La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional adoptar una decisión que podría marcar un cambio en la forma en que se aplica una norma dirigida a mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad, especialmente aquellas en contextos de vulnerabilidad.
El llamado se da en medio del estudio de un caso que, según la entidad, refleja las barreras que enfrentan estas mujeres para acceder a beneficios que buscan sustituir la prisión por medidas alternativas. Se trata de una mujer que permanece privada de la libertad desde 2023 por tentativa de hurto, en un contexto atravesado por precariedad económica, informalidad laboral y responsabilidades de cuidado.
“A juicio de la Defensoría, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, ha enfrentado barreras en la interpretación judicial, particularmente en la valoración de la jefatura de hogar y de las condiciones de marginalidad, que le han impedido acceder al beneficio de sustitución de la pena por servicios de utilidad pública”, detalla la entidad.
De acuerdo con la Defensoría, aunque en este tipo de situaciones se contemplan alternativas como la prestación de servicios comunitarios, en la práctica se han presentado obstáculos derivados de interpretaciones restrictivas por parte de los jueces, especialmente frente a la condición de jefatura de hogar y las condiciones de marginalidad. Esto ha impedido que mujeres que cumplirían con los requisitos puedan acceder a estos mecanismos.
La entidad advirtió que la decisión que adopte la Corte no solo tendrá efectos en este caso, sino que podría sentar un precedente para miles de mujeres en todo el país. Según cifras oficiales, cerca de 5.000 mujeres cumplirían inicialmente con algunos de los criterios para acceder a este tipo de beneficios, lo que evidencia el alcance que podría tener una interpretación más acorde con el propósito de la norma.
Solo en Bogotá, la Defensoría señala que ha realizado más de 1.100 entrevistas a posibles beneficiarias y ha presentado más de 100 solicitudes ante jueces. Sin embargo, aseguran que cerca del 45 % de estos casos aún no cuenta con una decisión judicial, lo que, según la entidad, refleja demoras y falta de criterios unificados.
En ese sentido, la Defensoría alertó que las interpretaciones limitadas han terminado por cerrar la puerta a muchas mujeres, prolongando su permanencia en prisión pese a encontrarse en condiciones que permitirían aplicar medidas sustitutivas. Esto, además, desconoce las realidades sociales en las que muchas de ellas han desarrollado sus vidas, marcadas por la pobreza, la informalidad y la exclusión.
La norma en cuestión fue creada precisamente como una respuesta con enfoque de género dentro de la política criminal, reconociendo que muchas mujeres llegan al sistema penal en medio de contextos de desigualdad y sosteniendo económicamente a sus familias.
“No obstante, su implementación ha enfrentado obstáculos derivados de interpretaciones restrictivas que desconocen estas condiciones estructurales y limitan el acceso efectivo al beneficio, incluso en casos que se ajustan al propósito de la ley”, añade la entidad.
Para la Defensoría, la Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad de fijar un precedente que garantice una aplicación más justa y coherente con la finalidad de estas medidas, permitiendo que las condiciones de vida de estas mujeres sean valoradas de manera integral.
Finalmente, la entidad reiteró que continuará acompañando estos procesos y promoviendo acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad, con el objetivo de avanzar hacia una justicia más equitativa y ajustada a la realidad social del país.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.