GOBIERNO Y FARC FIRMARÁN LA PAZ EN MARZO DE 2016

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el Gobierno y las Farc han acordado que la firma del acuerdo final de paz se producirá "a más tardar" en seis meses, plazo en el que terminarán las negociaciones en La Habana. Santos participó junto con el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", en un acto en el que los equipos de paz al completo anunciaron un importante acuerdo sobre justicia transicional. El presidente Santos y el máximo líder de las Farc se dieron un histórico apretón de manos, tras anunciar en La Habana el acuerdo alcanzado entre las partes en materia de justicia transicional, clave para la paz. Ambos posaron para la foto, junto con el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien se situó en el medio y dio la mano a Santos y a "Timochenko", quienes tras unos segundos, también se dieron la mano; un simbólico gesto que aproxima la paz. El acuerdo sobre justicia anunciado hoy contempla entre otras cosas una amnistía para delitos políticos, la creación de un tribunal especial para la paz, y establece que la guerrilla deberá entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo. "Es común que a la finalización del conflicto se otorguen amnistías o indultos a los delitos políticos, pero hay delitos que ni en nuestra Constitución ni en el Derecho Internacional ni nuestra propia conciencia, nos permiten amnistiar o indultar, los graves crímenes de guerra, secuestro, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores, serán juzgados por la nueva jurisdicción", señaló Santos. Lo anunciado hoy sobre justicia transicional es uno de los avances más importantes logrados en este proceso de paz que ha permitido a las partes plantearse la firma de un acuerdo de paz definitivo en un plazo de seis meses, según adelantó Santos. "En particular se garantiza el derecho a la justicia, verdad, reparación y no repetición, y les da a las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos la oportunidad de intervenir para que se investigue a los responsables y sentencie a los culpables", dijo el presidente Santos desde Cuba. “Quiero hacer especial énfasis en que ni este sistema de justicia ni jurisdicción están dirigidos especialmente a las Farc, todos los que participaron del conflicto armado pueden someterse a esta justicia transicional, pueden someterse los agentes del estado y en especial de la fuerza pública”, agregó el mandatario. En la escenografía del anuncio estuvieron también presentes todos los integrantes de las delegaciones de paz, así como los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes Venezuela y Chile; todos ellos con camisa o guayabera blanca. “Lo que anunciamos hoy es una gran noticia para Colombia y también para el mundo, es la primera vez que un gobierno y grupo guerrillero un crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional”, dijo Santos. “Estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza a otros conflictos armados en el planeta (…) nos acercamos a la paz, no será fácil pero que necesita el aporte en todas las regiones”, agregó el presidente. El mandatario colombiano concluyó señalando que "la última palabra la tienen los colombianos, serán ustedes quienes a través de la refrendación decidan si aceptan o no los acuerdos". Inicio de los diálogos Las conversaciones del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc iniciaron formalmente el 19 de noviembre de 2012 y tienen a Cuba y Noruega como garantes, y a Venezuela y Chile como acompañantes. El tema de justicia, que comenzó a discutirse en julio, es uno de los más complejos del proceso, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que en medio siglo ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales. Ambas partes han cerrado el tema de la reforma rural (mayo 2013), participación política (noviembre de 2013) y drogas ilícitas (mayo 2014). Además acordaron en marzo de este año un programa de desminado y en abril, la conformación de una Comisión de la Verdad. Tras llegar a un acuerdo en justicia transicional solo quedaría un punto pendiente en la agenda, el referente al de fin del conflicto, que incluye la dejación de armas y desmovilización de los guerrilleros. Con AFP y EFE Este es el comunicado conjunto emitido por las delegaciones del Gobierno y las Farc: Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creacio?n de una Jurisdiccio?n Especial para la Paz La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015 1. Gobierno de la Repu?blica de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participacio?n poli?tica: Apertura democra?tica para construir la paz” y “Solucio?n al Problema de las Drogas Ili?citas”. 2. A la vez, reafirman su compromiso con una fo?rmula de justicia que satisfaga los derechos de las vi?ctimas y contribuya a la construccio?n de una paz estable y duradera. Con ese propo?sito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacio?n y No Repeticio?n. En ese marco hemos acordado que se creara? una Comisio?n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticio?n y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparacio?n de las vi?ctimas. 3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdiccio?n Especial para la Paz, que contara? con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estara?n integrados principalmente por magistrados colombianos, y contara?n con una participacio?n minoritaria de extranjeros que cumplan los ma?s altos requisitos. La funcio?n esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparacio?n de las vi?ctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los ma?s graves y representativos, garantizando la no repeticio?n. 4. El componente de justicia preve? que a la terminacio?n de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgara? la amnisti?a ma?s amplia posible por delitos poli?ticos y conexos. Una ley de amnisti?a precisara? el alcance de la conexidad. En todo caso no sera?n objeto de amnisti?a o indulto las conductas tipificadas en la legislacio?n nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves cri?menes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privacio?n grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparicio?n forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos sera?n objeto de investigacio?n y juzgamiento por parte de la Jurisdiccio?n Especial para la Paz. 5. La Jurisdiccio?n Especial para la Paz tendra? competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razo?n del conflicto, en especial respecto de los casos ma?s graves y representativos. 6. La Jurisdiccio?n Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen. tardi?amente. A los primeros se les impondra? una sentencia, fundada en las conductas reconocidas despue?s de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscali?a General de la Nacio?n, las sanciones impuestas por otros o?rganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, asi? como la informacio?n que provean las organizaciones de vi?ctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentara?n un juicio contradictorio ante el Tribunal. 7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendra?n como finalidad esencial satisfacer los derechos de las vi?ctimas y consolidar la paz y debera?n tener la mayor funcio?n restaurativa y reparadora del dan?o causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sancio?n tendra? un componente de restriccio?n de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realizacio?n de trabajos, obras y actividades y en general la satisfaccio?n de los derechos de las vi?ctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendra?n un mi?nimo de duracio?n de cumplimiento de 5 an?os y un ma?ximo de 8 de restriccio?n efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardi?a ante el Tribunal sera?n sancionadas con pena de prisio?n de 5 a 8 an?os, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerira? que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocializacio?n a trave?s del trabajo, capacitacio?n o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables sera?n condenadas a pena de prisio?n hasta de 20 an?os, en condiciones ordinarias. 8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdiccio?n Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las vi?ctimas y garantizar la no repeticio?n. 9. En el caso de las FARC-EP, la participacio?n en el sistema integral estara? sujeta a la dejacio?n de armas, que debera? comenzar a ma?s tardar a los 60 di?as luego de la firma del Acuerdo Final. 10. La transformacio?n de las FARC-EP en un movimiento poli?tico legal es un objetivo compartido, que contara? con todo el apoyo del Gobierno en los te?rminos que se acuerden.

GOBIERNO Y FARC FIRMARÁN LA PAZ EN MARZO DE 2016

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