y de dónde vengo", asegura el productor.Un B2B 'freestyle' que promete hacer historiaLa magia de estos dos talentos colisiona en un B2B ‘freestyle’, el proyecto que presentarán en el festival. Lejos de llevar un set meticulosamente programado y rígido, el dúo apuesta por la libertad del freestyle. Impulsados por una gran amistad y una visión compartida de la música, su actuación se basará en leer la energía del público en tiempo real, construyendo un relato sonoro que fluirá de manera orgánica con la vibra de los asistentes."Nosotros siempre hemos funcionado un poco como freestyle", confiesa Peter Blue sobre la dinámica con Noise. "Sí vamos a hacer el trabajo que hace un DJ, que es leer la pista y comunicar lo que tenemos pensado, pero la verdad no sabemos mucho cómo preparar lo que vamos a hacer, es algo muy genuino".La primera edición de EDC Colombia es la oportunidad perfecta para descubrir de primera mano por qué la electrónica nacional está marcando tendencia en toda la región. La presentación de Noise Mafia promete ser una experiencia inmersiva llena de sazón local, improvisación pura y ritmos vanguardistas. Asegura tus entradas para vivir esta experiencia única bajo el cielo eléctrico de Medellín y apoya al talento que está llevando el nombre del país a lo más alto de la industria.
