Cerca de 328 personas, entre civiles y militares, han resultado asesinadas o heridas en Colombia durante los últimos dos años por ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales. Tras esta razón, entre otras, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y del ministro Pedro Arnulfo Sánchez, radicó ante el Congreso de la República cuatro proyectos de ley.
Dos fueron presentados en la Cámara de Representantes: la regulación de drones y antidrones y la reforma a la Ley de Veteranos; mientras que en el Senado fueron radicados el Estatuto de Soldados e Infantes de Marina Profesionales y la reforma al Código Disciplinario Militar.
La principal apuesta del Gobierno es el proyecto de regulación de drones y sistemas antidrones, una iniciativa que fue presentada nuevamente al Congreso. Según el ministro Sánchez, el conflicto armado ha cambiado y los drones comerciales se han convertido en una herramienta utilizada por organizaciones criminales para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil, por lo que el país necesita una legislación que responda a esa nueva realidad.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el 88% de estos hechos han sido atribuidos a las disidencias de las Farc al mando de alias "Iván Mordisco", mientras que otro 11% corresponde a estructuras del cartel del narcotráfico del ELN. Cauca es el departamento más afectado, seguido por Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Por lo que, la iniciativa de este proyecto de ley busca establecer una estrategia integral para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, porte, transporte, vigilancia y uso de drones en Colombia. Además de fortalecer la supervisión del gobierno para garantizar que quienes emplean estos equipos con fines comerciales, agrícolas, industriales o audiovisuales puedan seguir haciéndolo bajo reglas claras y dentro de la legalidad.
El proyecto también crea el marco legal para el uso excepcional de sistemas antidrones, tecnologías que permiten detectar, controlar o neutralizar drones cuando representen una amenaza para la seguridad.
Durante la radicación, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez insistió en que la iniciativa no busca frenar el desarrollo tecnológico. "No es una ley contra la tecnología; es una ley para proteger a los colombianos", afirmó, al señalar que el objetivo es encontrar un equilibrio entre el uso responsable de los drones y la necesidad de impedir que sean utilizados por el crimen organizado para afectar la vida de los colombianos y militares.
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Otro de los proyectos radicados corresponde a la reforma de la Ley de Veteranos, que busca fortalecer los beneficios para los más de 214.000 veteranos certificados que tiene el país.
La propuesta crea el Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano para articular a todas las entidades del Estado en la atención de esta población, fortalece el Consejo de Veteranos y amplía los mecanismos de participación y presencia institucional en las regiones.
En el Senado también fue presentado el proyecto del Estatuto de Soldados Profesionales e Infantes de Marina, que beneficiaría a cerca de 86.200 uniformados. La iniciativa busca dignificar su carrera mediante mayores oportunidades de formación académica, capacitación, acceso a estudios técnicos y profesionales, criterios de ascenso basados en el mérito y un aumento de la bonificación para quienes se encuentran en formación, que pasaría del 33% al 50%.
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El ministro explicó que el proyecto también permitirá que los soldados con mejor desempeño puedan acceder con mayor facilidad a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, además de incorporar nuevos estímulos educativos.
El cuarto proyecto corresponde a la reforma al Código Disciplinario Militar, que actualiza las normas que regulan la disciplina de las Fuerzas Militares de acuerdo con la Constitución y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta fortalece el debido proceso, la presunción de inocencia, la doble instancia y la imparcialidad en las investigaciones disciplinarias, con el propósito de mantener la disciplina como uno de los pilares fundamentales de la Fuerza Pública.
Ahora estos cuatro proyectos quedan en manos del Congreso de la República para ser debatidos y determinar si se convierten en una ley colombiana.
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