La tesis de la Procuraduría, en el sentido de que las decisiones tomadas dentro del trámite de garantía de no extradición pueden ser apeladas, fue aprobada por la JEP a través de un fallo de tutela.
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El recurso tiene que ver con el caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, un indígena en situación de discapacidad, quien según investigadores de Estados Unidos es en realidad un capo del narcotráfico.
“En su fallo, la Sección de Apelación le dio la razón al Ministerio Público y declaró que la Sección de Revisión no es el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, en el trámite de la garantía de no extradición, y sus decisiones podrán ser revisadas en segunda instancia”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
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La sentencia destacó la premura y necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia, pues en otro sentido se podría dar una violación de lo ordenado en la Constitución colombiana.
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