El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de una ley de sometimiento o acogimiento para integrantes de grupos armados ilegales, con la expectativa de presentar una primera muestra de su aplicación durante las próximas dos semanas.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la propuesta se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio del Interior, la Presidencia y entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los procesos que ya se encuentran en revisión están los relacionados con estructuras como los Comandos de la Frontera.
Cancino fue enfático en que el mecanismo estará sometido a la ley y no abrirá la puerta a negociaciones políticas. “No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, aseguró.
El funcionario señaló que quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones y consecuencias establecidas por el Estado. “Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, afirmó.
Dentro de la discusión también está la Ley 418, que contempla, entre otros asuntos, mecanismos de protección para testigos y cuya vigencia vence en noviembre. Según Cancino, el Gobierno analiza cómo prorrogarla.
Aunque se contempla un trato diferenciado para quienes abandonen las actividades ilegales, el ministro insistió en que este no podrá convertirse en un mecanismo de impunidad. “Ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación”, sostuvo.
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La iniciativa deberá avanzar en el Congreso y ser discutida en el marco del Consejo Superior de Política Criminal, mientras el Gobierno prepara los mecanismos jurídicos para concretar los primeros procesos de sometimiento.