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El Consejo de Estado determinó que ni la Presidencia de la República, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han desconocido los derechos fundamentales de los colombianos detenidos en el exterior por el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse.
Este pronunciamiento se da luego de una demanda de tutela que presentó la esposa de uno de estos colombianos. Para ella, estas entidades habían cometido una serie de omisiones en las garantías al debido proceso, la igualdad y la vida de su marido.
Además, afirma que el juez constitucional debería impartir una serie de directrices para que el Gobierno garantice que su esposo y los demás detenidos obtengan garantías en cuanto, su defensa y acceder a condiciones que no deterioren su salud en medio de la privación de su libertad.
También aseguró que su esposo se encontraba incomunicado, por lo que solicitó recuperar comunicación con él y verificar que se encontraba en buen estado.
En primera instancia la demanda no prosperó, pero dio lugar a que se le solicitara al Ministerio del Interior para que, a través del cónsul colombiano en Haití, se verificara las condiciones de salud y representación jurídica que tenía el detenido.
Sin embargo para el Consejo de Estado no procede el amparo constitucional. Sostuvo que las demandadas demostraron que las gestiones adelantadas por el Gobierno de Haití, organismos multilaterales y demás actuaciones, evidencian que no han omitido responsabilidades a la hora de velar por los derechos de los detenidos, particularmente frente al contacto con sus familiares, la verificación de su estado de salud y el poder contar con representación jurídica.
Finalmente, la sala encontró que: “el Gobierno viene cumpliendo con los mandatos de la guía para privados de la libertad en el exterior. De ahí que, en esta instancia, corresponda modificar parte del fallo de primer grado, para instar a las demandadas a que sigan cumpliendo los parámetros de asistencia consular que, según el juez origen, era necesario seguir”, según el alto tribunal.
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